Nicaragua anunció este martes su retiro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y exigió el cierre de sus oficinas en Managua, en rechazo a un informe que asegura que el hambre creció en ese país centroamericano.
«La actitud de la FAO es inaceptable, inadmisible e irrespetuosa. En consecuencia, comunicamos el retiro de Nicaragua de esta Organización y exigimos el cierre de su Representación y Oficinas en Nicaragua a lo inmediato», según un comunicado firmado por el canciller Valdrack Jaentschke.
Según el informe, la prevalencia de subalimentación en Nicaragua pasó de 17,8% en 2018 a 19,6% en 2023. En América Latina y el Caribe solo están peor Haití (50,4%) y Honduras (20,4%).
El gobierno dijo rechazar el informe «por carecer de objetividad, rigor metodológico, por contener información falsa, con tendencia injerencista, agresiva y que ha sido difundida de manera malintencionada con fines políticos».
Además, acusa a la FAO de publicar en el informe datos «que no fueron autorizados ni consultados» con las instituciones nicaragüenses «ni validados» por el gobierno.
Medios oficialistas aseguraron que la carta de protesta fue entregada a la sede de la FAO en Roma, que hasta ahora no ha emitido comentarios al respecto.
El economista nicaragüense en el exilio, Enrique Sáenz, consideró que los resultados del documento de la FAO «son resultado del modelo económico impuesto por la dictadura bicéfala», en referencia al presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
«Casi el 30% de los nicaragüenses no gana ni para la comida (…) es lógico entonces que el hambre, la desnutrición, la anemia sean crecientes», dijo en la red social X.
Ortega, que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, se encuentra en el poder desde 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.
Desde el pasado 30 de enero, Ortega y Murillo, como presidente y «copresidenta», consolidaron su poder a través de una reforma constitucional que les permite controlar todos los poderes del Estado y la sociedad civil.
Unas 5.600 oenegés han debido cesar sus operaciones en Nicaragua desde las protestas antigubernamentales de 2018, que según un informe de Naciones Unidas dejaron más de 300 muertos.
El exguerrillero consideró esas protestas contra su gobierno como un golpe de Estado de Washington apoyado por organizaciones internacionales humanitarias.
A inicios de enero, el gobierno izquierdista anunció la clausura de la ONG Save the Children International.
