La desarticulación de una red de corrupción que involucra a tramitadores, escuelas de manejo, examinadoras e incluso personal del Viceministerio de Transporte (VMT) para vender exámenes de licencias de conducir es un golpe contundente que busca limpiar todo el sistema de emisión de permisos de conducir.
La posibilidad de que conductores sin las habilidades necesarias obtengan una licencia mediante sobornos y falsificaciones es una falla sistémica que compromete la vida de miles de salvadoreños. Esta banda no solo cometió delitos meramente de corrupción administrativa sino que también ha generado un riesgo directo para la seguridad vial del país.
No sabemos por cuánto tiempo, personas sin conocimientos de conducción podrían haber estado circulando libremente, incrementando el riesgo de accidentes y poniendo en peligro a peatones y conductores responsables.
Es positivo que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y la Fiscalía estén tomando cartas en el asunto con un plan de transformación en dos fases para garantizar mayor transparencia en el proceso de obtención de licencias.
Medidas como la supervisión en tiempo real de los exámenes teóricos y la incorporación de tecnología para verificar la identidad de los examinados son avances necesarios. Sin embargo, estos esfuerzos deben ir acompañados de un cambio cultural dentro de todo el sistema y de sanciones ejemplares para quienes han permitido que la corrupción se infiltre en un sistema tan crítico para la seguridad pública.
Es fundamental fortalecer los mecanismos de control y supervisión para evitar que esta historia se repita en el futuro.
La obtención de una licencia de conducir no es un trámite más; es una certificación de que una persona tiene la capacidad de operar un vehículo de manera segura y responsable. No se trata de un negocio, sino de un compromiso con la seguridad de todos. Las autoridades deben asegurarse de que nunca más alguien pueda comprar una licencia con dinero en lugar de con esfuerzo y preparación.
