El Salvador cerró con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de un -0.11 % en agosto, acumulando cinco meses consecutivos en deflación, informó este viernes el Banco Central de Reserva (BCR).
La deflación ocurre cuando hay una caída generalizada de precios en la economía, que en el caso de El Salvador comenzó en abril pasado y comienza a dar una señal de preocupación por si las tasas se profundizan y genera distorsiones en el mercado.
En El Salvador, el IPC está conformado por 248 artículos distribuidos en 196 bienes y 42 servicios de mayor demanda por la población. Estos se dividen en 12 categorías, de las cuales el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, y alojamiento, agua, electricidad y otros combustibles tienen mayor ponderación en la canasta.
De Centroamérica, también Costa Rica registra deflación, de -0.94 % a agosto según la actualización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), así como Panamá, cuyo último dato corresponde a un -0.64 % a julio.
Caída de precios
De acuerdo con el BCR, seis divisiones cerraron en negativo, cuya mayor caída se documenta en transporte de un -3.78 %. El registro de la institución confirma que este sector se ha mantenido en deflación desde noviembre de 2023.
Desde junio de 2023, la división de muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar se encuentra en negativo y en agosto pasado cerró en -1.25 %, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas acumula 11 meses en deflación, hasta colocarse en -1.24 %.
También se encuentra en negativo la división de prendas de vestir y calzado, de un -0.79 %; comunicaciones de un -3.78 %; y recreación y cultura con un -0.46 %.
Tasas positivas
Con una tasa de un 2.86 %, la división de restaurantes y hoteles tiene el mayor nivel inflacionario de la economía salvadoreña. Este sector es afectado principalmente por los altos costos de los contratos en servicios de alimentos y alojamiento, y el porcentaje de agosto pasado mostró un ligero aumento en relación con el 2.79 % de julio.
Eso deriva en que la división de alojamiento, agua, electricidad y otros combustibles tiene una inflación de un 2.21 %, al igual que bebidas alcohólicas y tabaco, de un 2.58 %.
Ambos sectores mostraron un desaceleramiento en relación con las tasas de julio, cuando fueron de un 2.38 % y un 3.23 %, respectivamente.
Educación mantiene una inflación de 0.46 %; bienes y servicios diversos con un 1.46 %, y salud de un 2.07 %.
El sacerdote jesuita español José María Tojeira (1947) falleció este viernes en la Ciudad de Guatemala, dejando a su paso por Centroamérica un legado de lucha por las causas sociales, la búsqueda de justicia por la masacre de seis jesuitas y dos mujeres a manos del Ejército salvadoreño en 1989, y críticas a gobiernos centroamericanos como el de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Sin precisar las causas, la cuenta oficial en X de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús informó del fallecimiento del padre ‘Chema’ Tojeira, como era llamado popularmente en El Salvador, donde realizó la mayor parte de su trabajo pastoral.
✝️Con profundo pesar comunicamos que esta mañana falleció, en Ciudad de Guatemala, P. José María Tojeira, S.J., compañero de Jesús que entregó su vida al servicio incansable del territorio centroamericano. Encomendamos su alma al abrazo de Dios. pic.twitter.com/MSEXr24Hba
La Compañía de Jesús destacó que Tojeira realizó en Centroamérica «el apostolado social, el liderazgo provincial y universitario, el compromiso con la justicia y los derechos humanos y el acompañamiento pastoral».
La lucha por la Justicia para los jesuitas
Nacido en Vigo (Galicia, noroeste de España) en 1947 y licenciado en Teología y Filosofía en la Universidad de Comillas, llegó a Centroamérica en 1969 para trabajar en Honduras. En 1985 fue enviado a El Salvador, en plena guerra civil (1980-1992), y en 1988 fue nombrado provincial de los jesuitas en la región.
El 16 de noviembre de 1989 un comando del Ejército salvadoreño masacró en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) a cinco jesuitas españoles y uno salvadoreño, a su colaboradora Elba y a la hija de ella, Celina. Tojeira vivía cerca y fue de los primeros en llegar al lugar y hablar con los testigos del crimen.
En una conversación con EFE en 2019, en el marco del 30 aniversario de la masacre, dijo que esta decisión de asesinar a los jesuitas fue «una estupidez del Ejército» y de la que «no calcularon las consecuencias» por el «miedo» a perder la guerra.
Desde el momento del crimen, el padre Chema fue una figura clave en los reclamos de justicia e impulsor de la causa penal contra altos mandos del Ejército salvadoreño.
Fue rector de la UCA (1997-2010) y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) (2016-2020) y una solicitud presentada por este ente en el año 2017 dio pie a reabrir la causa penal contra los autores intelectuales tras la anulación de una ley de amnistía de 1993, que engavetó los procesos penales por crímenes de guerra por décadas.
En abril de 2018 un juzgado de Paz ordenó la reapertura de la causa penal al declarar la nulidad del sobreseimiento, pero en 2020 la Sala de lo Penal ordenó su cierre. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional decretó que debía reabrirse y en 2024 fueron enviados a juicio 11 imputados.
La lucha por las víctimas y defensores de derechos humanos
Con los años, el padre Chema también acompañó luchas contra la minería metálica, las violaciones a derechos humanos y abusos estatales en diferentes gobiernos, además de criticar la detención de activistas en los últimos meses en El Salvador y la persecución de migrantes en Estados Unidos.
En junio pasado, dijo que la detención de defensores de derechos humanos «es despreciar la dignidad humana de todos» y «la ética exige su libertad», en referencia a la captura de al menos cinco activistas y críticos del Ejecutivo de Nayib Bukele.
A mediados de agosto, Tojeira criticó desde X una iniciativa del Gobierno salvadoreño para extender dos años más la detención de las personas capturadas en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022: «¿Habrá indemnización por retardo judicial a inocentes?», cuestionó.
En 2022, en el marco de los 33 años de la masacre de sus compañeros jesuitas, Tojeira dijo: «Nos corresponde apoyar una vez más a las madres de los desaparecidos y defender el Estado de derecho, junto con la libertad, la crítica y el diálogo».
Crítico de Ortega-Murillo
El sacerdote jesuita fue nombrado portavoz de la Compañía de Jesús para Nicaragua tras la disolución y expropiación por parte del Estado nicaragüense de la Universidad Centroamericana (UCA), que era uno de los centros de estudios privados más prestigiosos de Nicaragua.
La jesuita UCA de Managua, considerada uno de los últimos bastiones de libertad de pensamiento en Nicaragua, fue disuelta y expropiada el 17 de agosto de 2023 tras ser acusada por el Ministerio Público (Fiscalía) de ser un «centro de terrorismo».
Tojeira abogó por el obispo nicaragüense Rolando Álvarez y en octubre de 2023 dijo que el papa Francisco, ya fallecido, debería nombrarlo cardenal. Álvarez fue condenado en ese año a más de 26 años tras negarse a abandonar su país y fue liberado en enero de 2024.
«En algún momento he dicho que, si algo quisiera hacer la Iglesia de reconocimiento del valor de este hombre, deberían nombrarle cardenal», planteó en una entrevista al medio nicaragüense Confidencial.
El 29 de noviembre de 2023, Tojeira tildó de «hipócritas» a Ortega y a su esposa, la copresidenta Murillo, tras divulgar en Managua fotografías y un video del obispo Álvarez al que decían estar tratando bien.
«La miseria de los dictadores (Ortega y Murillo) es siempre presentar lo inicuo como un bien», aseguró en X Tojeira.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) alertó que las lluvias empezarán este sábado desde horas del mediodía y pueden aumentar a finales de la tarde debido al paso de una onda tropical y una vaguada sobre el país.
Las tormentas iniciarán sobre las franjas de los volcanes y montañas en horas del mediodía, mientras que en la tarde-noche, estas se extenderán e intensificarán en la zona norte, centro y oriente del país. Más tarde, las lluvias podrían alcanzar la zona occidental y la costa salvadoreña.
“La influencia será una combinación de inestabilidad generada por una vaguada en superficie, inmersa en el flujo acelerado del este, una onda tropical, y apoyo de sistemas en capas medias y altas, que organizarán la nubosidad para la formación de chubascos y tormentas, entre moderadas y fuertes con tendencias a ser más dispersas”, indicó el pronóstico del Marn.
Para este sábado la temperatura máxima esperada en San Salvador es de 31 grados Celsius mientras que en La Unión será de 36 grados y uno menos en San Miguel.
Por otro lado, el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami alertó que monitorea una actividad de aguaceros y tormentas asociadas a una onda tropical sobre el océano Atlántico Central y tiene posibilidad de desarrollo en los próximos dos días a una depresión tropical.
Desde el 21 de agosto el país está en alerta verde por lluvias, luego que las precipitaciones incrementaran el 15 del mismo mes.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) atendió al menos 26 accidentes laborales diarios entre junio de 2024 y mayo de 2025, según la memoria de labores de la institución.
El documento, que divulga los resultados de diferentes oficinas y dirección del MTPS, señala que durante este período se atendieron 9,709 solicitudes de accidentes de trabajo.
De esta porción, la mayoría corresponde a las mujeres, con 6,487 personas perjudicadas, un 66.8 % del total.
Por su parte, los hombres representaron un 33.1 % de las solicitudes atendidas, tras acumular 3,222 casos.
La cantidad de atenciones brindadas por el Ministerio de Trabajo es mayor a lo reportado en la memoria de labores entre junio de 2023 y mayo de 2024, cuando se notificaron de 8,372 accidentes de trabajo.
Es decir, que los accidentes atendidos incrementaron en un 15.9 % entre ambos períodos.
¿Qué ocurre?
El Ministerio de Trabajo reconoce el aumento de las notificaciones, pese a no dar un número exacto del incremento. Según la institución, esta alza refleja una mayor confianza por parte de los trabajadores para denunciar situaciones a través de canales oficiales.
El gobierno dijo que el aumento también podría estar ligado al fortalecimiento del sistema de registro y respuesta ante riesgos laborales.
“(El sistema) es una oportunidad para contribuir a una cultura de mayor vigilancia y protección en los centros de trabajo”, puntualizó el MTPS en su documento.
El MTPS mantiene activo el sistema de notificación de accidentes de trabajo (SNNAT), al cual puede acceder cualquier trabajador, pero primero debe verificar que la empresa esté registrada.
Luego el trabajador debe solicitar acceso a través del centro de trabajo de su empresa, posteriormente deberá recibir un correo electrónico con un enlace de invitación.
Con este enlace deberá completar los datos, elegir la empresa para realizar la notificación, descargar el documento generado, imprimirlo, firmarlo, escanearlo y adjuntar en el sitio web el documento escaneado.
El Ministerio de Trabajo aseguró que en el último año también se brindaron 848 capacitaciones para acreditar a los comités de seguridad y salud ocupacional.
Según el gobierno, esto último benefició a 9,993 trabajadores. El MTPS dijo que en este último año se superó la cobertura alcanzada en el período previo.
La Sección de Prevención de Riesgos Ocupacionales, Oficinas regionales y Departamentales del MTPS realizaron además visitas técnicas para identificar riesgos físicos, como iluminación, ruido, temperatura y condiciones de infraestructuras que pudieran generar un accidente de trabajo.
Pese a no dar el número exacto de las visitas, el MTPS dijo que las empresas supervisadas abarcan a 409,906 trabajadores.
El Índice de Vida de la Calidad del Aire (AQLI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, señaló que los salvadoreños pierden 2.2 años de vida debido a la contaminación atmosférica por partículas finas.
La directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica las personas tienen calidad de aire si la atmósfera tienen un particulado de hasta 5 microgramos por metros cúbicos mientras que El Salvador debería tener un estándar de 15 microgramos por metros cúbicos; sin embargo, el AQLI dice que El Salvador no cumple con ese estándar porque la contaminación atmosférica ronda los 27.30 microcramos por metros cúbicos, hasta los datos recopilados de 2023.
“Si el país cumpliera con su estándar, la persona promedio ganaría 1.2 años de vida”. Índice de Vida de la Calidad del Aire (AQLI, por sus siglas en inglés).
Entre los hallazgos que destaca el Índice es que en El Salvador, la contaminación por las partículas finas reducen más la vida de los salvadoreños que el tabaco, la desnutrición infantil, la muerte materna y la violencia misma.
“En comparación con los 2.2 años que la contaminación por partículas finas reduce la esperanza de vida del residente promedio de El Salvador, la desnutrición infantil y materna, el consumo de tabaco y las autolesiones e la violencia interpersonal la reducen en 0.4, 0.5 y 1.9 años, respectivamente», dice el informe.
El Índice señala que El Salvador no tiene datos abiertos para explicar esta contaminación de partículas finas.
Lugares más contaminados
Algunas áreas de El Salvador están más contaminadas, según AQLI, por ejemplo mientras las “partículas le quita 2.2 años de vida al residente promedio, quienes viven en la región de Chalatenango, la provincia más contaminada de El Salvador, vivirían 2.62 años más si el nivel de contaminación cumpliera con las directrices de la OMS”, apunta el análisis, que no revela causas de estos datos.
Los datos recopilados por la Universidad de Chicago indican que el distrito de El Paraíso tiene la contaminación más alta de partículas finas de hasta 33.5 microgramos por metros cúbicos que hacen que su población tenga 2.8 años menos de esperanza de vida.
Los datos son similares para Tejutla y la zona del embalse del Cerrón Grande, el cual, presenta contaminación de hasta 33.3 microgramos por metros cúbicos.
El segundo departamento más contaminado según este índice es Sonsonate, donde la población pierde 2.4 años de vida debido a la polución. Le siguen San Salvador y Ahuachapán con el mismo cálculo de pérdida de vida y posteriormente está La Libertad y Santa Ana, donde el AQLI dice que la población pierde 2.3 años de vida por la contaminación de microparticulas.
La población de La Paz pierde 2.1 años mientras que Cabañas, Cuscatlán y Morazán son los lugares menos contaminados, donde la población pierde 1.9 años de vida.
Si El Salvador redujera la contaminación por partículas para cumplir con las directrices de la OMS, un residente promedio de San Salvador podría vivir 2.42 años más.
Durante la temporada de polvo del Sahara, el Ministerio de Medio Ambiente ha recomendado a la población utilizar mascarilla. / Archivo DEM
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) ofrece semanalmente boletines de calidad de aire y boletines especiales sobre la misma; en su sitio web plantea tres estaciones de monitoreo, pero desde hace meses, tanto la estación de San Salvador Centro como la de San Salvador Este aparecen en mantenimiento. Solo funciona la estación de San Salvador Oeste, que hasta la tarde de este viernes indicó que había calidad de aire “buena” en el país de 46. Según su medición, la calidad de aire en El Salvador deja de ser buena si sobrepasa 50, pero no indica qué unidad de medida es.
Entre los meses de mayo a agosto es común que el Marn alerte a la población sobre microparticulado suspendido en la atmósfera, debido a la llegada de nubes de polvo del Sahara.
Una mirada global
Por si estos datos fueran poco, el Índice de Vida de la Calidad del Aire señala que El Salvador está en el puesto 18 de los países más contaminados por partículas finas en todo el mundo, y está entre los cinco, de América Latina.
El AQLI dice que el país más contaminado del mundo es Bangladesh donde la contaminación de particulas finas es de 60.80 microgramos por metros cúbicos, seguido por la indica con un nivel de 41.
En tercer lugar está Pakistán, Nepal, Qatar, Myanmar, Cameroon, Bolivia, República Democrática de El Congo, Ruanda, República de El Congo, Guinea Ecuatorial, Burundi, Laos, Honduras, Mongolia, China y luego El Salvador.
“La contaminación por partículas finas es la mayor amenaza externa para la esperanza de vida en los cinco países más contaminados de América Latina: Bolivia, Honduras, El Salvador, Guatemala y Perú. En cada uno de estos países, la contaminación del aire por partículas finas reduce la esperanza de vida promedio más del doble que el consumo de tabaco o la desnutrición infantil y materna”, dice el AQLI.
El AQLI es una combinación de investigaciones que cuantifican la relación causal entre la exposición humana a largo plazo a la contaminación del aire y la esperanza de vida con mediciones satelitales hiperlocalizadas en materia particulada global.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) nombró a David Antonio Pineda Calderón como coordinador del programa “Mi Nueva Escuela” financiado mediante el contrato del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a partir del 6 de junio de 2025.
También, fue nombrada Matilde Berenice Serrano como la coordinadora ad honorem del programa “Mejora de la calidad y cobertura educativa: nacer, crecer, aprender” financiado con el préstamo 5080/OC-ES del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir del 6 de junio, mientras se contrata el coordinador del programa.
Según el acuerdo ejecutivo 15-1188/2025 del Ramo de Educación, que cita el contrato de consultor individual del Ministerio con el BCIE, Pineda Calderón tendría 23 funciones, de dirección estratégica del programa, liderar la planificación, la operación y la administración, y supervisar el cumplimiento con la normativas internas y del organismo financiero, entre otras.
El coordinador de Mi Nueva Escuela articularía el desarrollo de actividades de las diferentes dependencias del Ministerio involucradas en el programa, lideraría la coordinación interninstitucional con el Mineducyt y con otras organizaciones del sector público, privado y no gubernamental.
El director de Mi Nueva Escuela estaría comprometido a “dar seguimiento al cumplimiento de las metas físicas y financieras del programa, de acuerdo con la planificación operativa y de mediano plazo”, según el acuerdo ejecutivo, así como “promover la agilidad de los procesos de adquisiciones y contrataciones” en colaboración con la Dirección de Compras Públicas.
Así mismo, será el responsable de atender requerimientos de auditorías al programa y coordinar y enviar los informes sobre el avance y los resultados de la ejecución al organismo financiero.
Entre las 17 funciones de la coordinadora del programa en mejora de calidad educativa, Berenice Serrano, están dirigir el funcionamiento de la Unidad Gestora de Proyectos, coordinar la planificación y elaboración de los planes operativos anuales de los proyectos, implementar acciones estratégicas y mantener coordinaciones con la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para la ejecución de las obras de infraestructura.
El acuerdo fue firmado por el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, y publicado en el Diario Oficial del 18 de agosto de 2025.
A solo cien metros de la Línea Azul, divisoria entre Líbano e Israel, se ubica la posición 4-28 de la misión de paz de Naciones Unidas (FINUL), a cargo de soldados españoles y un contingente de 45 efectivos salvadoreños. Desde este punto, los cascos azules mantienen vigilancia permanente para garantizar el respeto a la línea de repliegue establecida por la ONU.
La Línea Azul, con trece puntos de disputa territorial, es considerada un escenario clave en los futuros acuerdos de seguridad entre Israel y Líbano. En la zona, donde se levantan bases israelíes como la avanzada conocida como FOB, se registraron incursiones militares en los últimos once meses durante el conflicto con Hizbulá, que dejó arrasadas varias poblaciones del sur libanés.
A la derecha, Ghajar, una localidad hasta hace dos años dividida en dos mitades por la Línea Azul y ahora cercada en su totalidad por un muro israelí. Sobre cada elevación visible en la distancia, una posición israelí e, incluso, en el extremo este, una base de operaciones avanzada (FOB, en inglés).
«En esa elevación, donde se ve la arena, está la FOB israelí», explica uno de los militares desde un punto de observación en la posición 4-28 de la FINUL.
“Nuestra misión principal es mantener la observación 24 horas sobre la Blue Line (Línea Azul) y que se respete esa Blue Line”, explicó el capitán Víctor Mendoza Mancheño, jefe de la posición española. El mando destacó que, junto a las Fuerzas Armadas Libanesas, realizan patrullajes diarios para fortalecer la seguridad de la región.
El teniente de fragata salvadoreño, Eder Ruiz Hernández, recordó que durante la guerra de junio entre Irán e Israel permanecieron en alerta dentro de los búnkeres.
“Estuvimos cuando el conflicto entre Irán e Israel, en el cual hubo bastante situaciones de misiles que se miraban por esta posición”, comentó el oficial salvadoreño.
Vista del exterior de la posición 4-28, una de las dos posiciones que comparten las tropas españolas y salvadoreñas situada a escasos cien metros de la denominada Línea Azul, la frontera de facto entre el Líbano e Israel. Desde la posición 4-28, un grupo táctico con tres secciones en rotación, una conformada por 45 soldados de El Salvador y otras dos homogéneas con 28 militares de España cada una, vigila las 24 horas del día una divisoria clave para el futuro de los libaneses. EFE
Aquí, la torre de vigilancia está activa día y noche, sumándose a otros puestos de observación que ocupan a lo largo de la divisoria y a las patrullas que realizan en su mayoría junto a las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF), pues el despliegue está pensando para «ayudarlas» a ellas.
Aunque ahora prevalece una “calma tensa”, los efectivos mantienen listos sus refugios y suministros para reaccionar ante cualquier ataque. Los búnkeres se mantienen siempre preparados, con sus raciones y botellas de agua al lado de la entrada, dando paso a dos largos bancos. Por ahora, solo les ha tocado sentarse en ellos durante la guerra del pasado junio entre Irán e Israel, debido a la potencial caída de fragmentos de proyectiles interceptados.
El contingente militar salvadoreño en un acto protocolario. @UNIFIL_
El comandante Cándido Galán Mancha, portavoz del Sector Este de FINUL bajo mando español, indicó que cuando detectan arsenales de armas o bloqueos de carretera, se coordina con las Fuerzas Armadas Libanesas, ya que “FINUL es un mero asesor”. Además, los ingenieros de la misión ayudan a despejar caminos destruidos para facilitar el retorno de las familias desplazadas.
“Lo que en FINUL esperamos es que toda esa población pueda volver a sus casas y que puedan tener una vida fructífera, y que sus hijos puedan crecer y sean el futuro del país”, concluyó Galán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que faculta al país a imponer sanciones contra naciones que realicen detenciones injustas de ciudadanos estadounidenses.
La medida también contempla la creación de una lista de países designados como “estado patrocinador de una detención injusta”, similar a la clasificación existente para los patrocinadores del terrorismo.
“Estados Unidos debe redoblar los esfuerzos para proteger a los ciudadanos estadounidenses de la detención injusta en el extranjero. Ningún estadounidense debe temer ser tomado como un peón político por estados delincuentes”, señala la disposición oficial.
El secretario de Estado será el encargado de identificar a los países responsables de estas prácticas, aplicando los criterios de la Ley Levinson, que establece parámetros para determinar cuándo un arresto puede considerarse injusto.
Las sanciones podrán incluir la imposición de aranceles, restricciones de entrada de ciudadanos de los países señalados a Estados Unidos, limitaciones de exportaciones, suspensión de asistencia económica y advertencias de viaje para ciudadanos estadounidenses.
“La detención injusta es una afrenta al estado de derecho y busca socavar el liderazgo de Estados Unidos en el escenario internacional. No toleraremos ataques a nuestra soberanía ni a nuestros ciudadanos”, sostiene la orden ejecutiva.
La Casa Blanca destacó que, desde el inicio de la segunda legislatura de Trump, 72 estadounidenses han sido liberados tras haber sido detenidos en el extranjero. Además, criticó al expresidente Joe Biden, señalando que durante su gestión hubo un saldo negativo de 24 detenciones más que liberaciones.
Con esta medida, Estados Unidos busca reforzar su postura frente a gobiernos que utilicen la detención de ciudadanos estadounidenses como herramienta de presión política.
El Salvador está buscando consolidarse en la región como «líder en la gobernanza migratoria» a partir de las acciones que está realizando, anunció Cancillería durante la presentación del Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas 2025-2029.
Hasta junio, autoridades migratorias salvadoreñas reportan más de 6,000 salvadoreños deportados, pero los tribunales migratorios estadounidenses han emitido más de 14,800 órdenes de deportación en los primeros siete meses del año 2025.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, participó el jueves en un congreso especializado, organizado por la Cancillería salvadoreña, donde aseveró que ese evento «representa unos de los esfuerzos» del país por «consolidarse como país líder en la gobernanza migratoria».
El congreso fue realizado bajo el objetivo de «abordar la interrelación entre los fenómenos migratorios y medio ambiente» y se ejecutó con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“Sigamos construyendo juntos una gestión más humana, más íntegra y estratégica de la movilidad humana salvadoreña. Este congreso representa uno de los esfuerzos de El Salvador para consolidarse como país líder en la gobernanza migratoria”. Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.
La funcionaria aseveró que El Salvador «se ha posicionado como referente» debido al compromiso «en reducir los factores» que provocan la migración irregular y así «formular políticas políticas basadas en evidencia».
Portal dijo que «se ha logrado construir puentes de cooperación» y coordinar el apoyo de diversas instituciones para responder «a los desafíos de la movilidad humana». Según la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) más de 6,000 salvadoreños fueron deportados en el primer semestre de 2025.
Según la Cancillería, el jefe de misión de la OIM, Nicola Graviano, había expresado en su discurso que «los desafíos migratorios solo se pueden abordar de maneja conjunta» y permitiendo una «solidaridad global».
Hace poco más de un mes, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para brindar atención a migrantes y la cual, da vida al Mecanismo de Coordinación nacional sobre movilidad humana. La normativa incluye que el mecanismo puede firmar alianzas con organizaciones de sociedad civil e instituciones para coordinar la atención a personas en movilidad.
Por la Asamblea Legislativa han pasado 13 préstamos por $1,735.7 millones de nueva deuda aún no incorporada al presupuesto general del Estado 2025.
Hasta este sábado, 11 contratos de préstamos por $1,585,747,394 han recibido las dos votaciones legislativas: autorización para que se firme el contrato de préstamo y aprobación del contrato de préstamo.
Otros 2 contratos de préstamos por $210 millones han recibido solo autorización. Son, en total, 13 créditos por $1,735 millones de deuda a largo plazo nueva, es decir, firmada o por firmar en el año 2025.
Por otra parte, la Asamblea Legislativa no revisa los contratos de los créditos suscritos por empresas públicas o instituciones autónomas, pero sí recibe y aprueba los contratos de garantía soberana del Estado que respaldan estos empréstitos. Así ha aprobado contratos para respaldar nueva deuda de $632 millones o empréstitos adquiridos anteriormente por $830 millones.