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El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) informó este viernes que no buscará la pena de muerte en los casos de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, los cofundadores del sangriento cartel mexicano de «Los Zetas».

La jefa interina de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del DOJ, Sophia Suarez, remitió una carta al juez encargado del caso, Trevor McFadden, con la decisión tomada por la oficina de la fiscal general Pam Bondi.

«Estimado juez McFadden: El gobierno respetuosamente envía esta carta para informar a la corte y a la defensa que la fiscal general ha autorizado y ordenado a esta oficina no perseguir la pena de muerte contra el acusado Miguel Treviño Morales y el acusado Omar Treviño Morales», reza el documento.

A Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias Z-40 y Z-42, y quienes arribaron a suelo estadounidense tras ser entregados por la Administración mexicana de Claudia Sheinbaum en febrero, se les acusa de tráfico de cocaína y marihuana, crimen organizado, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

Su próxima audiencia está prevista para el 14 de octubre en una corte federal del Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital Washington D.C.

EE.UU. les adjudica haber dirigido presuntamente una violenta red criminal que, entre los años 2000 y 2011, transportó grandes cantidades de estupefacientes a ciudades estadounidenses a lo largo de la frontera con el noreste de México, con Texas como principal punto de entrada.

Expertos en narcotráfico y seguridad coinciden en señalar a «Los Zetas» como uno de los carteles mexicanos más brutales y violentos, con un historial colmado de asesinatos en masa, atentados contra población civil y muestras públicas de terror para amedrentar a las comunidades bajo su control.

Ahora, el devenir legal de los hermanos Treviño Morales, cuya organización operó como brazo armado del Cartel del Golfo antes de empezar a trabajar en solitario, continúa así un camino paralelo al de otros narcotraficantes mexicanos como Rafael Caro Quintero.

El conocido como «Narco de Narcos» también llegó como parte de ese grupo de 29 criminales de la droga que EE.UU. requirió y Sheinbaum envió en febrero.

Caro Quintero y los Treviño Morales eran los de más alto perfil en esta transferencia, y el Departamento de Justicia de EE.UU. ya ha anunciado que ninguno de ellos enfrentará finalmente la pena de muerte.

Al igual que tampoco se aplicará el castigo capital en el caso de otras tres figuras cruciales para el narcotráfico mexicano y ahora bajo custodia estadounidense: Ovidio Guzmán -hijo de «El Chapo» y alias «Ratón-, Joaquín Guzmán López -también vástago de «El Chapo» y apodado «El Güero»- e Ismael «El Mayo Zambada», otrora cerebro del Cartel de Sinaloa.

La legislatura de California aprobó un proyecto de ley que obliga a los agentes de seguridad pública a identificarse y les impide que se cubran el rostro mientras están en servicio.

El proyecto de Ley Senatorial 627 fue aprobado el jueves, según informó el periódico Los Angeles Times, y ahora espera la firma del gobernador de California, Gavin Newsom, para entrar en vigor.

De ser así, la ley se aplicaría a agentes locales y federales, entre ellos a efectivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos​ (CBP) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), pero dejaría fuera a los agentes estatales como la Patrulla de Carreteras de California.

El proyecto, impulsado por los senadores Scott Wiener (demócrata por San Francisco) y Jesse Arreguín (demócrata por Berkeley), fue presentado tras las redadas migratorias ordenadas a principios de junio por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en las que agentes federales encapuchados y sin identificación detuvieron a personas en distintas partes de California.

Quienes respaldan la ley advierten que permitir a los agentes ocultar su identidad facilita la suplantación, debilita la confianza pública y entorpece la labor legítima de las autoridades.

El proyecto de ley incluye algunas excepciones a la prohibición de cubrirse el rostro, como el uso de cubrebocas por cuestiones médicas, entre otros.

De acuerdo con el periódico estadounidense, el jueves también fue aprobado el proyecto de Ley Senatorial 805 de California, conocido como ‘Ley No a los Vigilantes’, impulsado por la senadora Sasha Renée Pérez, que exige que los agentes del orden federales, estatales y locales que operen en California y no lleven uniforme exhiban de forma visible una identificación con el nombre de su agencia y su nombre o número de placa al realizar funciones oficiales.

El Gobierno de Nicaragua excarceló este viernes a 1.200 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares, con lo que suman 7.400 los liberados en lo que va de año.

Los 1,200 privados de libertad recibieron el beneficio legal de la excarcelación para pasar al régimen de convivencia familiar durante un acto celebrado en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como ‘La Modelo’ y ubicada cerca de Managua, así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información.

La ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, precisó durante el acto transmitido en diferido por medios oficiales que ese beneficio fue otorgado a 1,108 hombres y 92 mujeres.

«Por orientaciones de los copresidentes, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, continuamos promoviendo y garantizando la unión familiar», destacó la funcionaria, que invitó a los liberados a «reintegrarse a sus hogares con una oportunidad nueva, para una vida nueva, de rectificar y de servir a sus familias, a ustedes mismos y a la patria”.

Además los animó a que «nadie les haga creer que son menos por haber estado aquí», ya que ellos son «testigos de que existen segundas oportunidades».

Más de 53.000 reos comunes excarcelados en 10 años

Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53,164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

En 2024 las autoridades beneficiaron a 9.200 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

Entre 2015 y 2023, el Gobierno de Nicaragua sacó de prisión a 37.764 internos, con un promedio anual de 4.196 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo.

El Gobierno nicaragüense suele otorgar libertad condicional a los presos comunes con ocasión de la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista y en las fiestas de Navidad.

En 2023 también lo hizo en el Día Internacional de la Mujer, pero no en el Día del Padre ni en ocasión de la efeméride sandinista.

En 2024, las condonaciones incluyeron abril, mes en el que se conmemoran las manifestaciones que estallaron contra el presidente Daniel Ortega en 2018, las Fiestas Patrias, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos y el día de la Inmaculada Concepción de María.

Y en este año liberó a 2.000 presos comunes en el día de San Valentín o del Amor y la Amistad; 1.700 el 4 de mayo por motivo del Día de la Dignidad Nacional, 1.000 en conmemoración al 130 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino, y 1.500 el pasado 31 de junio previo a las fiestas populares en Managua por Santo Domingo de Guzmán.