Hace algunos días, hablando con la prensa en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos negó que fuera un dictador. Lo que sí reconoció ser, en su opinión, es “una persona con mucho sentido común”. Pueden adivinarse los respingos que provocaría tal declaración. Por lo exhibido hasta ahora, tras siete meses caóticos e inquietantes, eso del sentido común, unido a “mucho” como adverbio de cantidad, no es precisamente la forma en que la mayoría de los análisis políticos describe el método en que Donald Trump gobierna en este su segundo periodo.
Antes al contrario, el estilo cada vez más autoritario del republicano está levantando cejas por doquier, principalmente en lo que respecta a la separación de poderes y el Estado de derecho, dos de los rasgos mejor apreciados pero no siempre bien definidos de la tradición política americana. Un vistazo a las semanas recientes ilustra las razones detrás de tanta preocupación.
Con la excusa de tener una “crisis” de seguridad en Washington, el mandatario desplegó a la Guardia Nacional en la capital y ha amenazado con hacer lo mismo en otras ciudades donde a su juicio proliferan los delitos violentos. Antes había cesado a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales por publicar datos que contradicen su autoindulgente discurso oficial sobre el empleo. Agentes del FBI fueron a intimidar a su propia casa a un crítico del presidente, ni más ni menos que su antiguo consejero, John Bolton, por una investigación sobre supuesta información clasificada que el antiguo funcionario expone en un libro de memorias. La cereza del pastel ha sido el intento de despedir a una gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, justificándose Trump en las hipotéticas inexactitudes que la mujer pudo haber escrito en una vieja solicitud de hipoteca.
Para colmo, esta andanada de acciones prepotentes no ha tenido su debido contrapeso en el Congreso, donde el presidente tiene suficiente respaldo acrítico. El deber, por consiguiente, de someter a la Casa Blanca a control ha recaído casi exclusivamente en el poder judicial, cuyos tribunales se han visto sometidos a dura prueba desde el primer día del segundo mandato de Trump.
Para colmo, esta andanada de acciones prepotentes no ha tenido su debido contrapeso en el Congreso, donde el presidente tiene suficiente respaldo acrítico
“Liberales” y “conservadores” —términos que entrecomillo por aludir a sus respectivos significados, en inglés, de “izquierda” y “derecha”— llevan décadas acusándose mutuamente de utilizar a la judicatura y las mayorías temporales en la Corte Suprema para avanzar sus agendas. Por muy certeros que puedan ser estos señalamientos, lo cierto es que ningún mandatario antes de Trump, al menos en el último medio siglo, había ido tan lejos en su desafío a la independencia judicial.
Debe tomarse en cuenta, para empezar, que el presidente republicano ya había sobrepasado, entre enero y junio de 2025 —¡en apenas cinco meses!—, el total de órdenes ejecutivas que su antecesor Biden había realizado en cuatro años: 162. Esto indica la nueva forma de operar de la Casa Blanca: inundar el sistema con edictos y luego esperar que las reacciones lleguen tarde, tal vez cuando ya se están emitiendo nuevas disposiciones.
Los tribunales, claro, se han visto obligados a expresar sus puntuales desacuerdos, a tal grado que emitieron 25 fallos contra igual cantidad de órdenes de la Casa Blanca solo en los primeros cien días de Trump, y en materias tan diversas como el financiamiento federal, los despidos de funcionarios públicos y las políticas de inmigración.
De los 21 procesos de este tipo que han escalado hasta la última instancia judicial, solo en tres de ellos la Corte Suprema no se ha inclinado por dar mayor margen de maniobra al presidente en detrimento de los jueces de primera instancia. Esto, si bien no ha supuesto (todavía) una violación flagrante a la Constitución de los Estados Unidos, ha confirmado lo que muchos advertimos sobre los intentos que Trump haría para hostigar al sistema.
En sus fallos, los magistrados del Supremo tampoco han querido siempre ofrecer explicaciones sobre lo decidido. A veces, en su descargo, el tribunal superior se ha referido a la necesidad de evitar que los jueces excedan su autoridad constitucional. En otras ocasiones, el silencio podría deberse, como lo ha hecho entrever el magistrado Brett Kavanaugh, con una especie de estrategia para moderar los tiempos hasta las sentencias finales. Sin embargo, las zonas grises sobre las que el presidente pisa son, aparentemente, cada vez más amplias.
¿Se atreverá Trump, por ejemplo, a socavar en serio la independencia de la Reserva Federal?
La gran pregunta que ronda los ambientes políticos y académicos es qué ocurrirá cuando las cosas empiecen a salirse de control. ¿Se atreverá Trump, por ejemplo, a socavar en serio la independencia de la Reserva Federal? ¿Llegará el día en que la Corte deba pronunciarse en concreto sobre el derecho a la ciudadanía americana por nacimiento? ¿Será el actual inquilino de la Casa Blanca el que contradiga en los hechos al padre fundador John Adams, quien afirmó que el gobierno debe ser “uno de leyes y no de hombres”?
Volviendo a las palabras de Trump, vale la pena recordar en qué contexto negó ser un autócrata, porque tampoco contribuyen a fomentar la tranquilidad. “Dicen que soy un dictador”, expuso, “pero impido el crimen”. Para luego agregar: “La gente dice: si eso es así, prefiero tener un dictador. Aunque yo no lo soy”.
Bueno, aún está por verse si se trató de un chascarrillo o de una advertencia.
