La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este jueves al Estado de El Salvador a «adoptar las medidas pertinentes» para la terminación de un régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, por su «indebida aplicación» en casos no relacionados con el crimen organizado.
«La CIDH reitera su preocupación por la prolongación indefinida y la indebida aplicación del régimen de excepción en El Salvador luego de más de 3 años de vigencia; e insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para su terminación», indicó en un comunicado.
La Comisión señaló que también le preocupa «que disposiciones del régimen de excepción y otras medidas para la lucha contra la criminalidad organizada estén siendo aplicadas a situaciones que no guardan relación con los motivos alegados por el Estado para su implementación».
Recordó que recientemente se pronunció sobre casos de personas defensoras de derechos humanos detenidas en 2025 -Enrique Anaya, Ruth López, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Fidel Zavala -, «a quienes se les aplicó los plazos extendidos de control judicial de sus detenciones».
El régimen de excepción, que ha sido prorrogado en 41 ocasiones por la Asamblea Legislativa, suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la correspondencia de cualquier tipo y amplía el plazo de la detención administrativa hasta por 15 días.
«Si bien se tiene información del Estado de que el país alcanzó una reducción de la criminalidad sin precedentes, contabilizando 188 días sin homicidios en los últimos 12 meses, la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común», agregó.
El régimen de excepción, que a la fecha deja más de 88,000 capturas, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida extraordinaria se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
