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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el nombramiento de la telepredicadora Paula White al frente de la recién creada Oficina de la Casa Blanca para la Fe, una agencia dedicada «al respaldo de las entidades religiosas, las organizaciones comunitarias y los lugares de culto en sus esfuerzos por fortalecer a las familias estadounidenses», así como a la «protección de la libertad religiosa».

Esta nueva agencia sustituye a la llamada Oficina para la Sociedades Vecinales y Basadas en la Fe impulsada en 2001 por el entonces presidente de EEUU, George W. Bush, y preservada con ciertos cambios por sus sucesores demócratas Barack Obama y Joe Biden.

En la orden, Trump o a la oficina que identifique formas de reducir las cargas al libre ejercicio de la religión y exige a todas las agencias federales que designen un «enlace religioso» en un plazo de 90 días.

Trump anunció esta decisión este pasado viernes y añadió la próxima emisión de una orden para crear un «grupo de trabajo contra el sesgo anticristiano para «perseguir la violencia anticristiana y el vandalismo en la sociedad», y para «defender los derechos de los cristianos y los creyentes religiosos en todo el mundo».

La asociación Americans United, defensora de la separación entre Iglesia y Estado, ha denunciado la creación de este grupo de trabajo al entender que «en lugar de proteger las creencias religiosas, este grupo hará un mal uso de la libertad religiosa para justificar la intolerancia, la discriminación y la subversión de nuestras leyes de derechos civiles», según declaraciones de su presidenta, Rachel Laser, al diario «The New York Times».

Un juez federal de Estados Unidos emitió este sábado una orden de emergencia para bloquear el acceso al control del sistema de pagos del Tesoro estadounidense por parte del Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), un comité dirigido por el empresario Elon Musk.

El juez Paul A. Engelmayer prohibió con la orden el acceso a los sistemas de pago y otros datos del Tesoro de Estados Unidos a «todos los cargos políticos», «todos los agentes especiales del gobierno», así como a «todos los empleados del gobierno asignados a un organismo externo al Tesoro».

La orden de restricción temporal, válida hasta una audiencia fijada para el 14 de febrero, también dice que cualquier persona que haya accedido a datos de los registros del Departamento del Tesoro desde que Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero, debe «destruir inmediatamente todas y cada una de las copias del material descargado».

Musk, empresario y el hombre más rico del mundo, impulsa y lidera como hombre de confianza de Trump los esfuerzos de este nuevo gobierno para recortar gastos federales bajo el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una comisión recién instaurada para asesorar al presidente de Estados Unidos en la reestructuración del gobierno.

El viernes, los fiscales generales de 19 estados del país presentaron este caso en la corte contra Trump, el Departamento del Tesoro y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Los fiscales generales alegaron que la administración violó la ley al ampliar el acceso a datos sensibles del Departamento del Tesoro al personal del DOGE, dirigido por Musk.

La orden de Engelmayer dijo que los estados que demandaron «se enfrentarían a un daño irreparable en ausencia de medidas cautelares».

«Esto se debe tanto al riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial y a un riesgo mayor de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería informática», escribió.

La semana pasada, Musk se vio envuelto en una polémica al conocerse que él y su equipo habían accedido a datos confidenciales del Departamento del Tesoro.

Una evaluación interna del Tesoro calificó el acceso del equipo del DOGE a los sistemas de pago federales como «la mayor amenaza interna a la que se ha enfrentado nunca la Oficina del Servicio Fiscal», informaron los medios estadounidenses.

Él va por la reelección y ella por la revancha. El presidente y empresario Daniel Noboa y la abogada Luisa Gonzáléz volverán por segunda vez a medirse en las urnas mañana 9 de febrero para definir quén gobernará Ecuador por los próximos cuatro años.

En el poder desde 2023 y arropado por su bandera de mano de hierro contra el narcotráfico, Noboa es uno de los favoritos tras un corto y extraordinario mandato de 18 meses.

Según encuestas también sobresale Gonzáléz, quien por segunda ocasión enfrentará a Noboa con el fin de recuperar el poder para la izquierda ecuatoriana, apadrinada por el expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).

Con Noboa y Gonzáléz al frente de la preferencia de voto pero sin suficiente margen para ganar en primera vuelta, podría reeditarse el balotaje de octubre de 2023 cuando el joven empresario recibió el 52% de apoyos. Para vencer en una sola ronda se debe obtener el 40% de sufragios y una diferencia de al menos diez puntos sobre el rival más cercano.

Noboa, el rico heredero en guerra contra el crimen –

Deportista, millonario, popular y muy activo en redes sociales, Noboa termina su mandato como uno de los presidentes más jóvenes del mundo con 37 años. Fue elegido para completar el período de Guillermo Lasso (hasta mayo), quien disolvió el Congreso y dio paso a elecciones anticipadas para evadir la destitución en un juicio político por corrupción.

Amasó apoyos con una espectacular ofensiva contra el narco que incluyó militarización, el inicio de la construcción de cárceles y exhibición de presos semidesnudos lo que le ha valido comparaciones con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

También ha sido criticado por organismos de derechos humanos por abusos de la fuerza pública durante los prolongados estados de excepcionalidad y la declaratoria de conflicto armado interno.

Según Noboa la mano dura dio frutos y se atribuye haber disminuido la tasa de homicidios del récord de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 38 en 2024.

Pero «nada se resuelve en un año», repite el presidente de discursos cortos y de relación distante con la prensa.

En redes sociales se muestra cercano a la gente, rodeado de mujeres y amoroso con su familia. En diciembre publicó en Instagram un video sobre el proceso del tatuaje de cuatro aves fénix con las que cubrió algunas cicatrices. De fondo se escuchan los retos de su gobierno: seguridad, crisis energética y problemas económicos. «Nos hemos levantado de las cenizas», reza la leyenda.

El presidente se define a sí mismo de centro izquierda, pero triunfó con el respaldo de parte de la derecha y aplica una economía neoliberal. Hasta su elección, tenía poca experiencia en política.

Probó en las urnas las mieles de su popularidad al conseguir mediante consulta popular la aprobación de nueve de sus once propuestas, entre ellas reformas constitucionales como establecer la extradición de ecuatorianos.

Hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, cinco veces candidato a la presidencia, el mandatario es sommelier, intentó ser vegetariano, colecciona ajíes y le apasionan los autos y los caballos, de acuerdo con su equipo de prensa.

Nacido en Estados Unidos y graduado de prestigiosas universidades extranjeras, el gobernante católico está casado con la influencer Lavinia Valbonesi, con la que tiene dos hijos. De su primer matrimonio tiene una hija.

Gonzáléz, por la revancha del correísmo

Ciclista, maratonista y amante de los tatuajes, Luisa Gonzáléz vuelve a correr por la presidencia bajo la sombra de Rafael Correa, un apoyo que parte aguas en el país.

Desde que el gobierno de Ecuador no es socialista «nos sembraron odio y nos sembraron división y polarización porque divididos nos podían dominar y tenernos como hoy: deprimidos, sin nuestros derechos», dijo la candidata.

La abogada evanjélica de 47 años encara continuamente preguntas sobre el peso que en su gobierno tendría Correa, condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción. «Yo soy la candidata (…) Quien gobernará será Luisa Gonzáléz», declaró tajante.

La política lidera el movimiento Revolución Ciudadana, como Correa denominó a su gobierno de diez años. Junto a la ambientalista y anticorreísta Andrea Gonzáléz, son las «únicas» mujeres entre los 16 candidatos presidenciales.

«Vamos a revivir a Ecuador», repite como un mantra en sus mitines.

Sus detractores acusan al gobierno de Correa de haber mantenido alianzas con las mafias que sumen a Ecuador en una violencia sin precedentes.

Gonzáléz es madre de dos varones de 31 y 11 años y sostiene que tiene otros dos «hijos»: sus perros Wanda y Bruno. Fue asambleísta antes de lanzar su primera candidatura presidencial en 2023, cuando ganó la primera vuelta (34%) seguida de Noboa (23%).

Con maestrías en alta gerencia y economía, la abogada ha reconocido que es «controladora» y que lleva años sin pareja. «Tengo una familia que me absorbe y el trabajo es mi pasión», enfatiza.