Dos hombres y una mujer fueron capturados por elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), a quienes se les incautó varias porciones de droga y más de $2,000 en efectivo, informó el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
Los detenidos fueron identificados como Bill Jefferson Aguilar Nolasco, Bryan Ulises Merino Antonio y Karina Jazmín Ramírez, quienes fueron arrestados en la residencial de Ciudad Versalles, del distrito de San Juan Opico, del departamento de la Libertad, según publicó el ministro Monroy en su red social X.
Bill Jefferson Aguilar Nolasco, Bryan Ulises Merino Antonio y Karina Jazmín Ramírez Zometa fueron ubicados por personal de la @FUERZARMADASV en residencial Ciudad Versalles, San Juan Opico, La Libertad Centro.
— René Francis Merino Monroy???????? (@merino_monroy) July 23, 2025
El funcionario describió que las tres personas se conducían en una camioneta con placas P927B1, donde transportaban 15 porciones de marihuana, cuatro porciones de metanfetamina, $2,795 en efectivo, además de seis celulares, una báscula digital y un machete.
Entre los artículos en decomiso figura bolsas de droga, dinero en efectivo, y un machete.
Por ello, fueron entregados a la Policía Nacional Civil (PNC), para ser enjuiciados por los delitos que se le atribuyen, aseguró Monroy.
«El narcomenudeo y ninguna otra forma de delito, tienen cabida en El Salvador. Protegemos nuestras comunidades y sus habitantes», agregó el ministro de Defensa.
La radiotelevisión británica BBC y tres grandes agencias de noticias internacionales, la estadounidense Associated Press (AP), la británico-canadiense Reuters y la francesa Agence France-Presse (AFP) reclamaron hoy conjuntamente la entrada de la prensa a Gaza y denunciaron que el hambre amenaza a sus colaboradores.
«Instamos una vez más a las autoridades israelíes a que permitan la entrada y salida de periodistas en Gaza. Es esencial que la población local reciba alimentos en cantidades suficientes», señalaron esos cuatro medios de comunicación.
El comunicado recalca que los periodistas independientes que quedan en la Franja y sus familias, como el resto de la población gazatí, tienen cada vez más dificultad para cubrir sus necesidades básicas alimentarias.
Ellos han sido, recuerdan, «los ojos y los oídos» del mundo en el enclave palestino, pero hacen frente a las mismas «condiciones dramáticas» que cubren.
«Estamos profundamente preocupados», subrayan, por el hecho de que además de las dificultades y privaciones que implica la cobertura de una guerra, «el hambre amenaza su supervivencia».
Esta declaración conjunta se emitió después de que el pasado lunes una asociación de periodistas de la agencia AFP denunciara que la situación de sus colaboradores dentro de la Franja de Gaza es insostenible y los están viendo morirse de hambre.
«Hemos perdido periodistas en conflictos, hemos tenido heridos y prisioneros entre nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto morir de hambre a un compañero. Nos negamos a verlos morir«, señaló esa asociación profesional en un comunicado, en el que también señaló que han tratado de sacar sin éxito a los colaboradores del territorio completamente bloqueado por Israel.
El AC Milán oficializó este jueves la incorporación del defensor ecuatoriano Pervis Estupiñán, procedente del Brighton inglés, quien se convierte en el primer futbolista de Ecuador en formar parte del histórico club de la Serie A.
Estupiñán, de 26 años, firmó un contrato que lo vinculará con el conjunto ‘rossonero’ hasta el 30 de junio de 2030 y lucirá el dorsal número 2, según confirmó el club mediante un comunicado oficial.
Originario de Esmeraldas, Ecuador, el jugador comenzó su trayectoria en las divisiones juveniles de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, con cuyo primer equipo debutó en 2015, disputando 45 partidos.
Posteriormente, se trasladó al fútbol español, donde jugó en clubes como Granada, Almería, Mallorca y Osasuna. Luego fichó por el Villarreal, con el que sumó 74 apariciones y conquistó la Europa League. En 2022 se unió al Brighton, donde marcó cinco goles en 104 partidos.
Con la selección absoluta de Ecuador ha sido internacional desde 2019. Hasta la fecha, suma 48 encuentros y cuatro anotaciones.
A su llegada al aeropuerto de Linate, en Milán, el futbolista expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “¡Feliz, Feliz, Forza Milán!”, exclamó tras aterrizar en un vuelo chárter procedente de Londres.
De acuerdo con medios italianos, el traspaso se concretó por aproximadamente 20 millones de euros ($23 millones), y el defensor recibirá un salario anual de 2,5 millones de euros. Su fichaje responde a la salida del francés Theo Hernández, quien dejó vacante la posición en la banda izquierda.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)emitió una orden interna para que todos los inmigrantes incluidos en su programa de Alternativas a la Detención lleven una tobillera electrónica con GPS, según reveló este miércoles el diario The Washington Post.
El documento, fechado el 9 de junio, exige que se coloque este dispositivo de rastreo a cada una de las 183,000 personas inscritas en el programa, siempre que sea posible. Solo se contemplan excepciones como mujeres embarazadas, a quienes se les colocará una muñequera electrónica.
Actualmente, únicamente 24,000 inmigrantes (13 % del total) usan una tobillera, por lo que esta orden representa una expansión significativa del sistema de monitoreo migratorio. El objetivo del programa es vigilar a inmigrantes que no están detenidos, asegurando que asistan a sus audiencias migratorias y cumplan órdenes de deportación cuando corresponda.
Desde su regreso a la presidencia en enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su política de control migratorio, instruyendo a las autoridades a realizar hasta 3,000 deportaciones diarias. Esta nueva directriz sobre el uso de dispositivos electrónicos profundiza esa línea, buscando mantener supervisión constante sobre los inmigrantes en procedimientos administrativos.
Controversias por el uso de dispositivos electrónicos
Aunque el uso de tobilleras electrónicas en inmigrantes es visto por ICE como una alternativa más compasiva a la detención, organizaciones de derechos humanos han criticado su implementación por ser intrusiva, estigmatizante y por generar incomodidad física a los portadores.
Además, varias asociaciones han señalado que estos dispositivos pueden representar una forma de vigilancia constante que viola la privacidad de las personas, aun cuando no están siendo juzgadas por delitos penales, sino por su estatus migratorio.
El documento citado por The Washington Post advierte que el uso de los dispositivos debe aplicarse “siempre que sea posible”, dando pie a que el ICE amplíe su estrategia de seguimiento incluso en casos sin antecedentes penales.
Al menos cinco árboles caídos dejó la lluvia reportada durante la noche del miércoles en distintos puntos del territorio nacional, informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) y Cuerpo de Bomberos en sus cuentas de la red social X.
Bomberos informó sobre la remoción de un árbol en la colonia El Cafetalito, pasaje 5, del distrito de San Marcos, en San Salvador Sur. La institución llevó a cabo el corte y la remoción de las ramas, sin que se reportaran lesionados ni daños materiales a raíz del incidente.
???? Atendimos la caída de un árbol en ????col. El Cafetalito, pasaje 5, San Marcos, San Salvador. Realizamos corte y remoción para eliminar riesgos. ????9️⃣1️⃣3️⃣ ????????#PlanInvierno2025 ☔ pic.twitter.com/SBKieMCrp0
— Bomberos El Salvador ???????????????????? (@BomberosSV) July 24, 2025
Por su parte, Mopt removió otros árboles reportados en distintos puntos del país, entre los que se encuentran en la carretera hacia el distrito Quezaltepeque, en las cercanías del redondel. Posteriormente, la institución quitó el árbol de la vía y habilitó el paso vehícular.
La institución informó sobre la caída de otros árboles: uno en la carretera hacia San Miguel de las Mercedes, Chalatenango, y otro en el carril de la Carretera Panamericana, tramo Ciudad Arce, con dirección a Santa Ana.
Removimos un árbol caído en la ruta que conduce hacia San Miguel de las Mercedes, Chalatenango.
— Ministerio de Obras Públicas (@ObrasPublicasSV) July 24, 2025
En la carretera Panamericana, tramo Ciudad Arce, un árbol cedió en el carril que conduce hacia Santa Ana. Nuestros equipos ya trabajan en su remoción. pic.twitter.com/LlsDU2FBku
— Ministerio de Obras Públicas (@ObrasPublicasSV) July 24, 2025
Además otro árbol cayó sobre la línea eléctrica del Sistema Zona Norte reportó el presidente de ANDA, Jorge Castaneda, en su cuenta de la red social X. Posteriormente, instituciones lo removieron.
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían intensificarse desde media tarde, con tormentas moviéndose hacia el norte del país, y extendiéndose progresivamente hacia las regiones oriental y central. En horas de la noche, también podrían registrarse precipitaciones en la zona occidental y sobre la costa centro-occidental.
El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que «ni uno solo»de los 252 migrantes que estuvieron detenidos en El Salvador desde marzo hasta el pasado viernes pertenece o tiene vínculos con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, como dijeron EE.UU. y el país centroamericano.
«No hay ninguno del Tren de Aragua, por cierto, ni uno solo del Tren de Aragua ni vinculaciones con el Tren de Aragua, ni uno solo, (…) cero vínculos», insistió el funcionario durante su programa semanal de televisión, transmitido por el canal estatal VTV.
Cabello indicó que siete tienen registros de «delitos graves cometidos en sus vidas, pero ningún vínculo con el Tren de Aragua», una banda señalada por la Administración de Donald Trump como terrorista.
A juicio del también número dos del chavismo, estos jóvenes fueron «estigmatizados porque tenían un tatuaje y porque tenían pinta (aspecto) de latinos».
«Estaban sometidos a vejámenes, a persecuciones, a malos tratos de todo tipo en un campo de concentración moderno creado por un nazi, un sionista, un miserable como (el presidente salvadoreño) Nayib Bukele». Diosdado Cabello, Ministro del Interior de Venezuela.
Señaló que la «gran mayoría» de los 252 «ya están con sus familias, en sus casas», con «historias vividas y por documentar».
Estos venezolanos, que estuvieron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, llegaron a su país el pasado viernes cuando el Gobierno de Nicolás Maduro liberó a un grupo de presos políticos y a diez estadounidenses, como parte de una negociación en la que participó el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
Al respecto, Cabello dijo que «si alguien no ha descansado en esto del diálogo» es Rodríguez Zapatero, quien «ha insistido y llama y siempre está en contacto».
El ministro agregó que continúan las «diligencias» para concretar el retorno de los niños que, según Caracas, están «secuestrados» en EE.UU., tras haber sido separados de sus padres deportados.
El pasado viernes también llegaron a Venezuela siete de los 31 menores de edad que el Ejecutivo chavista asegura que siguen en territorio estadounidense.
El lunes, el mandatario Nicolás Maduro acusó a Bukele de haber intentado obstaculizar la salida del segundo avión que trasladó a una parte de los repatriados.
El fiscal general, Tarek William Saab, anunció ese mismo día una investigación contra Bukele por los presuntos delitos de tortura y tratos crueles contra los migrantes.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió, en abril, enviar a juicio civil por el delito de enriquecimiento ilícito a cinco exdiputados de la Asamblea Legislativa, tres de Arena y dos de GANA, junto a sus respectivos grupos familiares, tras determinar la existencia de indicios razonables de incrementos patrimoniales no justificados.
La decisión de los magistrados se tomó con base a los informes de la Sección de Probidad, la cual fue discutida y votada en la sesión del 24 de abril de 2025, según consta en el acta número 30 de la Corte Plena.
Los exlegisladores enfrentarán procesos civiles por presunto enriquecimiento ilícito, con montos observados que van desde los $200,000 hasta más de $3 millones. Cada caso fue remitido a la cámara competente, según la jurisdicción correspondiente, para la continuación del proceso legal.
Silvia Ostorga, exdiputada de Arena. /Archivo DEM
El primer caso corresponde a la exdiputada de Arena, Silvia Estela Ostorga de Escobar y su esposo, a quienes se le atribuyen indicios de enriquecimiento ilícito por $3,822,778.28. El acta expone que la Sección de Probidad encontró 67 inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales correspondientes a tres períodos legislativos entre los años de 2012 y 2021.
Entre las irregularidades señaladas figuran depósitos bancarios sin origen comprobable, adquisición de inmuebles y vehículos, así como pagos de deudas sin respaldo documental. Incluso se incluyó una transferencia de $2,000a favor de su hija, quien no contaba con ingresos propios, aunque finalmente se decidió imputar ese monto directamente a la madre.
«Acerca de los depósitos a las cuentas de la declarante, se observaron porque se desconoce el origen de los fondos, no hay documento de soporte» Acta No. 30 de la Corte Plena
En el documento se expone que Ostorga argumentó que sus ingresos corresponden a un negocio de su propiedad y presentó como prueba de descargo documentos de impuesto a la renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como el pago a cuenta y estados financieros de los años investigados, «pero la documentación no es idónea para desvanecer los movimientos observados», resolvieron los magistrados.
Con 15 votos, los magistrados resolvió enviar el caso a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro con sede en San Salvador y dictar medidas cautelares sobre los bienes del grupo familiar y notificar a la Fiscalía General de la República (FGR).
Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, exdiputado de Arena.
El segundo se trata de Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, quien ocupó una curul en la Asamblea Legislativa durante el periodo 2012-2015 por el patido Arena, la Sección de Probidad detectó un incremento patrimonial no justificado por un total de $214,683.22, atribuible tanto a él como a su cónyuge.
La investigación identificó nueve inconsistencias financieras, entre las que destacan depósitos en cuentas bancarias y transferencias internacionales sin respaldo documental. Señalar que, aunque su esposa presentó pruebas de descargo, estas consistieron en declaraciones juradas que señalan como origen de los fondos un negocio informal de lotería, sin documentación contable que permitiera verificar los ingresos.
Por su parte, el exlegislador no presentó justificación ante las observaciones ni ofreció pruebas que sustentaran su defensa. Tras descontar un superávit de ingresos personales por $26,897.04, el monto final sin justificar fue confirmado por la Corte Suprema. Con base en estos hallazgos, la Corte Plena resolvió, con 14 votos a favor, remitir el caso a la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, decretar medidas cautelares sobre los bienes del grupo familiar y notificar a la Fiscalía.
Manuel Rigoberto Soto Lazo, exdiputado de Gana. Cortesía canal 21.
El siguiente es Manuel Rigoberto Soto Lazo, quien también fue diputado del partido Gana entre 2012 y 2015, enfrentará juicio civil junto a su esposa por enriquecimiento ilícito de $392,989.62. La Sección de Probidad detectó 25 inconsistencias, incluyendo depósitos bancarios sin origen identificado, compra de vehículos sin justificación y pagos de deudas.
El análisis expuso que se reportaron déficit entre sus ingresos y egresos, y con base a esa información, la CSJ decidió enviar el expediente de Soto Lazo a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, según el domicilio declarado por el exfuncionario. También se decretaron medidas sobre bienes y se notificó a la Fiscalía.
Jesús Grande, exdiputado de Gana./ Archivo DEM
El cuarto exdiputado es Jesús Grande, quien deberá responder ante la justicia civil por un presunto enriquecimiento no justificado de $352,119.41, mientras ocupo un puesto en la Asamblea Legislativa entre 2012 y 2015.
La Sección de Probidad reportó 24 inconsistencias en sus finanzas personales y familiares, que incluían depósitos, compra de inmuebles, adquisición de vehículos y pagos de préstamos sin documentación válida. El caso será conocido por la Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente, y se ordenó la inmovilización de sus cuentas e inscripción preventiva de inmuebles.
David Reyes, exdiputado de Arena. /Archivo DEM
Por último, se ordenó enviar a juicio por enriquecimiento ilícito a David Ernesto Reyes Molina, exdiputado de Arena, quien ocupó un escaño en los periodos 2012 y 2021, periodos que le fueron identificados con un incremento patrimonial injustificado de $225,942.49, correspondiente a él y su esposa. En total, se encontraron 33 inconsistencias en sus tres períodos, entre ellas depósitos bancarios y adquisición de bienes.
El acta indica que el exdiputado alegó que los fondos provenían de donaciones y ayuda familiar, pero no presentó documentación válida. Según la Sección de Probidad, algunos recibos habían sido elaborados por el propio investigado.
El informe también señala que el exfuncionario habría salido del país y se deshizo de algunos bienes, por lo que no se logró imponer medidas cautelares en su contra. Su caso fue enviado a la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, con sede en San Salvador con 15 votos del Pleno.
La información expuesta sobre dichos casos fue dada a conocer hasta esta semana, debido a que la Corte Suprema de Justicia publica en su sitio web las actas con varios meses de retraso.
Al menos 130 activistas de derechos humanos y periodistas han tenido que salir de El Salvador en los últimos cinco años por su seguridad y para «proteger su integridad», según revelaron organizaciones humanitarias este miércoles en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ursula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés), dijo que «80 personas ha salido tan solo en los últimos tres meses: al menos 33 personas defensoras de derechos humanos y 47 periodistas, según datos de las organizaciones solicitantes y de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)».
«En la búsqueda de seguridad y condiciones que les permitan continuar su trabajo y proteger su integridad y la de sus familias, muchas personas defensoras se han visto forzados a huir de El Salvador. Cifras de la sociedad civil indican que al menos 130 personas han salido del país en los últimos 5 años». Ursula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso.
Apuntó que «el éxodo de personas salvadoreñas se ha incrementado significativamente en los últimos meses» tras la detención de al menos cuatro defensores de derechos humanos.
Se trata del líder comunitario y pastor evangélico José Ángel Pérez, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, la abogada anticorrupción Ruth López, y el abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya.
A estas detenciones, precisó Indacochea, se suma «la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, que graba con un impuesto del 30 % las donaciones internacionales y que eleva a un 50 % los impuestos a las organizaciones, además de ser calificada como «confiscatoria».
Lamentó que «desde el año 2020 a la fecha, cuando toma fuerza una nueva forma de autoritarismo en el país, muchas personas han sido objeto de persecución como consecuencia directa de su labor de defensa de derechos humanos o periodística, particularmente al exponer abusos de poder, corrupción a gran escala, violaciones de derechos humanos y actividades de grupos criminales».
«En ese escenario, los únicos caminos posibles para quienes son perseguidos parecen ser la autocensura, la cárcel o el exilio», alertó.
También llamaron a instar al Estado salvadoreño a derogar un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 «debido a que está siendo utilizado para criminalizar y perseguir personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas, periodistas y voces críticas».
Además pidieron exhortar al Estado salvadoreño a «garantizar el retorno seguro de quienes se han visto forzados al exilio por temor a la criminalización».
La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles, con dispensa de trámite y con 59 votos a favor, el inicio del proceso de elección del nuevo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La propuesta fue presentada por el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, y contó con el respaldo de diputados de Arena. El partido Vamos decidió no votar. La actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, dejará el cargo el 15 de octubre, cuando concluye su período.
Según el aviso aprobado, los interesados en postularse deberán presentar su hoja de vida y la documentación requerida en la recepción de correspondencia de la Asamblea Legislativa, a más tardar el 15 de agosto, en horario hábil de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Para aspirar al cargo de procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se requiere ser salvadoreño, mayor de 35 años, pertenecer al estado seglar, contar con título universitario y una trayectoria comprobada en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, así como reconocida moralidad y competencia profesional.
La actual procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, culmina su periodo el 15 de octubre.
Además, los aspirantes deberán presentar constancias emitidas por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Dirección General de Centros Penales, y la Policía Nacional Civil. También se exige una certificación del Tribunal Supremo Electoral que acredite la no afiliación partidaria, así como una solvencia del Ministerio de Hacienda.
El procurador de Derechos Humanos tiene como función principal velar por el respeto y la garantía de los derechos fundamentales, además de investigar casos de violaciones, asistir a las víctimas, supervisar a la administración pública, emitir informes, promover reformas legales, realizar inspecciones, y educar a la ciudadanía sobre el respeto a los derechos humanos.
Entre sus atribuciones también figura la vigilancia del trato a personas privadas de libertad y la potestad de promover recursos judiciales o administrativos en defensa de los derechos humanos.
Los transportistas tardan hasta 12 horas en movilizar mercadería desde El Salvador hacia San Pedro Sula, en Honduras, por restricciones viales en la carretera CA-4 que conecta con la frontera El Poy, seis horas más de lo que regularmente demoran, alertó la Asociación Salvadoreña de Transportistas de Carga (Astic).
El presidente de Astic, Raúl Alfaro, aseguró que el retraso no solo se da por las restricciones viales sino porque hay una hora específica en la que se habilita el paso, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
“Depende la hora en la que salga, porque no es lo mismo salir a las 12 del mediodía, más 12 horas (de recorrido) me dan las 12 de la noche pero no puedo pasar (desde) las 6.00 p.m. Pero 12 horas están haciendo (conductores)”, indicó Alfaro.
La CA-4 colapsó en Honduras el pasado 10 de julio, cuando una falla geológica provocó que buena parte de la carretera se desvaneciera. La vía conecta directamente con la frontera El Poy, en Chalatenango, y del lado de El Salvador pasa a ser la carretera Troncal del Norte, corredor logístico importante para la región.
El 11 de julio, los transportistas salvadoreños alertaron de un incremento en el costo del flete de $250 porque el paso hacia Honduras debía hacerse por El Amatillo, en La Unión. De esta forma, los empresarios debían pasar de pagar de $900 a entre $1,150 y $1,200 por contenedor.
Por la tarde de ese viernes, la Administración Aduanera de Honduras informó sobre la habilitación de un tramo provisional de la carretera CA-4.
Alfaro dijo que esta vía permite el paso de forma intermitente del tránsito que va hacia Honduras y el que ingresa hacia El Salvador.
Costos extras
Astic indicó que con la habilitación del paso previsional la tarifa se mantuvo estática, por lo que cobran $950 por un servicio que ha duplicado su tiempo.
Los transportistas indicaron que, pese a los retrasos, el ingreso a Honduras vía El Poy sigue siendo la ruta más rápida, porque por El Amatillo el recorrido se puede extender hasta las 14 horas.
La gremial espera que la reparación de la carretera CA-4 finalice lo antes posible con doble carril.
A mediados de este mes, la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) aseguró que el cierre de la carretera CA-4 ha provocado sobrecostos y demoras a las empresas salvadoreñas.
