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En mi artículo anterior sobre la nueva ley de la Red Nacional Autónoma de Hospitales, me centré en analizar las ventajas y desventajas de este modelo de provisión de servicios médicos, tomando como referencia experiencias de otros países. Siempre he sostenido que nuestro sistema de salud presenta serios vacíos y contradicciones que dificultan la prestación de servicios médicos oportunos y de calidad a la población salvadoreña. Por ello, un cambio profundo en el modelo se vuelve una necesidad imperiosa para ofrecer una respuesta adecuada, especialmente ante la transición demográfica y epidemiológica que enfrentamos actualmente. Sin embargo, ¿es este modelo propuesto por el gobierno la alternativa más acertada para suplir nuestras necesidades?

De acuerdo con el documento presentado a la Asamblea Legislativa, la nueva ley para la creación de la Red Nacional de Hospitales busca dar respuesta a varios problemas identificados en el actual sistema nacional hospitalario. El sistema de salud del país enfrenta un déficit crónico de personal tanto médico (con un 25% menos de lo ideal) como de enfermería (un 66% por debajo de lo necesario), sumado a limitaciones presupuestarias y recursos insuficientes. Aunque se ofrece una cobertura nominal del 80% de la población, la cobertura efectiva del MINSAL apenas alcanza entre el 33% y el 40%. Esta situación se agrava por una infraestructura inadecuada que dificulta el acceso a servicios de salud modernos y eficientes. Asimismo, la población está envejeciendo, lo que provocará un aumento significativo en la demanda de atención médica en un futuro cercano.

La ley pretende modernizar el sistema hospitalario, mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios, y garantizar un acceso más amplio y oportuno a la atención médica para la población.

¿Cuáles son las principales diferencias entre el modelo actual de provisión de servicios y la Red Nacional de Hospitales?

La Red Nacional de Hospitales se distingue del modelo actual de provisión de servicios médicos en varios aspectos clave:

• Autonomía Administrativa y Financiera: La Red será una entidad de derecho público descentralizada, con total autonomía para administrar su patrimonio y ejercer sus funciones. Esto incluye la capacidad de gestionar sus recursos financieros, realizar adquisiciones y contrataciones, y establecer su propia normativa interna.
• Personería Jurídica Propia: Contará con personería jurídica propia y un plazo de existencia indefinido, lo que le permitirá operar de forma independiente del Ministerio de Salud.
• Régimen Especial: Disfrutará de un régimen especial para adquisiciones y contrataciones, permitiendo procesos más ágiles y flexibles que en el modelo actual.
• Infraestructura y Equipamiento: Tendrá como objetivo la construcción, remodelación, reconstrucción, adecuación y equipamiento de centros de salud y hospitales, además de la adquisición de inmuebles para estos fines.
• Formación y Especialización: Implementará un sistema de becas destinado a la formación y especialización del personal médico, y operará hospitales escuela para la enseñanza y el aprendizaje técnico-académico.

• Contratación de Personal Extranjero: Permitirá la contratación de médicos extranjeros por hasta diez años prorrogables, eximiéndolos de ciertos trámites de homologación de títulos si cumplen con los requisitos establecidos. 
• Independencia del Sistema Nacional Integrado de Salud: La Red Nacional de Hospitales no estará supervisada por la Superintendencia de Regulación Sanitaria ni regida por las disposiciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, salvo en aspectos no regulados por la propia institución. 
• Gestión de Calidad: Estará obligada a obtener y mantener certificaciones internacionales de gestión de calidad en sus centros de salud. 
• Colaboración Interinstitucional: Podrá firmar convenios de cooperación con el Ministerio de Salud y otras entidades públicas o privadas para garantizar el bienestar en la salud de la población. 

En conjunto, estos elementos buscan modernizar y descentralizar la provisión de servicios médicos, otorgando a la Red Nacional de Hospitales mayor autonomía, flexibilidad y capacidad de gestión frente al modelo actual.

¿Como se propone el financiamiento de este nuevo modelo?

La Red Nacional de Hospitales se financiará principalmente con asignaciones del Fondo General del Estado, donaciones y legados de particulares nacionales e internacionales, y recursos provenientes de la cooperación internacional. Además, recibirá bienes muebles e inmuebles transferidos desde el Ministerio de Salud y podrá generar ingresos a través de rentas e intereses de sus propiedades. Tendrá la capacidad de gestionar recursos adicionales y gozará de exenciones tributarias para garantizar su sostenibilidad y operatividad.

Muy a pesar de una serie de afirmaciones fatalistas en algunos medios, la nueva Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales no menciona la fusión de los hospitales del Seguro Social (ISSS). Según el documento, la ley establece la creación de una red de hospitales como una entidad de derecho público descentralizada, con autonomía administrativa y financiera, pero no incluye disposiciones específicas sobre la integración o fusión de los hospitales del ISSS. Los hospitales que se mencionan como parte de la Red Nacional de Hospitales son aquellos adscritos al Ministerio de Salud, como el Hospital Nacional Especializado «Rosales» y otros que gradualmente se incorporen a la red.

En 1978 yo cursaba sexto grado en la entonces Escuela Urbana Mixta Alberto Masferrer de Olocuilta y a mediados de ese año mi profesora Miriam Helen Rivera Piche me dejó como tarea mil líneas porque me comporté de una manera irrespetuosa con una compañera de estudios. El director Manuel Balcáceres me dio dos reglazos (con la regla metro), me puso dos horas de plantón frente a las aulas (bajo el sol), me expulsó una semana y me advirtió que no debería volver a clases sin mi madre o mi padre. Mi mamá y mi papá me castigaron y acudieron responsablemente a la dirección donde mevolvieron a reprender por mi mal comportamiento. Ni a mi papá ni a mi mamá se les cruzó por la mente protestar o irse a quejar por mi expulsión. Al contrario, le agradecieron a mi profesora y al director. Era una forma sincera de educarme y enseñarme los valores de la vida.

En séptimo grado me agarré a golpes con otro compañero y nuevamente me volvieron a castigar con un plantón y otras mil líneas más el respectivo castigo de mis padres. Mis progenitores,  agradecidos con mi profesor Salvador Pérez, durante algún tiempo me prohibieron ver televisión en casa y no me dejaban salir a divertirme con mis amigos adolescentes. Todos los días me aconsejaban que me portara bien en la escuela, en el hogar y en la calle con las demás personas.

Ya pasaron más de 40 años desde aquellos castigos, que fueron muchos, y vivo eternamente agradecido con mis maestros y mis padres, porque gracias a ellos adquirí valores y trato de ser una ciudadano potable para la sociedad. Sin sus consejos, sin sus enseñanzas y sin sus castigos, quizá hubiésemos sido ciudadanos con familias erráticas o dañinas para la sociedad.

Durante mi primaria, desde 1973 hasta 1981, los profesores nos educaron con valores y nos castigaban con sana autoridad. Nos exigían que llegáramos presentables, que saludáramos y que nos respetáramos unos a otros. En los recreos estaban pendientes de nuestra conducta y en clases se esmeraban por educarnos de manera correcta. Aprendimos a tolerarnos y a compartir de manera adecuada, siempre traviesos y curiosos por nuestra edad llegamos a respetar mucho a nuestros maestros quienes se convirtieron en una especie de segundos padres con autorización del Estado y de nuestros progenitores.Muchos llegamos a cultivar amistades sempiternas desde nuestra primaria y a recordar con cariño nuestra época escolar.

Poco a poco se fue perdiendo aquella forma tan correcta de educar. Desde la década de los 90 se le fue quitando autoridad a los maestros y padres de familia, lo cual se acentuó a partir del nuevo milenio. Los profesores ya no pueden aplazar -un problema grave porque es visible hasta en la educación superior- ni castigar a los alumnos con mal comportamiento, mucho menos expulsar o llamar la atención a un niño o adolescente escolar. Si un maestro castiga a un alumno mal portado, los padres de familia y los mismos estudiantes se pueden quejar de tal manera que el docente puede recibir una sanción administrativa y ser procesado ante un Tribunal de la Carrera Docente, incluso ante un tribunal judicial.

Conozco al menos dos casos (uno en La Libertad y otro en San Miguel) de profesores que en la década pasada fueron despedidos porque decidieron expulsar a alumnos que tenían vínculos con pandillas y se dedicaban a venderle drogas a sus compañeros. Sus demás compañeros docentes optaron por volverse permisivos con los estudiantes para evitar seguir con la suerte de sus colegas.

Muchos profesores, obligados por las circunstancias (los reglamentos y la presión de las pandillas amenazantes) se volvieron permisivos y excesivamente alcahuetes con sus alumnos. Esa alcahuetería fue o es fomentada por las Leyes de Menores, las cuales son en exceso demasiado bonancibles. En el país tenemos leyes para menores, copiadas del Primer Mundo.

Los padres de familia y los maestros carecen de autoridad o de insumos legales para sancionar malas conductas. No se trata de que ellos puedan castigar hasta desangrar o provocar dolores angustiantes o que sus castigos sean torturas físicas o psicológicas, pero si de una autoridad acompañada de orientación y consejos para el buen vivir.

Conozco cientos de casos en los que profesores y padres de familia son procesados por maltrato infantil porque se atrevieron a castigar a su hijo. En uno de los casos el hijo de 13 años, a través de un procurador, demandó a su padre porque éste le quitó el teléfono celular por dos meses, debido a que iba mal en los estudios y no salía de su habitación por pasar conectado a las redes sociales. Un estudio psicológico determinó que el adolescente adolecía de ansiedad como parte del castigo. La jueza, con buen juicio, según yo, absolvió al padre y mandó a tratamiento con un psiquiatra al menor.

El 2 de julio pasado escribí una columna de opinión en Diario El Mundo, la cual titulé “Devolvamos la autoridad a los padres de familia y maestros”  en dicho artículosos tuve que las Leyes de Menores no eran adecuadas a nuestra realidad por ser demasiadas bonancibles  y hacia una reflexión de las condiciones que fueron “caldo de cultivo” para el aparecimiento de las pandillas… Al final sugería que a los maestros y padres de familia hay que devolverles la autoridad sobre sus alumnos e hijos respectivamente.

Esta semana se ha conocido que la nueva ministra de Educación, Karla Edith Trigueros, capitán del Ejército y doctora en Medicina, envió un memorando a todos los directores de escuelas pública en las cuales les da a conocer las medidas disciplinarias que entrarán en vigencia a partir de este miércoles. Las mismas son buenas y deberían abarcar a los centros educativos privados.

Las medidas se refieren al orden y la correcta presentación del personal (docentes, personal administrativo y alumnado) de la comunidad estudiantil. Las instrucciones del memorando recuerdan que los directores son los garantes y referentes de la disciplina y el orden, siendo ellos una guía activa en la formación de valores tales como el respeto y la sana convivencia. De tal manera que desde este día los directores serán los responsables de dar la bienvenida a los estudiantes quienes deberán asistir con ropa limpia y ordenada, además deben llevar un corte de cabello adecuado y una presentación correcta. El ingreso a los centros escolares debe hacerse de manera ordenada y con saludo respetuoso.

Pues las disposiciones de la actual ministra se quedan cortas con las medidas que prevalecían en nuestra época estudiantil, cuando cada lunes en formación general cantábamos el Himno Nacional, cuando teníamos un día a la semana para hacer aseo de aula y patios, cuando en grupos de alumnos teníamos que limpiar la pizarra periódicamente, cuando nos castigaban por nuestras travesuras, cuando nos dejaban líneas, cuando nos expulsaban por la gravedad de nuestro mala conducta, cuando mandaban a llamar a nuestros padres para advertirles sobre nuestra mal comportamiento y cuando el mal alumno era aplazado. Según yo, a nadie deberían incomodar las disposiciones de la ministra, pues en nada afecta negativamente. Paralelamente se requiere analizar la Ley de la Carrera Docente y las leyes de Menores, para contextualizarlas con nuestra realidad educativa y familiar.

Obviamente las disposiciones de la nueva ministra, hasta parecen cosméticas, pero son necesarias, sin embargo, se requiere algo más que medidas disciplinarias. Del Ministerio se requiere mucho más, como volver transversal la enseñanza de valores, mejorar la infraestructura escolar, capacitar mejor y constantemente a los maestros, impulsar el mejoramiento salarial de los docentes, supervisar la formación de los profesores, revisar y analizar los planes de estudio especialmente en la educación media y superior, mejorar el currículo formativo en todos los estadios de la educación, actualizar los planes de estudio de acuerdo a la realidad nacional, evaluar constantemente los procesos pedagógicos y desde luego manejar la política de la educación en El Salvador para que esta sea basamento de mejores condiciones de vida y desarrollo nacional. 

Mi sano consejo para la ministra Trigueros es que visite las escuelas vestida de civil. Ni de doctora ni de militar… La oportunidad de trascender es suya si conduce de manera correcta el sistema educativo.

*Jaime Ulises Marinero es periodista