El presidente surcoreanoYoon Suk Yeol, suspendido de funciones, declaró este martes por primera vez en el Tribunal Constitucional que estudia su destitución y negó haber ordenado al ejército que expulsara a los diputados de la Asamblea Nacional durante la ley marcial.
El alto tribunal debe decidir si ratifica o no la moción dedestitución aprobada por la Asamblea Nacional después de que el dirigente conservador suspendiera el orden civil durante unas horas en la noche del 3 al 4 de diciembre.
A la espera de la decisión del Constitucional,Yoon está suspendido de funciones y, además, fue arrestado la semana pasada en el marco de una investigación por insurrección después de pasar semanas atrincherado en su residencia en Seúl.
A diferencia de lo ocurrido en su arresto, donde se acogió a su derecho a no declarar, Yoon aseguró ante los jueces que iba a responder «a cualquier pregunta».
Durante la audiencia, el presidente suspendidonegó haber ordenado a los comandos militares que expulsaran de la Asamblea Nacional a los diputados para evitar que votaran en contra de la ley marcial.
El portavoz del tribunal, Cheon Jae-hyun, dijo que los abogados de Yoon habían solicitado la comparecencia de «al menos 24 individuos» como testigos.
El equipo legal del presidente afirmó que este quería «comparecer personalmente para explicar las circunstancias que rodearon la declaración de la ley marcial».
Yoon y sus abogadosintentan justificar la ley marcial como una medida necesaria ante la amenaza de Corea del Norte, con quien sigue técnicamente en conflicto desde los 1950, y el fraude electoral.
La insólita declaración, nunca ocurrida en casi 40 años de democracia en Corea del Sur, tuvo lugar en medio de un pulso entre Yoon y la oposición, que obtuvo una amplia mayoría parlamentaria en las elecciones del año pasado.
El Tribunal Constitucional dispone de 180 días para decidir si ratifica o rechaza la moción de destitución aprobada por la Asamblea Nacional.
En caso de un veredicto contrario a Yoon, este sería formalmente destituido y se convocarían elecciones en un plazo máximo de 60 días.
