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En economía nada es peor que jugar con los precios y las políticas fiscal y monetaria, queriendo desarrollar al manipular ventajas comparativas para producir donde no las hay o pretender crear ventajas competitivas sin fundamento.  Lo que estamos experimentando me trae a la mente, pero en pantalla gigante, lo que sucedió con el CAME (Consejode Ayuda Mutua Económica, COMECON en inglés), que fue fatal para la Unión Soviética y sus satélites comerciales y políticos.

Título para una película: CAME y como la manipulación de precios y la manipulación monetaria, desinfló el dinamismo competitivo y trajo la bancarrota. Al final la ciudadanía paga la ineficiencia productiva. El impacto destructor de la eficiencia productiva va mucho más allá del daño a cortoplazo que los aranceles provocan: distorsión, pérdida de confianza para construir infraestructura y plantear incentivos, desarrollar recursos y legislación, invertir y comercializar.

La ineficiencia provoca inflación, devaluación de la moneda fuerte por emisión y pérdida de confianza. El país que promueve la ineficiencia, si su moneda es utilizada internacionalmente para tranzar y atesorar valor obtenido por la vía del comercio internacional, por medio del llamado señoreaje al emitir le gana a la inflación, que se come el ahorro de quienes han confiado en esa moneda…países, empresas y personas. Quienes invierten en bonos a largo plazo ver el poder de compra de su dinero esfumarse.

Los aranceles -y más cuando son dispares entre países y generales para la exportación de un país -sin tomar en cuenta las características especiales de cada rubro- crean enormes distorsiones y dificultades para el país que los emite, incumpliendo compromisos y dañando el andamiaje de comercio internacional que, para transparentarlo y organizarlo, ha desarrollado la institucionalidad internacional del ramo. Crea además dificultades para su propia economía.

Por ejemplo, si un país es competitivo produciendo café, el ponerle aranceles (tasas impositivas específicas) a su importación, de 42% por ejemplo, incrementa el precio y hace desaparecer la conveniencia por precio, de importarlo del país productor afectado. Así mismo, se afecta el consumo local, al volverse poco competitivo el café importado del país eficiente y la demanda baja; ciudadanos locales pierden sus trabajos al bajar la demanda. Se puede sustituir, pero talvez no en la misma cantidad y relación calidad/precio original.

Cuando este tipo de situaciones se generalizan, se destruye el mercado competitivo y la eficiencia económica, que debe de ser siempre un objetivo racionalizador.

Peor todavía, si lo que se pretende es reemplazar producción extranjera con producción local en áreas donde el país que lo hace no es eficiente, se está promoviendo la destrucción de la economía, algo que  el CAME logró sin pretenderlo, pues se manejó muy mal. Si el país comprador es un gran jugador en el mercado mundial, el impacto destructivo es desbastador.

Guardando las proporciones del caso, es como si Costa Rica pretendiera recuperar la industria textil que ya se fue a países que más bien con sus ingresos consumen lo que producimos, el caso de Nicaragua, por ejemplo. Se puede hacer, pero requiere aranceles y subsidios. Es poner recursos buenos a trabajar en procesos sin sentido.

Destruir los encadenamientos productivos eficientes es un pésimo negocio para todos y atenta contra la división internacional del esfuerzo productivo, en base a ventajas comparativas y competitivas.

Puede ser que haya algún país de mucho peso, alguno del Oriente podría ser, que compita en base a la manipulación de los precios de los factores de producción. Un país que insiste en esas prácticas de comercio desleal, merece ser castigado y reorientado. Pero el que todos paguen justos por pecadores, por el afán de sustituir importaciones, cual versión moderna del llamado modelo cepalino, exitoso en su momento, es una pésima y destructiva idea.

El utilizar aranceles para promover objetivos de política exterior o inmiscuirse en los asuntos internos de otros estados, es arriesgarse a perder las bondades de comercio internacional, en su contribución al progreso sostenido hacia el desarrollo. Crea además desconfianza, perjudica la inversión para producir y comerciar internacionalmente; desconciertan las salidas en falso y atrasa la dotación de infraestructura. No crea amigos y es entre amigos, donde a largo plazo se hacen los mejores negocios. Actuar brincándose los acuerdos internacionales o aprovechando lo que la ley no prohíbe, no es buena práctica.

Un país grande tiene límites como comprador. Sus socios comerciales deben tener esto en cuenta y diversificar su comercio ex-imp, para no abaratar sus productos al pretender todos competir irrealmente por un mercado que tiene límites.

Menester es tomar en cuenta los servicios y el aporte en divisas que las empresas transnacionales hacen; más aún, cuando la competitividad del gran país está en los servicios y la capacidad de aportarle sus transnacionales. El comercio total, bienes y servicios, así como el aporte de las empresas transnacionales, es la prueba del ácido del comercio internacional de un país. No se puede tener balanza comercial favorable con “todo el mundo” y más sin tomar en cuenta otros rubros, como se acaba de explicar.  Si Costa Rica  por ejemplo, consigue su petróleo en Venezuela en condiciones favorables, no puede pretender desarrollar una balanza comercial equilibrada con ese país.

En fin, pretender un país sea grande de nuevo como lo fue en el pasado bajo paradigmas que hoy ya no están, desdeñando lo que se ha avanzado en el establecimiento de prácticas correctas de comercio internacional, no me cabe duda de que es un grave error. Es mejor ser grande liderando procesos globales amparados a la racionalidad en este caso económica. Es mejor liderar que confrontar. En todo caso, el mundo tiene que seguir adelante, con o sin el país distorsionante, aplicando las mejores prácticas ya conocidas y por conocer del comercio internacional, con visión estratégica.

• Carlos Manuel Echeverría fue embajador de Costa Rica en El Salvador

Un reciente estudio de Microsoft, citado por una revista económica regional, revela que cuatro de cada diez empleados comienzan a revisar correos desde las 6:00 a.m., y muchos regresan a ello incluso más allá de las 10:00 p.m., incluidos fines de semana. Esta tendencia, alarmante en cuanto a la relación que debe existir entre vida y trabajo, suele implicar aumento de estrés, fatiga crónica y deterioro de la productividad. Pero, ¿qué dicen nuestras leyes ante esta nueva realidad laboral?

El Código de Trabajo salvadoreño indica en su Artículo 161 que la jornada máxima diurna es de ocho horas entre las 06:00 y las 19:00, y la nocturna de siete horas entre las 19:00 y las 06:00 del día siguiente. Si se combinan más de cuatro horas nocturnas, debe aplicarse jornada nocturna completa. Por tanto, toda actividad que se realice fuera de estas franjas, como responder correos a las 6 a.m. desde casa, estaría fuera de la jornada ordinaria y, en principio, sujeta a las reglas que regulan el tiempo extraordinario.

El Artículo 169 establece que cualquier labor extra debe pagarse con al menos un recargo del 100% del salario hora. Responder correos a las 6 a.m., sin estar dentro de la jornada formal, podría entonces interpretarse como horas extraordinarias no reconocidas. En tal caso, un trabajador podría incluso demandar el pago correspondiente ante el Ministerio de Trabajo o los Tribunales Laborales. Además, si la empresa no lleva un control horario adecuado, podría invertirse la carga de la prueba, como se ha visto en casos recientes, y reconocerse el adeudo de horas extraordinarias.

Aunque nuestro Código no reconoce expresamente el derecho a la desconexión, la jurisprudencia internacional y comparada —como la de tribunales en Colombia o Europa— avanza en esa dirección. Esto demuestra, una vez más, la necesidad de actualizar nuestro cuerpo normativo frente a las dinámicas impuestas por la tecnología. El envío continuo de correos rompe la barrera entre vida privada y laboral, afectando derechos fundamentales como el descanso y la salud mental. En El Salvador, la Constitución, en su Artículo 38, protege la salud laboral y el descanso. Aunque aún no existe jurisprudencia nacional específica sobre el derecho a desconectarse, la tendencia internacional apunta claramente a regular el equilibrio trabajo–vida personal como un derecho digno de protección.

En cuanto a jurisprudencia local, si bien no hay sentencias directas sobre el uso de correos electrónicos fuera de horario, sí existen varias sobre jornada y exceso de horas trabajadas. La sentencia INC-446-2017, emitida por la Cámara Primera de lo Laboral, exige prueba directa de inasistencia y horas trabajadas fuera de jornada para reconocer horas extra. Si no existe un control de horarios, es responsabilidad del empleador demostrar lo contrario. 

Frente a esto, las empresas pueden y deben tomar medidas prácticas. Algunas de ellas son establecer políticas internas claras que definan horarios de desconexión y excepciones bien justificadas, llevar un registro horario exhaustivo que delimite la jornada ordinaria y la extraordinaria, garantizar la compensación efectiva por sobretiempo y fomentar una cultura corporativa basada en el respeto a los horarios y al bienestar digital. Estas medidas no sólo evitan litigios, sino que también promueven entornos más humanos y productivos.

La tendencia global apunta hacia una “jornada sin límites”, un fenómeno preocupante potenciado por la tecnología. En El Salvador, si bien la legislación aún no contempla explícitamente el derecho a la desconexión, sí existen bases jurídicas suficientes para exigir el respeto a los límites de jornada y para proteger la salud emocional del trabajador. Un empleado que revisa correos desde las 6 a.m. o hasta las 10 p.m. puede estar trabajando sin darse cuenta, pero la ley ya lo protege. Falta que reguladores y tribunales alineen las normas a esta nueva realidad. Mientras tanto, es tarea urgente de las empresas respetar los horarios y proteger a las personas.

* Jaime Solís es Experto en Derecho Laboral