Organismos de Naciones Unidas criticaron ampliamente el jueves una reforma legal en El Salvador que permite enviar a prisiones de adultos a menores vinculados a pandillas, y alertaron que transgrede convenios internacionales sobre derechos de los niños.
El Congreso salvadoreño, controlado por diputados afines al presidente Nayib Bukele, modificó el miércoles la Ley Penal Juvenil y estableció que los menores detenidos y condenados por nexos con el crimen organizado, particularmente las pandillas, deben ser enviados a una prisión regular.
«Las reformas contravienen instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como otros instrumentos internacionales», señalaron cuatro organismos de la ONU en una declaración conjunta.
La reforma es «un retroceso importante respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado, aplicable a todos los adolescentes acusados de delitos», advirtieron.
Desde marzo de 2022, Bukele libra una «guerra» contra las pandillas amparado en un régimen de excepción, bajo el cual más de 83,000 personas acusadas de pertenecer o ser cómplices de esos grupos han sido detenidas. Unos 8,000 fueron liberados por ser inocentes, reconoció Bukele.
En julio de 2024, la ONG Human Rights Watch señaló que hasta esa fecha «cerca de 3,000 niños, niñas y adolescentes» habían sido detenidos en el marco del régimen de excepción.
En la reforma se estableció que los menores, bajo detención preventiva o condenados, estarán separados «en pabellones» en las cárceles para adultos y al cumplir los 18 años pasarán al «régimen general».
Las entidades de la ONU advirtieron que el sistema penitenciario salvadoreño «no cuenta con especialización en niñez y adolescencia».
La declaración está firmada por representantes de las agencias de Naciones Unidas: Comité de los Derechos del Niño (CRC), Fondo para la Infancia (Unicef), Alto Comisionado de los Derechos Humanos (Oacnudh-CA) y el Fondo de Población (Unfpa).
A criterio de esos organismos, «existen abundantes evidencias» de que el internamiento de «adolescentes» en prisiones para adultos «pone en peligro su seguridad básica, su salud, especialmente en lo que respecta a su desarrollo psicológico y emocional».
En el caso de los adolescentes procesados por delitos comunes continuarán en correccionales juveniles, según la reforma.
