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Despidos masivos, granjas paralizadas y obras detenidas son algunas de las secuelas que empieza a dejar la política antiinmigrante del presidente Donald Trump, cuyas redadas y amenazas federales están vaciando sectores clave como la agricultura, la construcción, el turismo y la industria alimentaria, según denuncian empresarios y activistas.

Los expertos advierten además de que se está aprovechando el miedo para despedir sin compensación a trabajadores con décadas de experiencia y que estas políticas podrían frenar el crecimiento económico del país.

«ICE no sabe como opera una granja»

Esta crisis laboral se siente en las granjas, tambos lecheros, plantas empacadoras de carne y en general en las industrias de alimentos, construcción y turismo.

«Para mí está claro que quienes están empujando estas redadas en campos y tambos no tienen idea de cómo opera una granja», dijo a EFE Matt Teagarden, director ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de Kansas.

«Perdiendo más de la mitad de la fuerza de trabajo en horas, no hay manera de operar un negocio», se lamentó.

El miedo hace que incluso trabajadores con permisos de estadía y empleo se escondan porque tienen familiares indocumentados, coincidieron los empresarios.

Jim Tobin, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, advirtió que empresas de construcción en todo el país reportan ausencias de sus equipos, lo que retrasa obras y eleva costos.

Aunque el Gobierno Trump afirma que va solo por los indocumentados, que son el 4% de la fuerza laboral estadounidense, sus medidas apuntan a inmigrantes legales como estudiantes con visas, refugiados, y beneficiarios de permisos de trabajo temporales y otras protecciones.

«Importamos trabajadores o importamos alimentos»

Los empresarios advierten de que con menor producción habrá más inflación.

«Tenemos una opción aquí: o usamos trabajadores importados o importamos los alimentos. Necesitamos una reforma (migratoria) significativa para resolver los problemas con nuestra fuerza laboral», reclamó Teagarden.

En Elgin (Illinois), según activistas, una fábrica despidió a 300 personas, tras una llamada de ICE.

«Es una situación terrible, se aprovechan del miedo a Trump para despedir a padres y madres que tienen más de 20 años de antigüedad y experiencia en las plantas», dijo a EFE el activista Cristóbal Cavazos, del Immigrant Solidarity y Centro de Trabajadores Casa DuPage.

En su opinión, los ataques del gobierno a trabajadores que fueron considerados esenciales durante la pandemia de la covid 19, «muestra lo que está mal en el país», es una «verdadera arma de destrucción masiva», afirmó.

«Si crecen los trabajadores, crece la economía»

La incertidumbre también contribuye a una «desaceleración económica», dijo Stuart Anderson, del centro National Foundation for American Policy. «Si se quiere tener una economía en crecimiento, se necesita una fuerza laboral en crecimiento», afirmó.

Un estudio reciente del Banco de la Reserva Federal de Dallas advirtió de que estas restricciones migratorias reducirán el crecimiento económico de EE.UU. en casi un punto porcentual este año.

Los economistas esperan que el crecimiento se enfríe a un ritmo del 1. % en 2025, frente a casi el 3 % registrado en cada uno de los dos años anteriores.

En 2022, casi el 14 % de los empleados en la construcción eran indocumentadas, frente al 15 % en el sector agrícola y el 7.6 % en el hotelero, según el American Immigration Council.

«Si ellos no se presentan a trabajar, la producción de esas industrias cae significativamente y vemos daños reales en esos sectores industriales», dijo Robert Bruno, profesor y director del programa de educación laboral de la Universidad de Illinois.

«Se pierde mucho ingreso, mucho PIB, y hay efectos en cadena por la ausencia de estos trabajadores en sus puestos», agregó.

Una escasez similar en la década de 1940 en Estados Unidos llevó al Programa Bracero, un acuerdo entre México y EE.UU. que permitió a millones de mexicanos trabajar legalmente mediante contratos laborales temporales.

Despidos en grandes corporaciones

Los recortes laborales de inmigrantes experimentados, legales e indocumentados, en grandes corporaciones como Disney, Walmart, Amazon y Nestlé por presión de las autoridades federales, también comienzan a impactar la economía, mientras las empresas enfrentan crecientes dificultades para encontrar reemplazos.

Disney comenzó en mayo a despedir a empleados con estatus legal temporal, y le siguieron Walmart y Amazon.

En Illinois, suburbios como Bensenville, Elgin y Schambourg, cerca de Chicago, son habitados por personas sin estatus legal, que siempre fueron contratadas por grandes empresas como Nestlé sin temor a la aplicación de las leyes laborales federales.

Sin embargo, la multinacional suiza despidió recientemente a más de 600 empleados bajo órdenes federales de deshacerse de aquellos indocumentados, lo que dejó en la calle, y sin ninguna compensación, a gente que durante muchos años tuvo trabajo estable.

Alligator Alcatraz cumple un mes de funcionamiento en Florida, con unos 600 migrantes deportados desde ahí, mientras el Gobierno estatal presume de como un «hub» para deportaciones y un modelo para los próximos centros de detención de la Administración de Donald Trump, pese a denuncias de opacidad y abusos.

El centro de detención se construyó en solo una semana en un aeropuerto antes abandonado entre los Everglades, zona natural al oeste de Miami rodeada de caimanes y pantanos, por lo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo ve como ejemplo para otros centros mientras activistas lo consideran ícono de violaciones a derechos.

«Este campo de detención de los Everglades es un ejemplo atroz de la sobreactuación del Gobierno ahora donde están buscando, mediante sus excesos, construir estos campos de detención en expansión», dijo a EFE Jeff Migliozzi, director de comunicaciones de Freedom For Immigrants, que lucha contra las prisiones migratorias.

Los vuelos operados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) que comenzaron hace dos semanas han deportado a 600 migrantes desde Alligator Alcatraz, según estimó DeSantis el viernes, y grupos como la Florida Immigrant Coalition (FLIC) contabilizaron la detención de al menos 1,000 migrantes desde su apertura, el 3 de julio.

Legisladores demócratas informaron de la existencia de 750 migrantes «en jaulas» tras entrar el 12 de julio al sitio, con una capacidad actual para 2,000 personas que se elevaría a 4,000, de acuerdo con la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), encargada del lugar.

Pero existe una «falta de transparencia» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pues sus estadísticas no muestran la cifra oficial de detenidos, aseguró a EFE la profesora Susan B. Long, cofundadora del proyecto TRAC, que analiza los datos de detenciones migratorias en Estados Unidos.

«Estaban reteniendo a personas en Alligator Alcatraz en Florida y no estaba listado (en las estadísticas de ICE) y existen todos estos reportes de la prensa sobre cómo están manteniendo a personas ahí», expuso en una entrevista.

Nuevo «hub» migratorio

El gobernador de Florida resaltó que el lugar es ahora un «hub», pues el DHS puede deportar de manera directa a los migrantes desde la antigua pista o, si son «de seis o siete países diferentes», los trasladan a otros estados, como Luisiana, donde los «segregan con base en su país» para colocarlos en otros vuelos.

También aseveró que es un modelo mientras avanza la inyección económica para ICE.

Esta agencia federal recibirá $45,000 millones hacia 2029 para construir centros de detención, un 62 % más que todo el sistema federal de prisiones y que resultaría en la detención diaria de 116,000 personas, según un análisis del American Immigration Council (AIC).

«Florida ha sido líder en esto y sé que la Casa Blanca ha llamado a otros estados a imitar lo que Florida está haciendo», expresó el mandatario estatal en una conferencia la semana pasada.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó desde el 14 de julio que la Administración conversa con cinco estados gobernados por republicanos para «replicar» el modelo de Florida.

De hecho, Florida alegó «una emergencia» para construir el sitio, estimado en 450 millones de dólares, y la semana pasada la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA) anunció $608 millones a gobiernos estatales y locales para construir o ampliar centros de detención para migrantes.

Activistas no se rinden

En este panorama, jueces pidieron información sobre Alligator Alcatraz mientras avanzan dos demandas distintas contra el sitio, una de defensores migratorios liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y otra de los ambientalistas Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity.

Ambas argumentan que las autoridades no aclaran quién es el principal responsable del lugar, por lo que el Gobierno federal y el de Florida evaden sus competencias ambientales y del trato a los migrantes al excusarse en que no tienen jurisdicción, según alegan.

«Esta es una situación sin precedentes en la que cientos de detenidos están incomunicados, sin habilidad para acceder a las cortes, bajo una autoridad que nunca se ha explicado y que podría no existir», señala la demanda de ACLU, acompañada por la agrupación Americans for Immigrant Justice.

El presidente israelí, Isaac Herzog, acusó este lunes a las Naciones Unidas de retrasar la entrega de la ayuda humanitaria que, según aseguró, Israel está permitiendo entrar en Gaza y denunció que el grupo islamista palestino Hamás está realizando alegaciones falsas con respecto a la situación humanitaria en el enclave.

Durante una visita a la Vilna, Herzog afirmó que Israel está llevando a cabo «enormes esfuerzos» en el ámbito humanitario y para cumplir el derecho internacional, y aseguró que tan solo esta semana entraron en la Franja 23,000 toneladas de ayuda humanitaria por vía terrestre.

«Hay cientos de camiones que todavía están esperando a la distribución y Naciones Unidas no está avanzando con la distribución», aseveró, tras reunirse con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, que en una rueda de prensa criticó que «la hambruna no puede usarse como una herramienta de lucha política o militar».

El presidente lituano señaló que el país báltico apoya «el derecho a la autodefensa de Israel en consonancia con el derecho internacional».

Sin embargo, al mismo tiempo enfatizó que «la protección de los civiles y del personal humanitario», así como la disponibilidad de infraestructuras y recursos esenciales «no es negociable».

«Instamos al Gobierno de Israel a adoptar medidas urgentes para resolver la crisis humanitaria garantizando un suministro y distribución de ayuda humanitaria a los civiles en Gaza, en particular a mujeres y niños», dijo Nauseda.

Por su parte, Herzog denunció que Hamás está lanzando «acusaciones falsas» a la par que ignora su propia responsabilidad en el sufrimiento de la población de Gaza.

El presidente israelí, de raíces lituanas, mostró también una foto de uno de los rehenes en manos de Hamás, Evyatar David, que también cuenta con orígenes en ese mismo país báltico.

«Miren el brazo del secuestrador, que es gordo y grueso y carnoso y miren el cuerpo esquelético y flaco del rehén. Su vida está en grave peligro», dijo, señalando la imagen.

Los dos presidentes aludieron además a la comunidad judía en Lituania, que fue diezmada en el Holocausto durante la ocupación nazi del país báltico entre 1941 y 1945.

Herzog anunció que visitaría un bosque en el que fueron ejecutados judíos durante el Holocausto y habló del «eterno imperativo moral de no olvidar nunca y de no cruzarse nunca de brazos ante el antisemitismo y el odio».