La Cámara Primera contra el Crimen Organizado, en Santa Tecla, La Libertad ratificó este lunes la condena de 5 años de internamiento y 5 bajo medidas en contra de tres menores de edad de Chalatenango, procesados por un video viral de alusivo a pandillas.
La defensa de los menores solicitó la revocatoria de la sentencia que dio el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez cuatro, en enero de 2025, donde se impuso la respectiva sentencia, la cual se realizó el pasado 22 de julio en las instalaciones del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla.
La abogada de la defensa, Jayme Magaña consideró que con la resolución emitida por la Cámara se han vulnerado tratados internacionales que deben de dar garantías a los procesos judiciales en contra de menores de edad.
«Puedo decir como defensora de derechos humanos que este día se ha vulnerado derechos, se han desconocido las convenciones, se han desconocido tratados internaciones que es sumamente peligroso de los diferentes tribunales de El Salvador comiencen a desconocer la jurisprudencia internacional. Lo que necesitamos es garantías al debido proceso y las garantías al debido proceso comienzan por garantizar los derechos ya reconocidos»,
Jayme Magaña, abogada
La Cámara Primera contra el Crimen Organizado, en Santa Tecla, La Libertad ratificó la condena de 5 años en prisión y 5 bajo medidas en contra de tres menores de edad de Chalatenango, procesados por un video viral de alusivo a pandillas.
Video: Dania Quehl. pic.twitter.com/J1xI2ZgIR8
— Diario El Mundo (@ElMundoSV) July 28, 2025
Ante la ratificación de la pena, la defensa informó que dentro de tres meses presentarán una solicitud de revisión de medidas con el propósito que los menores condenados puedan recibir una reducción de la pena.
La abogada sostuvo que la Organización de Naciones Unidas estableció para El Salvador principios a cumplir sobre debido proceso en contra de los menores de edad, la cual, aseveró que «el Estado de El Salvador sigue incumplimiendo para los menores, sigue incumpliendo para las mujeres, sigue incumpliendo para las personas inocentes».
A la salida de la audiencia, familiares de los menores lamentaron la resolución de los magistrados, ya que consideran que manifestaron que durante la audiencia de apelación de condena se demostró que los menores condenados no pertenecen a ninguna estructura delincuencial.
«La semana pasada se miraba otro panorama, un panorama diferente, positivo, nosotros como familia veníamos ilusionados en llevarnos a nuestros niños a nuestra casa, pero bastó tres días para que eso cambiará y volviéramos a tener la misma condena, simplemente como que vieron bien el panorama, pero no se que sucedió, no sabemos por qué se mantuvo eso (la condena)»
Hermana de uno de los menores sentenciados.
Asimismo, dijo que «han condenado a estos tres niños por el hecho de decir la palabra ‘maje’, la palabra ‘perro’, eso no se debe decir porque podemos ser condenados por una broma. Esas palabras lo pueden llevar a un juicio».
Junto a ella, otra madre de familia expresó que seguirán buscando la liberación de su hijo, «yo quiero tener a mi hijo devuelta en la casa», y enfatizó que «él no pertenece a ninguna estructura criminal», por lo que pidió apoyo a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales para asistir en el caso, en busca de una revocación de pena.
El caso
El caso en contra de los menores inició con la acusación de 10 menores de edad detenidos en febrero de 2024. El proceso duró 11 meses y en enero del presente año siete de ellos fueron absueltos por el Tribunal contra el Crimen Organizado.
Las detenciones ocurrieron luego que un video se viralizó en la plataforma Tik Tok, donde se observó a adolescentes haciendo señas alusivas a pandillas.
El caso tomó relevancia cuando el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, publicó la detención y aseguró que los jóvenes iban a ser condenados a 20 años de cárcel.
Por otra parte, la abogada recordó que existe un proceso paralelo con respecto a uno de los menores por ser víctima de agresión sexual, para quien solicitarán medidas especiales de protección al interior del Centro de Integración Social El Espino, en Ahuachapán, donde actualmente cumple la pena.
