La Rebelión
La rebelión asumida como enfrentamiento y lucha contra la tiranía, es un derecho natural del hombre. Entendiendo como derecho natural, aquel que se adquiere al nacer solo por existir como ser humano. Derecho derivado, para el creyente, de un Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza dotado del libre albedrío, incluso para obedecer o no las leyes divinas.
Es un derecho inmanente solo por el hecho de ser ciudadano; es decir, miembro de una comunidad organizada que comparte un mismo objetivo y se rige por disposiciones comunes aplicables al todo social. Sería un imperativo categórico, en palabras de Emmanuel Kant y, para los filósofos griegos, en general, padres de la democracia como Platón, el ciudadano no está obligado a obedecer las leyes humanas si van contra las divinas o contrarias al ideal ciudadano, por lo que les asiste la facultad de rebelarse contra ellas.
Sócrates, su alumno, fue condenado al suicidio por oponerse a la tiranía de Critias (ingirió cicuta), negarse a obedecer las leyes de la ciudad y corromper a los jóvenes con sus enseñanzas que alentaban al desacato
Y como sabemos, la rebelión de los Macabeos (165 a.C.) concluyó con éxito ante la tiranía que el rey heleno Antígonas IV Antifonas, imponía al pueblo judío.
Santo Tomás de Aquino la justifica en las mismas condiciones que le dieron el derecho a Matatías alzarse contra el tirano (Summa Teológica). Otro aspecto tratado en su obra es el tiranicidio, aunque no dejó claro la manera de proceder ante él, sobre su legitimidad o no. Diferente al teólogo español jesuita Juan de Mariana (1526-1624), quien en una de sus obras «Del tiranicidio», se adentró en el análisis sobre la legitimidad de la muerte forzada del tirano, y concluye que es difícil de sustentarlo a la luz de la fe; pero lo justifica cuando no hay otra manera de garantizar el bien común.
En todo caso, hay en el mundo académico, filosófico y jurídico, así como en los teólogos cristianos coincidencia en el derecho a la rebelión que asiste al ciudadano, cuando se dan determinadas circunstancias, como la violación permanente de los derechos humanos, o la ruptura del orden legal establecido generado por la voluntad del electorado.
La rebelión contra la tiranía, contra el ejercicio del poder en forma arbitraria y contraria al orden legal establecido, está consagrado en casi todas las Constituciones del mundo Occidental. Como en la nuestra, que en su articulo 350 de manera taxativa consagra ese derecho de la sociedad: «El pueblo de Venezuela …desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad contraria a los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos».
Y aún así, si no existiere este mandato, nos asiste el derecho a rebelarnos ante la ignominia, la violación del orden legal, los derechos humanos y la desnacionalización de nuestro abolengo histórico, nacido en 1811.
Los venezolanos nos hemos enfrentado a la tiranía desde el mismo momento que el fallecido presidente Hugo Chávez Frías intentó controlar la educación de nuestros hijos; cuando sus madres se lanzaron a la calle bajo la consigna «Con mis hijos no te metas», manifestación pública que el fallecido comandante trató de restarle importancia, aseverando que había sido una reunión «escuálida», para sugerir poca asistencia a la convocatoria. Pero se vio forzado a posponer o detener su plan de monopolizar el sistema educativo, para el adoctrinamiento ideológico signado por el estatismo. De allí nació el mote de escuálido, para endilgarle a cualquier opositor a su arbitrario ejercicio presidencial.
Desde ese momento la resistencia del pueblo, de todos los sectores sociales ha sido continua. No obstante la existencia perversa de una buena parte de la «oposición funcional», que por complicidad, comodidad, ignorancia, cobardía u oportunismo ha sabido cohabitar con la tiranía, mediante edulcorados subterfugios.
Y así, hasta el presente cuando la represión corporal, moral, económica, intimidatoria se ha confundido con la existencia misma y razón de ser del ignaro tirano Nicolás Maduro
Moros, y sus cómplices militares y civiles.
En resumen, el derecho a nuestra rebelión se sustenta en la reiterada violación de los derechos humanos, el ejercicio de la tiranía, el obviar el estado de derecho republicano y democrático, que nos obliga a rescatar la integridad territorial y el ejercicio pleno de la soberanía, hoy difuminada con los intereses más variados de doctrinas, ideologías y políticas contrarias a nuestro interés y, valores occidentales a los que pertenecemos por derecho propio.
El próximo 10 de enero del 2025 está establecido como la fecha cuando el candidato elegido en el proceso electoral del pasado 28 de julio, deba asumir el ejercicio de la Primera Magistratura. En este caso, el movimiento generado por María Corina Machado a través de la Plataforma Democrática, que obtuvo la mayoría de los votos en todo el territorio, en una proporción de 3 a 1.
Por ello, el candidato al cual el CSE le había permitido representar a la oposición, Edmundo González Urrutia, dada la inhabilitación impuesta administrativamente a María Corina Machado, deberá juramentarse como presidente, en la fecha prevista.
Sin embargo, la tiranía desconoció el resultado electoral, y el presidente del CSE, Elvis Amoroso, en una ceremonia privada e inusual, en horas nocturnas declaró ganador al actual dictador venezolano, sin presentar las actas correspondientes que respaldan tal canallada y cobardía.
Debemos rendir homenaje, ahora que falleció el ex presidente Jimmy Carter, a la fundación que lleva su nombre, por presentar ante la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas pruebas irrefutables que el conteo final de las actas electorales, otorgó una clara, masiva y contundente victoria a Edmundo González Urrutia, por sobre el presidente Nicolás Maduro Moro.
Ahora bien, el 10 de enero Edmundo González deberá tomar posesión de su cargo, pero antes deberá cumplir con el protocolo de juramentarse frente al Presidente de la Asamblea Nacional y a todos los asambleístas, representantes de cada uno de los estados venezolanos. La Asamblea Nacional se encuentra en manos del oficialismo, es decir son empleados, funcionarios previamente designados por Maduro y el PSUV.
Hoy, el presidente de la Asamblea es Jorge Rodríguez, no es ficha de nadie sino de él mismo y de su hermana, la Vicepresidenta del Ejecutivo y actual Presidenta de PDVSA, además de socia de Pedro Sánchez de España. Es obvio que Gonzáles no podrá hacerlo, porque ya Rodríguez o quien fuere designado, ha declarado que el presidente electo fue Nicolás Maduro.
¿Acudirá Gonzáles ante la Suprema Corte de Justicia, cuya presidenta hizo propaganda a favor de Maduro en plena campaña electoral, declaró presidente electo a Maduro en sentencia firme, y es militante del Psuv, como todos los 32 magistrados?. ¿Acudirá, entonces ante el Poder Moral o al garante de la Constitución y las leyes de la República, el Ministro del Poder Popular para la Defensa Nacional, General Vladimir Padrino López?
Y es aquí donde aparece la rebelión que se inició en 2002, y ha avanzado hasta colorear el mapa del país de un total color azul.
Juramentando o no el 10 de enero, es obvio que es necesario refundar la república, reorganizar el territorio, ejercer plena soberanía, combatir el delito, controlar las fronteras, un plan cónsono con la realidad nacional e internacional, tomar posesión del sistema educativo, judicial, policial, someter las bandas criminales adiestradas en el Frente Francisco Miranda para asumir la guerrilla urbana, y enfrentar el hecho económico.
En consecuencia, la rebelión será espontánea el mismo 10 de enero, tan presente como lo fue el acto electoral del pasado 28 de julio. Esta vez dispuesta a hacer valer la soberanía popular, tal como marca la Constitución. Nuestra Fuerzas Armadas está esperando ese hecho legítimo y obligante para incorporarse a esa legitima cívico militar, que rescatará la república.
La Junta
Edmundo González Urrutia deberá estar presente en ese momento en el país o próximo a él, para que una vez controlado el crimen internacional instalado en Miraflores y Fuerte Tiuna, encargarse de conformar una Junta Provisional de Gobierno en su calidad de presidente electo. Junta que deberá estar integrada por el presidente de la Conferencia Episcopal o el Cardenal Baltazar Porras, un militar de alto rango y un economista actualizado. Esta Junta nombraría por consenso al Procurador, Fiscal y Contralor, levantaría todas las inhabilitaciones presidenciales existentes y nombraría por consenso a los miembros del Consejo Supremo electoral, que deberá convocar a elección en un lapso no mayor de seis meses a representantes a la Asamblea Nacional, Gobernadores y Alcaldes.
Y en un año, a la elección presidencial, que incluya los votos de venezolanos en el exterior debidamente censados e incorporados, junto con los nuevos votantes, en el registro electoral permanente. Hay experiencias de ello practicadas en la comunidad internacional.
Y una de esas experiencias exitosas fue en Venezuela, cuando a la caída del General Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958, se creó un Junta de Gobierno presidida por el Almirante Wolfgang Larrazábal, e integrada por el coronel Pedro José Quevedo, Edgard Sanabria y el Coronel Carlos Luis Araque. Junta que sufrió algunos cambios con el fin de equilibrar su composición cívico-militar.
Esa Junta estuvo precedida de un plebiscito convocado por Pérez Jiménez que le fue desfavorable, pero se le declaró ganador. Este desconocimiento de la voluntad del electorado desencadenó la rebelión del 23 de enero, que culminó en la constitución de la Junta de Gobierno de 1958, y el posterior proceso electoral ganado por Rómulo Betancourt.
En la actual situación es obvio que en ese año, la Junta gobernará por decretos para garantizar la continuidad administrativa de la República, reorganizar el entramado jurídico creado en estos últimos 25 años tendientes a centralizar la totalidad del poder en el Ejecutivo, insertarnos de nuevo en los valores y cultura del mundo Occidental y, crear las condiciones de gobernabilidad requeridas bajo el manto de un Estado de Derecho democrático moderno, viable, seguro, sustentado en realidades actuales, y en el marco de una economía de mercado moderna y sin complejos.
* Juan José Monsant Aristimuño, diplomático venezolano, fue embajador en El Salvador
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