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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el miércoles al Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador una pena de 15 años de cárcel para el exfiscal general Luis Antonio Martínez González, acusado de presuntos actos de corrupción en el caso denominado Rais-Martínez.

Al exfiscal se le procesa por los delitos de omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, sin embargo, el abogado de la querella, Mario Calderón, informó que la representación fiscal pidió el cambio en la tipificación del último delito.

En ese sentido, la Fiscalía solicitó una condena de 10 años por el delito de fraude procesal, en sustitución del delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y 5 años por omisión de investigación.

La Fiscalía acusa al exfiscal Martinez de favorecer de supuestas pruebas falsas en favor del empresario Enrique Rais, en acusaciones en contra del abogado y ahora parte querellante del proceso, Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera.

Junto al exfiscal Martínez, se procesa al exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Adalberto Arriaza González, para quien la Fiscalía solicita 10 años de prisión por fraude procesal, en cambio del delito de actos arbitrarios.

Mientras que para Francisco Grimaldi se han pedido 20 años de cárcel por fraude procesal, ya según explico Calderón, al imputado se le procesa por dos hechos distintos, aplicándose la figura jurídica del “concurso real de delitos”, lo cual implica 10 años por cada caso.

“En un solo caso pero Grimaldi cometió dos acciones delictivas en distintos momentos y a él se le atribuye la figura del concurso real de delitos, que también la Fiscalía lo hizo”.
Mario Calderón, abogado querellante

Asimismo, la representación fiscal pidió que los imputados cumplan con una responsabilidad civil de $800,000 para el caso del exfiscal Martínez; $200,000 para Julio Arriaza y $10,000 para Francisco Grimaldi.

¿Por qué el cambio de tipificación de delitos?

Según explicó el abogado de la querella, en etapas previas de la vista publica, un juez del Juzgado Octavo de Instrucción había reclasificado los delitos de los imputados Martínez y Arriaza, sustituyendo el fraude procesal por los delitos de divulgación de información y actos arbitrarios, respectivamente, explicó el querellante.

Calderón manifestó que se trató de un cambio no solicitado por las partes del caso, sino de una decisión del juez, que considero no fue justificada.

“El juez utilizó un argumento del cual la Fiscalía no había hecho uso de nada, dijo que Luis Martínez había divulgado información sobre el tema de los teléfonos que estaban intervenidos, pero de eso no se le acusó a Luis Martínez en el requerimiento, ni a Julio Arriaza. Ahí el juez lo tomó como que esa debería de haber sido la acusación, pero esa no fue la acusación que hizo la Fiscalía en el 2016”
Mario Calderón, abogado querellante

Ante ello, expresó que en el juicio se solicitó volver a la calificación original de fraude procesal para el exfiscal Luis Martínez y Julio Arriaza, que tenía originalmente y que el juez de instrucción cambió a revelación de hechos y actos arbitrarios. “Nosotros pedimos volver a la calificación original”.

El abogado señaló que la resolución del cambio tipificación de delitos será resuelta hasta el cierre del juicio, según ordenó el juez y en caso que no se acepte, se modificaría la petición de pena en los delitos, debido a que el fraude procesal tiene mayor pena que revelación de hechos y actos arbitrarios.

El proceso

La vista pública continuará esta tarde con la última etapa del proceso, que corresponde a las últimas declaraciones de las víctimas, así como el derecho a la última palabra de los imputados, si desean hacer uso de ella.

En jornadas pasadas, testigos manifestaron que el exfiscal Martínez en el año 2014, tuvo conocimiento sobre posibles actos de corrupción que involucraban a un exjuez y a dos exalcaldes, de los cuales no se tomaron acciones inmediatas para iniciar investigaciones.

Así como, declaraciones que señalaron la existencia de llamadas telefónicas donde se habló de peritajes que se usarían como parte del caso fabricado, según se conoció durante la prueba testimonial, quienes sostuvieron que el exfiscal Martínez conocía sobre esas situaciones, sin que se tomarán acciones al respecto.

El caso Rais-Martínez data desde el año 2016, cuando el fiscal Martínez junto a otros dos imputados fueron procesados por «una estructura de asociación delictiva» para ocasionar daños a varias personas.