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El 28 de octubre de 1991 hizo plenaria por primera vez el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en Guatemala, donde tiene su sede. Fue creado como parte del impulso promovido desde 1983 por el Grupo Contadora integrado por los cancilleres de Panamá, México, Colombia y Venezuela. Contadora buscaba, en aquel entonces, una solución negociada al conflicto centroamericano.

El Grupo Contadora, con la anuencia de la Unión Europea, buscaba intervenir a través de la autodeterminación de los países del Istmo Centroamericano, la no intervención extranjera en los conflictos, la desmilitarización y la democratización de la región. Fue impulsora de procesos de diálogo entre partes confrontadas.

La creación del Parlamento Centroamericano, sin Costa Rica, pero con la participación de República Dominicana, tuvo como objetivo principal actuar como un órgano de representación política y democrática del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), era como perseguir el sueño de la integración del área con objetivos claros que generaran y sustentaran políticas de estabilidad, unidad y desarrollo para los países que integraban el parlamento.

En las entrañas del PARLACEN, de forma ideal, se discutirían a fondo temas políticos, económicos, culturales, sociales y de seguridad dela región con la finalidad de fortalecer los procesos democráticos, promover la paz y generar mejores condiciones de los habitantes centroamericanos de manera sostenible.

Nadie habló nunca de fortaleza u obligación vinculante de los países miembros. Las discusiones de los diputados del PARLACEN son desconocidas, triviales o de poco o nulo efecto sobre las políticas nacionales de los países que lo integran. A veces sus acuerdos o resoluciones no llegan tan siquiera a recomendaciones. Da la sensación que aran sobre el mar.

Desde un principio el PARLACEN no aportó mucho o casi nada a sus países miembros. En El Salvador se tomó por costumbre que los partidos políticos decidieran candidatear a los cargos de diputados al Parlamento a políticos de no muy buena notoriedad, popularmente hasta fue conocido como el “cementerio de los políticos”, para colmo se convirtió en una especie de protector de corruptos y morada de expresidentes y ex vicepresidentes que apenas dejaban el cargo en sus respectivos países se refugiaban en dicha entidad.

Un diputado del PARLACEN recibe al mes aproximadamente $7,500, más fuero y otros beneficios de primer nivel, por hacer nada de beneficio notorio. En la actualidad, verbigracia, ni siquiera ha habido un pronunciamiento colegiado de interés centroamericano contra la política de deportación que ejecuta la administración de Donald Trump.

Pese a la existencia del PARLACEN, considerado por muchos como un “elefante blanco” que devora millones de dólares en burocracia pura, siguen las “trabas” administrativas en las fronteras, no hay unificación de esfuerzos regionales, ni criterios que se encaminen al unionismo de los pueblos. En términos coloquiales este PARLACEN tiene más observadores que una final del mundial de fútbol y hasta Rusia está en la lista.

Desconozco si en el resto de países el PARLACEN les ha generado beneficios a sus poblaciones, pero en El Salvador no se palpan o pasan desapercibidos.  El país aporta alrededor de 2 millones de dólares anuales a dicho ente, más los gastos en que se incurren para la elección interna de cada país. Es una millonada de dinero que se despilfarra en un ente que no nos genera beneficios.

Costa Rica no es miembro del PARLACEN y es el país con más desarrollo en Centroamérica, lo que refleja que las buenas intenciones que en un principio se tuvo con la creación de este ente, fue letra muerta o frases que nadie quiso entender, mucho menos aplicar de manera correcta. Podemos decir que el PARLACEN fue una buena intención que nunca dio resultados, al menos para El Salvador.

La semana pasada el Asamblea Legislativa, de manera expedita, reformó la Constitución para excluir a El Salvador del PARLACEN al considerar que no le acarrea ningún tipo de beneficios reales a la población salvadoreña. Para aprobar la exclusión, con dispensa de trámite, los diputados oficialistas reformaron los artículos 80 y 133 de la Constitución. El primero se refería a que los diputados del PARLACEN son electos popularmente y el segundo a que tienen iniciativa de ley. Asimismo, los diputados también justificaron la exclusión en el hecho que dicho ente da inmunidad a políticos vinculados a casos de corrupción. Esto último es muy cierto y muchos han encontrado en el Parlamento Centroamericano su modo de vida y su resguardo legal. Algunos o la mayoría de diputados salvadoreños que nos representan en el PARLACEN ni siquiera son conocidos porque literalmente fueron candidateados en calidad de “rellenos” y me imagino que en el resto de países centroamericanos y República Dominicana ocurre algo similar.

Personalmente creo que la mayoría de salvadoreños consideramos al PARLACEN como un ente improductivo, protector de políticos sin probidad notable y con objetivos distorsionados que obedecen a partidos políticos y no a intereses unionistas. Sin embargo, pienso que faltó debate y fundamentación. Se debió legitimar de mejor forma la decisión, el tema debió exponerse en la palestra de la discusión nacional y el resultado muy probablemente hubiese sido el mismo; es  decir, el desconocimiento de los diputados del PARLACEN y del organismo en sí.

*Jaime Ulises Marinero es periodista

Un día como hoy, hace ochenta años, la humanidad fue testigo de uno de los acontecimientos más estremecedores de la historia moderna. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana hora de Hiroshima, el bombardero estadounidense B-29 Enola Gay lanzó sobre la ciudad japonesa una bomba de uranio conocida como Little Boy. En cuestión de segundos, el artefacto arrasó todo en un radio de tres kilómetros, provocando la muerte instantánea de unas 145,000 personas y dejando otras 50,000 víctimas fatales en los días siguientes, producto de la exposición a la radiación. Tres días más tarde, Fat Man, una bomba de plutonio, destruyó Nagasaki y cobró otras 70,000 vidas. En medio del horror, Japón firmó su rendición, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la era nuclear.

Detrás de este hito militar se encuentra uno de los esfuerzos científicos más colosales de la historia: el Proyecto Manhattan. Una constelación de científicos de renombre internacional participó directa o indirectamente en su desarrollo. Las bases teóricas, sentadas por Albert Einstein con su teoría de la relatividad especial, fueron solo el comienzo. A lo largo de las décadas previas, la física nuclear había avanzado rápidamente: Ernest Rutherford propuso el modelo nuclear del átomo; James Chadwick descubrió el neutrón; Enrico Fermi exploró la capacidad de los neutrones térmicos para inducir reacciones nucleares; y el trío compuesto por Lise Meitner, Otto Hahn y Fritz Strassmann logró la primera fisión del átomo de uranio.

En Estados Unidos, científicos como Harold Urey, Ernest Lawrence, Edward Teller, Niels Bohr y John von Neumann se unieron al proyecto. Al frente del esfuerzo estuvo el general Leslie R. Groves, quien designó como director científico al brillante y carismático J. Robert Oppenheimer, figura clave en el desarrollo de la bomba.

Desde el punto de vista científico, la bomba atómica puede considerarse un prodigio del ingenio humano: un salto cualitativo en la comprensión y manipulación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Sin embargo, desde una perspectiva ética, es difícil no considerarla una monstruosidad: un instrumento de destrucción masiva que convirtió el conocimiento en tragedia y muerte.

Este contraste plantea preguntas que siguen siendo profundamente actuales: ¿puede el avance de la ciencia representar un retroceso en términos de humanidad? ¿Debe la ciencia imponerse límites éticos? ¿Puede el propio método científico valorar moralmente los fines a los que se orienta?

Estas no son cuestiones meramente históricas. En pleno siglo XXI, el desarrollo tecnológico militar continúa por caminos igualmente inquietantes. Drones autónomos, enjambres robotizados, misiles hipersónicos imposibles de interceptar, vehículos no tripulados con capacidad ofensiva, e incluso sistemas de defensa aérea como el Iron Beam en israelí, basado en láseres de alta potencia, evidencian una tendencia hacia la automatización, la velocidad extrema y la precisión quirúrgica en el arte de la guerra. El problema no es únicamente técnico: es, sobre todo, ético.

Y este dilema no se limita al ámbito bélico. También lo encontramos en áreas como la inteligencia artificial, la edición genética y biotecnológica, la medicina personalizada, la eutanasia eugenésica, el cambio climático y las propuestas de geoingeniería. A esto se suman las fake news y la manipulación mediante tecnologías como los deepfakes, capaces de suplantar la voz, la imagen o los gestos de una persona para hacerla decir lo que nunca dijo.

Cada nuevo avance reaviva el dilema del poder sin control, de la ciencia sin conciencia. Nos enfrentamos a desafíos que ya no pueden abordarse únicamente desde la ingeniería o la física, sino que exigen una reflexión profunda sobre el sentido del conocimiento mismo. Aquí es donde la filosofía, y más concretamente la metafísica y la ética, adquieren un papel imprescindible.

Debemos preguntarnos por el modo en que establecemos contacto con la realidad, por los fundamentos últimos de nuestros métodos, y por los principios éticos que deben guiar nuestras decisiones. Es en estos momentos de crisis —cuando se tambalean teorías aceptadas, cuando emergen nuevas disciplinas o cuando el poder del conocimiento amenaza con volverse contra nosotros— que se hace imprescindible un pensamiento que vaya más allá de los datos y las fórmulas.

Ochenta años después de Hiroshima y Nagasaki, seguimos enfrentando el mismo interrogante fundamental: ¿qué clase de humanidad queremos construir con la ciencia que desarrollamos?

* El padre Fernando Armas Faris es sacerdote católico