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Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este viernes en sesión plenaria una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado que permite que los detenidos durante el régimen de excepción sigan detenidos por dos años más durante los cuales deberán ser acusados por la Fiscalía salvadoreña. Arena y Vamos votaron en contra.

Según el dictamen, unos 88,875 detenidos bajo régimen de excepción “deben ser juzgados por 44 jueces del crimen organizado” y 300 auxiliares de la Fiscalía presentarán las pruebas en 600 juicios o procesos judiciales.

La reforma permite que la Fiscalía General de la República solicite una «asignación de causa» contra cada estructura de crimen organizado y que el plazo de instrucción de 24 meses o dos años sea “contado a partir de la fecha de la presentación de la respectiva solicitud sin perjuicio de la fecha de captura de los imputados”, según el artículo 6 del decreto.

El decreto fue aprobado 10 días antes de que se venza el decreto legislativo 803, sobre “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción”, que permitió que los capturados bajo régimen de detención estuvieran bajo detención dos años a partir del decreto sin ser acusados.

El decreto 803 estableció un plazo de hasta 24 meses o dos años a partir su vigencia, 25 de agosto de 2023, para someter a los imputados a una sola causa por estructura conforme a una solicitud del fiscal, autorizando un “procedimiento transicional” para agrupar a los imputados.

El decreto establece que la Dirección General de Centros Penales deberá eliminar el registro basado en el decreto legislativo 803, según el artículo 6.

Las reformas también permiten audiencias únicas por estructura delictiva que podrán quedar abiertas durante dos años para permitir procesar a más de sus supuestos miembros como parte de dichas estructuras; e Indica que si la Fiscalía no presenta un dictamen de acusación en el plazo, el juez intimará al fiscal y este no contesta dictará sobreseimiento definitivo a favor de los imputados.

No a delitos comunes

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, negó que estos plazos estén siendo autorizados para las personas detenidas por delitos comunes. “No hay que confundir los delitos comunes”, dijo en el pleno.

“¿Qué pasa si se vence, porque el 25 de agosto se vence, y esta Asamblea no hace las reformas debidas? Bueno, pues tendría la facultad los jueces de poner en libertad a todos los detenidos. ¿Saben la gravedad de lo que se está hablando?”. Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

«Incapacidad»

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que estas reformas “son un reflejo de la incapacidad de impartir justicia”.

“Han tenido más de dos años para que se pueda tener una investigación seria de todos los casos y poder llevar a juicio a todos los detenidos y, como las instituciones no lo han hecho a tiempo, la Asamblea le tiene que hacer el favor a la Fiscalía y darle más tiempo”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Ortiz advirtió que, si una persona ha sido detenida por error, “esas personas van a tener que esperar otros dos años para poder ir a juicio”.

“Dos años más para ir a juicio, cuando el plazo original ha sido seis meses”, dijo. No descartó que el gobierno pida otros dos años más para acusar a estas personas.

“El diputado, además de querer ser mago, también quiere ser juez, porque ha dicho que todos los detenidos son culpables, quiero decirle que ese es el trabajo de jueces y de fiscales, no lo podemos definir con anterioridad. La Asamblea debería exigir que estas instituciones cumplan en el debido tiempo y en plazos razonables, esa gran facultad y esa gran obligación que tienen, que es impartir justicia, dar seguridad jurídica”, indicó la diputada de Vamos.

Antes de la aprobación, el diputado Walter Coto (Nuevas Ideas) aseguró que, si todos los diputados fueran como la diputada “que está en la esquina”, en referencia a Claudia Ortiz, “todos los criminales salen”. Coto criticó que antes había una “puerta giratoria” en la justicia a favor de los pandilleros.

Ortiz le respondió que si todos fueran como ella ya hubieran creado una comisión para investigar quién liberó al Crook, cabecilla de pandilla quien fue localizado en México y capturado en Estados Unidos, luego de que fuera puesto en libertad en El Salvador en donde purgaba una pena de 40 años de prisión. “Tenga valor. Su tan llamada política de seguridad no es sostenible. Prefieren tener al país, cada mes, cada mes, con una solución de corto plazo”, le respondió la diputada.

«Condenan a inocentes»

El diputado Francisco Lira, de Arena, le preguntó al diputado de Nuevas Ideas qué tiene de malo solicitar estudiar los casos de las personas que, pese a tener una carta de libertad, no han sido liberadas y señaló al partido de gobierno de condenar a las personas inocentes capturadas por error durante el régimen de excepción, aclarando que quieren cárcel para los pandilleros y criminales.

“Sí hay personas inocentes, con cartas de libertad y que no tienen un juicio justo. Y los pandilleros, criminales, extorsionistas, que se pudran en la cárcel, que se pudran, pero esas personas inocentes que ustedes las están condenando este día para que pasen en la cárcel sin pruebas, más del 40 % podríamos estar hablando”. Francisco Lira (Arena).

Lira preguntó si, con esta ley, podrán “conocer y verlos en los juzgados a esos funcionarios que están en listas de Estados Unidos, a esos funcionarios que sacaron a los pandilleros de la cárcel”. Anunció que no votará por el decreto “porque están quitando garantías”.

Juan Carlos Fernández Saca, nombrado desde el 1 de julio como director de desarrollo humano del Ministerio de Educación mediante acuerdo ejecutivo, tendrá la función de firmar y autorizar los acuerdos sobre movimiento de personal docente, nombramientos de cualquier tipo, ascensos de categoría y nivel, suspensiones o supresión de plazas.

Las funciones serán delegadas para que sean asumidas a partir del 1 de julio de 2025, pero también fue aprobado otro acuerdo para que el director de desarrollo humano firme o autorice los acuerdos tomados desde 2022 hasta el 30 de junio de 2025 sobre la misma materia.

Las facultades que le fueron delegadas al director de desarrollo humano son firmar y autorizar acuerdos relativos a:

-Movimiento de personal docente.
-Licencias.
-Destacamentos.
-Traslados.
-Permutas.
-Nombramientos de cualquier tipo.
-Cargos de administración superior.
-Ascensos de categoría y nivel.
-Suspensión previa.
-Supresión de plazas.
-Renuncias.
-Despido.
-Inhabilitación.
-Fallecimiento.
-Reincorporación.
-Suspensión sin goce de sueldo.
-Enfermedades incapacitantes.
-Sobresueldos.
-Asignación de horas clase.
-Suspensión sin responsabilidad para los educadores.
-Devolución de saldos y de pensionado.

La delegación de funciones se realizó mediante acuerdo ejecutivo 15-1097 del Ministerio de Educación, emitido el 1 de julio de 2025 y publicado en la edición del Diario Oficial del 8 de agosto, puesto en línea en las últimas horas.

En el acuerdo, Mauricio Pineda, entonces ministro de Educación, argumentó que los ministros pueden delegar facultades a funcionarios según los artículos 10, 15, 20 y 68 del reglamento interno del Órgano Ejecutivo, entre otras disposiciones de la Ley de la Carrera Docente, el reglamento de las normas técnicas de control interno específicas del Ministerio de Educación, la obligatoriedad de las pensiones de la Ley de Integral del Sistema de Pensiones (artículo 13) y el artículo 48 de la Ley de Procedimientos Administrativos sobre la delegación de firma.

Educación tomó esta decisión “como parte del reordenamiento de la estructura de organización” del Ministerio y argumenta que busca hacer de esta cartera de Estado “más funcional, ágil y eficiente”.

Firmaría acuerdos de 2022 a 2025

También, un segundo acuerdo 15-1108/2025 delegó al nuevo director de desarrollo humano la función de firmar y autorizar de manera conjunta o sperarada con el titular los acuerdos emitidos desde el 22 de febrero de 2022 al 30 de junio de 2025 relativos al movimiento de personal docente, sobre licencias, nombramientos, destacamentos, traslados, permutas, nombramientos de cualquier tipo, cargos de administración superior, ascensos de categoría y nivel, suspensión previa, supresión de plazas, renuncias, despido, inhabilitación, fallecimiento, reincorporación, suspensión sin goce de sueldo, enfermedaddes incapacitantes, sobresueldos, asignación de horas clase, suspensión sin responsabilidad para los educadores, devolución de saldos y de pensionado.

El delegado deberá “presentar a la máxima autoridad un informe mensual de todas aquellas gestiones, trámites ejecutados e instrumentos firmados para la debida supervisión de los actos delegados” y tiene el compromiso de cumplir un “estricto apego a las normas y leyes”.

Mediante el acuerdo 15-1125/2025, Educación delegó a partir del 1 de julio de 2025 la facultad de firmar y autorizar los acuerdos sobre ascensos de grado y nivel, licencias, promociones, permutas, traslados, descensos de categoría, suspensión previa, nombramientos, renuncias, fallecimiento, supresión de plazas, devolución de saldos y de pensionado.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció la noche del 14 de agosto el nombramiento de una militar como nueva ministra de Educación. La capitán Karla Trigueros, también médica, es parte del Comando de Sanidad Militar. El cargo fue ocupado por José Mauricio Pineda, quien fue nombrado como tal en noviembre de 2022.