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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de «terrible» la amenaza de Hamás de aplazar la próxima liberación de rehenes y dijo que se desatará un auténtico «infierno» si no los entregan antes del mediodía del sábado.

Para el presidente estadounidense, Israel debería «cancelar» el acuerdo de alto el fuego con el movimiento islamista palestino si se incumple ese plazo.

«En lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12 en punto — creo que es una hora apropiada — diría que lo cancelen, no se admiten más apuestas y que se desate el infierno», dijo Trump.

El republicano añadió que «todos» los rehenes restantes deberían ser liberados, «no de a poco, no dos y uno y tres y cuatro y dos».

«Los queremos a todos de vuelta», insistió.

Trump dijo que probablemente hablaría con el primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre este plazo.

No entró en detalles sobre lo que entiende por el infierno.

«Hamás se enterará de lo que quiero decir», comentó.

A la pregunta de si descarta una posible participación de las fuerzas estadounidenses, Trump respondió: «Veremos qué pasa».

El presidente también amenazó con detener la ayuda a Jordania y Egipto si se niegan a acoger a los palestinos que propone expulsar de Gaza para que Estados Unidos «tome el control» del territorio.

«Quizá», respondió cuando le preguntaron si suspendería miles de millones de dólares en ayuda.

Trump se reunirá con el rey Abdalá II de Jordania en Washington a finales de esta semana.

Egipto rechazó el lunes en un comunicado «cualquier compromiso» que menoscabe los derechos de los palestinos que viven en Gaza, después de una reunión entre el canciller Badr Abdelatty y su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en Washington.

En una entrevista con Fox News, Trump declaró antes que los palestinos no tendrían derecho de regresar a Gaza bajo su propuesta de toma de control, que presentó en una rueda de prensa conjunta con Netanyahu la semana pasada.

«No, no lo tendrían, porque van a tener viviendas mucho mejores», declaró Trump en extractos de la entrevista, cuando se le preguntó sobre el derecho de los palestinos a volver a Gaza, la mayor parte del cual ha sido reducido a escombros por el ejército israelí desde octubre de 2023.

«En otras palabras, estoy hablando de construir un lugar permanente para ellos porque si tienen que retornar ahora, pasarían años antes de que puedan hacerlo, no es habitable», señaló.

El magnate mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del país y uno de los más acaudalados del mundo, criticó este lunes la amenaza de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump a México al señalar que es una estrategia de «negociación».

«Lo de los aranceles ya vimos que es una negociación (…). ¿Te diste cuenta qué pasó cuando dijo que lo ponía? Se cayeron las bolsas de valores», dijo el empresario en su habitual rueda de prensa anual.

El magnate, cuyas empresas participan en los sectores de telecomunicaciones, minería y construcción entre otros, aseguró que si Estados Unidos impusiera aranceles a todas las importaciones mexicanas habría un fuerte impacto en la inflación en ese país.

«No va a ganar nada, supón que todo lo que se importa a Estados Unidos lleva el 25 %, la inflación va a hacer una explosión», apuntó Slim, quien tiene una fortuna estimada en 79.000 millones de dólares, según la revista Forbes.

Trump el anunció pasado 1 de febrero aranceles del 25 % a todas las exportaciones desde México y Canadá, sus socios en el acuerdo de libre comercio T-MEC, al acusar a ambos países de permitir el tráfico de drogas y migrantes sin documentos a su territorio.

Sin embargo, aplazó la imposición de esas tarifas hasta inicios de marzo tras una negociación telefónica con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien acordó desplegar 10.000 militares en la frontera con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas.

Slim, de 85 años, descartó estar preocupado de que los aranceles entren en vigor en marzo al asegurar que el gobierno mexicano está cumpliendo con sus compromisos.

«Yo no veo que a los 30 días cambie de opinión el presidente (Trump). La presidenta está cumpliendo, él está cumpliendo. Están cumpliendo el acuerdo telefónico que tuvieron», añadió.

El magnate aplaudió también el despliegue militar en la frontera, aunque señaló que también debería haber mayor presencia de autoridades estadounidenses en la zona limítrofe para frenar el tráfico de estupefacientes.

«Lo que veo un poco irracional es que (…) Estados Unidos no ponga a militares para que no entre (la droga). Debería haber un doble cuidado, de aquí para que no salga, de allá para que no entre», apuntó.

Un primer grupo de 190 venezolanos repatriados en dos aviones de la aerolínea estatal Conviasa llegó este lunes a Venezuela como parte de un acuerdo de deportaciones que apuesta por un «nuevo inicio», para retomar la rota relación con Washington.

«A las 21:03 horas aterrizó el primer vuelo con venezolanos y venezolanas que vienen a su patria», dijo el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en imágenes transmitidas por la televisora gubernamental desde el aeropuerto. Un segundo avión llegó minutos más tarde.

«Hemos dado un paso favorable, positivo», celebró por su parte el presidente venezolano Nicolás Maduro, que apuesta por «construir» relaciones de «respeto, comunicación y entendimiento» con Estados Unidos.

Un equipo de la AFP constató que varios de los pasajeros no tenían cordones en sus zapatos.

Los vuelos forman parte de los acuerdos conseguidos en una reunión, el pasado 31 de enero, entre el presidente Maduro, y Richard Grenell, enviado del mandatario estadounidense Donald Trump, que incluyó la liberación de seis ciudadanos de ese país presos en Venezuela.

Trump volvió al poder en enero y entre sus prioridades está llevar a cabo la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos, prometiendo expulsar a millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de naciones latinoamericanas.

Más temprano, el gobierno venezolano indicó que entre los pasajeros hay supuestos miembros de la temida banda «Tren de Aragua», a la que Trump declaró organización terrorista y que Maduro vincula a la oposición.

La Casa Blanca publicó una foto de los deportados, varios de estos esposados y encadenados, subiendo al avión escoltados por oficiales de la policía migratoria ICE.

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante el primer gobierno de Trump que impuso un embargo petrolero tras considerar fraudulenta la primera reelección de Maduro en mayo del año previo.

Washington tampoco reconoció el tercer mandato obtenido por Maduro en las cuestionadas elecciones de julio pasado, en las que la oposición denunció fraude, y ha expresado su apoyo al exiliado Edmundo González Urrutia, que asegura haber ganado los comicios.

«Estigmatizar» a Venezuela

Maduro recibió en Caracas al «zar fronterizo» de Trump, Richard Grenell.

Tras el encuentro, seis estadounidenses presos fueron liberados y se acordaron los vuelos con migrantes deportados, como parte de la política de Trump que ha despertado recelo en la región e incluso provocó diferencias diplomáticas con Colombia.

«Venezuela siempre dejó claro que cualquier traslado de venezolanos debía hacerse con absoluto respeto de su dignidad y derechos humanos», indicó la cancillería venezolana en un comunicado. «En consecuencia formulamos la propuesta de que dispondríamos de aviones venezolanos para buscar y trasladar a los migrantes que hoy regresan a su patria».

La Casa Blanca indicó que Grenell supervisó la reanudación de los vuelos.

Venezuela permitió en octubre de 2023 el ingreso de aviones estadounidenses con migrantes deportados, pero los suspendió en febrero de 2024.

El gobierno también organiza vuelos de repatriación gratuitos o subsidiados dentro de un programa llamado «Vuelta a la Patria».

Venezuela aseguró que los sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua «serán sometidos a una rigurosa investigación», pero denunció «una narrativa falsa y malintencionada» respecto a la organización criminal «para penalizar a todos los migrantes venezolanos y estigmatizar a nuestro país».

«Muy por el contrario de esa especie, la mayoría de los migrantes son personas decentes y trabajadoras», insistió el texto.

«Respeto»

Maduro expresó en la reunión con Grenell, y ahora lo reiteró su gobierno, su intención de «un nuevo inicio de relaciones entre ambos países, basada en el respeto».

El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, ha dicho no obstante que la agenda de Washington sobre Venezuela no ha cambiado.

El gobierno anterior del demócrata Joe Biden tampoco reconocía a Maduro, aunque emprendió negociaciones directas Caracas-Washington.

Los contactos llevaron, por ejemplo, a la liberación en Estados Unidos de Alex Saab -empresario colombiano acusado de ser «testaferro» del mandatario y ahora uno de sus ministros- a cambio de 10 prisioneros estadounidenses y una veintena de venezolanos a finales de 2023.

También se aprobaron permisos para que petroleras como la estadounidense Chevron, la española Repsol o la francesa Maurel & Prom operaran en Venezuela.

Varios congresistas republicanos han pedido cancelar esas licencias y el mismo día de su investidura, Trump dijo que Estados Unidos «probablemente» dejaría de comprar petróleo de Venezuela.

Las tensiones entre la Casa Blanca y el sistema judicial estadounidense aumentaron este lunes por la disputa sobre la legalidad de los recortes del gasto federal planteados por la administración.

En sus primeras tres semanas en el cargo, el presidente Donald Trump ha emitido una serie de decretos para reducir el gasto federal. Puso al frente al director ejecutivo de SpaceX y Tesla, Elon Musk, que lleva a cabo una campaña de recortes que los críticos consideran inconstitucionales.

Los aviones de Trump, incluido el cierre de varias agencias federales y el envío del personal a casa, han desatado batallas legales en todo el país.

Múltiples demandas buscan detener lo que los opositores tachan de toma de poder ilegal.

El equipo de Musk ha congelado programas de ayuda y promovido reducciones de personal mediante propuestas de dimisión generalizadas y amenazas de despido.

Los demócratas, los sindicatos y los activistas se quedaron inicialmente anonadados pero, tras acusar el golpe, han emprendido acciones legales.

En una publicación en las redes sociales el domingo, el vicepresidente JD Vance argumentó que los jueces carecen de autoridad para «controlar el poder legítimo del ejecutivo». Lo comparó con un juez dictando la estrategia militar a un general.

«¡La tiranía judicial es groseramente inapropiada!», dijo Musk, haciéndose eco de la respuesta de la Casa Blanca.

El sábado un juez bloqueó el intento de Musk de acceder a los datos personales y financieros de millones de estadounidenses almacenados en el Departamento del Tesoro.

Los fiscales generales demócratas de 19 estados presentaron el caso el viernes contra el presidente republicano, el Departamento del Tesoro y el hombre que lo dirige, Scott Bessent.

Por separado un juez federal en Rhode Island dijo el lunes que la administración Trump ha violado una orden que levanta una congelación general de fondos federales.

«La congelación amplia, categórica y generalizada de los fondos federales es (…) probablemente inconstitucional y ha causado y continúa causando un daño irreparable a una gran parte de este país», afirma el dictamen.

Es la primera vez desde que Trump asumió el cargo que un juez federal acusa a su administración de desafiar una orden judicial.

«Sin precedentes»

En Boston, otro juez federal dictó el lunes que el gobierno debe extender el plazo de la polémica oferta de dimisión para los funcionarios, que los expertos legales consideran vaga y potencialmente ilegal.

El plan, anunciado el 28 de enero en un correo electrónico con el título «Encrucijada», el mismo usado por Musk con los empleados de Twitter en 2022 cuando compró y rebautizó la plataforma, ofrece a los trabajadores ocho meses de salario a cambio de renunciar, o arriesgarse a ser despedidos en el futuro.

La Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos, ahora dirigida por aliados de Musk, ampliará el plazo límite del jueves hasta el lunes a las 11H59 (martes a las 04H59 GMT).

El juez George O’Toole ordenó un nuevo plazo a la espera de su decisión.

Los sindicatos habían solicitado una medida cautelar para suspender la propuesta hasta que los tribunales se pronuncien.

«Esta es una acción sin precedentes tomada en un plazo sin precedentes que está causando un daño irreparable», declaró la abogada Elena Goldstein al juez federal, según el canal WHDH-TV.

Según la prensa estadounidense al menos 65,000 funcionarios han aceptado el llamado programa de renuncia diferida.

«Si la gente no se presenta a trabajar, tenemos derecho a despedirla», dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el lunes. Cree que los funcionarios autorizados a teletrabajar desde la pandemia no obedecerán su orden de regresar a la oficina.

A pesar de los desafíos legales, la administración Trump continuó su campaña de recortes el lunes, cerrando la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, una agencia que los republicanos han criticado durante el tiempo.

Cientos de manifestantes se congregaron frente a la agencia después de que el director interino, Russell Vought, informara al personal que la oficina en Washington cerraría esta semana y ordenara a los empleados no acudir al trabajo.

Además el equipo de Trump despidió a David Huitema, hasta ahora director de la Oficina de ética del gobierno.