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Venezuela repatrió este lunes desde México a

242 migrantes, más de la mitad mujeres y niños,

luego de que el gobierno reactivó un programa para traer de vuelta a deportados de Estados Unidos.

Es el tercer grupo de migrantes que llega a Venezuela luego de la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump en enero, que arrancó su segundo mandato con una ola de deportaciones.

La sancionada aerolínea estatal Conviasa buscó a un primer grupo de 190 en Texas, todos hombres, el pasado 10 de febrero; Mientras que otros 176 venezolanos detenidos en la base militar de Guantánamo, fueron buscados en Honduras diez días más tarde.

Las autoridades venezolanas no aclararon si entre los pasajeros que llegaron de México hay deportados de Estados Unidos.

«Vienen 94 hombres, vienen 75 jóvenes (menores de edad) y vienen 74 mujeres», dijo a los periodistas el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

«No sé si llegaron a Estados Unidos (…) o llegaron hasta México nada más», indicó Cabello, «pero lo más importante es que regresaron a nuestro país».

Más tarde, el presidente Nicolás Maduro negó que entre los repatriados haya miembros del temido Tren de Aragua, una pandilla surgida en Venezuela en 2014 declarada organización terrorista por Trump y en su mirada durante su campaña.

«La verdad verdadera es que de los dos aviones que han regresado de Estados Unidos un pequeño número, un puñado, tiene antecedentes en Venezuela», dijo el mandatario durante su programa 'Con Maduro' en alusión al primer grupo que fue repatriado en dos aviones de Conviasa desde Texas.

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante la primera presidencia de Trump, que no obstante, tras su regreso al poder, llegó a acuerdos con Maduro enfocados en migración y la liberación de presos estadounidenses en el país caribeño.

La Casa Blanca asegura que mantiene su política de no reconocimiento a Maduro, tras su cuestionada reelección para un tercer mandato de seis años en julio de 2024.

Sin embargo, Cabello adelantó que mantiene abierto un canal de comunicación con Washington para traer de vuelta a más deportados. No hay fecha aún para un próximo vuelo.

La jefa de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, denunció este lunes la muerte en prisión de un dirigente que fue detenido en medio de la crisis poselectoral desatada tras la cuestionada reelección del presidente izquierdista Nicolás Maduro.

Con este suman cuatro presos muertos desde noviembre pasado. Las autoridades aún no se pronunciaron.

«El régimen lo asesinó» en la cárcel, dijo la líder opositora María Corina Machado en X, en referencia a Reinaldo Araujo, un militante de su partido, Vente Venezuela, en el estado Trujillo (oeste).

Araujo fue detenido el 9 de enero, en vísperas de la juramentación de Maduro para un nuevo mandato, según Machado. «Tenía serios problemas de salud, pero le negaron la asistencia médica. Hasta el día de hoy, cuando ya era demasiado tarde», escribió.

La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo (2025-2031) desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, de los cuales unos 1,900 han sido excarcelados. Activistas denuncian no obstante que los arrestos de opositores no han cesado.

El pasado 14 de noviembre murió Jesús Manuel Martínez, de 36 años, también miembro del partido de Machado.

Otros dos detenidos, Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, y Alexander González Pérez, de 43 años, murieron con apenas unos días de diferencia en diciembre de 2024 en la cárcel de máxima seguridad de Tocuyito (Carabobo, centro).

Desde 2014 al menos una docena de «presos políticos» han fallecido bajo la custodia del Estado, según activistas de derechos humanos.

Familiares de los detenidos han protestado en varias oportunidades para denunciar torturas y malos tratos contra sus parientes detenidos.

Hasta mediados de febrero la ONG Foro Penal, que documenta la cifra de presos políticos en Venezuela, indicó que en el país hay unos 1,061 arrestados por razones políticas.

14 presuntos miembros de «una prolífica organización» de tráfico de personas han sido inculpados por transportar, albergar y traer a Estados Unidos a cientos de migrantes a través de la frontera con México, informó este lunes el Departamento de Justicia estadounidense.

Un gran jurado de Las Cruces, en el estado de Nuevo México (sur), presentó una acusación formal la semana pasada contra 14 personas y ocho de ellas fueron detenidas, añade la dependencia en un comunicado, en el que precisa que los migrantes procedían de Sudamérica y de Centroamérica.

Según la acusación formal, «un extranjero indocumentado murió» durante el transporte ilegal de migrantes debido al calor y «fue abandonado en el desierto».

Washington cree que la organización «ha traficado con cientos de migrantes ilegales, incluidos niños no acompañados, a través de Nuevo México y el sur de Texas».

Los ocultaban en viviendas a lo largo del camino.

«Las organizaciones de tráfico de personas amenazan nuestra seguridad nacional y explotan a individuos vulnerables para obtener ganancias, poniendo sus vidas en riesgo y socavando la seguridad pública», afirma el fiscal federal interino Holland S. Kastrin para el distrito de Nuevo México, citado en la nota.

Tres años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos escenificó este lunes en la ONU un cambio de política votando con Rusia contra una resolución promovida por Kiev y varios países europeos que prioriza el respeto a su integridad territorial en cualquier acuerdo de paz.

En la Asamblea General, Estados Unidos y Rusia se posicionaron contra este texto no vinculante propuesto por Ucrania y sus aliados europeos en el que reiteran su «compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania». Fue adoptado por 93 votos a favor, 18 en contra (Estados Unidos y Rusia, entre otros) y 65 abstenciones.

Entre los países que se abstuvieron, se encuentran numerosos latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, El Salvador, Paraguay o Panamá, mientras que Nicaragua votó en contra.

Otro proyecto propuesto por Estados Unidos que pedía un «rápido fin» sin condiciones del conflicto provocado por la invasión rusa de Ucrania, en el que no mencionaba la integridad territorial -una línea roja hasta ahora para Washington y sus aliados europeos-, fue tan desfigurado por las enmiendas presentadas y aprobadas, que hasta Washington terminó absteniéndose.

«Ningún país está seguro si se justifica una agresión y se culpa a la víctima de su resiliencia y de su deseo de sobrevivir», advirtió antes de la votación Mariana Betsa, viceministra ucraniana de Relaciones Exteriores, a los 193 estados miembros de Naciones Unidas.

La votación supone un revés diplomático para la política que preconiza Donald Trump para solucionar rápidamente el conflicto de Ucrania negociando directamente con las autoridades rusas y marginar a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, al que el mandatario estadounidense ha tildado de «dictador».

No obstante, a la luz de estas votaciones en el tercer aniversario de la invasión rusa, el apoyo a Ucrania ha caído considerablemente desde los 140 votos a favor que recabó la primera resolución de la Asamblea General a favor de la soberanía y en contra de la guerra.

Desde el inicio de la guerra, cerca de 13,000 civiles ucranianos han perdido la vida, y casi 30,000 han resultado heridos, según la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. No obstante, las bajas de civiles crecieron un 30% solo en 2024, por lo que las cifras pueden ser más altas.

Después de fracaso en la Asamblea General, Estados Unidos iba a someter el proyecto de resolución al Consejo de Seguridad. Antes de la votación, los 15 miembros del máximo foro de la ONU se reunieron durante cerca de una hora para consultas a puerta cerrada.

Para ser adoptada, una resolución necesita el voto de al menos nueve de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, sin vetos por parte de ninguno de los cinco integrantes permanentes (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China).

Por tanto, la abstención de unos pocos miembros de la Unión Europea (Francia, Eslovenia, Dinamarca, Grecia) y de Reino Unido no bastaría para rechazarla.

Ni Francia ni Reino Unido han emitido un veto en más de 30 años.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recordó este lunes, tras un encuentro con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca, que Europa quiere un «acuerdo rápido» pero no «frágil» para Ucrania.

El primer ministro británico, Keir Starmer, tiene previsto reunirse el miércoles con Trump en Washington.

Los europeos del Consejo planean presentar el mismo tipo de enmiendas que en la Asamblea, reintroduciendo una clara referencia a la integridad territorial de Ucrania y a una paz «justa» de acuerdo con la Carta de la ONU, según dijo a la AFP una fuente diplomática.

Un responsable del departamento de Estado estadounidense anunció que su país vetará cualquier enmienda.

«No veo cómo París y Londres pueden apoyar un texto que está tan lejos de su posición declarada sobre Ucrania, pero tampoco veo cómo podrían vetarlo», declaró a la AFP Richard Gowan, del International Crisis Group.