Un migrante es un ser humano enfrentado a muy complejos dramas. El desarraigo social y cultural, la nostalgia por la tierra que se ha dejado atrás, el desempleo o falta de estabilidad laboral, la ansiedad ante la incertidumbre y los efectos perniciosos de la discriminación, son todos factores que convierten a los migrantes en personas altamente vulnerables. A lo anterior se suman las realidades políticas que contribuyen al aumento exponencial de los flujos migratorios, principalmente las guerras, la violencia endémica y esos regímenes autoritarios que expulsan de sus países de origen a numerosas personas.
En el último medio siglo, las tiranías de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido las principales “productoras” de exiliados en el continente americano. Estados Unidos, sin embargo, era hasta hace poco el generoso destino al que la migración forzada podía aspirar, con esa promesa de libertad y trabajo distintiva del sueño americano que se proponía a quienes desearan abrirse camino —legalmente— desde la obligada expatriación hacia el éxito.
El regreso a la Casa Blanca de Donald Trump ha significado una radicalización del discurso antiinmigrante, pero también una reacción práctica al desorden que se gestó y creció durante la administración de Joe Biden. El más reciente Gobierno demócrata se esforzó, ciertamente, en ofrecer un rostro humano a las políticas fronterizas estadounidenses, pero también estimuló un flujo irregular de proporciones mayúsculas, criticado en su día hasta por las comunidades hispanas que ahora resienten, con razón, el extremismo policial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El problema se ha agravado, sobre todo, porque el desordenado arribo de indocumentados se ha transformado, andando el tiempo, en una subcultura de la ilegalidad. Muchas de estas personas, con motivos fundados, dejaron de pretender la ciudadanía para medrar en ambientes que les facilitaran la opción de vivir entre las sombras, fuera de la mirada de la ley. Para todos ellos, claro, la actual relación con el Estado americano ya no está más basada en la aspiración a encajar en otra sociedad y absorber determinados valores, sino en el miedo aterrador a ser deportados. Y en este tipo de escenarios, ya se sabe, la miseria se agrava, las tensiones aumentan y el crimen florece.
Varias oleadas de inmigrantes mexicanos, cubanos, venezolanos, salvadoreños y hondureños han recibido de las autoridades federales de EE UU, en apenas un lustro —de 2021 a 2025—, mensajes tan confusos como contradictorios. Las más de 600 acciones ejecutivas firmadas por Biden, aperturistas en el discurso pero enmarañadas en su aplicación, no contribuyeron a consolidar una agenda que favoreciera la legalidad. Del otro lado, la vuelta al poder de Trump ha acercado la cerilla a la mecha, con redadas infames que han terminado por destrozar los nervios de legales e ilegales por igual.
Luego de hacerles promesas ilusorias, Estados Unidos ha pasado a cerrar las puertas, con fuerza y sin opciones, a miles de hombres y mujeres que han cruzado sus fronteras impulsados por la esperanza. Procesar estas violentas oscilaciones pendulares, entre la mano abierta y el cerrojazo, es un desafío enorme para cualquier ser humano que escapa de su realidad y trata de adaptarse a una distinta. El analista cubano Martín Gurri ha sentenciado al respecto: “Un sistema que oscila entre la laxitud total y la represión severa no es realmente un sistema”.
Llegamos así al punto neurálgico del problema migratorio en EE UU: ante dos extremos que han probado sus efectos negativos, ¿es posible diseñar una alternativa funcional? Y si esa opción de equilibrio fuera viable, ¿cómo construir, por amplio consenso, vías humanistas de legalización y mitigación de riesgos que a la vez pongan control sobre el flujo de personas pero simplifiquen los procesos de entrada y naturalización?
De momento, el público estadounidense brinda un veredicto de apoyo a la moderación y una apuesta por la legalidad. En la primera medición de YouGov después de las protestas de Los Ángeles, si bien solo uno de cada tres ciudadanos dijo respaldar esas manifestaciones, la mayoría se expresó en contra de que el Gobierno federal sustituyera a las autoridades locales en la tarea de enfrentar los disturbios (56%) o que los marines fueran desplegados por orden de Washington para controlar la situación (47% versus 34%). Los encuestados no parecen justificar ningún tipo de violencia, ni la que exhibieron algunos inconformes en las calles ni la que ejerce la Administración de Trump contra los indocumentados.
Tal parece que solo un gran acuerdo nacional sobre migración puede salir al encuentro de las razonables inquietudes que despierta tan delicado tema. Y ese acuerdo tendría que conducir al abandono (total o parcial) de posturas partidarias excluyentes entre sí. Porque tan contraproducente es ilegalizar a todo inmigrante como pretender que cualquier persona, sin importar sus antecedentes, pueda entrar libremente a Estados Unidos.
Pero el sistema debe cambiar, no hay duda, optando por marcos legales simples, claros y que establezcan los límites deseables: cifras máximas anuales de flujo migratorio, priorización de talentos de acuerdo a las necesidades de las comunidades receptoras y una urgente transparencia a lo largo de todo el proceso de ciudadanización.
La asimilación nunca ha sido producto de la magia; para fomentarla, sin embargo, se requiere de liderazgos políticos capaces de neutralizar las posturas extremas. ¿Acaso es Trump esa clase líder? ¿No será más bien que el diálogo y la sensatez deberán esperar mejores tiempos?
