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Bayardo Arce Castaño, uno de los nueve llamados ‘comandantes de la revolución’ del período 1979-1990 en Nicaragua, contra todo pronóstico, ha caído en desgracia y ha sido capturado. Esto debe leerse con cuidado porque expresa mucho más que la simple retención policial de Arce Castaño.

Sin duda que el exdirigente de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por un poco más de una década y el ‘empresario’ Bayardo Arce Castaño actual solo guardan algunos parecidos.

Humberto Ortega Saavedra murió el 30 de septiembre de 2024 bajo custodia policial, después de haber intentado llamar la atención pública acerca de las características del actual gobierno de Nicaragua y su rumbo. Quien no entendió que es imposible cuestionar nada en Nicaragua trátese de quien sea, la suerte corrida por Humberto Ortega es un mensaje muy claro.

¿Fue una acción dramática y desesperada del exjefe del Ejército de Nicaragua buscando incidencia política? Sí, lo fue.

¿La reacción del gobierno de Nicaragua, en la persona de Daniel Ortega, fue excesiva? Sí, también lo fue. ¿Desesperada? Más bien temerosa de que un ‘símbolo’ pusiera en marcha voluntades disidentes.

Es que Bayardo Arce Castaño después de su cómoda posición de pasajero sin ruido en el tren de Daniel Ortega, ¿se había tirado a la conspiración política? En absoluto. Es un pragmático, y lleva muchos años dando cátedra de eso. Su caída obedece a un simple cálculo de posibles riesgos.

La situación en Nicaragua ha llegado a un punto en el que hasta el zumbido de las moscas es sospechoso. Y es lógico, no hay puentes de interlocución con nadie. Quienes tienen el control del Estado están considerando que se aproxima el relevo de Daniel Ortega y hay que limpiar la mesa.

Daniel Ortega en noviembre cumplirá 80 años, o sea, ya está bien grande, pero no parece darse cuenta de que la pita ya se le acabó.

El 19 de julio de 2025, en el acto de celebración de un ya lejano 19 de julio de 1979, Daniel Ortega, otrora vigoroso y agresivo, se vio que ya es trompo calaceado. Su andar titubeante y arrastrando los pies y su expresión facial un tanto hinchada y su discurso errático sugieren que está pateando la raya. Pero como en esa aventura política de alto riesgo en la que se embarcó desde 2007 (cuando regresó a gobernar) no ha estado solo, en su círculo más cercano ya es claro que el relevo se aproxima.

En tiempos del último Somoza, este había pensado que el ‘Chigüín’ (uno de sus hijos) lo relevaría. Lo había preparado para eso. Pero el deterioro político-militar del régimen desde enero de 1978 (cuando fue asesinado el director-propietario de La Prensa, Pedro Joaquín Chamarro, veterano dirigente anti-somocista) activó un proceso insurreccional indetenible, y no permitió que aquella sucesión pudiera plantearse.

Por eso la consorte de Daniel Ortega, Rosario Murillo, que se ha autoproclamado su sucesora, ha comenzado a dar los pasos que le permitan tener el control total, igual que ahora todavía lo tiene Daniel Ortega.

Sin embargo, ‘la Chayo’, como algunos le dicen a la señora, quizá no tiene clara la película. O quizá sí la tiene clara y por eso está moviendo piezas del tablero. Sabe, lo huele, lo ve, lo percibe (¿la ouija se lo ha dicho?), que sin Daniel Ortega al frente las cosas serán muy difíciles.

El FSLN aún existe, fragmentado, desdibujado, deslegitimado y todo, pero está ahí, y frente a un relevo, se agitará de algún modo. Tampoco pueden esperarse sorpresas.

Donde sí habrá reacciones, y pueden ser decisivas, es en el Ejército, que es la fuente de poder hoy por hoy en Nicaragua. De ahí la captura, el 14 de mayo de 2025, de Álvaro Baltodano (general de brigada en retiro), desde siempre persona de confianza de Daniel Ortega. Es decir, es previsible que una recomposición del núcleo duro de poder de Nicaragua esté ya en marcha y que varias cabezas han comenzado a rodar.

Faltan más nombres, unos serán simbólicos, como lo que ocurre desde marzo de 2025 con la casa por cárcel para Henry Ruiz, otro de los ex nueve ‘comandantes de la revolución’. Víctor Tirado López al parecer sigue allí en Nicaragua, pero con capacidades cognitivas muy disminuidas y ya no representa peligro (pero tuvo después de 2007 expresiones fuertes contra Daniel Ortega). Luis Carrión, otro de los nueve, se exilió en 2021. Solo de Jaime Wheelock Román, otro que fue de los nueve, no se dice nada.

En Nicaragua ha comenzado a hacer frío, mucho frío!

Jaime Barba. REGIÓN Centro de Investigaciones

Desde febrero de 2025, El Salvador implementa un Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), marcando con ello el inicio de una nueva etapa en la gestión y administración de las finanzas públicas. Como punto relevante del Acuerdo, el país se ha comprometido a alcanzar un superávit primario del 3.7% del PIB en 2027, y, a partir de ahí, a sostenerlo en los próximos años, lo cual supone un esfuerzo significativo y no es una cosa menor.

Ante la magnitud de la corrección, es pertinente preguntarse que medidas se están tomando o se tomarán, no solo para alcanzar ese 3.7%, si no para sostenerlo según indican las proyecciones del FMI al menos hasta 2030, y con ello, provocar una reducción en el nivel de endeudamiento con respecto al PIB que debería ubicarse por debajo del 80% del producto al cierre de ese año.

Como parte de ese proceso, hay que decir que en junio fue aprobada una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal, que busca establecer reglas más claras y vinculantes para el manejo responsable de las finanzas estatales. Este instrumento legal es complementado con la presentación, en los próximos meses, de un Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que deberá servir como referencia técnica y programática para la formulación del Proyecto de Presupuesto 2026, consolidando así una ruta clara de mediano plazo en la política fiscal. Este documento, que mantiene a la expectativa a los especialistas en los temas fiscales, será el primero que dará líneas con mayor claridad de como se pretende implementar el referido ajuste, y como se piensa operativizar a través del presupuesto estatal.

Otro componente clave, en insoslayable guste o no, será la reforma del sistema de pensiones, prevista para inicios de 2026. Sin esta reforma seria imposible alcanzar un balance primario de 3.7% y sostenerlo durante varios años, como lo indican las proyecciones. Antes de ello, sin embargo, se presentará un nuevo informe actuarial, que permitirá conocer con mayor claridad el estado actual del sistema y sus desafíos futuros. La sostenibilidad de las pensiones es uno de los puntos más críticos de la agenda fiscal, y su reforma será determinante para reducir pasivos y evitar presiones sobre el gasto público en el largo plazo, de ahí su relevancia en el marco del ajuste.

A la par de estos cambios normativos y programáticos, es importante destacar una mayor disponibilidad y actualización de la información fiscal, que contrasta con la opacidad que hubo en años anteriores, aunque siempre hay un buen margen para mejorar. Si bien aún hay desafíos en términos de transparencia, se perciben algunos avances en la divulgación de datos clave para el seguimiento del desempeño fiscal.

Frente a todo esto que esta sucediendo, cabe preguntarse si todos estos cambios constituyen realmente una “revolución fiscal”, dado que años atrás la agenda fiscal estaba poco dinámica o estancada y ahora se muestran unas nuevas condiciones que apuntan, aun con limitantes, a un mayor nivel de apertura. La respuesta más precisa es que no lo es. Lo que está ocurriendo hoy es, en esencia, lo que el gobierno de turno debió haber hecho desde su llegada al poder en su primera administración. Los gobiernos anteriores, con todas sus limitantes y sus graves problemas fiscales, ya habían delineado este camino, es decir, solo faltaba ir cumpliendo las normativas y procedimientos fiscales una y otra vez, a modo de institucionalizarlo. De haberse implementado esta agenda de forma ordenada y gradual desde el inicio del gobierno allá por 2019, el ajuste fiscal habría sido más moderado y con menores impactos sociales.

Uno de los riesgos mas apremiantes en la actualidad es que la magnitud del ajuste fiscal comprometa el cumplimiento de Derechos Fundamentales, como el acceso a educación, salud y otros servicios públicos básicos, debido a los recortes empleados públicos y en gasto de bienes y servicios; es decir, como reza el dicho: “que la medicina termine siendo peor que la enfermedad”.Por ello, más que celebrar una revolución fiscal, es momento de exigir una implementación equilibrada, socialmente justa y sostenida en el tiempo.

• Rommel Rodríguez Trejo es economista de la Funde.