Un juez federal de los Estados Unidos suspendió este martes la terminación de las autorizaciones de empleo para migrantes que viven en los Estados Unidos bajo programas de Estatus de Protección Temporal (TPS).
El tribunal concluyó que las consecuencias para los demandantes “son potencialmente graves” ya que “muchos titulares de TPS perderían la autorización para trabajar”.
La resolución también suspendió el rechazo de solicitudes de asilo o de la terminación de sus permisos de trabajo por falta de pago de una cuota anual a los solicitantes. En este caso, el tribunal argumentó que los solicitantes de asilo se enfrentan a procedimientos de expulsión por el impago de esa cuota establecida en abril de 2026.
“Quedan suspendidas: la aplicación retroactiva de las fechas de expiración de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD), el rechazo de solicitudes de asilo por no pagar la cuota anual de solicitud de asilo, la terminación de autorizaciones de empleo por no pagar dicha cuota, el inicio de procedimientos de expulsión por no pagar dicha cuota”, indica la resolución, firmada por el juez del tribunal de distrito Nathaniel M. Gorton.
La resolución es una medida de emergencia emitida dentro una demanda presentada por varias organizaciones en contra d políticas específicas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) de los Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado de Democracy Forward, la resolución se emite un día antes de que “miles de personas beneficiarias del TPS enfrenten la pérdida inminente de su autorización de empleo” por la USCIS en cumplimiento con la “One big beautiful bill act”. Mañana martes 22 de julio se vence la renovación automática de los EAD aprobada en la última prórroga, lo que afectaría a quienes no hayan renovado sus EAD.
La demanda fue presentada por la Asociación Venezolana de Massachusetts, la Alianza Nacional de TPS, el Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo (ASAP), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) y 32BJ SEIU; los demandantes están representados por Democracy Forward, la National Day Laborer Organizing Network y ASAP.
La coalición de organizaciones aseveró que la decisión judicial “protege a miles de solicitantes de asilo y personas beneficiarias del TPS de un daño inmediato e irreparable mientras este caso sigue su curso”.
La demanda, que se resolverá “a más tardar el 5 de agosto de 2026”, evalúa la legalidad de acciones de la USCIS contenidas en el aviso del Registro Federal del 22 de julio de 2025 y la actualización de marzo de 2026 de la USCIS en la que aplicó retroactivamente nuevas fechas de vencimientos a determinados permisos de trabajo.
En dicha actualización, del 22 de julio, el USCIS publicó en el Registro Federal una regla de inmigración que limitó el periodo de autorización de empleo de los beneficiarios de TPS “a un año o al periodo restante de la designación de TPS, lo que sea menor”.
La demanda explica que, tras el anuncio, muchos beneficiarios del TPS perdería su autorización laboral desde el 22 de julio de 2026.
Así mismo, en el proceso se impugna la cuota de asilo anual, cuyo impago durante 30 días a la notificación conlleva al rechazo a la solicitud de asilo, consiguiente denegación de autorización de empleo y consiguiente deportación.
