Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador decidió por unanimidad condenar este lunes a 13 años de cárcel al exvicepresidente correísta Jorge Glas por peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, el caso que le llevó a solicitar asilo a la Embajada de México en Quito y a ser detenido en una toma a la sede diplomática cuando le fue concedido.
Junto a Glas, que estuvo en la sala de audiencias de manera presencial, también fue condenado a los mismos años de prisión Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, quienes además deberán pagar una multa de 60 salarios básicos unificados ($28,200) y una indemnización de $250 millones.
El tribunal, compuesto por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, determinó que Glas y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del Comité para «abusar de dineros públicos» que debían ser utilizados «para la atención a las víctimas del terremoto».
Los magistrados dieron por probada la tesis de la Fiscalía, que durante el juicio del caso denominado como Reconstrucción, aseguró que Glas, quien presidió el Comité, y Bernal priorizaron proyectos de obras que no eran urgentes y que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto, lo que generó un perjuicio al Estado de más de $225 millones.
La financiación de estas obras, algunas de ellas inconclusas o catalogadas como innecesarias, salió de fondos de la Ley de Solidaridad, que fue creada para paliar los daños del sismo.
«Este dinero de los ecuatorianos se destinó a 11 proyectos no prioritarios que habrían beneficiado a intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización», señaló el Ministerio Público.
Glas niega haber administrado dinero
Glas aseguró días atrás que él no administró «ni un solo dólar» durante el proceso de reconstrucción, pero la jueza Caicedo dijo en la lectura de la decisión que, si bien el exvicepresidente correísta no suscribió contratos, pudieron evidenciar «su impulso para procesar y aprobar la priorización de obras bajo el contexto de una emergencia, pero que no atendían a la emergencia, sino más bien a una arbitrariedad».
En ese mismo sentido, la defensa de Bernal había asegurado que el exsecretario del Comité tampoco adjudicó contratos, pero la magistrada señaló que impulsaba el desembolso de dinero para que las instituciones hagan esos contratos y que el presupuesto de algunos de esos proyectos priorizados «finalmente llegaba a las arcas de la familia de Bernal Alvarado porque los contratos iban direccionados hacia ellos».
Los jueces también ordenaron la pérdida de los derechos de participación por 25 años de ambos y que la Fiscalía inicie investigaciones a beneficiarios de contratos priorizados por el Comité, especialmente a las obras relacionadas con la familia de Bernal.
«Este no es el juzgamiento de un delito político ni es una decisión política, aquí se trata de fondos que no se usaron en favor de las víctimas del terremoto, quienes hasta la presente fecha sufren el dolor de la pérdida, por lo que es necesario reparar los daños causados por las actuaciones realizadas por Jorge Glas y Carlos Bernal», añadió Caicedo.
Nueva condena para Glas
Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), ya cumple en la cárcel una pena ocho años a raíz de dos condenas por corrupción impuestas en 2017, por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos, en la Correa fue también condenado a ocho años e inhabilitado políticamente.
A finales de 2022 fue excarcelado gracias a una polémica e irregular resolución judicial y permaneció en libertad durante algo más de un año, hasta que a finales de 2023 llegó a la Embajada de México en Quito, donde pidió asilo, al advertir que la Fiscalía buscaba procesarlo por este mismo caso.
Meses después, el 5 de abril de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó asaltar la sede diplomática para detener a Glas, una vez que el Gobierno mexicano le había concedido un asilo al considerarlo un «perseguido político» y desde ese día está recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país.
El ingreso a la embajada derivó en la ruptura de las relaciones entre ambos países y a un litigio en la Corte Internacional de Justicia, donde México acusa a Ecuador de haber roto la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y Ecuador culpa al país norteamericano de haber contravenido los tratados que regulan el asilo diplomático.
