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  • La FIFA minimiza el impacto de la política migratoria de EE.UU. sobre torneos deportivos

    La FIFA minimiza el impacto de la política migratoria de EE.UU. sobre torneos deportivos

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, minimizó el impacto que las restrictivas políticas migratorias de Estados Unidos van a tener sobre el Mundial de Clubes, que comienza este sábado, y la Copa Mundial de 2026, asegurando que aficionados «del mundo entero» asistirán a ambas competiciones.

    «Cada país tiene sus propias políticas, pero nosotros estamos para la unión. Los hinchas y los aficionados del mundo entero van a ir a Estados Unidos, como a México y Canadá (sedes del Mundial del próximo año junto con EE.UU.)», dijo este martes Infantino a los medios durante un evento en Miami previo al inicio del Mundial de Clubes.

    «Como siempre, antes del Mundial se hablan de muchos temas, pero luego cuando empieza va a ser una fiesta», agregó.

    El inicio del renovado Mundial de Clubes se produce en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, incrementando el número de redadas contra migrantes indocumentados, y revocando permisos de residencia temporal de los ciudadanos de varias nacionalidades.

    Esto ha generado dudas sobre el posible impacto de estas medidas sobre extranjeros que quieran viajar al evento en EE.UU., y sobre la asistencia al torneo de inmigrantes que viven en el país, dado el temor de que al acudir a los estadios sean arrestados por las autoridades migratorias.

    En este sentido, el presidente de la FIFA también afirmó que no tiene «ninguna preocupación» sobre que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) extienda su actividad a los estadios de fútbol para detener a migrantes indocumentados, como ya hace en lugares de trabajo, escuelas y cortes.

    La última medida en materia migratoria aprobada por Trump prohibió la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo (Brazaville), Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

    Además vislumbra excepciones para los nacionales de otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

    El decreto presidencial firmado por Trump, no obstante, excluyó a «los atletas, entrenadores y miembros de equipos deportivos que viajen a importantes eventos como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial», en vistas al intenso calendario de eventos deportivos que Estados Unidos acogerá en los próximos años.

    Infantino participó hoy en Miami en un evento promocional de esta competición en el que estuvo acompañado por el alcalde de Miami, Francis Suárez, el exfutbolista Ronaldinho, y los técnicos de los dos equipos que disputarán el partido inaugural: Javier Mascherano, por el Inter de Miami, y José Riveiro, por parte del Al Ahly egipcio.

  • Prevén chubascos y tormentas durante la tarde y noche del martes

    Prevén chubascos y tormentas durante la tarde y noche del martes

    El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronosticó chubascos y tormentas durante la tarde y noche de este martes en diferentes puntos del país.

    Dicha condición se presentará con énfasis en las zonas norte, occidental y oriental, así como en la cordillera volcánica, aseguró la institución en X.

    «Durante la noche se esperan en la zona norte, desplazándose hacia el occidente del país y lluvias puntuales en la zona central y oriental», señaló el MARN.

    Medio Ambiente también advirtió a la población ante la posible crecida de ríos, inundaciones en zonas urbanas, deslizamiento de tierra y rocas, además la caída de árboles por las lluvias.

    En el caso de los vientos, estos tendrán un a variación de entre los 8 y los 18 kilómetros por hora con «ráfagas ocasionales de 32 kilómetros por hora».

    Las temperaturas rondarán entre los 21 y los 28 grados centígrados en las zonas altas; en valles interiores la mínima será 31 grados y la máxima alcanzará los 36 grados. La zona costera oscilará entre los 32 y los 34 grados centígrados, según el MARN.

  • Abogados apelan resolución del caso de Cooperativa El Bosque

    Abogados apelan resolución del caso de Cooperativa El Bosque

    Los abogados de la defensa del presidente de la cooperativa El Bosque, Ángulo Pérez, y el abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez presentaron el lunes ante la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla la apelación de la resolución de la audiencia inicial, donde se decretó detención provisional.

    «Hemos presentado un recurso de apelación contra la resolución de la jueza del Primero de Paz de Santa Tecla, quien ordenó instrucción formal con detención provisional en contra de nuestros compañeros», informó Carlos Fuentes a través de un video compartido por el Foro del Agua, en su cuenta de X.

    Fuentes explicó que la apelación se presentó debido a que la defensa consideró que la juzgadora resolvió «contrario a derecho, haciendo una incorrecta y arbitraria aplicación de las reglas de la sana crítica e interpretación de los hechos».

    El vocero del Foro del Agua señaló que los argumentos y las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no tenían elementos que muestran la participación de Ángel y Alejandro en los supuestos delitos que se les imputan, que corresponden a desórdenes públicos y resistencia agresiva.

    La jueza lo que hizo fue hacer una aplicación arbitraria para dar la apariencia del buen derecho y lo que hizo fue una incorrecta interpretación de los hechos, entonces lo que encontramos es que la jueza está inventando una nueva categoría penal, porque ella rompe los criterios que establece el Código Penal y concluye que ellos exceden el ejercicio del derecho de reunión y manifestación», indicó Fuentes.

    La noche del 12 de mayo de 2025, los habitantes de la cooperativa El Bosque participaron en un plantón frente al centro comercial Las Piletas y de la Residencial Los Sueños, para pedir ayuda al presidente a cancelar una orden de desalojo dirigida para 300 habitantes de la comunidad.

    En dicha concentración fue detenido Ángel Pérez, en medio del forcejeo con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y demás de los habitantes trataban de impedir la detención, según se observa en la transmisión realizada por Radio Balsamo TV.

    Un día después, se reportó la captura del abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez en la afueras de las instalaciones de dicha organización, en la colonia Miramonte de San Salvador, según informaron miembros de la misma organización.

    Ambos detenidos enfrentaron el 30 de mayo la audiencia inicial ante el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, donde se ordenó que continúen en detención provisional y que el caso pase a fase de investigación durante seis meses.

    Al finalizar la audiencia, el abogado defensor Oswaldo Feusier dijo que el expediente fiscal no tenía los requisitos para que ambos detenidos estén en prisión y que después de tres horas de argumentos de la defensa, la jueza dio su fallo en menos de tres minutos.

    La Fiscalía acusó a Pérez y a Henríquez de los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos en calidad de coautores en perjuicio de la paz pública.

    Según el planteamiento de Fiscalía, los imputados tenían la intención de ingresar a la Residencial Los Sueños, donde vive el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

    «A pesar que se le mostró una gran cantidad de videos, una gran cantidad de imágenes donde se demuestra que no hubo desórdenes públicos, que lo que hubo fue agresión de la PNC y de la policía militar, ella (la jueza) toma arbitrariamente una imagen donde lo que se demuestra es otra cosa», agregó Fuentes, del Foro del Agua.

    La organización también informó que los procesados en el caso de la Cooperativa El Bosque fueron trasladados al centro penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, donde deberán guardar prisión hasta que el caso pase a fase de instrucción.

  • Envían a fase de instrucción a King Flyp por expresiones de violencia contra las mujeres y decretan reserva total al caso

    Envían a fase de instrucción a King Flyp por expresiones de violencia contra las mujeres y decretan reserva total al caso

    El cantante Marvin Ulises Martínez León, mejor conocido como «King Flyp» fue enviado a la etapa de instrucción por el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador, acusado del delito de expresiones de violencia contra las mujeres.

    De acuerdo a Centros Judiciales, los hechos ocurrieron el 6 de junio de este año y debido a «la relación circunstanciada de los hechos» el juzgado ordenó reserva total del caso.

    «Durante la audiencia, el juzgado determinó que existen indicios probatorios suficientes sobre la existencia del delito y la probable participación del procesado, motivo por el cual se ordenó que el caso continúe en la etapa de instrucción», ante un Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

    En la audiencia inicial también le fueron decretadas medidas sustitutivas a la detención contra el cantante e influencer, así como «la prohibición de no acercarse a la víctima por cualquier medio y la obligación de presentarse cada 20 días ante el juzgado especializado LEIV».

    El 29 de mayo King Flyp se vio involucrado en un accidente de tránsito, en el que chocó una camioneta Tacoma en Santa Ana.

  • Corte Suprema argentina confirma la condena a seis años de prisión de Cristina Fernández por corrupción

    Corte Suprema argentina confirma la condena a seis años de prisión de Cristina Fernández por corrupción

    La Corte Suprema de Argentina rechazó este martes el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.

    Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de «lawfare», es decir, persecución judicial y política.

    «Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional», dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

    Y añade: «El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley», agrega.

    La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).

    El fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que sería detenida en las próximas horas o días.

    La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado.

    El fallo del Supremo llegó ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura como legisladora en los elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre.

    Al haber alcanzado una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios el próximo 19 de julio, la exmandataria queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y cualquier otra.

    La causa por la que fue condenada, conocida como «Vialidad», investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

    La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal.

    En noviembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, quien recurrió al Supremo.

    En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como «guardia pretoriana del poder económico» y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan «libres» por las calles, por lo que, para ella, «estar presa es un certificado de dignidad».

  • Asamblea aprueba Ley de Sostenibilidad Fiscal que limita deuda al 80 % del PIB en 2030

    Asamblea aprueba Ley de Sostenibilidad Fiscal que limita deuda al 80 % del PIB en 2030

    La Asamblea Legislativa aprobó este martes –con 59 votos y un voto en contra– la “Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas”, que busca limitar el endeudamiento público a un 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2045 y mantener las finanzas públicas en una condición estable a largo plazo.

    La ley aplicará al Sector Público No Financiero, que incluye al Gobierno Central –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, Ministerio Público, instituciones descentralizadas no empresariales, empresas públicas no financieras, como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), así como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Dirección de Obras Municipales (DOM), las municipalidades y el Fondo de Conservación Vial (Fovial). La ley incluye las obligaciones del Sistema de Pensiones, por lo que el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) estará obligado a dar la información que el Ministerio de Hacienda le pida.

    La regla de responsabilidad fiscal será la siguiente:

    1. La deuda con pensiones no podrá ser mayor al 80 % del PIB en 2030.
    2. La deuda con pensiones no podrá ser mayor al 75 % del PIB en 2035.
    3. La deuda con pensiones no podrá ser mayor al 70 % del PIB en 2045.

    Sin embargo, el nivel de deuda límite de largo plazo “podrá ser revisado cada 10 años” con “una propuesta razonada a la Asamblea Legislativa”.

    Además, las metas de deudas podrán suspenderse en los casos siguientes: si el PIB real cae al menos 1.5 % durante dos trimestres consecutivos o en caso de emergencia, calamidad pública, desastre natural, crisis económicas o conflictos bélicos internacionales que generen un costo fiscal de al menos 1 % del PIB.

    La nueva normativa es una de las condiciones del acuerdo de financiamiento de aproximadamente $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual exige, además de una Ley de Sostenibilidad Fiscal, una reforma de pensiones que contenga los costos fiscales, una reducción en el gasto salarial, una reforma al servicio civil y la contención de gastos corrientes.

    Con la nueva normativa, Hacienda deberá elaborar un Marco Fiscal de Mediano Plazo, una programación fiscal del presupuesto y de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) –gobierno central, instituciones descentralizadas y empresas públicas– a cinco años, que deberá ser publicado anualmente en el Portal de Transparencia Fiscal

    Arena votó a favor y Vamos, en contra: ¿por qué?

    El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), quien rechazó la dispensa de trámites, mostró su desconfianza en que la Ley de Sostenibilidad Fiscal se cumpla pero votó por la normativa.

    «Vamos a apoyarla pero ojalá que este no sea un candado simbólico más que le está poniendo Nuevas Ideas al presupuesto general de la nación ni tampoco al endeudamiento, porque ya vimos que, después de aprobar esta ley de sostenibilidad fiscal, viene otro endeudamiento de $75 millones. Ojalá sea una verdadera herramienta de control donde ustedes se ajusten el cincho al igual que lo están haciendo muchos salvadoreños porque el dinero ya no les alcanza», afirmó.

    Está claro que esta medida obedece a un cumplimiento que deben realizar al Fondo Monetario Internacional, que no busca más que frenar el endeudamiento que ustedes han realizado en todo este periodo. Llegó algo tarde, pero qué bueno que llegó.
    Francisco Lira, diputado de Arena.

    Por su parte, la diputada Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra de la ley y mostró su desconfianza en que se cumpla. «Es pecar de inocentes», dijo. Aseguró que la ley significa el límite de la deuda pero también «la medicina amarga para la gente».

    «Vamos a votar en contra porque nos han demostrado que pueden poner todo lo que quieran en el papel pero ustedes no cumplen la ley. Vimos cómo igual no importó y siguen comprando Bitcoin porque la medicina amarga la sigue probando el salvadoreño que va coyol quebrado coyol comido, pero vemos el despilfarro y el gasto desmedido en todo lo público y la falta de transparencia».
    Cesia Rivas, diputada de Vamos.

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, votó a favor ya que aseguró que será beneficioso para el país. «Con solo quejarse no cambiamos las cosas, probablemente algunos crean que somos inocentes, pero nosotros somos propositivos», dijo.

    Sin embargo, Villatoro planteó preguntas que quedan a flote con la aprobación de la ley: los límites de deuda solo están planteados para los tres gobiernos siguientes, pero no para el gobierno actual; y mencionó que en el artículo 8 se considera suspender la Ley de Sostenibilidad Fiscal, «pero dice que solo se le va a informar a la Asamblea Legislativa, pero no se va a revisar el porqué se van a hacer las modificaciones».

    «No solamente es que va a sanear las finanzas del Estado y que de esta aprobación depende el segundo desembolso. Si es cierto que muchas leyes se quedan en letra muerta pero nosotros queremos creer que sí van a cumplir estas metas».
    Marcela Villatoro, diputada de Arena.

    También, el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, también sostuvo que, con la Ley de Sostenibilidad Fiscal, «se está transparentando el manejo fiscal con una proyección de deuda de hasta el 70 % del PIB», en referencia a la meta que se tiene hasta 2045. «Se van a transparentar los datos fiscales y las proyecciones y esto será bajo la tutela de los organismos internacionales», prometió.

    La Ley de Responsabilidad Fiscal pasada estaba basada con un tope de deuda de hasta el 65 % del PIB, fue suspendida por la pandemia, es un esfuerzo por proyectar un nuevo techo fiscal.
    Christian Guevara, diputado de Nuevas Ideas.

  • Bolsonaro niega golpe de Estado y busca alternativas legales tras derrota

    Bolsonaro niega golpe de Estado y busca alternativas legales tras derrota

    El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó este martes haber considerado un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

    Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, reconoció que exploró «alternativas dentro de la ley», pero rechazó cualquier intento por romper el orden constitucional.

    «Cuando hablamos de un proyecto de ley, parece que se trata de algo perverso. Rechazo cualquier posibilidad de hablar de un proyecto de ley golpista o que no se ajuste a la Constitución brasileña», declaró el exmandatario en su primera comparecencia como imputado en la causa por el presunto complot golpista.

    Al ser interrogado por el juez Alexandre de Moraes sobre las reuniones que sostuvo con comandantes militares a finales de 2022, Bolsonaro aseguró que todas las conversaciones giraron en torno a soluciones enmarcadas en la Constitución. «No puedo garantizar qué asunto se discutió en qué fecha. Las reuniones se basaban, en gran medida, en la decisión del Tribunal Superior Electoral», explicó.

    El expresidente afirmó que la sanción económica impuesta a su partido, el Partido Liberal, por solicitar la anulación de las elecciones, limitó la posibilidad de cuestionar los resultados. «Entendíamos que, si apelábamos, la multa podía aumentar», señaló.

    Sobre las acusaciones de que su administración habría considerado acciones militares, Bolsonaro fue enfático: «Por mi parte, nunca se habló de un golpe de Estado. Es abominable. Sería fácil iniciarlo, pero las consecuencias serían impredecibles. Brasil no puede vivir una experiencia así».

    Asimismo, negó que el excomandante de la Armada, Almir Garnier, le ofreciera tropas para revertir los resultados. «No había clima, ni oportunidad, ni una base mínimamente sólida para hacer nada», afirmó.

    En cuanto a sus declaraciones cuestionando la legitimidad del sistema de voto electrónico, sostuvo que su postura siempre ha sido favorable al voto impreso, sin tomar acciones que violaran la ley. También ofreció disculpas por acusaciones infundadas contra magistrados del Alto Tribunal: «No tenía intención de acusar a nadie, y reconozco que no existe ninguna prueba».

    Bolsonaro forma parte del grupo principal de ocho personas investigadas por supuestamente integrar una trama que pretendía derrocar el orden democrático, la cual culminó con el intento de toma de las instituciones el 8 de octubre de 2023. En su contra pesan cargos por asociación criminal, tentativa de abolir violentamente el Estado de derecho, intento de golpe de Estado y daños al patrimonio nacional.

  • Hombre es condenado a 15 años de prisión por portar un arma ilegal

    Hombre es condenado a 15 años de prisión por portar un arma ilegal

    José Rogelio Membreño Álvarez fue condenado a 15 años de prisión por portar un arma de fuego ilegal, informó la cuenta de Centros Judiciales El Salvador.

    La institución dijo este 10 de junio que el hombre fue detenido el 31 de marzo de 2025 en una gasolinera en la colonia Carillo, en San Miguel, municipio de San Miguel Centro.

    La Policía Nacional Civil (PNC) llegó al lugar luego de que alguien reportara que Membreño Álvarez se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas con un arma de fuego. La sentencia fue interpuesta por el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel, en un juicio sumario.

    Otro caso

    Centros Judiciales también informó este mes sobre una condena de tres años de prisión contra Obed Misael González Vásquez, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

    Según la institución, el hombre confesó que el 19 de enero de 2025 consumió bebidas alcohólicas, sacó su arma de fuego y disparó al suelo.

    Los hechos ocurrieron en la urbanización Brisas de San Marcos, en San Salvador, y el hombre fue detenido luego de que personas cercanas a la zona escucharan el sonido y reportaran a la PNC.

  • Estado de salud de Enrique Anaya es estable pese a que padece de enfermedad crónica, dice su abogado

    Estado de salud de Enrique Anaya es estable pese a que padece de enfermedad crónica, dice su abogado

    El abogado Salvador Enrique Anaya se encuentra recluido en la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) en estado de salud estable, a pesar de padecer de una enfermedad crónica que ha sido motivo de preocupación tras su captura el pasado fin de semana, dijo el martes su abogado defensor, Jaime Quintanilla, tras visitarlo.

    “Entramos a ver a Enrique, está estable gracias a Dios se le está brindando su medicamento, sin embargo, una de las peticiones bastantes serias que pide es que antes de su detención él estaba en un tratamiento propio de su enfermedad y estaba en esa etapa y cuando lo llevaron a chequeo en Medicina Legal dijo que le hicieran las pruebas que le habían ordenado a nivel privado”, declaró Quintanilla a las afueras de la División de Tránsito Terrestre.

    Anaya fue trasladado a dichas instalaciones el lunes 9 de junio, luego que fuera llevado a la Dirección Central de Investigaciones (DCI) tras su detención el sábado 7.

    El abogado indicó que Anaya padece de una enfermedad crónica desde hace varios años y que parte de sus chequeos médicos se le solicitó la realización de ultrasonografía, la cual dijo no pudo hacerse, por lo que hace solicita que se le brinde el tratamiento médico adecuado mientras permanece en detención con el fin de evitar una complicación.

    Marcela Ramos, socia del abogado Anaya señaló que “en estos momentos no ha tenido un monitoreo de su condición de salud, no ha tenido un reconocimiento médico y él indicó desde su detención que ya tenía una orden para una ultrasonografía esquelética y no se le ha autorizado, ni se le ha brindado”.

    Ante ello, el abogado hizo el llamado a la comunidad internacional a que den seguimiento al estado de salud de Anaya para que “se den cuenta del estado en que él se encuentra y puedan ver su condición porque tiene temor de su situación dado que si no le van a dar la medicación adecuada, si no va a tener en su momento los tratamientos su situación podría disminuir”.

    Anaya fue detenido el sábado 7 de junio en la vivienda de su hija en Ciudad Merliot, Santa Tecla y la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su captura por el presunto delito de lavado de dinero.

    Remisión a juzgados

    Por otra parte, el abogado Quintanilla dijo que aún desconocen cuándo remitirán a Anaya a los juzgados, pese a que este martes se cumplen las 72 horas de la detención administrativa por ser delitos comunes, no obstante, dijo que es probable que siga en detención durante el plazo del régimen de excepción, que consta de 15 días.

    “Aplicar un régimen de excepción a una jurisdicción ordinaria para ellos (Fiscalía) es normal, cuando el régimen de excepción ya sabemos es llevado a cabo por el programa de seguridad por delitos relacionados a pandillas, secuestros, extorsión y homicidio y no existe una organización criminal de Enrique Anaya como abogado”, argumento.

    Quintanilla añadió que hasta el momento desconocen sobre los hechos por los que fue detenido su representado, por lo que sostuvo que es difícil sostener una defensa cuando se limita conocer sobre las presuntas razones de la captura.

    “Como no sabemos porque lo van a juzgar ahorita estamos en situación de incertidumbre, ya que tanto Enrique como la defensa desconocemos los hechos por el cual él ha sido detenido. La Fiscalía lo acusa al momento de la captura de lavado de dinero, yo estoy mas que seguro que lo van cambiar y ¿cuando lo vamos a saber? hasta el momento que lo llevan a tribunales”, expresó.

    “No se ha tenido acceso al expediente a pesar que ha pasado tanto tiempo de su detención, Enrique no conoce sobre los hechos por los cuales se le está imputando el delito, así que eso es parte de una estrategia para poder obstaculizar su defensa que en definitiva si él no conoce los hechos, si no nos dan acceso al expediente, sino cumplen con los términos legales pues lo que se está realizando al final es una violación al debido proceso”.

    Marcela Ramos, abogada

    Ante ello, el abogado dijo que solicitarán a la Fiscalía información sobre los argumentos de detención que se planean informar en el requerimiento cuando sea remitido a juzgados con el propósito de ejercer una defensa justa.

    El abogado reconoció que en años anteriores investigaciones financieras de forma administrativa durante los periodos presidenciales de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén “afortunadamente todo eso él lo pudo desvanecer” y “no trascendió a nivel público”.

  • Dos pandilleros condenados a 10 años de cárcel por exigir $1,000 mensuales a su víctima para no asesinar a conocidos

    Dos pandilleros condenados a 10 años de cárcel por exigir $1,000 mensuales a su víctima para no asesinar a conocidos

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 10 años de prisión a dos hombres culpables de exigir $1,000 mensuales a su víctima a cambio de no asesinar a sus conocidos.

    La información fue compartida por la cuenta de Centros Judiciales de El Salvador este martes.

    La institución dijo que Jorge Antonio López Anaya y Jorge Ezequiel López Rosales fueron condenados por el delito de extorsión, en perjuicio de una víctima con régimen de protección.

    Los dos hombres fueron condenados a 10 años de prisión por el Tribunal, tras más de siete años de haber comenzado la extorsión.

    Los hechos

    Según las investigaciones divulgadas por Centros Judiciales, López Anaya y López Rosales son miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y exigían el pago de $1,000 a la víctima.

    Si la persona no cumplía, los hombres la amenazaban con asesinar a sus empleados y familiares.

    La víctima denunció la extorsión el 26 de junio de 2018. Posteriormente, la Policía Nacional Civil (PNC) identificó a los responsables del crimen, tras comprobar que en dos ocasiones los hombres participaron en la recolección del dinero exigido por la pandilla.