Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar efectivos militares a Chicago y otras ciudades gobernadas por la oposición demócrata han hecho sonar las alarmas entre expertos legales, que advierten de un posible «abuso de poder».
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició esta semana dos operativos en Chicago y Boston y varios medios locales ya han reportado un aumento en la presencia de agentes federales, en particular del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Uno de los principales asesores de Trump, el llamado “zar” de la frontera, Tom Homan, adelantó en una entrevista con la cadena CNN que el Gobierno desplegará a la Guardia Nacional en varias ciudades “santuario”, aquellas que protegen a la comunidad migrante, en los próximos días.
Si los planes se concretan, Chicago y Boston se convertirían en la tercera y cuarta ciudad, después de Los Ángeles y Washington D.C., en recibir tropas federales en los menos de ocho meses que lleva Trump de mandato.
Problemas legales
Juristas han advertido sobre la dudosa legalidad de enviar fuerzas militares a una ciudad en contra de la voluntad de las autoridades locales.
“El despliegue de tropas (…) para ocupar ciudades no puede promover plausiblemente el orden público. Es una fuerza bruta, una maniobra de poder brutal. Va en contra de la Constitución y del papel adecuado de los estados”, ha escrito Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York.
El Gobierno ya se enfrenta a una demanda por su decisión de enviar tropas —incluidos marines— a California durante el punto álgido de las protestas contra su política migratoria en junio.
La semana pasada, un juez federal declaró “ilegal” ese despliegue y prohibió al Pentágono utilizar soldados para realizar tareas que corresponden a la policía local. En su fallo, el juez Charles Breyer acusó a Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de intentar crear “una fuerza policial nacional liderada por el presidente”.
Esta resolución, sin embargo, solo tiene validez en California, después de que el Tribunal Supremo limitara el poder de los jueces federales para emitir órdenes de alcance nacional.
El marco legal
El fallo establece que el Gobierno violó el Posse Comitatus Act, una ley que prohíbe a las tropas federales involucrarse en labores de seguridad pública, salvo en casos concretos.
La principal excepción es la Ley de Insurrección, que permite al presidente enviar militares a otros estados si los gobiernos locales lo solicitan o si resulta necesario para “hacer cumplir” la ley federal o sofocar una rebelión.
En el caso de Los Ángeles, el Ejecutivo argumentó que las protestas impedían a las autoridades aplicar las leyes migratorias, de carácter federal.
Pero, según explicado por su parte Liza Gotein, experta en poderes presidenciales del Brennan Center, el Gobierno ahora sostiene que debe desplegar efectivos en Chicago u otras ciudades para combatir el crimen común, un asunto de competencia local.
“Inundar de soldados las ciudades demócratas con el pretexto de combatir la delincuencia sería un abuso de poder sin precedentes que violaría los derechos de los estados”, ha dicho la analista.
Uso de la Guardia Nacional de otros estados
El Gobierno Trump también parece estar buscando una alternativa para saltarse estos obstáculos legales y es la de conseguir que otros estados envíen efectivos de su propia Guardia Nacional a las ciudades a las que ha amenazado con militarizar.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, denunció la semana pasada que el Gobierno Trump enviará a la Guardia Nacional de Texas a Illinois, pero el gobierno texano no lo confirmó.
Para hacerlo, el Gobierno se escudaría en una disposición poco conocida del código federal que permite que el Presidente o el Secretario de Defensa soliciten tropas de la Guardia Nacional para apoyar misiones federales mientras siguen bajo control estatal, según indicó Steve Vladeck, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown en una columna de opinión.
Esta decisión, subrayó el académico, podría violar el artículo IV de la Constitución, que proteger la «soberanía» de los estados y abriría la posibilidad de que el Gobierno de Illinois acudiera al Supremo para impedir -o detener- un despliegue militar.
