Los salvadoreños en el exterior podrán constituir asociaciones y fundaciones sin fines de lucro en el exterior y solicitar su registro en El Salvador por medios digitales, gozando de los mismos beneficios que las constituidas con domicilio dentro de El Salvador.
Así lo establece la nueva «Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad» aprobada en agosto pasado, que también reguló la constitución de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro en el exterior.
El registro de las sociedades de los salvadoreños que residan en el extranjero se realizará a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, que también administra el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), el cual, por el contrario, registrará y fiscalizará a las personas o entidades que financien sus actividades en El Salvador con fondos de «mandantes» extranjeros.
Esta ley aclara que «las asociaciones y fundaciones constituidas en el exterior deberán regirse de conformidad con la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, es decir, la normativa que regula actualmente las organizaciones no gubernamentales (oenegés) establecidas en territorio salvadoreño.
La ley ordena a Gobernación a compartir la información de estas entidades con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La nueva ley también otorga facilidades en la introducción de donaciones a la diáspora.
El artículo 29 de la ley ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores a asesorar y acompañar a estas organizaciones de la diáspora que soliciten en sus solicitudes «de exención de impuestos para el ingreso de donaciones con fines sociales en el territorio salvadoreño».
La ley también busca beneficiar a la diáspora para que participen, como «talentos», en actividades en El Salvador dentro de los siguientes sectores: educación, arte, cultura economía, deportes y ciencia, «para su desarrollo e integración en el ámbito nacional».
El 97.9 % de los votos que logró Nayib Bukele en 2024 provino de los salvadoreños que residen en el extranjero.
Un total de 331,756 salvadoreños en el exterior votaron en las elecciones presidenciales y legislativas de 2024, en una votación que por primera vez fue electrónica: 242,110 salvadoreños con «voto remoto por internet» y 89,646 «electrónico presencial» en 81 centros de votación. El sistema de votación costó $32,012,918 ($32 millones).
Este 8 de septiembre se cumple el primer año de la muerte del comisionado general Mauricio Arriaza Chicas, el último director de la Policía Nacional Civil nombrado hasta entonces, quien pereció junto a las más altas jefaturas de la corporación mientras trasladaban al exgerente de la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi), Manuel Alberto Coto Barrientos, quien había sido detenido en Honduras.
En total murieron nueve personas: Mauricio Antonio Arriaza Chicas, director de la PNC; Douglas Omar García Funes; el subdirector de investigaciones, comisionado Rómulo Pompilio Romero Torres; y el miembro destacado de la Unidad Táctica Especializada Policial «Jaguares», cabo Abel Antonio Arévalo.
De igual manera, abordó el helicóptero el comunicador y presentador, David Heman Cruz Guevara, quien fungía como jefe de comunicaciones del Ministerio de Seguridad y periodista de Noticiero El Salvador.
También iba a bordo el teniente de la Fuerza Armada Alexis Alberto Quijano López, el teniente Jonathan Alexander Raymundo Morán, el subsargento Gerson Ricardo Batres Lucero y el exgerente de COSAVI, Manuel Alberto Coto Barrientos.
¿Qué ocurrió ese día?
Era domingo y desde horas de la mañana, Honduras reveló que había detenido al exgerente de Cosavi, Manuel Coto. De hecho, fue la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Rebeca Lizette Ráquel Obando (@RebecaRaquelO) quien lo anunció a eso de las 10:35 de la mañana.
Veinte minutos más tarde, el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez Velásquez, informó que en un “trabajo en conjunto” con la CSJ y el Ministerio Público había sido detenido Coto, cuando se conducía con un tratante de personas hacia Estados Unidos. Él anunció que harían las coordinaciones para entregarlo a El Salvador.
Fue hasta en la tarde que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Honduras publicó fotos de Coto y dio detalles de la captura.
En horas de la noche, Canal 10 comenzó a transmitir en vivo cuando el director de la PNC y el subdirector Douglas García Funes caminaban hacia la frontera El Amatillo y llamaban por teléfono a alguien. “Hay un fuerte operativo”, decía la reportera. Los jefes policiales esperaban.
A las 7:48 p.m. Ocurrió la entrega de Coto que era transmitida por el Canal 10. El director Arriaza Chicas, recibió al presidente de Cosavi y le anunció: “¿Qué tal señor, don Manuel Coto? Le van a leer una orden, una orden internacional, ¿oiga?, así que vamos a proceder con la Policía Internacional de El Salvador”. “Con gusto, está bien”, le respondió Coto. Ya comenzada la lectura de la orden, el subdirector Douglas García Funes le ordenó hincarse. “Ha sido un honor para mí estar entregándole esta persona”, le dijo el jefe policial de Honduras al director Arriaza Chicas, ahora fallecido.
La transmisión de canal 10 siguió y entre las 8:18 y 8:20 de la noche ocurrió el abordaje del helicóptero, relatado por el periodista David Cruz.
En un video con audio de cámara de seguridad publicado en X por @TonyVigil_SV, con hora 8:23 p.m., se escucha supuestamente la salida y el impacto del helicóptero al estrellarse.
Los rumores de un helicóptero accidentado empezaron a circular en redes sociales y a medida pasaban las horas, también la versión se hacía más fuerte. Pero fue hasta las 11:14 p.m. cuando la Fuerza Armada reportó que el helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña cayó en el sector del cantón San Eduardo, del distrito de Pasaquina, municipio de La Unión Norte, departamento de La Unión.
Un helicóptero UH-1H se estrelló en el cerro Loma Lisa del cantón San Eduardo, en Pasaquina, La Unión. Archivo DEM
Cinco minutos más tarde, el presidente Nayib Bukele publicó en X que “lo ocurrido no puede quedar como un simple ‘accidente’, debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias” y anunció que pedirán “ayuda internacional”.
La Fuerza Armada confirmó la muerte de todos los tripulantes del helicóptero a las 12:41 de la madrugada del lunes 9 de septiembre, luego de varias horas de especulaciones sobre el accidente aéreo.
A esto le sucedieron tres días de duelo nacional decretados por el presidente de la República y el reconocimiento del mandatario y el resto de su gobierno para la cabeza de la corporación.
La investigación
Cuatro meses después de la tragedia, la Fuerza Armada publicó en enero de este año los resultados de la investigación sobre el accidente de helicóptero.
La investigación contó con apoyo de expertos de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los EE.UU., quienes trabajaron junto a la parte salvadoreña y concluyeron de “manera unánime” que el “accidente fue el resultado de una combinación de problemas operativos”, según reza el comunicado publicado por la Fuerza Armada.
El escrito detalla que entre los factores identificados que provocaron la tragedia se encuentran “las malas condiciones climáticas, la lluvia y la nula visibilidad”.
De acuerdo con los técnicos, estas condiciones obligaron al piloto a “reducir peligrosamente la altitud en busca de visibilidad, culminando en el impacto de la aeronave contra una colina en Pasaquina”.
A través del comunicado, la Fuerza Armada señaló que el presidente Nayib Bukele ordenó una “revisión exhaustiva de los procedimientos de la aviación militar y los protocolos operativos y de vuelo” a fin de implementar “mejoras que garanticen una mayor seguridad en la aviación militar de nuestro país”.
La corporación
En enero, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, confirmó que «es él quien dirige a la Policía Nacional Civil «(PNC), mientras el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decide el nombramiento del nuevo mando policial, sin embargo, una reforma al reglamento interior del órgano Ejecutivo atribuyó al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia funciones administrativas de la Policía Nacional Civil en casos de ausencia o vacancia del director de la corporación policial.
Mediante el decreto número 22 del Órgano Ejecutivo, el Consejo de Ministros estableció que dentro de las tareas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública están «las tareas relacionadas con la seguridad pública» y que «es necesario un reajuste» para «incorporar una nueva atribución al titular del referido Ministerio».
Así, al «Ministerio de Seguridad Pública y Justicia» se estableció la función número 13 como: «Ejercer las funciones administrativas necesarias para la gestión y funcionamiento de la Policía Nacional Civil, así como la representación legal de la misma, en casos de ausencia o vacancia del director general de la Policía Nacional Civil, mientras no exista nombramiento».
En la década de los años 70, Latinoamérica estuvo marcada por profundos cambios sociales y políticos que influenciaron la música, el arte y la vida cotidiana. Los jóvenes de esa época se mostraban más críticos y participativos, influenciados por movimientos internacionales como la contracultura hippie y la protesta política. La música de protesta cubana y sudamericana llenaba oídos y mentes en un ambiente de descontento generalizado con el status quo.
La creciente urbanización y modernización transformaron hábitos y valores sociales, mientras conflictos internos y cambios económicos generaban una creciente zozobra social en la mayoría de los países. En ese contexto, la historia del Cartel de Cali y los hermanos Rodríguez Orejuela se comenzaba a escribir. Provenientes de una familia modesta de Cali, los hermanos se rebelaron contra las limitaciones económicas de su juventud. Gilberto, mensajero de farmacia, junto a su hermano Miguel y José Santacruz Londoño fundaron la banda «Los Chemas», dedicada inicialmente a secuestros, extorsión y piratería terrestre, mientras construían una red de contactos en Cali.
Esta banda creció estrepitosamente en poder e influencia, y en la década de los 80, aprovechando la caída del Cartel de Medellín, se transformaron en la mayor red de tráfico de cocaína de Colombia. Su poder ascendió hasta controlar cerca del 80% de la cocaína destinada a Estados Unidos y el 90% de la que llegaba a Europa.
Los Rodríguez Orejuela no eran un cartel caracterizado por la violencia; su modus operandi se centraba en la corrupción, el soborno y la infiltración en instituciones estatales y campañas políticas. Un caso emblemático fue el escándalo del Proceso 8.000, que reveló la infiltración del narcotráfico en el sistema democrático colombiano, convirtiéndose en símbolo de cómo el dinero proveniente del narcotráfico podía corromper la política a gran escala.
El presidente Ernesto Samper fue señalado por Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, lo que llevó a la suspensión de su visa y la de otros altos funcionarios colombianos. Pero el Cartel de Cali no solo infiltró la política nacional, sino también empresas legales y negocios legítimos, principalmente para lavar dinero. Entre estos, las cadenas de farmacias jugaron un papel fundamental, siendo uno de los canales más importantes, si no el principal, para el blanqueo de capitales.
Los hermanos Rodríguez Orejuela transformaron Drogas La Rebaja en una extensa red con más de 872 tiendas distribuidas en toda Colombia. En estos establecimientos, realizaban transacciones comerciales aparentes, reportando ventas superiores a las reales o efectuando compras de insumos y bienes inmuebles con recursos provenientes del narcotráfico. Los ingresos inflados de la droguería se justificaban en la contabilidad, lo que facilitaba la adquisición de propiedades, vehículos y otros negocios, ocultando así el verdadero origen del dinero.
¿Por qué las farmacias y no otros negocios?
El Cartel de Cali eligió cadenas de farmacias en lugar de otros negocios porque estas ofrecían ventajas únicas para el lavado de dinero: un alto volumen de transacciones, presencia masiva en las ciudades, flujo constante de efectivo y una apariencia respetable que facilitaba ocultar fondos ilícitos entre operaciones legítimas. Otros negocios, como restaurantes o tiendas minoristas, no generan el mismo volumen ni tipo de transacciones continuas, ni gozan del mismo nivel de confianza pública que una farmacia.
Además, las farmacias suelen estar sujetas a menos controles regulatorios sobre grandes cantidades de efectivo en comparación con bancos y entidades financieras. Esta combinación de confianza social, alta rotación de efectivo y capacidad de expansión hizo que las cadenas de farmacias fueran el vehículo ideal para el lavado de capitales del Cartel de Cali, por encima de otros modelos comerciales.
¿Qué lecciones prácticas brinda esta experiencia colombiana para la gestión de farmacias públicas y el sector salud en general?
El caso del Cartel de Cali, especialmente en relación con la cadena de farmacias Drogas La Rebaja, deja varias lecciones importantes para la gestión de farmacias públicas. En primer lugar, evidencia la necesidad de implementar sistemas robustos de transparencia para evitar que estructuras empresariales legítimas sean usadas para actividades ilícitas como el lavado de dinero. El Estado debe establecer auditorías continuas y controles financieros estrictos para prevenir la infiltración de recursos ilegales en el sector salud. Además, esta experiencia revela los riesgos asociados a la persistencia de estructuras familiares o vínculos previos con el narcotráfico, por lo que se recomienda mantener una vigilancia constante para impedir que antiguos actores o redes ilícitas retornen o mantengan influencia indebida.
En conclusión, la gestión pública de farmacias debe priorizar la transparencia, la gobernanza sólida y la supervisión rigurosa para garantizar la integridad y el bienestar del sistema de salud.
*Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional
El 62.8 % de las micro y pequeñas empresas (mypes) en El Salvador tienen buenas expectativas para sus negocios durante el tercer trimestre de 2025, según el informe de dinámica empresarial del Observatorio Mype.
El observatorio, a cargo de la Fundación de Apoyo Integral (Fusai), confirma que la porción de empresarios con optimismo con el desempeño a futuro de sus empresas es la más alta en los últimos tres trimestres, superado solo por un 70.8 % registrado durante el tercer trimestre de 2024.
Las expectativas sobre la marcha del negocio recolectaron la perspectiva de 1,200 propietarios de negocios durante el segundo trimestre de 2025.
“Desde el inicio de la medición en 2020, se ha observado una tendencia sostenida de expectativas favorables entre los empresarios mype, con niveles que han superado de forma consistente a los reportes de expectativas desfavorables en la mayoría de los trimestres”, indicó Fusai.
El panorama no es el mismo para todos los empresarios, Fusai revela que un 30.2 % de las mypes en el país esperan mantenerse en condiciones similares que las que tuvo durante el segundo semestre.
Previsiones negativas
En la lista también está un 7 % que proyecta un escenario desfavorable, la porción más alta de negatividad entre las mypes desde hace un año, cuando en el segundo trimestre de 2024 un 7.1 % expresó dicha posición.
La Fundación destaca que, aunque la confianza en general de los empresarios es alta, han identificado “ligeros repuntes” de expectativas desfavorables, como durante los cuartos trimestres de 2021 y 2023.
Sin embargo, estos episodios de aumentos de negatividad han sido seguidos de una recuperación en la forma en cómo las mypes ven sus negocios.
Índice de confianza
La expectativa en la marcha de los negocios es una de las variables que conforman el índice de confianza empresarial mype, desarrollado por Fusai, junto con el comportamiento de los negocios en la actualidad y la confianza empresarial.
El comportamiento de los negocios durante el segundo trimestre del 2025 apuntó a que un 36.6 % evaluó como favorable su situación actual, mientras que para un 48.05 % la situación seguía igual y un 15 % dijo que su situación empeoró.
Por su parte, la confianza empresarial mostró una mejora entre el primero y el segundo trimestre, al pasar de 37.8 puntos a 38.1 puntos.
Fusai destaca que estas variables han empujado al índice de confianza empresarial en general a posicionarse en 105.1 puntos, un espacio por arriba de los 105 puntos que se reportaron en el primer trimestre de 2025.
Cuando el índice se posiciona muy cerca de los 100 puntos indica que los empresarios sienten que la situación es más difícil que en el momento en que salieron de la pandemia de covid-19, en 2021, pero cuanto más incrementa su confianza se fortalece.
Según el informe del segundo trimestre, al desglosar el índice de confianza empresarial por sectores se descubre que el único que se contrajo fue el agropecuario -con 99.4 puntos-, es decir que su tranquilidad relacionada con el negocio es más difícil que cuando salió de la pandemia.
En el vasto universo de los problemas de salud pública, pocos temas son tan sensibles y urgentes como la prevención del suicidio. No es un fenómeno aislado, sino un reflejo complejo de factores psicológicos, sociales, económicos y biológicos que se entrelazan de manera única en la vida de cada individuo. Abordar este desafío requiere dejar de lado los tabúes y adoptar una perspectiva integral y compasiva. La prevención no es una tarea exclusiva de los especialistas en salud mental, el máximo error del siglo pasado y del presente; es una responsabilidad colectiva que comienza con la conciencia y la empatía.
Una de las consideraciones más relevantes es el reconocimiento de las señales de alerta. Contrario a la creencia popular de que quienes amenazan con quitarse la vida no lo hacen, la mayoría de las personas en riesgo emiten señales verbales o conductuales. Hablan de sentirse desesperanzados, atrapados, o de ser una carga para los demás. Muestran cambios drásticos en su comportamiento, se aíslan de amigos y familiares, o abandonan actividades que solían disfrutar. Estar atentos a estos indicios es el primer paso crítico. No debemos minimizarlos ni ignorarlos.
Otra consideración vital es la accesibilidad a la ayuda profesional. En muchos países, los servicios de salud mental siguen siendo estigmatizados y, en ocasiones, inalcanzables. Es imperativo que los gobiernos y las organizaciones en América Latina trabajen para desmantelar estas barreras. Esto implica no solo la disponibilidad de líneas de ayuda y centros de crisis, sino también la integración de la salud mental en el sistema de atención primaria. Una persona que sufre debe poder encontrar apoyo de manera rápida, confidencial y sin prejuicios.
Finalmente, el rol de la familia y la comunidad es insustituible. Crear una red de apoyo sólida es una de las estrategias más efectivas. Esto se logra promoviendo conversaciones abiertas sobre la salud mental en el hogar y en la escuela, educando a las personas sobre cómo responder a alguien en crisis y fomentando la conexión humana. Un entorno donde el individuo se siente valorado, escuchado y apoyado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Cada 10 de septiembre se conmemora en todo el mundo el día de la prevención del suicidio, en este año 2025 hagamos un compromiso de ocuparnos de nuestra salud mental y física, de la de nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Le sugiero con todo respeto que invierta cada día 30 segundos conversando con alguien sobre la prevención del mismo y siendo una persona de escucha activa.
La prevención del suicidio es un proyecto a largo plazo que requiere el compromiso de todos. Es una inversión en nuestra sociedad, en nuestra empatía y en nuestro futuro. Al derribar los muros del silencio y construir puentes de apoyo, podemos iluminar el camino para aquellos que están en la oscuridad y demostrarles que no están solos. Y como siempre cierro mis conferencias, conversatorios, o cuando estoy en radio o televisión. “la muerte más prevenible de todas, de todas, es el suicidio” Abraza la vida. Puedes escribirme si necesitas ayuda: info@ricardososa.net
* Ricardo Sosa es doctor en Criminología, Experto en prevención del suicidio
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y la Mesa por una Pensión Digna, Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), así como el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) no pidieron inscribirse en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) creado por el Gobierno de El Salvador porque no reciben fondos extranjeros.
“Nosotros no recibimos fondos del extranjero y, si así fuese, no inscribiría a la Mesa porque es un atentado hacerlo, debido a que van a buscar control contra nosotros”, respondió Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna, ante la pregunta si se inscribirían.
Pineda reveló que la Mesa hace un esfuerzo de autofinanciamiento o voluntariado. “Compramos cositas para vender y vamos a las comunidades, muchos de nuestros miembros creen en nuestro proyecto y ellos voluntariamente aportan económicamente, y yo que pongo de mi bolsa”, detalló.
Por su parte, la representante del SJH, Ingrid Escobar, advirtió que no percibirán donaciones del extranjero ya que se mantienen del voluntariado.
“Somos un equipo de voluntarios, no nos vamos a inscribir por el momento”, señaló Escobar, quien reside en el extranjero por temor a represalias por sus críticas al gobierno. Actualmente, la SJH únicamente apoya a familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción y las representa en demandas de hábeas corpus que son presentadas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Escobar, quien usualmente es crítica del gobierno actual, explicó que el respaldo jurídico en las demandas de habeas corpus no requiere financiamiento.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) tampoco solicitó la inscripción en el RAEX, que abrió el periodo de inscripción desde el 9 de junio, dos días después del inicio de la vigencia de la ley.
Samuel Ramírez, representante del Movir, explicó que esta no es una organización no gubernamental (ONG u oenegé) ya que surgió desde un inicio como un movimiento temporal y que se iba a mantener mientras durara el régimen. “La lucha es legítima”, sostuvo. El régimen de excepción está por cumplir tres años y medio.
Ramírez también es crítico de la nueva ley que busca fiscalizar a las organizaciones que reciben fondos extranjeros.
“La idea de esta ley es tratar de bloquear, eliminar aquellas organizaciones incómodas, nosotros ni siquiera intentamos inscribirla porque no era la intención formar una oenegé, sino un movimiento de víctimas que luchara con las víctimas durante el régimen, pensando en que iba a durar poco tiempo, resulta que lleva más de tres años”, indicó. Agregó que tampoco es que sean ilegales.
Por su parte, Ángel Flores, coordinador de MILPA, informó que tampoco se inscribirán porque no reciben fondos del extranjero. “MILPA es un sindicato de trabajadores y trabajadoras del campo indígena, que se sostiene por las aportaciones de sus miembros”, explicó.
El representante de MILPA cree que la nueva Ley de Agentes Extranjeros “obstaculizará el trabajo de organizaciones no gubernamentales que atienden temas sensibles o vinculados a los derechos humanos y de fortalecimiento organizativo de las comunidades o de grupos vulnerables” y puede ser “ser instrumentalizada para criminalizar o perseguir” a oenegés “bajo el supuesto de que realizan trabajo político”.
Según Flores, esta normativa también estaría facultando al Gobierno “apropiarse de fondos de la cooperación internacional”.
Otras organizaciones esperan su inscripción en el RAEX. La Fundación Comunicándonos y Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), Colectivo Feminista, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y la asociación Cristosal pidieron registrarse en el RAEX como agentes extranjeros, aunque Funde y Cristosal no solicitar ser calificadas como “sujetos excluidos” del pago del impuesto del 30 % sobre las donaciones o transferencias extranjeras que reciban.
Este lunes 8 de septiembre iniciará un operativo especial que busca garantizar la seguridad y proteger a los ciudadanos de posibles estafas para asistir al partido de El Salvador versus Surinam, en el Estadio Cuscatlán.
El partido inicia a las 6:30 p.m. Un total de 2,000 personas, entre bomberos, miembros de Protección Civil, Cruz Roja, policías, agentes de tránsito, delegados de la Defensoría del Consumidor, entre otros, montarán el operativo.
Control vehicular sin cierres de calles
El paso vehicular controlado iniciará a las 9:00 a.m. Los agentes orientarán el tráfico para agilizarlo y dependiendo de la fluidez vehicular, así como la afluencia de aficionados, podrían cerrar calles pero se prevé que estos cierres serían muy breves.
Calles con control vehicular:
-Bulevar Los Próceres.
-Calle Antigua a Huizúcar.
-Calle Los Viveros.
-Autopista a Comalapa.
-Otras calles que rodean el Estadio Cuscatlán.
Parqueos habilitados
Habrá estacionamiento gratuito en las canchas de fútbol rápido «Chapupo» y el parque metropolitano «El Talapo», ambos se ubican cerca del bulevar Los Próceres. Estos parqueos serán gratuitos. En el Estadio Cuscatlán hay parqueo con un costo.
Lo ideal, según el Viceministerio de Transporte, es que los aficionados busquen un transporte que los llegue a dejar.
Cine al aire libre
El partido se proyectará en el cine al aire libre ubicado en el parque Bicentenario, con parqueo gratuito dentro del parque.
Boletos falsos o duplicados
A la ciudadanía y afición la posibilidad de que estén en reventa boletos falsificados o duplicado. Para evitar estas situaciones, se desplegará un equipo de la Defensoría del Consumidor en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).
Las duplicaciones pueden darse en la compra de entradas con códigos QR.
Los posibles delitos en estos casos son estafa y falsificación de documentos.
Apertura de puertas
La apertura de las puertas del Estadio Cuscatlán se dará a partir de las 2:00 p.m.
Niños pagan boleto
Los niños a partir de 3 años deben presentar boleto pagado.
Objetos prohibidos para ingresar al Estadio
Vuvuzelas, material con contenido racista, xenófobo, ideológico, político, religioso o que distraiga del ambiente deportivo, dispositivos de rayos láser, luces o medios para amplificar sonidos que no estén autorizados, equipo fotográfico excepto los miembros de la prensa, bicicletas, scooters, patinetas y cascos de protección.
Prohibido consumo de bebidas alcohólicas
Prohibido el ingreso y consumo de bebidas embriagantes, y prohibida su venta antes y durante el partido. Incluye nivel 12 (bar interno del Estadio Cuscatlán, Nivel 12 Sport Bar).
Vista aérea del Estadio Cuscatlán, que tiene una capacidad de unas 40,000 personas. / Prensa Presidencia.
Luis Ángel Firpo se convirtió en el líder absoluto de la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador al sumar 23 puntos en la tabla de posiciones, luego de un vibrante triunfo de 2-3 ante Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) en el marco de la décima fecha del torneo Apertura 2025.
El Alianza FC, actual campeón nacional, se quedó con el tercer lugar al alcanzar 18 unidades tras una ajustada victoria de 0-1 frente a Zacatecoluca, equipo debutante en la categoría que continúa en el fondo de la tabla con apenas 6 puntos.
La sorpresa de la jornada la protagonizó el Cacahuatique, que goleó por 3-0 al Club Deportivo Águila, uno de los iconos del fútbol salvadoreño. El resultado dejó al Cacahuatique en la cuarta casilla con 15 puntos y al Águila en la sexta, con 14.
En otro de los encuentros destacados, San Francisco logró su segunda victoria en el torneo al vencer por 1-0 al Isidro Metapán, colocándose en la quinta posición con 15 puntos. Los jaguares metapanecos descendieron a la octava plaza con 10 unidades.
El Municipal Limeño, subcampeón del torneo anterior, también sumó de a tres y escaló al séptimo lugar con 13 puntos, relegando al Inter FA al undécimo puesto con solo 7 unidades.
El partido pendiente entre Hércules y Platense está programado para disputarse entre semana, por lo que aún podría modificar el orden de la tabla.
En la tabla de goleadores del torneo Apertura 2025, el salvadoreño Juan Argueta, delantero del Cacahuatique, lidera con 7 goles, seguido por el brasileño Yan Maciel, quien acumula 5 anotaciones.
La Selección de El Salvador, dirigida por el colombiano Hernán Darío Gómez, se prepara para enfrentar este lunes a Surinam en el estadio Cuscatlán, con el objetivo de sumar puntos y consolidar su liderato en el Grupo A de la Concacaf, rumbo a la clasificación al que sería el tercer Mundial de su historia.
La Selecta llega al compromiso tras vencer 0-1 a Guatemala en la primera fecha y empatar sin goles con Panamá. Gómez reconoció la dificultad física de algunos jugadores en Ciudad de Guatemala, pero destacó el esfuerzo del equipo médico.
“Es un paso importante, es un resultado muy bueno y es el comienzo”, dijo el técnico, quien aseguró que el cuerpo médico está “trabajando duro” por cinco futbolistas que terminaron “en muy mal estado”.
El encuentro ha generado gran expectativa: las entradas para el Coloso de Montserrat se agotaron desde el 5 de septiembre, confirmando el apoyo de los más de 30,000 aficionados que llenarán el estadio Cuscatlán.
En la previa, El Salvador registra ocho victorias frente a Surinam, incluyendo goleadas de 1-3 y 4-0 en anteriores eliminatorias. El último enfrentamiento oficial, el 10 de junio pasado, terminó con empate 1-1.
El Salvador sueña con volver a una Copa del Mundo, tras sus participaciones en México 1970 y España 1982, donde brilló la leyenda Jorge “Mágico” González. Ahora, bajo la dirección de Gómez, la Selecta busca recuperar protagonismo regional y dar un paso firme hacia el Mundial.
El árbitro mexicano Adonai Escobedo González dirigirá el encuentro previsto para las 6:30 de la tarde de este lunes.
La justicia salvadoreña se encuentra hoy ante uno de sus mayores desafíos: garantizar la seguridad pública sin transgredir los principios constitucionales que amparan la libertad y dignidad humana. En el contexto del régimen de excepción, miles de detenciones han sido practicadas con fines de combate a las pandillas, pero junto a ellas se han reportado privaciones de libertad de personas que nada tienen que ver con pandillas o estructuras criminales. Este fenómeno pone en crisis dos pilares esenciales del Estado de derecho: la presunción de inocencia y el debido proceso legal.
El artículo 12 de la Constitución establece que “toda persona a quien se impute un delito se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. Esta disposición no es una mera formalidad: constituye la esencia de la justicia penal moderna. La presunción de inocencia evita que el acusado sea tratado como culpable sin que exista condena firme y garantiza que el proceso judicial no se convierta en un instrumento de persecución arbitraria. Cuando un ciudadano es privado de libertad sin pruebas suficientes, sin defensa adecuada y sin el escrutinio judicial imparcial.
Indudablemente se desvirtúa este principio y se coloca al inocente en el lugar del criminal. Tal injusticia genera un daño irreparable: la estigmatización social, la destrucción de familias y la pérdida de confianza en las instituciones. El debido proceso no es un adorno jurídico, sino una garantía que asegura que nadie sea condenado sin la oportunidad de defenderse, ser escuchado y presentar pruebas. El Código Procesal Penal establece que todo imputado debe ser informado de los cargos en su contra, contar con asistencia legal y que las decisiones judiciales deben estar fundamentadas en evidencia legalmente obtenida.
Ignorar estas garantías convierte el proceso penal en una farsa, donde la forma sustituye al fondo y la justicia se convierte en mera apariencia. El desafío de la justicia salvadoreña radica en no sacrificar la legalidad en nombre de la seguridad, pues hacerlo significaría abrir la puerta a la arbitrariedad. Los jueces y fiscales, como operadores de justicia, deben recordar que no son máquinas aplicadoras de normas, sino garantes de la equidad. Aplicar la ley sin humanidad es negarle su propósito. Surge entonces una pregunta ineludible: ¿qué ocurriría si un hijo, un hermano o un padre de un juez o fiscal fuera detenido injustamente?
¿Qué trato exigirían para él? Seguramente pedirían respeto, rapidez en la revisión del caso, garantías de defensa y una valoración objetiva de las pruebas. Ese mismo estándar de empatía y humanidad debe aplicarse a todos los ciudadanos, sin distinción. La verdadera justicia no se mide por el número de capturas realizadas, sino por la capacidad de discernir entre culpables e inocentes, castigando al primero y liberando al segundo. La Sagrada Escritura nos confronta con una verdad que humaniza la justicia: “Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo” (Hebreos 13:3).
Este texto bíblico no hace distinción entre quienes están legítimamente detenidos y quienes no, sino que nos invita a mirar al privado de libertad como un ser humano digno de respeto. Aplicado al contexto salvadoreño, este mandato implica que jueces, fiscales y sociedad en general no pueden volverse indiferentes ante quienes han sido privados de libertad injustamente. La empatía cristiana exige ver en ellos a un hermano, a un prójimo, a alguien cuya vida merece compasión y justicia. La sociedad salvadoreña, en ocasiones, se indigna más por el maltrato de un animal que por la injusticia cometida contra un ser humano encarcelado sin pruebas.
Aunque es justo proteger a toda criatura, resulta alarmante que se ignore el clamor de madres, esposas e hijos que imploran justicia para un inocente tras las rejas. Esta contradicción revela una herida en nuestra conciencia colectiva y en nuestra práctica judicial. Los desafíos de la justicia salvadoreña frente a las detenciones injustas no son solo técnicos, sino profundamente éticos y espirituales. La presunción de inocencia y el debido proceso no son lujos jurídicos, sino muros de contención contra la arbitrariedad. Los jueces y fiscales tienen en sus manos la oportunidad de honrar la Constitución y los mandatos divinos de justicia y misericordia.
Que cada operador de justicia actúe recordando que la ley sin equidad es tiranía, que el poder sin empatía es despotismo, y que la justicia sin humanidad es injusticia. Y que nunca olviden que, como exhorta Hebreos, debemos recordar a los presos como si estuviéramos presos con ellos.
