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Cada año, al acercarse diciembre, en muchos hogares de nuestro país reaparece el Nacimiento, Belén o Pesebre: la Sagrada Familia, los pastores, los reyes magos, los animales y ese pequeño universo que rodea al Niño Dios. No se trata solo de una tradición entrañable, infantil o ingenua, sino de una expresión sencilla de lo que significa la Navidad: que Dios entra en la vida cotidiana, en lo humano, en lo frágil y lo simple. Por eso, en el Belén cabe todo: el panadero, el herrero, las mujeres que llevan agua, los niños que juegan. Es una forma de recordar que, en el mundo inaugurado por Jesús, hay lugar para toda criatura y para cada una de nuestras vidas.

Podemos pensar que las imágenes de esta sencilla escena son un accesorio más entre los muchos que adornan la casa y perder de vista la revolución que significaron. No lo digo solo en términos religiosos —que también—, sino en la cultura y en la historia del arte.

Conviene recordar que, en el Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, existía una prohibición tajante por parte de Yahvé de hacer imágenes: “No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto…” (5, 8–9); y también: “No vayáis, pues, a corromperos haciéndoos una imagen con forma de hombre o mujer…” (4, 15–16).

Este es el motivo por el que en la tradición judía antigua predominó un arte no figurativo, aunque en determinados periodos se desarrollaron también formas representativas. Por su parte, el arte islámico destacó por su uso de la geometría, la caligrafía y el arabesco. Fue el cristianismo el que dio origen e impulsó un arte fuertemente figurativo y narrativo; y esto solo fue posible gracias al misterio de la Encarnación.

Dentro del cristianismo hubo una fuerte controversia entre quienes promovían el culto de las imágenes y quienes lo rechazaban tajantemente. Esta disputa pasó a la historia con el nombre de «lucha iconoclasta», que tuvo lugar principalmente en los siglos VIII y IX, sobre todo en el Imperio Bizantino. El Concilio celebrado en Nicea en el año 787 fue el que zanjó la cuestión y confirmó la licitud del uso —y del culto, en su sentido propio— de las imágenes. Fue un acontecimiento decisivo no solo para la fe, sino también para la cultura. El argumento central al que recurrieron los obispos fue el misterio de la Navidad: si el Hijo de Dios ha entrado en el mundo visible, tendiendo un puente entre lo humano y lo divino, entonces una representación puede funcionar, en la lógica del signo, como una evocación sensible del misterio. El icono no se venera por sí mismo, sino que remite al sujeto representado (Juan Pablo II, Carta a los artistas, 2000, n. 7).

Si Dios se hizo visible en Jesús, si adquirió un rostro, entonces puede ser representado. La imagen no sustituye al misterio, pero lo evoca y lo hace cercano. Gracias a esta certeza, la historia de la salvación se convirtió en una fuente inagotable para pintores, escultores, músicos, arquitectos y escritores.

Una mirada al Nacimiento basta para comprender el sentido de la llegada de Jesús: la luz que entra en la oscuridad, la paz que se ofrece al mundo, la ternura de un Dios que se acerca sin imponerse. El arte permite intuir aquello que supera nuestras palabras y que nuestra mente no alcanza del todo. Como dice la Escritura, “lo que ni el ojo vio ni el oído oyó”, puede, sin embargo, percibirse de algún modo a través de la belleza.

Por eso la Navidad sigue inspirando canciones, cuadros y escenas que, incluso sin proponérselo, preparan el alma para el misterio. Así que al colocar el Nacimiento y llenarlo de aserrín de colores estamos disponiendo nuestro corazón para recibir a Dios. Al sostener al niño en brazos y apretarlo contra nuestro pecho esa ternura llega hasta Él. Al besar la imagen de Jesús niño ese beso trasciende y lo siente Dios.

*Fernando Armas Faris es Sacerdote y Doctor en Filosofía 

En los últimos meses, a raíz de los cambios que el gobierno ha propuesto e iniciado en el sistema nacional de salud, diversas organizaciones de la sociedad civil y representantes del gremio médico han expresado preocupación ante la posibilidad de que estas reformas abran paso a una mayor participación del sector privado en la prestación de servicios sanitarios.

Según estas organizaciones, existen indicios concretos de una ruta hacia la privatización. Entre ellos destacan: la nueva Ley de la Red Nacional de Hospitales, que habilita concesiones y un régimen especial de compras con contratación directa de empresas privadas; la creación de una red hospitalaria autónoma subordinada a Casa Presidencial y no al Ministerio de Salud; y la combinación de más de 5,000 despidos en el sector público con la salida de centenares de especialistas del ISSS, fenómeno que debilita la capacidad del sistema estatal y empuja a la población hacia proveedoras privadas. Detrás de un lenguaje positivo sobre la “modernización” del sistema público parece esconderse una tendencia clara hacia su “privatización”, con implicaciones directas sobre el gasto de bolsillo de los hogares salvadoreños.

Las fuerzas económicas señaladas como más influyentes hoy incluyen bancos y organismos internacionales que prestan al Estado; grandes empresas de servicios médicos —como plataformas de telemedicina y firmas de outsourcing de personal—; cadenas de farmacias y laboratorios privados; así como aseguradoras y grupos hospitalarios que buscan expandir el negocio de la salud.

Préstamos internacionales, como el otorgado por la CAF por 77 millones de dólares para “modernizar” el sistema, se ejecutan mediante esquemas que tercerizan servicios, reforzando la dependencia del sector público respecto a empresas privadas. Grupos financieros como Banco Promérica aparecen vinculados a proyectos y fideicomisos que canalizan recursos públicos hacia servicios gestionados bajo lógica empresarial.

Empresas como Manpower Group participan en la contratación de personal médico para programas públicos bajo esquemas laborales precarios, que trasladan fondos estatales a intermediarios privados. Asimismo, una parte creciente de estudios de laboratorio y diagnósticos se realiza en una red de laboratorios privados pagados con fondos públicos, en lugar de fortalecerse la infraestructura del MINSAL o del ISSS.

La expansión de la telemedicina canaliza la consulta pública hacia plataformas privadas y la prescripción hacia cadenas como Farmacia Cristal o Farmacia La Buena, bajo contratos poco transparentes. Paralelamente, el desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos obliga a los usuarios a comprarlos en farmacias privadas, trasladando así el costo de la salud directamente a los hogares.

Aseguradoras y hospitales privados concentran la oferta de servicios de alta tecnología y tiempos de atención más rápidos, accesibles solo para quienes pueden pagar de su bolsillo o cuentan con pólizas. Estos centros se benefician de la saturación —deliberada o no— del sistema público. El gremio médico advierte que la nueva Ley de la Red Nacional de Hospitales abre la puerta para que empresas enfocadas en vender servicios de salud gestionen hospitales y paquetes de atención financiados con recursos del Estado.

Aunque el gobierno presenta estas reformas como “modernización”, sus efectos potenciales son significativos. Uno de los más graves es el incremento del gasto de bolsillo de las familias salvadoreñas. Si la combinación de recortes, despidos y desabastecimiento sigue debilitando la capacidad del sistema público, más personas se verán forzadas a acudir a clínicas, laboratorios y farmacias privadas, pagando directamente consultas, exámenes y medicamentos. La tercerización de servicios y la telemedicina, si dependen de proveedores privados sin regulaciones claras de precios, pueden introducir nuevos “peajes” tecnológicos que terminarán cubriendo las familias.

Los hogares de ingresos medios y bajos —dependientes del MINSAL y del ISSS— serán los más afectados, especialmente en zonas rurales y periurbanas. El modelo que parece consolidarse es uno en el que el gobierno financia infraestructura y parte de la operación, mientras la provisión de los servicios se traslada cada vez más a empresas privadas. El resultado inmediato: un aumento del gasto de bolsillo como proporción del gasto total en salud. La familia salvadoreña no solo financia el sistema público vía impuestos, sino que ahora también debe pagar por la atención que debería recibir dentro de ese mismo sistema.

Frente a este escenario, surge una pregunta inevitable: si las reformas no benefician al ciudadano, ¿a quién benefician?

*El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional.