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La red de corrupción al interior de escuelas de manejo y examinadoras que vendía resultados de pruebas de conducir fue descubierta a través de personal del Ministerio de Obras Públicas que se infiltró en estas instituciones, reveló este martes el titular de esa cartera de Estado, Romeo Rodríguez.

Rodríguez afirmó que originalmente descubrieron anomalías en las escuelas Escoprond y Atlantic, y fue con esos indicios que presentaron el aviso a la Fiscalía General de la República (FGR).

«Hicimos una investigación interna, pusimos personal nuestro a hacer un trámite, es decir, agentes encubiertos se podría decir y encontramos diferentes anomalías, al principio de las escuelas de manejo Escoprond y Atlantic que son las escuelas que incluso se han capturado a los propietarios de las escuelas», reveló Rodríguez en la entrevista de Frente a Frente.

El ministro explicó que la cadena de corrupción empezaba con los tramitadores independientes que se mantenían en los alrededores de Sertracen, tanto de San Salvador como de San Miguel, quienes estaban al pendiente de las personas que necesitaban iniciar el trámite.

«Les decían que les podían sacar la licencia más rápido, los llevaban a la barbería el Shadai, atrás de la barbería tenían un escritorio y ahí pautaban la cantidad a pagar».
Romeo Rodríguez,
Ministro de Obras Públicas.

Según las investigaciones de la Fiscalía, esta red de corrupción cobraba montos que iban desde los $100 hasta $1,000 por el trámite de cumplirle los requisitos de aprobación de exámenes teóricos, prácticos y psicológicos para que los presentara en Sertracen, empresa encargada de la emisión de licencia.

La semana pasada, la Fiscalía allanó las escuelas de manejo Escoprond, Génesis, Shalom, López y otras más y ejecutaron 16 capturas de almenas 28 órdenes giradas en esta red de corrupción.

Esta mañana, también el viceministro de Transporte Nelson Reyes se refirió al tema y aseguró que estas escuelas de manejo no solo fueron clausuradas sino que no van a poder volver a operar:

“Estas empresas no es que van a tener una suspensión y se van a poder regularizar como el procedimiento que se les está planteando a las demás, estas no van a poder operar nunca más como escuelas examinadoras y como escuelas de manejo”, añadió Reyes en la entrevista de canal 10.

Los funcionarios aseguraron que entre otras empresas cerradas están Atlantic Seguridad y EDH consultores.

Solo 14 autorizadas

El ministro Rodríguez reiteró que el Viceministerio de Transporte solo tiene autorizadas a 14 empresas de escuelas de manejo y examinadoras en el país, y que estas tienen sucursales en distintas partes del país, que también están autorizadas.

«Hay 14 empresas que están autorizadas, estas tienen sucursales y cada una el VMT los va autorizando, 14 empresas que tienen al menos 30 sucursales».
Romeo Rodríguez,
Ministro de Obras Públicas.

No obstante, afirmó que en el país hay cerca de 100 escuelas de manejo, la mayoría no autorizadas y que funcionaban porque hacían los trámites a través de las autorizadas.

Tras las capturas, Obras Públicas reunió a los empresarios de escuelas de manejo para indicarles un nuevo proceso para hacer el trámite de licencia de conducir, en donde la entidad tomaría las riendas de los contenidos de clase y la manera de hacer el examen. Para ello dio un plazo de hasta 90 días para que las escuelas readecúen el lugar donde se instalarán cámaras para hacer una evaluación facial aleatoria a los estudiantes.

“Se tuvo una reunión la semana pasada con todas las empresas que no salieron implicadas en este caso de corrupción y a todas ellas se les está dando la oportunidad de que se regularicen, de que adquieran los permisos correspondientes, de que se pongan en orden, de que tengan las condiciones adecuadas para poder operar con este servicio a la población”, añadió el viceministro Reyes en canal 10.

Sobre las personas que pagaron montos para adquirir la licencia de manera fraudulenta, Rodríguez afirmó que a algunas la Fiscalía las ha podido identificar, pero aunque tienen los registros de todos los estudiantes de las escuelas, es difícil saber quiénes fueron los que no aprobaron los exámenes por propia cuenta.

La Policía Nacional Civil arrestó a dos hermanos, quienes son los presuntos responsables de cometer el asesinato de un joven de 24 años durante la madrugada del lunes en el distrito de Tejutepeque, municipio de Cabañas Oeste, en el departamento de Cabañas.

La corporación policial identificó a los hermanos como Salvador Alexander Alfaro Mancía de 23 años y a Edgardo Isaí Alfaro Mancía de 17, y fueron encontrados en el distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este.

La hipótesis policial señala que los ahora señalados consumían bebidas alcohólicas con el hombre asesinado y «tras una discusión, uno de ellos comenzó a agredirlo con arma blanca y luego lo golpearon en la cabeza con un objeto contundente».

La mañana de lunes, el distrito de Tejutepeque amaneció con la noticia del asesinato de Jesús Roberto Ávalos Gómez de 24 años de edad, quien fue asesinado en el caserío El Flor de esa localidad.

A las 9:28 de la mañana, la PNC confirmó la muerte a través de su cuenta de X, pero sin precisar si se trataba de un homicidio. «Custodiamos la escena de una persona fallecida en Tejutepeque, Cabañas. Coordinamos con las instituciones correspondientes para realizar la inspección y determinar la causa de la muerte».

Según los datos de la Policía Nacional Civil, durante el mes de febrero se han reportado al menos dos homicidios. El pasado 4 de febrero, la corporación reportó el asesinato de una mujer en Sacacoyo y por ese hecho fue detenido Cristian Antonio Segovia Flores, de 27 años de edad.

Durante enero las autoridades reportaron seis asesinatos, entre ellos, el de una ciudadana rusa. La noche del lunes, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que los ocho homicidios registrados durante el año han sido resueltos.

La semana pasada entró en vigencia una nueva reforma que incrementa las penas en cuanto al delito de homicidio simple y agravado; en el caso del primero incrementó de 25 a 35 años de cárcel, mientras que el agravado pasó de 50 a 60 años de prisión.