La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, no tiene intención de «callar sobre el genocidio en Gaza», a pesar de EE.UU quiere «intimidarla con métodos que recuerdan a los de la mafia» tras las sanciones que le ha impuesto y que a su juicio son «una lamentable respuesta» a su último informe.
«Quieren intimidarme a mí y a cualquiera que intente decir la verdad sobre el genocidio en curso en Gaza, utilizando métodos que recuerdan a los que usa la mafia. Pero no lo conseguirán, seguiré haciendo mi trabajo con la cabeza alta, exigiendo la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI)», dice este viernes al diario ‘Repubblica’.
El primer ministro israelí, Benjamin «Netanyahu, debe ser juzgado en La Haya», afirma la jurista italiana, que en su último informe señala a 45 empresas privadas que obtienen “beneficios a costa de la destrucción de vidas inocentes” en Gaza, entre ellas las estadounidenses Google, Microsoft, Amazon e IBM .
«La guerra no cesa por las ambiciones territoriales de Israel, apoyadas por las empresas de armamento, vigilancia, tecnología, inteligencia artificial, que se están enriqueciendo. Y nosotros compramos esas armas. Luego está el sistema crediticio, la banca, los fondos de pensiones, que han garantizado el flujo constante de capital necesario para financiar las operaciones», denuncia.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que Albanese está «incapacitada» para ejercer como relatora especial porque «ha expresado un antisemitismo descarado, apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por EE.UU., Israel y Occidente» al anunciar las sanciones, que la ONU ha calificado de «peligroso precedente» y Amnistía Internacional de «vergonzosas y vengativas».
En Italia una petición oline en apoyo de la relatora ha obtenido 15,000 firmas en solo dos horas, según los promotores, que piden que se garantice la protección diplomática de la relatora de ONU y se presente oficialmente su candidatura al Nobel de la paz.
“He escrito seis informes para la ONU, refiriéndome siempre a la necesidad de investigar los crímenes cometidos, como la detención arbitraria, el trato a menores, el genocidio, pidiendo que la CPI determine las responsabilidades. Pero EE.UU. en este momento es un país alérgico a la justicia, así que impone sanciones contra la Corte, o contra cualquiera que intente aplicar la ley, usando técnicas intimidatorias reminiscentes de la mafia», explica.
En su opinión está claro que «es el poder económico y político que intenta silenciar a quien lo critica, después de ridiculizarlo y difamarlo. Denuncio este sistema, que solo funciona si la gente se deja intimidar y dividir”.
Albanese espera «la implicación» del CPI y las instituciones internacionales «aunque las condiciones no sean las propicias» porque “los sectores implicados, como la industria militar, las altas finanzas y la tecnología, son demasiado poderosos para los sistemas judiciales nacionales».
Sobre como le afectarán las sanciones, la relatora asegura: «A nivel psicológico, ninguno. A nivel práctico, claramente me complicarán mucho la vida, pero yo soy una privilegiada occidental, técnicamente protegida por la inmunidad diplomática de la ONU, mientras la gente en Gaza muere de hambre, de miseria o bajo las bombas» y recuerda que en la Franja «han sido asesinadas 60,000 personas, entre ellas 18,000 niños».
