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  • Digitalización, neoproteccionismo, cambio demográfico y transición verde: Implicaciones sobre el mercado laboral en El Salvador

    Digitalización, neoproteccionismo, cambio demográfico y transición verde: Implicaciones sobre el mercado laboral en El Salvador

    El mercado laboral salvadoreño, caracterizado por altos niveles de informalidad, baja productividad y una marcada dependencia de sectores tradicionales, se verá inevitablemente transformado una diversidad de cambios que están reconfigurando el mundo del trabajo. Entre ellos destacan la profundización de la era digital y la automatización, el neoproteccionismo, los cambios demográficos y la transición verde.

    Profundización de la era digital y la automatización. La expansión del acceso digital, los avances de la inteligencia artificial y el despliegue de la robótica y los sistemas autónomos transformarán de manera acelerada las ocupaciones. A nivel global, se prevé que estos cambios generen millones de nuevos empleos, pero también que provoquen una fuerte reducción de trabajos rutinarios y administrativos. Para El Salvador, donde la digitalización empresarial aún es incipiente y la conectividad presenta desigualdades significativas entre zonas urbanas y rurales, el riesgo de quedar rezagados frente a esta transición es alto. No obstante, la digitalización abre oportunidades para ampliar la oferta de servicios basados en conocimiento, dinamizar el sector tecnológico emergente y facilitar la inserción en cadenas globales de valor mediante el teletrabajo y la exportación de servicios digitales. El desafío será preparar a la fuerza laboral con competencias digitales y tecnológicas que hoy son escasas.

    Neoproteccionismo. El comercio internacional, que en las últimas décadas ofreció oportunidades para países pequeños a través de tratados como el CAFTA-DR, enfrenta crecientes restricciones comerciales, subsidios internos y disputas entre grandes potencias. En este escenario, El Salvador corre el riesgo de ver limitadas sus posibilidades de diversificación exportadora, particularmente en sectores como el textil y la maquila, que dependen fuertemente de mercados como Estados Unidos. Sin embargo, esta misma dinámica puede abrir espacios para el nearshoring: empresas que buscan relocalizar parte de su producción más cerca de los grandes mercados. Para aprovechar esta ventana, será imprescindible mejorar la infraestructura, elevar la calificación de la mano de obra y asegurar un entorno institucional atractivo y confiable para la inversión.

    Cambios demográficos. Mientras en las economías avanzadas predomina el envejecimiento y la reducción de la población en edad de trabajar, en países como El Salvador la fuerza laboral continúa creciendo, aunque a un ritmo más lento por la emigración sostenida de jóvenes y el el peso creciente de la población de 65 años y más. Esta paradoja plantea un doble reto: por un lado, aprovechar el bono demográfico que aún persiste mediante la generación de empleos de calidad; y por otro, gestionar los efectos del envejecimiento poblacional en el acceso a pensiones, salud y cuidados. El sector del cuidado, que ya muestra señales de expansión a nivel global, puede convertirse en un campo prometedor para la creación de empleo en el país, especialmente si se articula con políticas públicas que reconozcan y profesionalicen estas tareas.

    Finalmente, la transición verde constituye una de las fuerzas más transformadoras. Los compromisos internacionales de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático demandan nuevas competencias y empleos en sectores como las energías renovables, la gestión ambiental y la construcción sostenible. Para El Salvador, particularmente vulnerable a los efectos climáticos, esta transición no es solo una oportunidad, sino una necesidad. La agricultura, que sigue siendo un pilar del empleo nacional, enfrentará presiones por la variabilidad climática, pero también puede beneficiarse de inversiones en prácticas sostenibles. A nivel urbano, se abrirán oportunidades en energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica y gestión de residuos.

    En conjunto, estos cuatro cambios o tendencias redefinirán el mercado laboral salvadoreño en la próxima década. Si bien presentan riesgos evidentes —como el desplazamiento de empleos rutinarios, la vulnerabilidad ante choques externos y la persistencia de desigualdades en el acceso a la digitalización—, también ofrecen la posibilidad de impulsar transformaciones largamente postergadas: mejorar la educación técnica, fortalecer la capacidad productiva de las MYPE, diversificar la economía y fomentar sectores emergentes con alto potencial de crecimiento.

    El futuro del trabajo en El Salvador no está escrito de antemano. Dependerá de la capacidad del país para anticiparse, invertir en su capital humano y diseñar políticas que acompañen los procesos de cambio en lugar de resistirlos. La profundización de la era digital, la transición verde, la gestión de los cambios demográficos y la adaptación al nuevo entorno geoeconómico al que se está configurando con el neoproteccionismo serán pruebas decisivas para construir un mercado laboral más inclusivo, resiliente y capaz de sostener el desarrollo en las próximas décadas.

    *William Pleites es director de FLACSO El Salvador

  • Educación pagó más de $52.9 millones a proveedores escolares entre junio 2024 y mayo 2025

    Educación pagó más de $52.9 millones a proveedores escolares entre junio 2024 y mayo 2025

    El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) pagó más de $52.9 millones a los proveedores de uniformes, zapatos y útiles escolares entre el periodo de junio 2024 y mayo de 2025, según detalla la Memoria de Labores de dicha cartera de Estado.

    De acuerdo con los datos del informe, el Ministerio de Educación canceló un monto de $52,992,176.06 para el pago de insumos escolares a los proveedores, de los cuales $22,294,045.60 fueron desembolsados entre junio y diciembre del año 2024, para el pago de paquetes escolares correspondientes a ese año, incluyendo el suministro de útiles, calzado, uniformes y tela para el segundo uniforme.

    Posteriormente, entre enero y mayo de 2025 se desembolsaron$30,698,130.46 entre enero y mayo de 2025, monto que también incluyó pagos por la adquisición de insumos para el primer lote de uniformes del año lectivo, así como tela para la confección de los respectivos uniformes.

    La cartera de Educación explicó que los fondos desembolsados en el presente año también incluye el primer desembolso del convenio entre Educación y la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA – FEPADE.

    Según el informe, un total de 1,026,970 estudiantes fueron beneficiados con la entrega de los insumos escolares, los cuales fueron financiados con fondos del Gobierno de El Salvador. De estos, 519,427 fueron destinados para niños y 507,543 a niñas inscritos en centros educativos públicos del país.

    «Se ha logrado que el programa tenga cobertura nacional al 100 % de los estudiantes inscritos en centros educativos oficiales y subvencionados por el Ministerio de Educación», indicó Educación en la Memoria de Labores.

    Los fondos fueron ejecutados en el marco del «Programa de Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares a Estudiantes de Centros Educativos Oficiales y Subvencionados», iniciativa que busca reducir las barreras económicas que enfrentan las familias salvadoreñas al momento de inscribir a sus hijos en el sistema educativo público, según explicó el Ministerio de Educación.

    Las autoridades de Educación añaden que el programa promueve el desarrollo de la economía local a través de compras públicas de los bienes y servicios que provee.

    El informe señala un avance del 94 % en la ejecución del programa, cuya finalización está programada para septiembre de 2025. Sin embargo, indican que entre junio y diciembre de este año, se desarrollan actividades logísticas y contractuales para garantizar la dotación del paquete escolar correspondiente al año lectivo 2026.

    Proveedores

    En febrero de 2024, los proveedores de insumos escolares denunciaron retrasos en los pagos por parte del Ministerio de Educación, momento en que señalaron que en algunos casos se acumulaban hasta ocho meses adeudados que sumaban hasta $100,000, situación que generó preocupación en el sector.

    Posteriormente, en julio del mismo año el director de Centros Penales, Osiris Luna informó que serían los privados de libertad quienes se encargarían de la confección de los uniformes que usarían los estudiantes para el año escolar 2025, como parte de los trabajos del Plan Cero Ocio que ejecuta el Estado salvadoreño.

    La medida sorprendió a los proveedores tradicionales del programa, quienes expresaron su inquietud ante la posibilidad de ser excluidos del proceso.

    En respuesta, los representantes de los proveedores solicitaron en agosto reuniones con las autoridades del Ministerio de Educación para aclarar su participación. Según manifestaron posteriormente, se les aseguró que continuarían siendo contratados para la fabricación de uniformes escolares durante el presente año.

  • La recaudación tributaria de los pequeños contribuyentes creció 15.1 % en 2024

    La recaudación tributaria de los pequeños contribuyentes creció 15.1 % en 2024

    La recaudación tributaria de los pequeños contribuyentes creció un 15.1 % en 2024, según la memoria de labores del Ministerio de Hacienda correspondiente de junio de 2024 a mayo de 2025.

    La principal fuente de financiamiento de la gestión pública recae en los ingresos tributarios, los cuales dependen de la actividad económica y el vaivén del consumo.

    Hacienda reporta que el fisco salvadoreño recibió $7,369.1 millones en ingresos tributarios y contribuciones al término de 2024, al menos $406.9 millones adicionales (5.8 %) frente a las proyecciones presupuestarias y $550.6 millones más (8.1 %) en relación con los resultados de 2023.

    De acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la cartera de los pequeños contribuyentes aportó $1,724.5 millones, equivalente a un 23.4 % de participación del total y experimentó un fuerte crecimiento de un 15.1 %.

    La tasa de crecimiento de los pequeños contribuyentes es la más sensible frente al resto de agentes económicos.

    Hacienda registra que los grandes contribuyentes aportaron al fisco $4,323.4 millones, un 58.7 % del total captado al cierre del año pasado y un saldo que creció un 6.7 % respecto al año anterior.

    En tanto, los medianos contribuyentes sumaron $1,321.3 millones, un 17.9 % de participación y un 4.1 % de crecimiento.

    Como parte de las medidas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), del programa de $1,400 millones, el gobierno salvadoreño se comprometió a ampliar la base tributaria para sostener parte del ajuste fiscal por el lado de ingresos.

    Este compromiso se encuentra en el Plan Fiscal 2025-2027, publicado en Transparencia Fiscal en marzo de 2025, en el cual también se propuso el uso eficiente de herramientas de fiscalización, reducción de la evasión fiscal y la incorporación de la economía digital al régimen tributario.

     

    Recaudación por sectores

    Hacienda registra que el 64.2 % de los ingresos tributarios proceden de contribuyentes registrados en los sectores de comercio al por mayor y al por menor, así como industria manufacturera y las actividades financieras y de seguros.

    El rubro de comercio aportó $2,865.5 millones, un 38.9 % del total recaudado y con un crecimiento de $161.8 millones (6 %) frente a 2023.

    La industria manufacturera -considerado motor de la economía y las exportaciones- generó ingresos al fisco por $1,137.8 millones, con un 15.4 % de participación y un crecimiento de un 6.3 %. Entretanto, las actividades financieras y de seguros aportaron $727.7 millones, un 9.9 % de cuota y un 12.8 % más que en el año previo.

    San Salvador es el departamento con mayor contribución, de un 58.5 %, seguido de La Libertad con un 30.8 %.

  • Firpo pierde invicto y liderato, FAS comanda el Apertura

    Firpo pierde invicto y liderato, FAS comanda el Apertura

    El Luis Ángel Firpo, del costarricense Marvin Solano, perdieron la noche de este domingo su invicto y el liderato del torneo Apertura 2025 de El Salvador tras caer de visitante 1-2 ante los Caleros del Isidro Metapán en el cierre de la octava jornada que se disputó el fin de semana.

    Los Caleros, del salvadoreño Edwin Portillo, enfrentaron el partido ante Firpo con una fuerte defensa y un juego táctico que les permitió ponerse arriba en el marcador en los primeros minutos del juego.

    Luego, los visitantes empataron pero no mantuvieron el marcador y terminaron cediendo a la presión de los metapanecos que ampliaron su ventaja con un gol por la vía penal en el segundo tiempo para ganar el encuentro.

    Con este resultado, los Toros bajan al segundo lugar y se quedan con 17 puntos, con lo que el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), dirigido por el técnico mexicano Cristian Flores, asumen el liderato del torneo con 19 unidades.

    Los de Flores vencieron con solvencia y sin complicaciones en casa 3-1 al Inter FA, equipo que continúa en el puesto 11 con 4 unidades, tan solo uno más que el Zacatecoluca que se queda en el sótano con 3 puntos.

    El Zacatecoluca cayó 0-1 de visitante ante el Municipal Limeño, que se ubica en la séptima posición con 10 puntos, por debajo de Cacahuatique que en la octava jornada vapuleó 5-0 al Hércules, en el octavo lugar con 8 puntos por encima de Fuerte San Francisco.

    Fuerte San Francisco empató 1-1 con el Platense, que se queda en el puesto 10 con 6 unidades.

    En la clasificación de goleadores el salvadoreño Juan Argueta, de Cacahuatique, llega a 6 goles, el brasileño del FAS Yan Maciel suma 5 tantos y el trinitense Jomal Williams del Metapán y el salvadoreño del Firpo Styven Vásquez empatan con 4 goles, cada uno.

  • Solo 43 % de los 6.8 millones de duis vencidos en 13 años fueron renovados

    Solo 43 % de los 6.8 millones de duis vencidos en 13 años fueron renovados

    De los 6.8 millones de Documentos Únicos de Identidad (duis) que han vencido en los últimos 13 años, solo el 43 % fueron renovados según datos oficiales proporcionados por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) a Diario El Mundo.

    A través de una solicitud de acceso a la información, el Registro detalló que, de 2010 a 2025, ha registrado 6,867,904 de documentos vencidos, de los cuales, solo 2,920,225 ya fueron renovados.

    La entidad explicó que no se incluyen las cifras de los años 2015, 2016 y 2017, debido a la ampliación de la vigencia del DUI de cinco a ocho años aprobada por decreto legislativo.

    El año con más duis vencidos fue 2018, con más de 3 millones. Mientras, el año con menos duis vencidos fue 2011, con más de 16,000, de los cuales solo se renovó la mitad. Los datos entregados por el Registro corresponden al período de 2010 al 11 de agosto de 2025.

    Años con más duis vencidos

    Año 2018: se vencieron 3,003,961 duis y se renovaron 1,355,796.

    Año 2023: 527,605 duis se vencieron y se renovaron 236,024.

    Año 2022: 491,374 duis se vencieron y se renovaron 212,871.

    Durante el año 2025, se estima que van a vencer 496,676 documentos de identidad; hasta inicios de agosto, se tenía reporte de solo 156,332 renovaciones.

    Entre los años 2026 y 2027 se vencerán otros 2,598,004 duis. En 2026, año previo a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, se tiene registro que serán 1,649,378 los documentos que expirarán.

    En algunas elecciones, los diputados de la Asamblea Legislativa han aprobado decretos para permitir el voto con el DUI vencido, como por ejemplo, en los comicios de 2024. El Código Electoral exige que los documentos de identificación estén vigentes y en buen estado para emitir el sufragio.

    El costo del trámite del DUI es $10.31 y el pago se puede realizar en cualquier agencia bancaria.

  • Más de 2,100 salvadoreños obtuvieron una visa de empleo temporal de EE.UU. en el último año

    Más de 2,100 salvadoreños obtuvieron una visa de empleo temporal de EE.UU. en el último año

    Más de 2,100 salvadoreños obtuvieron una visa de empleo temporal de Estados Unidos en el último año, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    La información, divulgada a través de la memoria de labores, señala que de las 2,175 personas beneficiadas con el programa de visas H-2, un 70 % fueron hombres.

    Por su parte, un 30 % de las personas correspondió a mujeres. La proporción de trabajadoras que acceden a este tipo de ofertas laborales se ha mantenido en los últimos años, según documentos divulgados por Cancillería.

    La cantidad de beneficiarios durante este período es casi la mitad de los que viajaron entre junio de 2023 y marzo de 2024, cuando 4,187 trabajadores se dirigieron a Estados Unidos con este tipo de visas.

    El programa de migración laboral con Estados Unidos inició a fines de 2019, pero fue hasta el 2021 que tomó fuerza, luego de la pandemia de covid-19. Este proyecto se enfocó en dos aristas, las visas H-2A, para trabajos agrícolas, y las H-2B, orientadas en servicios.

    Aunque la iniciativa fue gestionada y estuvo a cargo en un inicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), en noviembre de 2021 la embajadora de Estados Unidos en El Salvador en ese momento, Jean Manes, confirmó el traslado del programa a Cancillería.

    El gobierno ha explicado que desde un inicio el programa funciona como un intermediario entre las empresas que buscan mano de obra salvadoreña, y los trabajadores que apuestan por obtener mejores empleos en el exterior.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores realiza una convocatoria y las empresas seleccionan al personal que necesitan.

     

    ¿De qué trabajan?

    Cancillería señaló en su memoria de labores que los principales sectores en los que se concentran los trabajos son en procesamiento de alimentos, servicios de hoteles, restaurantes y atención al cliente.

    Los trabajadores también laboran en compañías relacionadas con jardinería, construcción, mantenimiento de torres de comunicación, ensambladores de máquinas y operarios de máquinas textiles.

    Tras su retorno a El Salvador y el vencimiento de sus contratos los trabajadores continúan siendo monitoreados.

    El Departamento de Gestión de Programas de Movilidad Laboral en el Exterior realiza un seguimiento para garantizar oportunidades de inversión en el país por parte de los trabajadores y educación financiera.

    Las autoridades salvadoreñas revelaron en mayo de 2023 que durante todo el 2022 los salvadoreños que salieron del país con visas de empleo temporal enviaron $10 millones en remesas.

    En su momento, el gobierno dijo que buena parte de este dinero se utilizó para la compra de vivienda e inversiones.

  • Compras Médicas y Corrupción: Lecciones para la Red Nacional de Hospitales

    Compras Médicas y Corrupción: Lecciones para la Red Nacional de Hospitales

    En mi columna anterior analizaba la magnitud del riesgo de corrupción que implica la nueva Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales. Como se mencionó entonces, estudios de la OMS, el Banco Mundial y Transparency International estiman que entre el 10% y el 25% del gasto mundial en salud se pierde debido a la corrupción. Si aplicamos ese escenario al presupuesto nacional adjudicado al Ministerio de Salud —que en 2024 ascendió a $1,262 millones—, estaríamos hablando de hasta $315 millones que podrían terminar en bolsillos privados. El impacto de semejante fuga de recursos sobre el acceso y la calidad de los servicios públicos resulta evidente.

    De ese total, el área de compras de medicamentos e insumos médicos constituye uno de los focos más vulnerables. Diversos análisis señalan que entre el 40% y el 60% de los casos documentados de corrupción en el sector salud están vinculados a los procesos de adquisición y suministro. Por ello, en esta ocasión examinaremos los riesgos específicos de corrupción asociados al mecanismo de compra de medicamentos establecido en la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales.

    La Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales establece que esta entidad contará con un sistema propio de vigilancia y control de calidad para los medicamentos adquiridos, regulando su compra e importación sin supervisión de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, sino bajo normas internas propias. Para medicamentos adquiridos en el extranjero, se aceptarán certificaciones internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura y Certificados de Productos emitidos por la Organización Mundial de la Salud u otras autoridades competentes. Además, la Red dispondrá de un laboratorio propio para verificar que los medicamentos cumplan con estándares nacionales, regionales e internacionales de eficacia, seguridad y calidad.

    Este sistema busca garantizar la calidad y control en la adquisición de medicamentos para los hospitales que integran la Red Nacional, promoviendo transparencia y seguridad en la atención médica.

    La compra de medicamentos puede realizarse mediante varios métodos: contratación directa sin competencia, requiriendo cotizaciones; compras internacionales invitando proveedores extranjeros calificados sin anuncio público; y compras en línea cuando sean más beneficiosas. Estos métodos buscan brindar flexibilidad y eficiencia, priorizando la calidad y el cumplimiento de especificaciones técnicas.

    En la evaluación de ofertas se da mayor ponderación a la calidad, además del precio y cumplimiento técnico. Se exigen garantías mínimas de un año sobre el buen funcionamiento o calidad de los medicamentos adquiridos.

    Este proceso garantiza la adquisición eficiente y de alta calidad para la atención médica en la Red Nacional de Hospitales.

    El proceso de la Red Nacional de Hospitales se diferencia del utilizado por el Ministerio de Salud (MINSAL) principalmente en cuatro áreas: autonomía, certificaciones internacionales, laboratorio de control de calidad e independencia en sus procedimientos. Esto refleja la descentralización y autonomía de la Red en la gestión de sus compras y operaciones. Un punto importante es que la Red Nacional de Hospitales tiene autonomía plena en la regulación, vigilancia, compra e importación de medicamentos, insumos médicos y equipos. No está supervisada por la Superintendencia de Regulación Sanitaria ni se rige por las disposiciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, salvo en casos específicos no regulados por la institución propia. Esta autonomía le permite manejar un régimen especial de adquisiciones fuera de la Ley de Compras Públicas y operar con un sistema interno más flexible y propio para garantizar la calidad y eficiencia en la atención médica.

    Este proceso de compra que propone la nueva ley está alineado con los estándares internacionales, incluyendo los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  El proceso incluye una certificación de buenas prácticas de manufactura, un certificado de productos farmacéutico también incluye la creación de un laboratorio de control de calidad. Estos requisitos aseguran que los medicamentos adquiridos cumplen con los estándares internacionales de calidad y seguridad promovidos por la OMS.

    La nueva Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales busca modernizar y flexibilizar la gestión en la adquisición de medicamentos e insumos médicos, estableciendo un sistema autónomo con control de calidad interno y alineado con estándares internacionales como los de la OMS. Sin embargo, dada la prevalencia histórica y mundial de la corrupción en el sector salud y la vulnerabilidad particular de los procesos de compra de insumos, esta autonomía y flexibilidad también representan riesgos significativos de corrupción y pérdida de recursos públicos. Por ello, resulta imprescindible que la implementación de esta ley vaya acompañada de mecanismos sólidos de transparencia, supervisión independiente y rendición de cuentas para evitar que una parte importante del presupuesto destinado a la salud termine en manos privadas, protegiendo así el acceso y la calidad de los servicios públicos para la población. Solo con controles efectivos se podrá garantizar que la Red Nacional de Hospitales cumpla con su objetivo fundamental: brindar una atención médica eficiente, segura y equitativa para todos.

    *El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional

     

  • Asamblea lleva $2,368 millones en autorizaciones de préstamos y garantías de nuevas deudas este año

    Asamblea lleva $2,368 millones en autorizaciones de préstamos y garantías de nuevas deudas este año

    La Asamblea Legislativa ha recibido solicitudes para autorizar o aprobar 13 préstamos por un total de $1,795.7 millones y 10 garantías soberanas a deudas adquiridas por sus autónomas por $1,213.9 millones, durante los primeros ocho meses de 2025.

    En total, de enero a agosto de 2025, los diputados han autorizado o aprobado $1,735.7 en 12 préstamos y $633 millones en seis garantías a nuevos préstamos suscritos por otras entidades públicas, sumando un total de $2,368.7 millones.

    Tanto los préstamos como las garantías soberanas requieren dos votaciones: una autorización para que se suscriba el contrato con el organismo financiero y la aprobación del contrato.

    Hasta esta semana, la Asamblea Legislativa ha autorizado 12 contratos de préstamos por $1,735.7 millones, de los cuales ya aprobó $1,235.7 millones. La Comisión de Hacienda recibirá el lunes una nueva solicitud por $60 millones para transporte, que, si se aprueba, serán $1,795.7 millones los préstamos avalados por los diputados.

    Esta deuda suscrita por El Salvador no ingresa automáticamente al presupuesto general del Estado, debido a que eso requeriría el inicio de los desembolsos y las respectivas reformas presupuestarias aprobadas por el Congreso.

    Garantías para $1,463.9 millones

    Algunas instituciones del Estado suscriben contratos de préstamos sin que estos pasen por la Asamblea pero sí requieren aprobación legislativa para que el Estado les dé las respectivas garantías crediticias.

    Así, desde enero de 2025, la Asamblea ha autorizado garantías soberanas para respaldar una deuda $1,463.9 millones adquirida por CEL, FSV, Bandesal y Fovial.

    No toda esta deuda garantizada por el Estado en 2025 es nueva.

    Entre las garantías aprobadas por la Asamblea en este periodo de 2025 se encuentran cuatro créditos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que suman $580.9 millones que fueron suscritos en 2008, 2012, 2017 y 2022.

    Otra garantía se otorgó a un aumento crediticio de $150 millones para el Fondo de Conservación Vial (Fovial).

    Descontando las deudas suscritas en años anteriores, la Asamblea autorizó garantías crediticias para $633 millones de nueva deuda: $50 millones para el Fondo Social para la Vivienda (FSV), $190 millones para el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) y $243 millones para la CEL.

     

  • EEUU tiene entre sus planes desplazar a toda la población de Gaza, según The Washington Post

    EEUU tiene entre sus planes desplazar a toda la población de Gaza, según The Washington Post

    La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia un plan para evacuar completamente a la población palestina de la Franja de Gaza y transformar el enclave en un centro turístico y manufacturero, según reveló este domingo el diario The Washington Post.

    El documento filtrado, de 38 páginas, propone que Gaza sea colocada bajo control estadounidense —entregada por Israel— en un régimen de fideicomiso durante al menos una década, lo que implicaría reubicar a los más de dos millones de habitantes del enclave, al menos de forma temporal, mientras se lleva a cabo la reconstrucción del territorio devastado.

    El plan contempla dos mecanismos para ejecutar la evacuación: “salidas voluntarias” hacia otros países o la reubicación en “zonas restringidas y seguras” dentro de la misma Franja. Quienes accedan a salir recibirían $5,000 en efectivo y subsidios para cuatro años de alquiler y un año de alimentación.

    En el esquema, cada palestino que posea tierras recibiría un token digital que les garantizaría derechos para reurbanizar sus propiedades, canjeable por un apartamento en una de las seis u ocho “ciudades inteligentes” gestionadas con inteligencia artificial que se construirían en Gaza.

    El fideicomiso lleva por nombre GREAT Trust (Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración Económica y Transformación de Gaza), y ha sido elaborado por asesores israelíes que han trabajado con la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), en coordinación con Estados Unidos.

    La visión plantea que EE.UU. lidere la reconstrucción con fondos de inversores públicos y privados, destinados a megaproyectos como fábricas de vehículos eléctricos, centros de datos o desarrollos turísticos de alto nivel. Esta idea retoma una propuesta planteada en febrero por el presidente Trump, quien habló de convertir Gaza en la “Riviera de Oriente Medio”.

    El miércoles, Trump discutió este plan en la Casa Blanca junto al secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial Steve Witkoff; el ex primer ministro británico Tony Blair, y su yerno Jared Kushner, con intereses empresariales en Medio Oriente. Según The Washington Post, “algunos elementos clave del fideicomiso fueron diseñados específicamente para concretar la visión del presidente”.

    La filtración del plan ocurre en medio de tensiones diplomáticas, luego que Estados Unidos negara visados a funcionarios palestinos para asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre.

    Desde los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha lanzado una ofensiva militar que ha dejado más de 63,400 personas muertas en Gaza —en su mayoría civiles— según datos del Ministerio de Salud del enclave, controlado por Hamás y con cifras respaldadas por la ONU.

     

  • Honduras entra en la recta final de sus elecciones con fuerte polarización

    Honduras entra en la recta final de sus elecciones con fuerte polarización

    Honduras se prepara para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2026 en medio de un ambiente político fragmentado, con un debate dominado más por descalificaciones que por propuestas concretas, según coinciden analistas.

    La presidencia se disputará entre Rixi Moncada, candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, del Partido Nacional, principal fuerza de oposición en el Congreso; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. También participan Nelson Ávila (PINU-SD) y Mario Rivera (Partido Demócrata Cristiano), aunque con menor peso político.

    El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrentó una crisis en julio cuando su presidenta, Cossette López, advirtió que los comicios estaban “en grave riesgo”. Sin embargo, el cronograma electoral se normalizó y el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue adjudicado al grupo colombiano ASD S.A.S.

    Para el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, las recurrentes crisis en Honduras son “condicionadas e intencionadas por parte de la élite política” con el objetivo de debilitar la confianza ciudadana en la institucionalidad.

    “Lo que escuchamos son insultos y descalificaciones, no propuestas, lo cual impide un debate democrático serio”, subrayó Mejía.

    El país acumula una larga lista de conflictos no resueltos: desde las desapariciones forzadas de los años 80, el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, hasta la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017 pese a la prohibición constitucional. Para Mejía, “la polarización actual es el resultado de una acumulación de crisis nunca atendidas con justicia transicional ni restauración del tejido social”.

    El 30 de noviembre, los hondureños –más del 60 % de ellos en condición de pobreza– elegirán presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

    La gran incógnita, señalan expertos, será si los partidos políticos logran convencer a un electorado cansado de la confrontación y la falta de soluciones a los problemas estructurales del país.