Una segunda reforma constitucional impulsada este martes por la Asamblea Legislativa eliminará de la Carta Magna la asignación mínima del 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto estatal a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Órgano Judicial.
“El Órgano Judicial dispondrá anualmente según las necesidades razonables que dicha institución presente de una asignación de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado”, será el nuevo inciso cuarto del artículo 172 de la Constitución.
El acuerdo de reforma fue presentado este martes por la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas; fue introducido en agenda de la plenaria con 56 votos, su dispensa de trámite fue aprobada con 57 votos y, a las 3:31 de la tarde, fue aprobado con 57 votos. Los tres diputados de oposición votaron en contra.
La reforma requiere una ratificación en la misma legislatura con 45 votos, una votación que se prevé realizarán este mismo día, ya que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, cerró la sesión plenaria y convocó a una nueva a las 4:30 p.m.
“Un Estado pequeño necesita ser eficiente, ser moderno y necesita responder a las diferentes necesidades que los salvadoreños tienen”, argumentó Rivas, al presentar la iniciativa.
“Han existido diferentes reordenamientos en otras instituciones del Estado. Hay algunas instituciones que por su naturaleza necesitan más recursos que otras instituciones”. Alexia Rivas (Nuevas Ideas).
El proyecto, leído por la diputada Elisa Rosales, asevera que las Constituciones «no son leyes eternas» y que los Estados «procuran alcanzar el ideal aristotélico de dar a quien lo que le corresponda», así como que «existen otras áreas que tienen una importancia aún mayor» como salud, seguridad pública y educación.
Condicionarán la justicia: Vamos
Para la diputada Cesia Rivas, de Vamos, la reforma «solo confirma que no existe la independencia de poderes».
Esto es grave, por esa separación de poderes y por la independencia judicial porque hoy con el presupuesto van a venir a condicionar procesos y justicia. Cesia Rivas (Vamos).
Rivas agregó que los tribunales de familia y de lo laboral “no dan abasto”. “Solo ustedes saben su verdadera intención. Porque con discurso de ahorrar le quitaron el Fodes (Fondo para el Desarrollo Económico y Social) a las alcaldías pero a las horas de las horas los que tienen más terrenos allá en el CNR (Centro Nacional de Registros) ya sabemos quiénes son, el ahorro forzoso es el del pueblo… Porque vaya que están haciendo magia”, criticó.
«Un equilibrio»: NI
Los diputados de Nuevas Ideas afirmaron que no están subiendo ni bajando el presupuesto del Órgano Judicial.
Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, aseguró que la reforma «responde a un enfoque moderno de gestión pública» sin montos fijos, sino «basadas en resultados, en necesidades reales». «Buscamos garantizar el mejor uso del dinero del pueblo salvadoreño», indicó. Y el diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, aseguró que la plenaria de este 16 de diciembre «está transformando el país».
«Estamos generando un equilibrio, una planificación estatal y una asignación no automatizada. Aquí no estamos ni disminuyendo ni bajando, simplemente de acuerdo a esos principios y de razonabilidad se les va a permitir para que la Corte Suprema de Justicia siga trabajando». Walter Coto (Nuevas Ideas).
Coto aseguró que, de esta manera, están poco a poco cambiando las cláusulas pétreas de la Constitución.
«¿Solo ustedes van a quedar con ese privilegio?»
La diputada Cesia Rivas respondió que «no es cierto» que solo el Órgano Judicial tenga beneficios en su presupuesto, ya que la Asamblea Legislativa puede definir su propio presupuesto sin que el Ministerio de Hacienda intervenga.
«¿Van a hacer eso de homologar, armonizar, con los demás órganos de Estado o solo ustedes van a quedar con ese privilegio?», cuestionó a Nuevas Ideas.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, añadió que ese 6 % asignado al Órgano Judicial no viene de la creación constitucional sino que tras los Acuerdos de Paz de 1992 se buscaba «una real independencia de la Corte Suprema de Justicia» con respecto a los diputados y la Presidencia de la República.
La modificación se hace al artículo 172 de la Constitución, que actualmente establece: «El Órgano Judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado». El Órgano Judicial tuvo un presupuesto de $492.3 millones para el año 2025 y proyectó un presupuesto de $533.4 millones para 2026.
