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Casi 200,000 connacionales emitieron su pasaporte salvadoreño en el exterior durante 2024, según los datos actualizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según los datos de la Dirección General del Servicio Exterior publicados en el Observatorio Digital sobre Movilidad Humana de enero a diciembre de 2024, al menos 197,458 salvadoreños tramitaron su documento de viaje en representaciones de la Cancillería salvadoreña.

El mes con mayores emisiones fue abril con 20,125 y el que menos emisiones tuvo fue noviembre con 12,090. El 2024 arrancó con 16,552 emisiones de pasaporte en enero.

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La emisión de pasaportes salvadoreños aumentó en 19 % en comparación con los 166,574 documentos emitidos de enero a diciembre de 2023. En ese año, agosto fue el mes con más emisiones, teniendo 16,688; le siguió octubre con 16,467; mientras que el mes con menores emisiones fue abril con 12,188.

Además, en lo que va de 2025, Cancillería ya emitió 3,049 pasaportes salvadoreños en sus representaciones y sedes consulares en el mundo. La información divulgada no detalla en qué países se emitieron los documentos.

El trámite del pasaporte tiene un costo de $35 en el extranjero y de $25 en el territorio nacional. Los salvadoreños con pasaporte pueden usar el voto electrónico presencial, según indica la ley para el ejercicio del sufragio en el extranjero.

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El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) se hará cargo del pago de los gastos funerarios por la muerte de personas pensionadas tanto del sistema público (Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, UPISSS) como del sistema privado (Administradoras de Fondos para Pensiones o AFP).

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) informó, en un comunicado emitido el 9 de enero, que el beneficio de «auxilio de sepelio» será pagado por el ISP y menciona entre los beneficiados a los «cotizantes activos del sector público/privado» y los pensionados.

El ISP es la institución que sustituyó al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) con nuevas funciones, como aprobar la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) –adquiridos por las AFP con los ahorros para pensiones– para financiar obligaciones previsionales.

La prestación de gastos de funeral estaba incluida en el artículo 216 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) –derogada en diciembre de 2022– que otorgaba el beneficio por los fallecimientos de los pensionados mediante el «Régimen de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales», el cual es administrado por el ISSS.

Sin embargo, la prestación aún sigue vigente en la ley del ISSS, concretamente en su artículo 66, que establece que «el fallecimiento del asegurado o pensionado causará derecho a una cuota única para gastos de sepelio que el Instituto (ISSS) entregará a sus deudos o a quien hubiera costeado los funerales».

Pero un analista consultado al respecto aseguró que la ley del ISSS solo estipula la prestación «para los beneficiarios del ISSS, por lo que, salvo alguna reforma que puedan hacer, no aplicaría para los del SAP», es decir, para los cotizantes o pensionados que cotizaron en las AFP. Sin embargo, el ISSS prometió, en el comunicado, que la prestación aplicará a los «pensionados de AFPs».

Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna, explicó que el beneficio está fundamentado en el decreto 696 del año 2020, una reforma a la Ley del INPEP que otorgaba la prestación en caso de fallecimiento de pensionados. Esta reforma cita el artículo 66 del ISSS, aún vigente, que otorga al asegurado o pensionado la «cuota única para gastos de sepelio».

Pineda cree que el ISP tomará los fondos de la «Cuenta de Garantía Solidaria (CGS)», un fondo que financia las pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia cuando se agotan los ahorros del pensionado en el Fondo de Pensiones en su Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones, así como el pago de Certificados de Traspaso y las devoluciones de aportes a afiliados que no cumplen requisitos (artículos 97 y 119).

¿De dónde salen los fondos de la CGS? De la cotización a cargo de los empleadores de los trabajadores que cotizan en las AFP y de las cotizaciones especiales de la pensión mensual de los afiliados pensionados por vejez. La ley indica que, si la CGS es insuficiente para cubrir las obligaciones, «le corresponderá concurrir al Estado» según el «artículo 50 de la Constitución de la República».

Pineda sostiene que no se sabe cuánto dinero tiene la CGS actualmente. «En base a análisis actuarial ronda más o menos en $2,500 millones disponibles», dice, pero sostienen que toda esa información está bajo reserva.