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El Ministerio de Educación solicitó la incorporación de $912,210 de fondos provenientes de un préstamo y una donación para arrendamiento de inmuebles y reubicar a un estudiantes, de acuerdo a la solicitud recibida el miércoles por la Asamblea Legislativa.

Un total de $904,704 provienen del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el programa «Trayectorias educativas completas y su resiliencia al cambio climático», por $150 millones, aprobado el 21 de octubre de 2025.

Una cantidad menor, de $7,506, proviene de una donación de la Alianza Mundial para la Educación (AME) el mismo programa que ascendió a $12 millones. El programa también goza de una donación de $2 millones del BID, haciendo un total de $164 millones para el programa.

De acuerdo con la solicitud, enviada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, el objetivo de los $904,704 que se incorporarán al presupuesto 2026 es «financiar el arrendamiento de inmuebles y adecuaciones menores para la reubicación de estudiantes, entre otras cosas».

Un total de $651,500 servirán para el arrendamiento de estos inmuebles y «adecuaciones menores» con el fin de reubicar a estudiantes.

Otros $73,200 servirían para la incorporación de profesionales para la supervisión y monitoreo del proceso formativo, y seguimiento a personas identificadas dentro del espectro autista.

También, $180,004 serán destinados a la contratación de personal para la unidad Gestora del Programa y atención de contingencias, y $7,506 para contratación de especialistas de seguimiento y apoyo técnico-pedagógico.

El programa de «Trayectorias educativas completas y su resiliencia al cambio climático» promete «incrementar la oferta educativa principalmente en los niveles de parvularia y secunddaria», incrementar acceso a servicios educativos incluso para estudiantes con discapacidad, incrementar la reinserción educativa de personas migrantes retornadas, y mejorar la calidad del aprendizaje.

Del total de fondos, $164 millones, $71.6 millones serán ejecutados por el Ministerio de Educación a lo largo de cinco años, de los cuales $912,210 serán asignados al año 2026.

El resto de fondos serán ejecutados por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

En mayo pasado, el Ministerio de Educación informó que llevaba 1,100 centros escolares reconstruidos como parte del programa “dos escuelas por día” lanzado en mayo de 2025.

Las diputadas Marcela Villatoro, de Arena, y Claudia Ortiz, de Vamos, criticaron ayer el endeudamiento que está aprobando la Asamblea Legislativa en sus sesiones plenarias que califican de excesivo o de un hábito de aprobar «préstamo tras préstamo».

En lo que va del año, han sido avalados $1,456 millones en deuda.

En declaraciones publicadas en la red social de su fracción parlamentaria, Villatoro aseguró que la política de su partido es acompañar la votación cuando ven un «beneficio tangible», sin embargo, señaló una «mala costumbre» de aprobar «préstamo tras préstamo tras préstamo»

«Lamentablemente muchas veces esos fondos no son ejecutados por conjunto o son ejecutadas a medias, probablemente vamos a tener que pensarlo muchísimo mejor para ver si mejor les acompañamos”, observó.

Mientras, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, lo calificó de una «gran irresponsabilidad» y proyectó que el resultado será que El Salvador podrá acceder a una deuda «mucho más cara», es decir, con mayor tasas de interés.

«El país se le ha endeudado, tenemos ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de $1,300 millones que no vienen sin condiciones. Las condiciones están orientadas a que el país pueda sacar a flote su situación financiera. ¿Por qué seguimos viendo todas las semanas préstamos en la Asamblea Legislativa? Y no es poquito, son a veces más de $100 millones, se sigue endeudando al país pero no se honran los compromisos, no se mantiene la transparencia y, entonces, obviamente eso tiene consecuencias. La consecuencia es que vamos a empezar a conseguir deuda mucho más cara», explicó.

Según Ortiz, el problema es que «sí o sí» se debe pagar; de lo contrario, advirtió, el país «entraría en una grave crisis financiera».

El ajuste, para la diputada, termina perjudicando áreas como salud y educación.

«Para poder honrar esos préstamos, el país tendrá que reajustar sus prioridades. Hoy por hoy el país cada vez está destinando menos dinero para educación y salud, y más para deuda, la deuda se come lo que en el presupuesto debería destinarse a cosas prioritarias», indicó.

La diputada de Vamos no descarta que sea necesario adquirir deudas en «muchas ocasiones», sin embargo, cree que el actual gobierno lo hace de manera «irresponsable, desbordada y poco transparente».

Durante este año, desde el 1 de enero hasta el 10 de junio, la Asamblea Legislativa ha autorizado o aprobado 11 tipos de deuda, nueve préstamos, una emisión de títulos y una garantía crediticia, que suman $1,456 millones.

Los $100 millones en títulos tienen como destino prioridades, obligaciones, transferencias o necesidades; y los $501.2 millones para el programa «Acelerar el aprendizaje» otorgado por el Banco Mundial puede usarse en «acciones estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran liquidez y transferencias varias».

El resto de deuda se destinaría al proyecto Crecer y Aprender Juntos, a la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, infraestructura vial y movilidad urbana, DoctorSV, control de inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador, luminarias con tecnología LED, escenarios deportivos, creación de empleo y la planta solar de San Matías.