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  • El periodismo valiente y las democracias agonizantes

    El periodismo valiente y las democracias agonizantes

    Refiriéndose a su compatriota, el sacerdote y literato Benito Feijóo, don Marcelino Menéndez y Pelayo, el más influyente académico español de su tiempo, escribió con sorna que no quería “hacerle la afrenta de llamarle periodista, aunque algo tiene de eso en sus peores momentos”.

    Curioso resulta el dato por dos razones: primero, porque grafica cuánta animadversión causaba, entre los intelectuales ibéricos de principios del siglo XX, el oficio periodístico —considerado por muchos de ellos como la devaluación de la literatura—, y en segundo lugar, porque Menéndez y Pelayo siempre gozó, mientras tuvo vida, de lo que hoy llamaríamos “buena prensa”.

    Lejos estaba don Marcelino de imaginar que el periodismo se convertiría, a fuerza de demostrarlo, ya no solo en un poder social ineludible, capaz de cincelar la cultura, sino en espacio primordial para decidir el fortalecimiento y hasta la permanencia de las democracias en el mundo moderno.

    El valor de la opinión, así como el de los vehículos que la transmiten, es incuestionable. En su inmortal obra de 1859, Sobre la libertad, John Stuart Mill aporta el argumento liberal clásico sobre el tema: “Si se silenciara una opinión, esa opinión, hasta donde tenemos conocimiento, pudiera encerrar la verdad. Negarla es suponer nuestra propia infalibilidad. En segundo lugar, aun cuando la opinión silenciada fuese errónea, bien pudiera contener —y de hecho frecuentemente contiene— parte de la verdad; y por cuanto la opinión general o dominante sobre algún tema es rara vez toda la verdad, es únicamente en el libre choque de ideas opuestas que nace la oportunidad de alcanzar el resto de la verdad”.

    El periodismo en esta época sigue enfrentando enemigos poderosos, desde los que llenan cárceles con informadores críticos hasta aquellos que silencian las opiniones con métodos más sofisticados

    De ahí la importancia de la libertad de expresión y sus garantías, así como de la lucha que deben librar los pueblos por conservarla. El periodismo en esta época sigue enfrentando enemigos poderosos, desde los que llenan cárceles con informadores críticos hasta aquellos que silencian las opiniones con métodos más sofisticados, como el recurso a la intimidación digital o el pago a diseminadores de noticias falsas.

    El Nobel de Literatura de 1989, Camilo José Cela, sin hacer concesiones gratuitas, decantó su ingenio hacia una mayor comprensión del oficio periodístico, augurando éxitos al comunicador que aspirara “al entendimiento intelectual y no al presentimiento visceral de los sucesos y las situaciones”, en una permanente (y sana) revisión de su actitud personal frente a la realidad. Tomando en cuenta la variedad de circunstancias que complejizan la relación entre el profesional de la noticia y el movedizo terreno de los hechos, la reflexión es oportuna.

    Por supuesto, difieren las formas en que un medio de comunicación, ejerciendo su libertad, responde a la obligación de informar con veracidad. Lo que tendría que ser uniforme es el esfuerzo —no solo constante, sino creciente— de conquistar esa cuota mínima de conciencia y responsabilidad que idealmente debería estar detrás de toda búsqueda honesta de la verdad. Es ahí, en ese pequeño hueco, donde se ganan o se pierden credibilidades.

    Volviendo a citar el Dodecálogo de Cela, ahí se establece: “El respeto a la verdad, el sencillo e inmediato homenaje que día a día ha de prestarse a la verdad, debe guiar los pasos del periodista que aspire a representar su papel con dignidad, grandeza y eficacia…”. Y efectivamente, al ámbito de la conciencia editorial pertenece el deber de preguntarse, en medio del ajetreo diario, qué criterios definen lo que se considera de interés público y cómo se aplicarán estos criterios en la articulación de la noticia. Y allí, como en casi todo, las propuestas son tan múltiples como los pensamientos, las experiencias y hasta los prejuicios.

    El problema, muchas veces, no estriba en definir qué verdad se dice, sino de cuánta verdad se prescinde. Provoca desconfianza, por ejemplo, la actitud del que yo llamo “periodista mosca”, ese tipo de merodeador de la noticia que va a la realidad con la misma avidez de las moscas en los jardines: buscando única y exclusivamente los desperdicios. Este instinto coprófago no se limita a “nutrirse” de la podredumbre, sino que la presenta como lo más emblemático del contorno. Lo cuestionable aquí no es que se quiera hablar de la porquería que pueda haber en un jardín, sino la pretensión de convertir esa porquería ¡en todo el jardín!

    En casos muy polémicos, exponer parcialmente la verdad puede ser tan poco ético como no exponerla. Dependiendo de los alcances que tenga su nota, un periodista profesional sabe que el contexto es un deber ineludible

    En casos muy polémicos, exponer parcialmente la verdad puede ser tan poco ético como no exponerla. Dependiendo de los alcances que tenga su nota, un periodista profesional sabe que el contexto es un deber ineludible. Y contextualizar significa ofrecer al público la perspectiva real del jardín que se tiene ante los ojos, presentando sin exageración las distancias que median entre las rosas fragantes y los excrementos.

    Hubert Beuve-Méry, fundador del diario Le Monde, dijo una vez: “En periodismo la objetividad no existe; la honestidad, sí”. Lamentablemente, antes que para descubrir la verdad y exponerla, algunos ejercen su labor para justificar teorías propias. A cambio de su atención o preferencia, sin embargo, lo que el público demanda es integridad profesional, y eso es lo mínimo que un periodista puede y debe ofrecerle.

    Si buceamos en las complejidades de la naturaleza humana, a nadie debe extrañar que la libertad de expresión sea una de las más vulnerables conquistas de la civilización moderna. Pese a esa fragilidad, sin embargo, debe insistirse en que el periodismo honesto, ejercido con valentía, bien puede ser el último reducto de las democracias agonizantes.

  • Altas temperaturas favorecerían la propagación de plagas en cultivos en El Salvador, según Fews Net

    Altas temperaturas favorecerían la propagación de plagas en cultivos en El Salvador, según Fews Net

    Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas pueden favorecer a la propagación de plagas en cultivos en El Salvador y el resto de Centroamérica, según la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra el Hambre (Fews Net).

    En un documento, publicado este 30 julio, Fews Net explicó que la reducción de agua en los suelos provocó un estrés en la zona de cultivos facilitando el aparecimiento de enfermedades.

    “Estas condiciones han afectado los costos de producción de los agricultores y podrían impactar negativamente los rendimientos en las áreas de subsistencia en Centroamérica y en el oriente de Sudamérica”, planteó el programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

    Aunque la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) descartó daños debido a la canícula -que inició el 15 de julio y que se prevé se mantenga durante los primeros 10 días de agosto-, reconocieron este mes que la situación siempre facilita el aparecimiento de plagas.

    Hasta la semana pasada, Campo no recibió reportes relacionados con la presencia de enfermedades en las milpas, pero externó su preocupación por lo que pueda ocurrir a partir de agosto, cuando las lluvias tienden a recrudecer.

    El informe de la red analizó la situación de toda la región y brindó una postura general relacionada con el estrés hídrico que se provocó el mes anterior.

    Sin embargo, destacó que por sí misma la disminución de las lluvias no provocó un impacto directo en los cultivos en El Salvador, porque la siembra se realizó de forma “normal”.

    A nivel regional, el programa de USAID puntualizó en la reducción de las precipitaciones en el norte de Centroamérica, así como en el oriente de Venezuela y Colombia durante las últimas semanas.

    Según Fews Net, el déficit más importante de las precipitaciones las registró Guatemala donde se han generado retrasos de hasta 20 días en la siembra de cultivos, así como la zona del golfo de Fonseca, un área en la que se observa una reducción “progresiva” de los acumulados de lluvia.

    Previsiones

    Durante las primeras semanas de agosto se prevé que las disminución de las lluvias continúen afectando a Centroamérica, especialmente a la zona del corredor seco.

    La red planteó que las altas temperaturas facilitarán la presencia de plagas y enfermedades en los cultivos.

    La región también podría experimentar problemas de estrés hídrico, principalmente en los cultivos que no cuentan con sistemas de riego.

    Fews Net advirtió de una reducción de lluvias en la mayor parte de la región y aseguró que Colombia y Venezuela no esperan condiciones adversas para el desarrollo de los cultivos debido a esta situación.

  • Solo 4,468 salvadoreños con TPS aprobado de más de 117,600 solicitudes hasta marzo según USCIS

    Solo 4,468 salvadoreños con TPS aprobado de más de 117,600 solicitudes hasta marzo según USCIS

    Un total de 4,468 solicitudes de salvadoreños para mantener su Estatus de Protección Temporal (TPS) habían sido aceptadas desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025, según la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).

    El reporte estadístico de la USCIS indica que aprobaron 3,753 solicitudes de TPS a salvadoreños durante el primer trimestre del año fiscal estadounidense y 715 en el segundo trimestre del mismo, totalizando 4,468.

    La USCIS aún no informa cuántas solicitudes de TPS interpuestas por salvadoreños aprobó durante el trimestre de abril a junio de 2025.

    Hasta marzo, tenía pendientes 117,693 solicitudes de salvadoreños y registró 1,123 denegadas durante el semestre analizado.

    El reporte incluye un total de 808,124 solicitudes de TPS pendientes de migrantes de diferentes nacionalidades que han llenado el formulario I-821 de solicitud de TPS que incluye 17 países de los cuales aún se mantienen Venezuela, Haití, Honduras y Nicaragua para los cuales la administración Trump ha cancelado el programa.

    De enero a marzo, la USCIS recibió 116,233 solicitudes de salvadoreños, una cifra superada solo por los formularios presentados por ucranianos y venezolanos.

    Alianza Las Américas señaló “retrasos críticos en renovaciones de TPS” y divulgó este miércoles una guía popular para “empoderar” a los salvadoreños beneficiarios del TPS.

    El TPS para El Salvador fue extendido por 18 meses más el 10 de enero de 2025 durante la gestión de Biden, decisión que no ha sido modificada por la administración de Trump, quien aseveró que darían “un vistazo” al beneficio para los salvadoreños.

    El periodo de reinscripción para enviar los formularios I-821 de renovación del TPS y el I-765 de solicitud de nueva autorización de empleo con fecha de expiración 9 de septiembre de 2026, inició e l17 de enero de 2025 y finalizó el 18 de marzo de 2025.

  • Ya hay inversionistas interesados en aplicar a Ley de Bancos de Inversión: Minec

    Ya hay inversionistas interesados en aplicar a Ley de Bancos de Inversión: Minec

    La asesora del Ministerio de Economía (Minec), Martha Solís, aseveró que ya hay inversionistas interesados en acogerse a las regulaciones de la nueva Ley de Bancos de Inversión que sería aprobada por la Asamblea Legislativa este jueves.

    Los bancos de inversión en El Salvador deberán tener un capital social mínimo «equivalente a 50 millones de dólares de los Estados Unidos de América» pagado al momento de su constitución y únicamente podrá realizar operaciones pasivas o activas, de préstamos o de inversión, con «inversionistas sofisticados«.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, le preguntó a Solís si existen prospectos de bancos de inversión para El Salvador.

    “Sí, la verdad es que hay inversionistas interesados, no podemos dar muchos detalles en el caso de las pláticas que se han tenido con el ramo porque hay mucha información que es confidencial”, respondió.

    La representante del Minec, que brindó una explicación de la normativa antes de la aprobación del dictamen, respondió que “el gobierno está trabajando de manera coordinada” y que “la intención es que este proyecto se dé reglas claras”.

    Indicó que “el vacío” que existe actualmente en la regulación consiste en que “hasta este momento la ley vigente regula una banca comercial, muy diferente a la banca de inversión”.

    La Asamblea Legislativa aprobará posiblemente este jueves la Ley de Bancos de Inversión, que regulará a instituciones financieras que atenderán únicamente a inversionistas sofisticados.

    Los inversionistas sofisticados, según la representante del Ministerio de Economía, deben tener dinero o activo de libre disponibilidad, libres de gravámenes, o de fácil liquidación, que pueden ser bienes o recursos que pueden ser usados sin restricciones legales, “tales como, puede ser no necesariamente es el único, puede ser el bitcoin, monedas estables, bonos del tesoro, oro, oro tokenizado”. Son “transacciones que pueden ser muy innovadoras a la banca comercial”, consideró.

    Los bancos de operación podrán realizar operaciones en moneda de curso legal o extranjera, como abrir y mantener cuentas, captar fondos, contratar créditos, mantener activos y pasivos en monedas extranjeras, otorgar todo tipo de financiamiento; pero también podrán comprar activos de fácil liquidación –bienes que pueden ser usados inmediatamente libres de gravámenes como bitcoin, monedas estables, bonos del tesoro, oro, bonos u oro tokenizados–, financiamiento e inversiones en bitcoin o monedas estables, así como operaciones de inversión en bitcoin o activos digitales.

    La ley también permitirá que, para los servicios de bitcoin o activos digitales, sean contratados terceros que estarán sujetos a la “misma regulación y supervisión en lo aplicable que el banco, siendo este último el responsable en última instancia de la integridad, disponibilidad y confiabilidad del servicio prestado y brindar cualquier información que pueda solicitar la Superintendencia así como de responder ante cualquier daño o perjuicio que dicha prestación de servicio pueda producir a sus clientes”.

  • Familiares de víctima y testigo protegido declaran en segundo día de juicio de caso Santa Marta

    Familiares de víctima y testigo protegido declaran en segundo día de juicio de caso Santa Marta

    En el segundo día de juicio en el caso Santa Marta, por el presunto asesinato de una mujer identificada como María Inés Leiva Alvarenga en 1989, dos de sus hijos y un testigo protegido comparecieron ante el Juzgado de Sentencia de San Vicente para declarar sobre los hechos ocurridos en los días de su captura y muerte.

    Los hijos identificados como Sandra Luz y Abel Antonio Leiva Alvarenga testificaron que el 22 de agosto de 1989, María Inés fue sacada de su vivienda alrededor de las 9:00 la noche, luego que se negara a asistir a una reunión convocada por la guerrilla ubicada en el cantón Santa Marta, en Cabañas.

    Según su relato, presenciaron cuando un hombre identificado como Victor González Rodríguez, ya fallecido, tocó la puerta de la casa y acompañado de Miguel Ángel Pichinte y Arturo Serrano (imputado) sacaron de la casa a su madre, siendo golpeada y llevada a otro lugar.

    «La han sacado a puros golpes y se la llevaron golpeada con los fusiles. Mi mamá gritaba y decia: ‘no me golpeen’ y más la golpeaban», dijo Abel Antonio.

    Sus hijos señalaron que dichas acciones fueron porque su madre fue acusada por la guerrilla de la zona de ser supuestamente informante del Ejército nacional, motivo por el cual, fue llevada a un campamento, donde fue vista por última vez.

    Sandra Luz afirmó que, junto a su abuelo y su tío, siguieron a los captores y logró ver a su madre atada y vendada. Sin embargo, fueron amenazados por los presuntos responsables y obligados a retirarse.

    Quince días después, durante un «mitín» (concentración) realizada por la guerrilla en la plaza de la comunidad, los combatientes informaron que no entregarían a María Inés porque le habían quebrado «las patas» (las piernas), siendo asesinada.

    Ambos hijos manifestaron que cuando sucedieron los hechos tenían 9 y 13 años de edad.

    «Pido que se haga justicia porque no ha sido fácil quedar chiquitos. Nos hizo falta el amor de madre y yo lo que pido es justicia, que paguen porque fueron ellos».
    Sandra Leiva, hija de víctima.

    La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio de asesinar María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

    Testigo protegido

    Posteriormente, se procedió con la declaración de un testigo con régimen de protección con clave «Soriano», quien dijo que la guerilla acusó a María Inés de ser informante del Ejército y fue llevada a un campamento en la Hacienda El Guayabal,  paso 15 días donde fue torturada.

    «Ella no decía nada. Le daban patadas en los pies y pasó 15 interrogándola «Chico» Montes para sacarle la verdad», dijo el testigo.

    Posterior a ello, un combatiente conocido como «Joelito» asesinó a la mujer por orden del comandante segundo al mando, identificado como Chico Montes.

    El testigo dijo que la víctima murió por un disparo, sin embargo, manifestó que no vió el cadáver, sino que solo escuchó cuando sonó el disparo del arma.

    Resaltar que el testigo afirmó que los hechos fueron en septiembre de 1989, periodo que difiere con el señalado por la representación fiscal, en su acusación, al decir que el crimen ocurrió en agosto del referido año.

    El testigo protegido también declaró en el primer juicio celebrado en octubre de 2024, en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas.

    «Nuestro criterio es que hay contradicciones insalvables y continúa la vista pública con las pruebas de cargo».
    Pedro Cruz, abogado defensor.

    La defensa ofertó un documento que acredita que la víctima María Inés falleció el 22 de agosto de 1987, dos años antes de la acusación de Fiscalía.

    Testigo hóstil

    Otro de los puntos abordados en la diligencia del miércoles fue una información mencionada por la hija de la víctima, Sandra Leiva.

    Esta corresponde a que dos de sus hermanos menores, que ahora viven en Estados Unidos, recibieron mensajes de  audio de una persona de nombre Gladys Beltrán, en el cual ella decía saber la ubicación del cuerpo de su madre y que se las daría a cambio de una cantidad de dinero.

    Dicho dato fue proporcionado a un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC). Ante este nuevo hecho, la Fiscalía dijo que desconocía la información.

    Entre los testigos ofertados en el juicio estaba una mujer de mismo nombre (Gladys Beltrán). Ante ello, los jueces ordenaron por oficio tomar su declaración para esclarecer si se trataba de la misma mujer. Sin embargo, en su interrogatorio no se determinó si era o no la misma mujer.

    «El interrogatorio está a cargo de Fiscalía, de extraerle esa información al testigo y Físcalía nunca le preguntó de esos audios y la defensa también prescindió del testigo», agregó la abogada de la defensa, Carolina Herrador.

    El juicio seguirá este jueves con la declaración de testigos, entre ellos se espera que testifique el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, quien pertenecía a la guerrilla en el conflicto armado y quien ya atestiguó en el primer juicio.

    El juicio se desarrolla en ausencia de los procesados, quienes decidieron no presentarse, al asegurar que el proceso no tiene garantías procesales. El Tribunal los ha declarado rebeldes.

  • Sismos en Ahuachapán han causado daños en 264 viviendas, 144 graves

    Sismos en Ahuachapán han causado daños en 264 viviendas, 144 graves

    Al menos 264 viviendas han resultado dañadas en tres municipios del departamento de Ahuachapán, tras la fuerte actividad sísmica registrada desde la tarde del martes 29 de julio, cuando un sismo de magnitud 5.9 sacudió la zona norte de San Lorenzo, cerca de la frontera con Guatemala.

    “Se reportan 264 viviendas afectadas, de las cuales 120 presentan daños menores y 144 daños mayores”, informó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, durante una entrevista televisiva la noche del miércoles.

    El área más afectada, según el funcionario, es Ahuachapán Norte, con 191 viviendas dañadas en los distritos de Atiquizaya, San Lorenzo, El Refugio y Turín.

    En Ahuachapán Centro, que comprende los distritos de Ahuachapán, Apaneca, Concepción de Ataco y Tacuba, se reportan daños en 71 viviendas, mientras que en Ahuachapán Sur solo se han confirmado dos casos.

    “Algunas de estas viviendas han sido catalogadas como no habitables, y es en estos casos donde el Gobierno del presidente Bukele, a través de nuestra Dirección, trabaja para garantizar el bienestar de las personas afectadas”, expresó Amaya.

    Desde el inicio del enjambre sísmico a las 3:21 p. m. del martes, Protección Civil ha contabilizado 402 sismos, de los cuales 72 han sido percibidos por la población. La actividad sísmica ha sido provocada por la activación de una falla local, considerada por las autoridades como “una de las más activas en los últimos 20 años” dentro del territorio salvadoreño.

    Amaya reiteró el compromiso institucional de mantener atención permanente a las personas afectadas y exhortó a la población a informarse únicamente a través de fuentes oficiales. “Nuestra fuente oficial es la Dirección del Observatorio de Amenazas”, remarcó.

    Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, confirmó en conferencia de prensa que todos los sismos han sido localizados en San Lorenzo, Las Chinamas, Ahuachapán, y en Jalpatagua, Guatemala. Los movimientos de magnitud 5.9 y 5.6 registrados el martes habrían desencadenado el enjambre que aún continúa activo.

  • Panamá demanda contrato de concesión de puertos a empresa china por ser “leonino y abusivo”

    Panamá demanda contrato de concesión de puertos a empresa china por ser “leonino y abusivo”

    El contralor general de la República de Panamá, Anel Flores, anunció este miércoles la presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia contra el contrato de concesión otorgado a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison. Una de las demandas es por inconstitucionalidad y la otra por nulidad, específicamente contra la prórroga del acuerdo.

    “La Contraloría General de la República, salvaguardando los intereses del país, hizo presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia: una de inconstitucionalidad y otra por nulidad, referentes las dos al tema de los contratos con Panama Ports Company”, declaró Flores en conferencia de prensa.

    Según explicó, las acciones legales se sustentan en los resultados de una auditoría entregada el pasado 7 de abril, la cual reveló múltiples irregularidades y calificó el contrato como “leonino y abusivo contra los intereses del país”.

    La prórroga del contrato —firmada en 2021 sin seguir los trámites legales establecidos— es el foco de la demanda de nulidad.

    Desde 1997, Panama Ports administra los puertos de Balboa (en el Pacífico) y Cristóbal (en el Atlántico), dos de los principales terminales marítimos vinculados al Canal de Panamá.

    La concesión original fue por 25 años y se renovó automáticamente por otro período igual, en medio de denuncias por supuesta corrupción y condiciones desfavorables para el Estado, que posee apenas el 10 % de participación accionaria.

    Flores denunció además transacciones internacionales relacionadas con los activos de PPC sin incluir al Estado panameño. “Estamos muy claros que ahí están hablando de transacciones multimillonarias en diferentes latitudes que no incluyen a la República de Panamá, que es la real dueña de los puertos panameños”, recalcó.

    En medio del escándalo, el conglomerado CK Hutchison anunció esta semana su intención de incorporar a un inversionista chino en el consorcio liderado por BlackRock que busca adquirir sus operaciones en Panamá. Según Bloomberg, la empresa estatal china Cosco negocia su entrada con poder de veto, lo que ha desatado nuevas alertas geopolíticas en plena tensión entre China y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la operación como parte de la “recuperación” del control norteamericano sobre el Canal.

    La transacción está valorada en aproximadamente $23,000 millones y contempla el traspaso del 90 % de las participaciones en los puertos operados actualmente por CK Hutchison.

    Sobre posibles responsabilidades penales, el contralor recordó que el caso ya fue remitido al Ministerio Público.

    “Este contrato permitió que más de $1,300 millones no entraran a las arcas nacionales. Hubo malos panameños que vieron para otro lado”, afirmó Flores.

    El informe detalla también presuntos incumplimientos de inversión y otros daños económicos por parte de Panama Ports, que ahora forman parte del expediente judicial en manos del procurador de la nación.

  • Gobierno invertirá más de $245 millones en intervención del Aeropuerto de El Salvador durante el actual quinquenio

    Gobierno invertirá más de $245 millones en intervención del Aeropuerto de El Salvador durante el actual quinquenio

    La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) aseguró que invertirán más de $245 millones en intervenciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez durante el actual quinquenio.

    El presidente de CEPA, Federico Anliker, aseguró que el próximo proyecto que se ejecutará es el de la construcción de bandas de equipaje.

    Anliker dijo que solo hay cuatro bandas de equipaje y que la proyección es construir de siete a ocho nuevas en el lado norte de la nueva terminal. En esta misma zona se establecerá un área de Migración y Extranjería, así como de Aduanas con el fin de deshacer los cuellos de botellas que se generan.

    “Vienen unos proyectos que en total suman más de $245 millones que vamos a invertir únicamente en el Aeropuerto Internacional de El Salvador”, sumó el funcionario.

    La primera piedra de las bandas de equipaje se pondrá en agosto y CEPA prevé finalizar la obra en ocho meses.

    Durante la entrevista de Frente a Frente, Anliker señaló que también mantiene conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para asesorarse sobre cómo homologar el proceso de quitarse los zapatos antes de tomar un vuelo, una acción que se implementa como medida de seguridad internacional.

    Parqueos

    Entre los proyectos que ejecutará CEPA está la construcción de un edificio de parqueos con lo que pretenden atender la demanda que ya se reporta en la terminal aérea.

    El presidente de CEPA dijo que inicialmente se estiman más de 2,000 parqueos, pero que la cifra final dependerá de un análisis de costos y beneficios que el gobierno realiza.

    Anliker indicó que parte de las inversiones que se destinarán están ligadas a la mejora en los niveles de seguridad en El Salvador.

    Luego de finalizar la construcción del edificio de parqueos, CEPA prevé iniciar con la edificación de nuevas salas de abordaje.

    “Vamos a ir con unas seis salas más de abordaje creciendo del lado oriente, en la continuación de la nueva terminal”, señaló el presidente de la institución.

    El gobierno estima que cada año el número de pasajeros que se atienden crecen en un 16 %, sólo el año pasado se contabilizaron 5.2 millones de pasajeros atendidos.

    CEPA prevé que durante las fiestas agostinas la principal terminal aérea del país alcance los tres millones de pasajeros de 2025.

  • El Salvador con menor porcentaje de casos resueltos a favor en información pública en la región según AC

    El Salvador con menor porcentaje de casos resueltos a favor en información pública en la región según AC

    Con una tasa de 11.1 %, El Salvador es el país con la menor tasa de casos resueltos a favor de los ciudadanos en cuanto a información pública según el “monitoreo sobre el desempeño del Instituto de Acceso a la Información Pública” (IAIP) de Acción Ciudadana (AC).

    Según el estudio, entre Costa Rica, Guatemala, Honduras y Chile, El Salvador es el país con el menor porcentaje de casos resueltos a favor del ciudadanos demandantes de información pública en la región. En el otro extremo se encuentra Costa Rica con el 87.80 %.

    El IAIP en El Salvador inició el 2024 con una carga de trabajo de 407 casos de demandas de ciudadanos sobre información pública de instituciones gubernamentales, de esos casos, solo 144 fueron resueltos; el 11.1 % a favor de la entrega de información a los ciudadanos, lo que lo ubica con el “porcentaje más bajo comparado con el resto de países analizados”.

    Decisiones positivas aumentaron

    Los datos de Acción Ciudadana indican que, luego de dos años continuos de caídas en los índices de resoluciones favorables para los ciudadanos, aunque el porcentaje sigue siendo bajo (11.1 %), la cantidad de decisiones positivas para ciudadanos aumentaron en 2024.

    En 2022, el IAIP resolvió 89 casos, de ellos, solo nueve (10 %) fueron a favor de ciudadanos; en 2023, la cifra continuó a la baja, llegando a solo el 8 % y, en 2024, aumentó tres puntos porcentuales, llegando al 11.1 %.

    Sin embargo, 2020, 2019 y 2021 fueron los años con mejores resultados para los salvadoreños que interpusieron demandas por información pública, alcanzando porcentajes favorables del 49 %, el 38 % y el 20 % respectivamente.

    La AC indica que desde 2022 el Instituto “recibió más presupuesto, pero no se observa un impacto efectivo en la carga laboral resuelta y a favor de la ciudadanía”; advirtió que en 2025 “ha recibido menos presupuesto”, “situación que podría afectar su desempeño”.

    La ley del presupuesto 2024 contemplaba un presupuesto de $2,169,437 para el Instituto de Acceso a la Información Pública, en cambio, para 2025 se aprobaron $1,889,377 para la entidad, es decir, $280,060 menos.

  • Avivemos

    Avivemos

    Hace dos años y medio, Chile y Colombia solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su opinión sobre las obligaciones de los Estados para enfrentar la emergencia climática. Ello, desde el conjunto de normas que les determinan deberes específicos para garantizar y promover el respeto de la dignidad de las personas y los pueblos; es decir, el derecho internacional de los derechos humanos. El recién pasado 29 de mayo, el tribunal regional publicó su dictamen enmarcando dicha emergencia en la llamada “triple crisis planetaria” que contempla, además, otros dos fenómenos relacionados y retroalimentados todos entre sí: la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Veamos cómo estamos acá en cuanto al tercer asunto.

    ¿Que debe entenderse por biodiversidad o diversidad biológica? Estos términos se refieren “a la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte”. Eso se lee en el respectivo convenio de las Naciones Unidas, parido en Río de Janeiro en junio de 1992; se trata de “la diversidad dentro de cada especie y entre las especies, así como de los ecosistemas, incluidas las plantas, los animales, las bacterias y los hongos”. 

    Hablamos, pues, de la vida en todas sus manifestaciones. Y en nuestro país, esta se encuentra en gravísimo peligro. Por ello, en serio, hablamos además de un verdadero ecocidio. ¡Sí! Ante nuestras narices están destruyendo de forma  inmisericordemente intencional el medio ambiente, pese a ser el salvadoreño uno de los Estados firmantes del citado documento. Detrás de Haití, El Salvador es el territorio más dolido y doliente de nuestro continente en cuanto a la salud de sus bosques; eso ocurre tanto en lo relativo a su degradación como a su deforestación. La primera tiene que ver con reducir su calidad; la segunda, con talar árboles y mochar más vegetación.

    No se trata de señalar únicamente a Nayib Bukele en sus dos etapas: la constitucional y la inconstitucional. Los graves daños a nuestro ecosistema se remontan hasta, al menos, los años iniciales de la guerra y la estrategia de “tierra arrasada” impulsada por la dictadura genocida que incluyó bombardeos “normales”, con napalm y con fósforo blanco; esta ocasionó terribles efectos entre la población no combatiente y su entorno. También contribuyeron en menor medida, hay que decirlo, acciones guerrilleras con consecuencias graves en este ámbito. Pero del 2019 a la fecha, la devastación ambiental ha sido más acelerada e imparable.

    A los permisos para construir por todos lados, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) agrega en su balance del 2024 la inseguridad hídrica y alimentaria, el cambio climático, la explotación de manglares y la contaminación de zonas costeras, entre otras burradas. Mención especial merece el haber revivido legalmente la ilegitima extracción minera. Asimismo, Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), sostuvo que las primeras lluvias de este año provocaron “inundaciones, desbordamientos y caída de árboles” en nuestra comarca; eso ‒señaló el Premio Ambiental Goldman 1995‒ presagia que se nos viene encima “un escenario climático inusual”. Finalmente, Berta Medrano ‒directora de Gaia El Salvador‒ aseguró que estamos en “desventaja”; nuestra vulnerabilidad, advirtió, es “mucho más grave” que en el resto de América. 

    Para acabar de joder, con la depredadora ambición urbanizadora para satisfacción de sectores pudientes y la permisibilidad oficialista junto a sus aparatosas megaobras innecesarias como el “estadio chino” ‒ocupando 175 000 metros cuadrados, para un fútbol chambón‒ se están terminando nuestro ya casi esclerótico pulmón capitalino: El Espino. Y hoy resulta que, además, construirán allí el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) que abarcará un terreno de casi 56 000 metros cuadrados, superando los 55 000 del Parque Tepeyac ‒centro comercial ubicado en la Ciudad de México‒ y el área construida de la primera etapa del parque industrial Circunvalación Norte situado en Santiago, República Dominicana, y valorado en 40 millones de dólares.

    Pero circula ya la denuncia pública contra el  nuevo CIFCO cuyo proyecto “ha sido aprobado sin consulta ciudadana, sin estudios públicos de impacto ambiental y en completa opacidad”. “El Espino ‒continúa dicha censura‒ es hábitat de especies en riesgo como el torogoz, la ardilla roja, el tacuazín y más de 100 especies de aves y mariposas que contribuyen a la salud del ecosistema. También es fuente de recarga hídrica vital para San Salvador”. Por ello, se exige la suspensión de esa y otras obras “de tala o construcción” así como la consulta a organizaciones ambientalistas, universidades y comunidades. Debe protegerse permanentemente “toda la finca El Espino como reserva ecológica”; seguir acabándosela “es abrir paso a un colapso ambiental y a la pérdida irreversible de biodiversidad”. ¡Avivemos pues!