Este sábado 7 de junio entrará en vigor la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, sancionada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nueve días después de que la Asamblea Legislativa la aprobara el pasado 20 de mayo, en medio de cuestionamientos por su posible impacto en la libertad de asociación y expresión.
La nueva normativa fue publicada en la edición del 30 de mayo del Diario Oficial –divulgada y puesta a la venta a partir de este jueves 5 de junio– e inicia su vigencia ocho días después, es decir, el 7 de junio.
La nueva ley establece un periodo de 90 días para que cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero se registre como «agente extranjero» en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), obliga a estos «sujetos obligados» a dar cualquier información sobre sus actividades o finanzas que considere y le pida el RAEX y cobrarles, además, un impuesto del 30 % sobre los fondos extranjeros que reciba, además que limita expresamente su participación en actividades consideradas “políticas”.
La Ley de Agentes Extranjeros es vista por organizaciones locales e internacionales como una amenaza a las libertades fundamentales y la democracia en El Salvador, y es visto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como una forma de «proteger la cooperación».
Críticas a la ley
El Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) advirtió que la ley permitiría el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente, como represalia por sus labores para combatir la corrupción y la impunidad y defender los derechos humanos y sealó que la normativa restringiría el espacio cívico y obstaculizaría el ejercicio del derecho a las libertades de asociación y de expresión en El Salvador.
Tambien, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR) manifestó su preocupación por su «lenguaje ambiguo y disposiciones que podrían restringir indebidamente los derechos a la libertad de asociación y de expresión» y que algunas organizaciones pueden verse «obligadas a interrumpir sus actividades».
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) consideró que la ley otorga al gobierno de Nayib Bukele amplios poderes para vigilar, sancionar y cerrar organizaciones, especialmente aquellas que denuncian corrupción, violaciones de derechos humanos o las negociaciones del gobierno con pandillas. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, afirmó que la normativa busca silenciar a voces críticas y otorgar control excesivo al Ejecutivo sobre las organizaciones sociales. HRW sealó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó la ley rusa por su carácter estigmatizador y represivo, y exhortó a la comunidad internacional a rechazar de forma firme esta ley salvadoreña que, dijo, se asemeja también a la Nicaragua.
Bukele defiende la legislación
Bukele, por su parte, defendió la normativa el 1 de junio, como un mecanismo para “proteger la cooperación internacional” y asegurarse de que los fondos extranjeros destinados a proyectos sociales sean realmente para eso. Aseguró que la Ley de Agentes Extranjeros garantizará que quienes vengan a ayudar de verdad a la gente mantengan no paguen impuestos pero que quienes “vengan a velar por intereses políticos” paguen impuestos «como todos los demás”. Insistió en que no se prohibirá “que se metan en política” ni “que tengan injerencia”, solo que “se anoten y que paguen impuestos como cualquier empresa”.
Sin embargo, el presidente salvadoreño aseguró que “la injerencia extranjera debería estar prohibida en todos los países del mundo” pero sealó que El Salvador ha decidido “permitirla” con la condición de que quienes reciban esos fondos “paguen lo que pagan todos” en impuestos. Según el gobernante, esta la ley no busca prohibir ni restringir la ayuda extranjera que beneficie directamente a la población, como proyectos sociales o médicos, aunque la normativa no detalla los criterios para el el RAEX excluya del control o del pago del impuesto a ciertas organizaciones.
Bukele criticó duramente a las organizaciones que «vienen a hacer política”, señalando que estas operan “en la oscuridad, sin reglas, sin límites, sin pagar nada”, influenciando “con dinero, con total impunidad” las decisiones del país sin haber sido elegidas en elecciones democráticas. Aseveró que medios tradicionales actúan como “activistas disfrazados de periodistas para difundir mentiras”.
