Un juez estadounidense invalidó una ley que permitía a estudiantes universitarios en Texas pagar su matrícula en estas instituciones con la misma tarifa que los residentes del estado («in-state tuition»), lo que afectaría a más de 70,000 jóvenes, tras una demanda del Gobierno del presidente Donald Trump.
El congresista Joaquín Castro, demócrata que representa a San Antonio, denunció que este fallo «lastimará a los texanos», además de recordar que fue un gobernador republicano, Rick Perry, quien pasó esta ley en 2001.
La Corte de Distrito del Norte de Texas declaró la legislación «inconstitucional e inválida» tras el recurso que presentó el miércoles el Departamento de Justicia por considerar que el estado estaba «discriminando de manera inconstitucional» a los ciudadanos estadounidenses en «beneficio» de los extranjeros.
«La colegiatura estatal para los inmigrantes ilegales finalmente ha terminado en Texas, algo a lo que le doy fuertemente la bienvenida después de presentar legislación para terminar esta práctica en varias sesiones», publicó este jueves el senador estatal Brandon Creighton, quien compartió la orden del juez.
El gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, sostuvo que el fallo del juez aplica de manera permanente para Texas, donde hay cerca de 73,000 estudiantes indocumentados en educación superior, casi una quinta parte de los 408,000 con este estatus a nivel nacional, según la organización Higher Ed Immigration Portal.
La sentencia del juez costaría a Texas un estimado de $460 millones en salarios que se perderán por el debilitamiento de la fuerza laboral, según aseguró United We Dream, una de las mayores organizaciones de migrantes de EE.UU. y que pidió organizarse para reinstaurar la normativa.
«La decisión de ayer es el último de los ataques en contra de los estudiantes que han crecido en Texas y que llaman este estado su hogar», expresó en un pronunciamiento.
El programa, establecido en 2001 con la aprobación de una ley conocida como Texas Dream Act, permitía que ciertos jóvenes que no son ciudadanos estadounidenses, pero que viven en Texas y se graduaron de secundaria en el estado, puedan pagar la misma matrícula universitaria que los residentes legales.
En Estados Unidos, los estudiantes de otros estados deben pagar una matrícula mucho mayor («out-of-state tuition») cuando van a una universidad en otra región, pero esta ley daba a los jóvenes sin estatus migratorio que vivían en Texas la oportunidad de acceder a la educación superior con la tarifa local, que es más barata.
