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El Ministerio de Relaciones Exteriores británico anunció este viernes sanciones contra quince altos cargos del gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro, al que calificó de «fraudulento».

«La reivindicación del poder por parte de Nicolás Maduro es fraudulenta. El resultado de las elecciones de julio no fue ni libre ni justo y su régimen no representa la voluntad del pueblo venezolano«, afirmó el jefe da diplomacia británica, David Lammy, en un comunicado.

Entre los sancionados se encuentran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, «quien ayudó a legitimar las elecciones del 28 de julio», y Asdrúbal José Brito Hernández, director de Investigaciones Criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, una «organización responsable de graves violaciones y abusos de derechos humanos», según el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.

El gobierno británico aseguró que quiere marcar la fecha de este viernes, en que el líder chavista fue investido para un tercer mandato, «con un decidido mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano».

«Las sanciones de hoy envían un mensaje claro. El Reino Unido no se quedará de brazos cruzados mientras Maduro continúa oprimiendo, socavando la democracia y cometiendo terribles violaciones de los derechos humanos», afirma Lammy en el texto.

El jefe de la diplomacia británica añade que «todos los presos políticos deben ser liberados y la represión en curso debe terminar. Continuaremos apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha por un futuro democrático».

Estados Unidos considera una «farsa» la investidura este viernes de Nicolás Maduro y subió a $25 millones la recompensa por su captura por delitos vinculados al «narcotráfico y la corrupción», informaron funcionarios estadounidenses.

El gobierno del presidente saliente Joe Biden contraatacó poco después de que el líder chavista jurara el cargo en Caracas para un tercer mandato consecutivo.

Funcionarios estadounidenses afirmaron a periodistas que esta investidura era una «farsa»

Edmundo González Urrutia «debería haber sido investido hoy como el próximo presidente de Venezuela» porque «hay pruebas indiscutibles de que ganó» las elecciones del 28 de julio, dijo un funcionario estadounidense que pidió el anonimato.

Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin que se hayan publicado las actas.

«Para proporcionar nuevos incentivos para llevar a Maduro y a sus cómplices ante la justicia por delitos relacionados con la conspiración para distribuir cocaína, el narcotráfico y la corrupción, hemos aumentado la recompensa a $25 millones» por información que permita capturar al presidente y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, añadió.

Además han añadido una nueva recompensa por el ministro de Defensa Vladimir Padrino, por quien ofrece $15 millones, precisó.

Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a ocho altos cargos venezolanos por dirigir organismos económicos y de seguridad «que permiten la represión» y «la subversión de la democracia en Venezuela».

Entre los sancionados figura el presidente de la petrolera PDVSA, Héctor Andrés Obregón, y el ministro de Transportes y presidente de Conviasa, la aerolínea estatal, Ramón Celestino Velásquez.

Al mismo tiempo, para «apoyar a los venezolanos» el gobierno de Biden decidió ampliarles 18 meses el amparo migratorio que otorga permiso de residencia y trabajo, conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS).

El Departamento de Seguridad Interior considera «justificada» esta ampliación porque «Venezuela sigue enfrentando crisis políticas y económicas bajo el régimen represivo de (el mandatario Nicolás) Maduro, con condiciones que han contribuido a altos niveles de crimen y violencia», declaró a periodistas una funcionaria que ha pedido el anonimato.

Pero Washington evitó cancelar las licencias individuales que otorgó a algunas petroleras para operar en Venezuela, entre ellas la estadounidense Chevron, algo que pide con insistencia la oposición venezolana.

Se seguirán aprobando «caso por caso», informó un funcionario.

Después de juramentarse este viernes para un tercer mandato como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ironizó con el exiliado opositor Edmundo González Urrutia, que le acusa de un fraude electoral y asomó su intención de volver al país a tomar el poder.

«¿Quién se cayó por ahí? ¿Llegó Edmundo?», dijo Maduro después de escuchar un ruido durante su discurso ante el Parlamento, controlado por el partido de gobierno.

«Como yo estoy esperando que él llegue, estoy nervioso», agregó con tono de voz burlón.

Exiliado en España en septiembre después de una orden de detención en su contra, González Urrutia reclama la victoria en las elecciones del 28 de julio, en las que fue Maduro proclamado reelecto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin que hasta el momento haya publicado un escrutinio detallado, como exige la ley.

González Urrutia prometió volver «pronto» a Venezuela y pidió a la Fuerza Armada apoyo para asumir el poder en lugar de Maduro.

En busca de respaldo internacional, el diplomático de 75 años cumple una gira internacional que lo ha llevado a Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana.

«Nos veremos todos muy pronto en Caracas en libertad», declaró González Urrutia el jueves en el palacio de gobierno de Santo Domingo, tras reunirse con el presidente dominicano, Luis Abinader, quien se declaró como «un aliado».

El opositor está acompañado por exgobernantes del Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), entre ellos el colombiano Andrés Pastrana y los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, que aseguraban que buscaban coordinar un avión que los lleve a Venezuela junto a él.

«En el aeropuerto los voy a esperar», advirtió el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello. «Si ponen un pie en Venezuela, van a ser detenidos».

El general Romeo Vásquez, quien encabezó en 2009 el golpe de Estado en Honduras que derrocó al presidente izquierdista Manuel Zelaya, comparece este viernes ante la justicia junto a otros dos exjefes militares por la muerte de un manifestante en esa instancia.

Vásquez, quien era el jefe de las Fuerzas Armadas en ese año, ingresó por la maana a un tribunal capitalino junto a otros dos generales retirados para una audiencia reservada, en la cual se debe resolver si sigue adelante el proceso en su contra o si son absueltos. Los tres están detenidos desde el domingo.

En esta «audiencia inicial» debe «decidirse si se dicta o no auto de formal procesamiento» contra ellos, explicó a la AFP el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.

Con «una mnima carga probatoria», el tribunal ordenará proseguir con el juicio a los militares, agregó el vocero, como «supuestos responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves» a Isy Obed Murillo (muerto a los 19 años) y Alex Zavala, respectivamente, según la acusacin de la Fiscala.

Ambas víctimas participaban el 5 de julio del 2009 en una manifestación -reprimida por el ejército- contra el golpe cívico-militar que había sacado del poder una semana antes a Zelaya, esposo de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro.

Los tres altos oficiales fueron trasladados al juzgado bajo fuertes medidas de seguridad desde la Penitenciaría Nacional, 27 km al norte de la capital, constataron periodistas de la AFP.

Los otros dos son los generales Venancio Cervantes y Carlos Puerto.

Vásquez, de 68 años, fue llevado el jueves a un hospital a causa de una subida de sus niveles de azúcar por su diabetes, pero fue regresado a la cárcel por la noche, según su hijo, Jesús Vásquez.

La denuncia contra los tres generales fue presentada hace varios años, pero fue reactivada ahora por el nuevo fiscal general, Johel Zelaya, quien es afín al gobierno, según la oposición, aunque no es familiar del exmandatario.