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El Departamento de Justicia informó este miércoles que ha demandado a los quince jueces del tribunal federal de Maryland para impugnar una orden que prohíbe al Ejecutivo estadounidense deportar a indocumentados durante al menos 48 horas para determinar si la detención fue legal.

La querella busca anular la orden del Tribunal de Distrito de EE.UU. de Maryland, emitida el mes pasado, que estableció una suspensión automática de dos días para las impugnaciones del hábeas corpus de los inmigrantes detenidos.

Esta orden exige que el secretario del tribunal dicte automáticamente una orden cautelar contra la deportación o la impugnación de la situación legal de cualquier extranjero detenido en Maryland por las autoridades migratorias que presente una petición de hábeas corpus.

“Al hacerlo, el Tribunal de Distrito desafía los requisitos procesales y sustantivos para emitir medidas cautelares preliminares, ignora la intención del Congreso y viola el precedente de la Corte Suprema”, dijo el Departamento de Justicia en la demanda.

En este sentido, la fiscal de EE.UU. Pamela Bondi, dijo en un comunicado que la autoridad ejecutiva del presidente Donald Trump “se ha visto socavada” desde las primeras horas de su presidencia por un “aluvión interminable” de medidas cautelares diseñadas para frenar su agenda migratoria.

“Este patrón de extralimitación judicial socava el proceso democrático y no puede permitirse que persista”, insistió Bondi sobre la demanda, que abre una batalla con pocos precedentes entre el Ejecutivo y el poder judicial en el país.

Como parte de la demanda, el Departamento de Justicia solicitó que el caso se transfiera fuera del tribunal de primera instancia de Maryland y que sus jueces sean recusados.

El Tribunal federal de Maryland ha fallado contra la Casa Blanca en casos donde se ha demostrado fallas de proceso como el que involucra a Kilmar Ábrego García, quien fue deportado a El Salvador por error y finalmente regresó a los EE.UU. este mes para enfrentar cargos federales de tráfico ilegal de indocumentados.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a tres instituciones financieras mexicanas por presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, una de las drogas sintéticas que más muertes provoca en el país norteamericano.

Las entidades sancionadas son CIBanco, Intercam y Vector, a las que se les prohíbe realizar ciertas transacciones financieras debido a su presunto papel clave en el blanqueo de millones de dólares provenientes de actividades delictivas. Según el Tesoro, estos bancos habrían facilitado pagos para adquirir precursores químicos utilizados en la elaboración de fentanilo.

“Estas entidades han desempeñado un rol vital y prolongado en el lavado de fondos para cárteles con sede en México”, detalló la institución en un comunicado oficial. Las operaciones habrían contribuido al abastecimiento de sustancias que alimentan la epidemia de opioides en Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue tajante al señalar que estas entidades financieras “están colaborando con los cárteles en el suministro de fentanilo y facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses”.

Esta es la primera acción de este tipo adoptada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la nueva legislación aprobada por el Congreso de Estados Unidos para frenar el flujo de drogas sintéticas como el fentanilo.

Washington también destacó la cooperación de las autoridades mexicanas en la implementación de estas sanciones, y subrayó la importancia de la “sólida relación” bilateral para combatir tanto el lavado de activos como las redes que financian el terrorismo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por dedicar más tiempo a internet que a ejercer su rol como líder mundial, y lo instó a reflexionar sobre sus palabras y a asumir con responsabilidad su posición.

“En este mundo convulso, tenemos a un presidente de una nación del tamaño de Estados Unidos que debería destacarse por su discurso, pensar en lo que dice, estar menos en internet y ser más jefe de Estado”, señaló Lula durante una intervención recogida por el portal G1.

El mandatario brasileño lamentó que el protagonismo de Trump en los medios se reduzca a “la necesidad de un titular miserable” y le sugirió “pensar más en el libre comercio” y “en el multilateralismo”, al tiempo que criticó el papel de Washington en el conflicto entre Israel e Irán.

Lula también advirtió que Brasil ya vivió una experiencia similar con un presidente “al que lo que menos le interesa es la verdad y las necesidades del país”, en referencia al exmandatario Jair Bolsonaro, a quien comparó indirectamente con el actual líder estadounidense.

La jueza federal Barbara Holmes decidió este miércoles mantener bajo custodia a Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño deportado por error desde Estados Unidos, mientras analiza el riesgo de que sea deportado de forma inmediata si pasa a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ábrego enfrenta un proceso judicial en Tennessee por supuestamente haber transportado personas indocumentadas en el país. Su caso fue presentado por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poco después de haberlo traído de regreso a territorio estadounidense, tras intensas presiones judiciales para facilitar su retorno.

La jueza Holmes había ordenado su liberación al considerar que no representa un peligro para la sociedad ni existe riesgo de fuga. Sin embargo, advirtió que, una vez excarcelado, probablemente pasaría a custodia de ICE, lo que abre la posibilidad de una deportación acelerada, sin audiencia ante un juez.

Durante la audiencia celebrada este miércoles en Nashville, Holmes extendió su detención mientras evalúa si dicho traslado podría interferir con su derecho al debido proceso en EE.UU.

El Departamento de Justicia alegó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es una entidad independiente y no puede garantizar el paradero de Ábrego una vez que cambie de custodia.

Por su parte, los abogados defensores argumentaron que sí existe cooperación entre ICE y el sistema judicial, por lo que solicitaron garantías. La jueza estableció como plazo el jueves al mediodía para que ambas partes entreguen sus argumentos finales.

Vestido con uniforme carcelario rojo y con audífonos de traducción, Ábrego asistió a la audiencia acompañado por su esposa, Jennifer González, quien lo observó desde la primera fila junto a familiares y activistas. La audiencia tenía como objetivo definir las condiciones de su eventual libertad.

El salvadoreño había sido acusado por presunta conspiración para transportar migrantes desde Texas hacia Maryland. Sin embargo, la jueza cuestionó la credibilidad de los testigos cooperantes, señalando que sus declaraciones buscaban beneficios legales a cambio de su colaboración.

El caso ha generado amplia atención entre organizaciones defensoras de derechos humanos y opositores a la política migratoria de Trump, al considerar que Ábrego fue víctima de una “desaparición forzada” tras su deportación a la cárcel de máxima seguridad del CECOT, junto a otros 200 migrantes, en su mayoría venezolanos.

De acuerdo con documentos judiciales, Ábrego había residido en Maryland por más de una década y huyó de El Salvador por amenazas de la pandilla Barrio 18. Su esposa denunció que la detención ha sido el episodio más difícil para su familia.

Esta mañana, en declaraciones a reporteros previas a la audiencia, González transmitió a su esposo un mensaje de «fortaleza» ante lo que ha sido, a su juicio, el periodo más difícil que han atravesado como familia.

«Hemos tenido que defenderlo y luchar por su liberación. Kilmar se ha perdido cumpleaños, graduaciones y días del padre. Hoy se pierde nuestro aniversario de bodas», dijo González.

El Gobierno de Israel acusó al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de estar haciéndose con el control de la entrega de ayuda humanitaria que entra por el norte de la Franja de Gaza y ordenó al Ejército un plan de acción.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Hamás de robar la ayuda humanitaria y dio a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) un plazo de 48 horas para elaborar una estrategia, de acuerdo con un comunicado conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz, que recoge «The Times of Israel».

A finales de mayo, se retomó la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza como parte de un acuerdo con Hamás, si bien se encargó la gestión a una controvertida ONG avalada únicamente por Israel y Estados Unidos.

Desde entonces se han producido incidentes mortales a diario y son ya más de 400 los muertos y 300 los heridos que se han registrado durante las entregas, como consecuencia de las acciones del Ejército de Israel, que ha estado disparando a los palestinos que han tratado de hacerse con alimentos.

La ONU reclama una investigación sobre lo ocurrido y pide al Ejército de Israel que deje de disparar a quienes buscan alimento y permitan la entrada de más ayuda humanitaria.

La Justicia argentina recibió en las últimas 48 horas más de 700 pedidos de personas que quieren visitar a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) tras el comienzo de su prisión domiciliaria el pasado 17 de junio, según informó este miércoles uno de los abogados de la exmandataria.

«El Tribunal Oral Federal Número 2 (TOF N.º 2) acaba de protagonizar una escena que quedará en los manuales de la infamia judicial: recibieron 702 mails de ciudadanas y ciudadanos que, de manera espontánea, pidieron visitar a Cristina en su prisión domiciliaria. ¿Qué hizo el tribunal? No respondió ninguno. No procesó las solicitudes. No garantizó ningún derecho», protestó el abogado Gregorio Dalbón en una publicación en sus redes sociales.

Según el abogado, el Tribunal, que rechazó este lunes un pedido de Fernández de un régimen de visitas irrestricto, planteó que es la exmandataria quien debe formular las solicitudes de visitas de personas que no estén incluidas en la lista inicial de familiares, médicos, abogados y asistentes personales que ya fueron habilitados por la Justicia para ingresar a su vivienda sin limitaciones.

«La verdad es clara: no es una medida de seguridad. Es control. Es censura. Es proscripción», opinó Dalbón, que consideró que se trata también de «una forma de aislamiento político y simbólico, que busca destruir lo que no pueden derrotar democráticamente: su liderazgo, su voz, su relación con el pueblo».

Este lunes, el letrado difundió la dirección de correo electrónico del Tribunal e instó a quienes quieran «acompañar, saludar, conversar o solidarizarse» con Fernández a enviar una solicitud para visitarla en la vivienda del barrio porteño de Constitución en el que cumple la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En paralelo, diputados y senadores nacionales del peronismo reclamaron este miércoles a través de un comunicado conjunto el derecho a visitar a la líder del Partido Justicialista sin previo aviso ni autorización judicial, por respeto a «su investidura, la división de poderes y la plena vigencia de la representación política».