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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) demandó este jueves que se garanticen los derechos del periodista salvadoreño Mario Guevara, quien fue detenido el su00e1bado pasado en Georgia, Estados Unidos, mientras daba cobertura a una protesta contra las redadas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

En un comunicado oficial, la APES manifestó su “profunda preocupación” por la captura del comunicador, arrestado en el condado de DeKalb, mientras ejercía su labor periodística en el marco de una manifestación del movimiento ‘No Kings’.

“El arresto ocurrió en un contexto de cobertura legítima y en el ejercicio de la libertad de expresión, reconocida universalmente. Exigimos que se respeten sus derechos”, declaró la organización.

La asociación expresó solidaridad con el periodista y su familia, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que velen por su seguridad, defensa y respeto a su integridad. Asimismo, advirtió que una posible deportación “sentaría un precedente negativo para la prensa hispana y el ejercicio periodístico” en Estados Unidos.

“El respeto al trabajo de los periodistas y de los medios independientes que informan sobre temas sensibles para la comunidad migrante debe ser una prioridad”, enfatizó la APES. También instó al Gobierno salvadoreño a proporcionar asistencia consular inmediata.

El miércoles, Guevara fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según confirmaron fuentes oficiales. Su esposa, Miriam Guevara, aseguró a la agencia EFE que había conversado con él y que, a pesar de las circunstancias, se mantenía optimista.

Mario Guevara, ampliamente reconocido en la comunidad hispana de Georgia con mu00e1s de 782,000 seguidores en Facebook, fue detenido por la Policía de Doraville mientras transmitía en vivo. Aunque se identificó como periodista, fue acusado de tres cargos: caminar en una vía vehicular, obstrucción de agentes de seguridad y reunión ilícita.

Con una trayectoria que incluye trabajos como fotoperiodista en La Prensa Gráfica y como reportero de Mundo Hispánico en Atlanta, Guevara ha documentado en los últimos meses las operaciones de ICE en la región metropolitana de Atlanta a través de su canal digital.

Los partidos de oposición Vamos y Arena no apoyaron las reformas que se aprobaron a la «Ley especial contra delitos informáticos y conexos». Las diputadas de ambos partidos expresaron dudas sobre cómo se aplicará la ley.

La reforma fue solicitada por la Cámara Americana de Comercio (AmCham), cuyos representantes explicaron que busca fortalecer la confianza con los socios internacionales, en referencia a los call centers en donde empleados tienen acceso a datos personales de clientes de empresas que subcontratan sus servicios. La reforma, sin embargo, se aplica en general también a las personas que tengan acceso a bases de datos o sistemas informáticos de manera legítima.

«El problema con este tipo de iniciativas o de leyes, muchas veces, no es el texto de las iniciativas o de los decretos, es el contexto en el que estamos viviendo y qué instituciones son las que van a aplicar y con qué discrecionalidad, con qué intencionalidad van a aplicar esas leyes», opinó la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

Agregó que debido a cómo ha visto que se aplican otras normativas sujetas, a discreción o a uso del poder del gobierno actual, no tiene la certeza de que la reforma se aplique correctamente.

“Si bien una reforma en el texto puede estar bien estructurada, lo que podemos esperar en su aplicación, con la discrecionalidad que hemos visto que se usa del poder y de las instituciones, no nos deja del todo tranquilos que se use de la mejor manera”.
Claudia Ortiz (Vamos).

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, dijo que se han cometido muchos ilícitos vulnerando los datos de las personas, sin embargo, aunque “la intención es buena, el problema es que no sabemos cómo este gobierno puede utilizarlo”, comentó.

La reforma incrementa a 12 años de cárcel el castigo máximo para quienes tengan acceso a datos de manera legítima pero hagan uso indebido e ilegítimo de los mismos datos.

“Así mismo será sancionado con prisión de diez a doce años, quien en razón de sus funciones tenga acceso legítimo a servicios basados en tecnologías blockchain, servicios de subcontratación de procesos de negocios y sistemas o servicios donde los registros de información de terceros estén disponibles con el fin de consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima registros de información de terceros o para otorgar beneficios no autorizados”, indica el decreto.

También, se sancionará “eliminar, ocultar o no documentar interacciones, realizar manipulaciones indebidas sobre los registros de información contenidos en dichos sistemas o para crear información falsa a nombre del propietario de los datos accediendo las autorizaciones otorgadas, con el fin de obtener un beneficio para sí, o para un tercero, en perjuicio del propietario de los datos, controlador o procesador de los mismos”, establece la reforma aprobada este jueves.

Las diputadas de oposición, de los partidos Arena y Vamos, creen que la Asamblea Legislativa tiene una calificación promedio de 6.02 de la población –según la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA– como resultado de su falta de independencia y de no aprobar leyes que beneficien a la población.

«La calificación de la población salvadoreña al trabajo de la Asamblea Legislativa en este primer año de gestión es de 6.02, por debajo del 6.07 del año anterior», señala la encuesta.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, manifestó que esa calificación se debe a que la población percibe que la Asamblea Legislativa no toma desiciones con independencia y la califica como pasapapeles.

«Por esa falta de independencia, no se toman decisiones que podrían ser beneficiosas para todos los salvadoreños… Entonces, lastimosamente, la Asamblea Legislativa se volvió un pasapapeles y, como se volvió un pasapapeles, la gente no le toma seriedad», criticó la diputada de Arena.

La diputada de oposición cree que la población percibe que los diputados no están haciendo el trabajo para el que fueron elegidos y critica que bloquean las iniciativas de oposición «porque son iniciativas que no son de partidos afines al gobierno», además de advertir que las comisiones de trabajo se redujeron a ocho comisiones y son suspendidas frecuentemente.

«No se estudia nada que no venga con dispensa de trámite y eso ha hecho que la población ya vea las cosas con ojos de verdad y ven que no se está haciendo el trabajo que debería de desempeñarse».

Marcela Villatoro (Arena).

La calificación a la Asamblea Legislativa tampoco le tomó por sorpresa a la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, quien argumentó que esto responde a que los diputados no han legislado para la población y en lo que más le afecta, como la economía. «¿qué ha hecho la Asamblea Legislativa para solucionar esto? Casi nada, realmente», dijo Ortiz.

Ortiz aseguró que el partido que es mayoría en la Asamblea Legislativa «no usa ese poder para ayudar a la gente», por lo cual «no representa a la mayoría de la gente».

«Representan a un pequeño grupo de poder económico-político que está usando el Estado para tener mayores recursos, beneficios, exenciones fiscales. ¿Y a la gente qué le está quedando? La gente dice a gritos: ‘La economía es el problema’, y no se está haciendo nada al respecto». Claudia Ortiz (Vamos).

El gobierno ha sostenido que sí están enfrentando desafíos económicos, apostándole al turismo y disponiendo de los agromercados.

En la encuesta, se le preguntó a la población ¿a quién cree que representan los diputados de la Asamblea Legislativa cuando votan?, el 38.2% respondió que «al presidente» y un 19.9% «a ellos mismos». Al respecto, la diputada Villatoro señaló que «ninguno» de los diputados de Nuevas Ideas «tiene iniciativa propia».

La diputada Villatoro insistió en que «todas las iniciativas de ley que vienen a la Asamblea Legislativa vienen del Ejecutivo» y ninguna es presentada a iniciativa real de algún diputado de Nuevas Ideas. «Como por ejemplo cuando yo presenté reformas a la Ley de Salud Mental, que es tan importante en este país, pero no se permitió estudiarla en la Asamblea Legislativa y es una iniciativa personal que podía haber ayudado a los salvadoreños. Eso les pasa a ellos, no pueden presentar de manera personal ningún tipo de reforma que no venga del Ejecutivo y por eso la gente los ha visto como ‘pasapapeles’ o como muy vulgarmente se les conoce como puyabotones», criticó la diputada de oposición.

Diario El Mundo intentó conocer la visión de los diputados de Nuevas Ideas, específicamente a Frank Menjívar y Ricardo Rivas, pero pese a que se les pidió declaraciones sobre el estudio de opinión, optaron por pasar de largo.

Según la encuesta presentada el 19 de junio por el Iudop-UCA, el 12 % piensa que los diputados representan a su partido político, el 17.4% a toda la población y el 5.4%, a la gente que votó por ellos.

Con 60 votos, la Asamblea Legislativa autorizó, con dispensa de trámites, la inhumación de los restos mortales de doña Lilian Hasbún de Batarse en la Parroquia Santuario Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el distrito de San Miguel, en San Miguel Centro, siguiendo la voluntad de su familia y de la feligresía migueleña.

La solicitud fue presentada por el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), este 19 de junio a las 8:25 a.m., y su dispensa de trámites fue solicitada por el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas.

En la sesión plenaria, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, dio el pésame a la familia Batarse. «Yo salí del colegio Guadalupano y siempre ella fue parte de ese ejemplo de guadalupanas plancartinas que nos enseñaban ese mensaje que el padre Juan Antonio Plancarte, que teníamos que hacer el bien, que teníamos que luchar por una sociedad más justa», dijo.

«Hoy San Miguel pesa menos, hemos perdido a una gran mujer migueleña, mama Lilian Hasbún de Batarse siempre fue una luz de esperanza para el pueblo migueleño, su vida la dedicó al servicio de las personas más humildes, de personas muy pobres», expresó por su parte el diputado Carballo.

El diputado, quien también dio el pésame a la familia, reveló que, cuando llegaba a escuelas «muy humildes de cantones de San Miguel» y veía «una banda musical muy bonita», les preguntaba cómo obtuvieron los instrumentos y le respondían: «Los regaló mama Lilian».

También, el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, aseguró que «el día que morimos nuestras obras van con nosotros». «Quiero darle mi más sentido pésame a la familia y también es tía de nuestro diputado suplente Arturo Batarse», expresó Navarro.

Doña Lilian Hasbún de Batarse, quien falleció el 17 de junio de 2025, fue una empresaria, exalumna del Colegio Guadalupano, conocida como mama Lilian, fue presidenta fundadora de la Cofradía Damas Guadalupanas Plancartinas de San Miguel, presidenta fundadora de Unión de Mujeres Americanas (filial de San Miguel), miembro de la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles S.O.S. de El Salvador, cita la solicitud.

Dedicó su vida a obras de impacto social como clínicas médicas gratuitas, comedores comunitarios, programas educativos y talleres de valores para niños y jóvenes. Su fe en la Virgen María y su convicción en la dignidad del ser humano la guiaron en la ejecución de al menos 24 proyectos a favor de los más necesitados.

En 2017, la Asamblea Legislativa entregó el reconocimiento como “Ciudadana Distinguida de El Salvador”, y en 2014 la Alcaldía de San Miguel como “Mujer Distinguida”.

Fue nombrada por el papa Francisco como “Dama de la Orden de San Silvestre”, un título reservado para laicos con una trayectoria destacada en servicio a la Iglesia Católica.

“Más que vivir debemos servir a los demás… El amor impulsa a ir más allá”, expresó en su discurso de agradecimiento al recibir el homenaje de la Asamblea Legislativa en 2017. Con esa filosofía, inspiró y lideró causas que transformaron la vida de miles de familias en San Miguel.