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Un apagón masivo sumió este martes en la oscuridad a gran parte de Puerto Rico a pocas horas del Año Nuevo, en un incidente cuyo restablecimiento podría tardar hasta dos días, informó el operador eléctrico.

El «apagón en toda la isla» comenzó a las 05H30 locales (09H30 GMT), precisó en las redes sociales LUMA Energy, la compañía que gestiona la transmisión de energía en ese Estado Libre Asociado de Estados Unidos.

Las investigaciones preliminares apuntan a una avería en un cable subterráneo como causa del corte eléctrico que afectó a un total de 1.5 millones de clientes, si bien la situación sigue bajo vigilancia.

José Pérez, director de asuntos externos de LUMA Energy, dijo a la AFP que la falla «causó un efecto cascada» que condujo al apagón general.

«Ya comenzamos el restablecimiento para algunos clientes, pero todo el proceso tomará entre 24 y 48 horas», añadió la compañía eléctrica.

LUMA aseguró en un boletín posterior que inicialmente se restableció el servicio en algunas instalaciones críticas, entre ellas un centro médico y un hospital de la capital, San Juan.

A las 13H00 locales, 44,700 clientes ya estaban reconectados en el área metropolitana y la isla de Culebra, lo que representa el 3 % de los clientes afectados por el apagón, según la empresa.

El corte eléctrico se produce cuando la isla caribeña atraviesa su temporada alta de turistas procedentes del territorio invernal continental estadounidense ya pocas horas de las celebraciones de Nochevieja.

A primera hora del martes, los edificios se quedaron a oscuras, mientras que las intersecciones de tráfico se quedaron sin semáforos, con solo los faros de los vehículos iluminando las calles.

En una publicación en las redes sociales, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que las autoridades estaban en comunicación con LUMA sobre el apagón.

«Estamos exigiendo respuestas», aseguró, agregando que el público debe ser informado de las medidas que se están tomando para restablecer el servicio en toda la isla.

Puerto Rico, que está bajo control estadounidense desde 1898, se enfrenta a constantes problemas de infraestructura, agravados por el devastador huracán María en 2017.

La red eléctrica puertorriqueña ha sufrido frecuentes cortes desde que ese ciclo la arrasó con categoría 4.

Las autoridades mexicanas informaron de que se han hallado 31 cuerpos en varias fosas clandestinas situadas en los municipios de La Concordia y Palenque, en el estado de Chiapas, en el sur de México.

La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Pueblo mexicano indicaron durante una rueda de prensa que una primera fosa con 15 cadáveres fue encontrada en el marco de un primer operativo, que se vio seguido del hallazgo de una segunda fosa con 14 cuerpos. De estos últimos cadáveres, al menos doce corresponden a hombres.

El fiscal José Luis Llaven Abarca explicó que actualmente se están realizando los análisis pertinentes para identificar a las víctimas y lograr que sus restos sean entregados a sus respectivas familias, según informaciones del diario «La Jornada».

«A muchas familias les vamos a devolver de alguna manera sus consanguíneos, sabemos que no fueron las mejores condiciones, la mayoría de cuerpos tienen más de uno o dos meses de muertos; lamentamos mucho estos hechos», ha manifestado.

En México, los grupos criminales suelen secuestrar y asesinar a sus rivales, muchos de los cuales son posteriormente enterrados en fosas construidas de forma clandestina que son localizadas prácticamente por todo el país.

El canal de Panamá celebró este martes el 25 aniversario desde que pasó a manos panameñas, en una ceremonia solemne en la que fue honrado el fallecido expresidente estadounidense Jimmy Carter e ignoradas las amenazas de Donald Trump de recuperar la vía interoceánica.

A la ceremonia en el jardín de la sede de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), próxima al cauce, asistieron el presidente panameño, José Raúl Mulino, y cientos de invitados, entre ellos la exmandataria Mireya Moscoso, quien recibió simbólicamente el canal de manos de Carter el 31 de diciembre de 1999.

«Hoy siento la misma emoción» que hace 25 años, indicó a la AFP Moscoso, quien recordó que tras firmar los documentos de entrega del canal, Carter le dijo en inglés «it’s yours» (es suyo) y ella se puso a llorar.

Mulino señaló en un discurso que sentía alegría por el cuarto de siglo de soberanía panameña sobre la vía, pero agregó que «una tristeza» invade el país «por la muerte de Jimmy Carter», fallecido el domingo a los 100 años.

En memoria del exmandatario y también noble de la Paz se guardó un minuto de silencio en la ceremonia.

Carter y el líder nacionalista panameño Omar Torrijos firmaron en 1977 en Washington los tratados de entrega del canal.

«Con la firma de los tratados Torrijos-Carter los panameños nos comprometimos como nación a una operación segura del canal, abierta al tránsito pacífico para las naves de todas las naciones, en tiempo de paz o de guerra, y sin discriminación alguna», dijo El jefe de la ACP, Ricaurte Vásquez.

«Por 25 años los panameños y su canal ¡hemos cumplido!», agregó en su discurso.

El cauce de 80 kilómetros, construido por Estados Unidos, fue inaugurado en 1914. Washington creó un enclave donde ondeaba la bandera estadounidense y tenía bases militares, polícias y justicia propias.

«Panamá le tendrá siempre gratitud [a Carter] por haber decidido, junto a mi padre, la devolución del canal y el desmantelamiento de la colonia», escribió el expresidente panameño Martín Torrijos (2004-2009), hijo del general, en Instagram.

En el enclave estadounidense se vivía «bien» porque «teníamos todos los privilegios, con hospitales, escuelas y seguridad propia», contó a la AFP Bert Hammond, quien nació hace 65 años en la antigua Zona del Canal.

Si bien «hay gente que quiere que regresen los gringos», el canal «es panameño y punto, ya ese sueño se acabó», agregado por teléfono desde Oklahoma.

La presencia estadounidense dio pie a décadas de reclamos panameños para tomar el control de la vía.

En la ceremonia también se honró a una veintena de panameños muertos en 1964 después de que unos estudiantes intentaran izar una bandera nacional en la antigua Zona del Canal, creada para proteger la vía que conecta los océanos Pacífico y Atlántico.

Ni Mulino ni los demás oradores mencionaron las amenazas de Trump en sus discursos, aunque el mandatario afirmó que el canal «se va a quedar por siempre» en manos panameñas.

El presidente electo de Estados Unidos dijo que su país debía «retomar el control» del canal debido a las «tarifas ridículas» que Panamá cobra por atravesarlo.

«Cualquier intento de retrotraer o vulnerar nuestra soberanía recibirá la condena y el repudio de todos los panameños», declaró el expresidente Torrijos a la AFP.

«Ningún delirio imperial de Trump va a poder hacer retroceder esto, es Panamá y el canal es de los panameños», afirmó a la AFP Saúl Méndez, dirigente obrero, durante una protesta, al margen de la ceremonia, en la que se quemó una bandera estadounidense.

Además, la vía interoceánica, que opera con agua dulce, enfrenta otra amenaza: una sequía que obligó a reducir el tránsito de buques en 2023.

Aunque la situación hídrica se ha normalizado, se requiere una inversión millonaria para desviar aguas de un río con el fin de asegurar el suministro de agua.

«El canal de Panamá es mucho más que una infraestructura estratégica», es el motor de la economía nacional, destacó el ministro del Canal, José Ramón Icaza.

Por este paso circula el 5% del comercio marítimo mundial, aporta el 6 % del PIB de Panamá y el 20 % de sus ingresos fiscales.

Un tribunal penal de Ecuador

ordenó el martes prisión preventiva para 16 militares que son investigados por la presunta desaparición forzada de cuatro adolescentes, lo que ha generado conmoción en el país y preocupación entre organismos internacionales, informó la Fiscalía.

«Con base en los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada», señaló el ente acusador a través de su cuenta en la red social X.

La Fiscalía acusó al grupo de soldados, que ya estaba bajo custodia militar, del delito de desaparición forzosa, sancionado con hasta 26 años de cárcel, según el código penal ecuatoriano.

El tribunal del puerto de Guayaquil celebró una audiencia en la que la Fiscalía formuló cargos contra los 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que son investigados por la desaparición tras haber detenido a los adolescentes de entre 11 y 15 años el 8 de diciembre por un presunto robo.

Los militares sostienen que poco después de arrestarles, dejaron en libertad y en buenas condiciones a los menores, quienes desde entonces están desaparecidos.

Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo fueron detenidos en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, una de las principales ciudades golpeadas por la violencia del narcotráfico y donde el gobierno mantiene desplegadas en las calles a las Fuerzas Armadas.

El 24 de diciembre, después de que la justicia civil determinara que hubo una «desaparición forzada» de los adolescentes, cuatro cuerpos calcinados fueron encontrados en una zona de manglares cercana a la base de la FAE en la localidad de Taura, en las afueras de Guayaquil, y a la que pertenece la patrulla.

Las autoridades aún no han informado si los cuerpos hallados fueron identificados.

Decenas de familiares, vecinos y activistas de derechos humanos realizaron desde temprano un plantón fuera de la corte para reclamar justicia por la desaparición de los adolescentes que salieron de sus casas para jugar fútbol.

Los manifestantes lanzaban gritos de protesta portando carteles con leyendas como «vivos los queremos ya».

Una mujer exhibió un monigote de cartón del presidente Daniel Noboa con huellas de manos ensangrentadas en su rostro, que fue quemado. «Noboa asesino», decía otro cartel.

El comandante de la FAE, Celiano Cevallos, expresó el lunes ante la comisión parlamentaria de la Niñez en Quito que «el personal militar habría actuado…ante un presunto delito flagrante», en alusión a un supuesto robo en curso que detectó la patrulla militar que brindaba apoyo a agentes del aduanas.

«No se dispuso ninguna operación (militar) en el sector de Las Malvinas», añadió.

Unas 40 organizaciones sociales responsabilizan a Noboa por las «graves violaciones a los derechos humanos» registradas en 2024, en el marco de su lucha contra el crimen organizado que le llevó a declarar a principios de año al país en conflicto armado interno, movilizando a los militares a las calles.

Los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia llamaron este martes a protestas de calle en enero, cuando está prevista la toma de posesión del dictador Nicolás Maduro para un tercer mandato tras su cuestionada reelección.

«Está muy cerca el momento de vernos nuevamente en las calles de Venezuela para cobrar la victoria», dijo Machado, quien denuncia como un fraude la reelección de Maduro y reclama un triunfo de González Urrutia en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.

«Preparémonos, nos vemos en las calles en enero», agregó en un video en redes sociales la dirigente, declarada en clandestinidad, sin dar detalles sobre las movilizaciones que planea.

«Asumamos juntos el compromiso de hacer valer ese mandato en 2025», expresó por su parte González Urrutia, exiliado en España tras una orden de detención en su contra.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato consecutivo (2025-2031), sin publicar resultados detallados. La oposición publicó en una página web copias de actas electorales con las que reivindica un triunfo, que el gobierno cuestiona.

Protestas postelectorales dejaron 28 muertos y cerca de 200 heridos, así como más de 2,400 detenidos, aunque cerca de 1.400 han sido puestos en libertad condicional. La respuesta a convocatorias opositoras a manifestaciones mermó tras la ola de arrestos.

El lunes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, renovó su respaldo a González Urrutia, reconocido por Washington como presidente electo, y a Machado.

En una conversación entre Blinken y ambos opositores, informó el Departamento de Estado, «se reafirmó el compromiso de Estados Unidos de apoyar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, la restauración pacífica de la democracia en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos detenidos injustamente».

Venezuela «no acepta lecciones ni presiones de nadie», respondió el canciller Yván Gil.

Tal como Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen la reelección de Maduro, quien se mantiene en el poder desde 2013.