Enorme es la crisis de nervios que está padeciendo el socialismo hispanoamericano en el momento en que escribo esta columna. Los devastadores resultados electorales en Bolivia contra el partido de Evo Morales, las expectativas de una derrota oficialista en Chile en las elecciones de noviembre, el dramático recambio de liderazgos que está protagonizando Nicaragua ante la cercana desaparición de Daniel Ortega y la presión militar, política y diplomática americana sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela han sometido al “progresismo” continental a una verdadera batidora de conmociones y malos presagios.
El colapso del Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano, en el evento electoral del 17 de agosto, ha marcado el fin de dos décadas de dominio narrativo de un modelo social y económico empobrecedor. Girando alrededor del polémico líder cocalero Evo Morales, la estela del MAS había venido desgastándose hasta rozar la agonía. El propio Morales, que lleva meses refugiado en la región de Trópico de Cochabamba para evitar la ejecución de una orden de captura en su contra, acusado por un caso grave de trata de personas, había llamado a sus seguidores a votar nulo con la pretensión de demostrar que, sin él en la papeleta, ningún candidato “representaba al pueblo”.
Aunque consiguió alrededor del 18% de anulaciones, la maniobra de Morales terminó haciendo estallar al MAS
Aunque consiguió alrededor del 18% de anulaciones, la maniobra de Morales terminó haciendo estallar al MAS, fragmentándolo hasta casi volverlo invisible en el Parlamento. Aparte de confirmar que dejó de ser el político popular que alguna vez fue, Evo profundizó el agujero dentro del socialismo boliviano al rebelarse en solitario contra un sistema electoral que ya no cree en los supuestos beneficios de la redistribución del ingreso vía materias primas que él impulsó.
La elevación del gasto público, sustentado en el boom de productos como el gas natural, provocó un descontrol fiscal de proporciones ciclópeas, desembocando en ese 25% de inflación que hoy tiene a los bolivianos dispuestos a elegir presidente, en la segunda vuelta de octubre, entre dos candidatos enemigos declarados del socialismo: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. Ambos, de hecho, han tenido que salir a la palestra pública a decir qué harán con el fugitivo Morales si se alzan con la victoria.
Pero así como el personalismo y el amor al poder destruyeron a Evo, el descalabro del actual mandatario, Luis Arce, dio inicio cuando reconoció el “triunfo” de Nicolás Maduro en las elecciones del año pasado en Venezuela, un reconocimiento falaz e innecesario que fue rechazado en casi todas las encuestas por sus propios ciudadanos. Arce no supo medir la temperatura del agua política con perspicacia, algo que sí parece estar haciendo Estados Unidos al tratar con el régimen venezolano.
Pero seamos claros: a Washington no le desvela el hecho que Maduro sea un dictador, coleccione presos de conciencia o se robe elecciones. Eso viene ocurriendo desde hace rato y muchas otras líneas se han cruzado en Caracas sin despeinar a nadie en el Pentágono. El giro actual obedecería a la vinculación de la dictadura venezolana con los cárteles de la droga y a la calificación de “organización terrorista global” que ahora tiene la agrupación que encabeza Maduro contra los intereses norteamericanos, el Cártel de los Soles.
Miembros de Hezbolá están en Venezuela desde hace mucho tiempo, tras la ola de inmigrantes que huyó de la guerra de Líbano en los años setenta y ochenta
Ciertamente, el sucesor de Hugo Chávez ha sido desconocido por EE UU como legítimo presidente de Venezuela. Este repudio, sin embargo, es consistente solo con la excusa jurídica que proporciona, porque ninguna operación militar estadounidense puede emprenderse en territorio extranjero sin este requisito. El asunto estriba en desentrañar a qué llama “amenaza” la Casa Blanca cuando usa esta palabra uniéndola a Maduro.
Todo hace suponer que el tráfico de droga hacia el norte constituye una razón suficiente para que Washington actúe contra el régimen venezolano. Pero tampoco debe pasarse por alto la relación que existe entre Caracas y Teherán, concretamente, entre los narcos sudamericanos y los infiltrados de Hezbolá en que responden a directrices iraníes.
Miembros de Hezbolá están en Venezuela desde hace mucho tiempo, tras la ola de inmigrantes que huyó de la guerra de Líbano en los años setenta y ochenta. El tráfico de cocaína sería solo una de las actividades que estos terroristas facilitan. Armas, entrenamiento y logística para grupos clandestinos también estarían entre sus principales acciones, además de la cooperación en la extracción de toneladas de óxido de uranio que son enviadas a Irán desde yacimientos venezolanos.
Por tanto, si es cierto que Maduro y sus secuaces colaboran activamente con el enriquecimiento nuclear iraní, el cerco militar sobre el régimen socialista respondería no solo a mantener a raya el tráfico de drogas en el Atlántico, sino a neutralizar los esfuerzos de otros enemigos que amenazan la seguridad interna de Estados Unidos.
El despliegue de fuerza en el Caribe, además, permite a Donald Trump mantener a su disposición todas las cartas posibles: intervención anfibia directa sobre Venezuela, alentar posibles traiciones en el entorno de Maduro, sostener operaciones quirúrgicas por vía tecnológica, justificar acciones privadas de captura y extracción, así como una letal combinación de varios de estos escenarios.
Lo inocultable es el nerviosismo imperante en Caracas y la hemisférica sensación de que existe una luz al final de ese largo túnel que el castrochavismo impuso en la tierra de Bolívar.
