Con su aguda crítica fundamentada en un pensamiento sólido y un conocimiento denso de nuestra historia, aterrizado siempre en la realidad actual, Rodolfo Cardenal me forzó a citarlo nuevamente tras afirmar que «Casa Presidencial creó una marca: la marca Bukele. La cuidó, la alimentó y prosperó». Eso dijo recientemente, en una entrevista transmitida por la emisora de la universidad jesuita salvadoreña: YSUCA, «la voz con vos». Pero este sacerdote, director del Centro Monseñor Romero, no dijo lo siguiente. Esto lo digo yo. Para mi gusto, esa «marca» es la del 666. ¡Ojo! No me refiero al número mencionado en el Apocalipsis del Antiguo Testamento, aunque más de alguna mente alcanzativa y hasta retorcida suponga que sí.
Yo hablo de otros seises específicos. El primero tiene que ver con los meses que Nayib Bukele pidió permiso para abandonar la titularidad del Ejecutivo disque respetando la Constitución, para postularse nuevamente y ocupar el cargo durante el período inmediato posterior. Eso no fue más que una soberana cachetada para quienes, candorosa o tontamente, imaginaron que soltaría el poder aunque fuera para traspasárselo a alguien de su camada.
El segundo: los seis millones de dólares que se supone cobró o cobrará tras recibir los cientos de prisioneros venezolanos enviados por Donald Trump, más algunos cuantos salvadoreños entre los cuales destaca el cabecilla marero procesado en Estados Unidos conocido como «El Greñas». Todos ingresaron al Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo para inaugurar, en palabras de su segundón, el «alojamiento penitenciario» guanaco en esa megacárcel más conocida como el CECOT; dicha prisión presumida como la más grande de Latinoamérica es una de las regenteadas por Osiris Luna, funcionario intocable del «bukelato» que fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado estadounidense por corrupto. Con esto y más, Bukele está enajenando un país cada vez menos nuestro.
Finalmente, el último dígito de esa «marca» tiene que ver con el sexto año que acaba de cumplir tras estar instalado inconstitucionalmente en la silla presidencial desde el 9 de febrero del 2020. Previo al festejo oficialista de tan lamentable aniversario, destacan diversas capturas recientemente efectuadas que han sido censuradas dentro y fuera del país por diversas razones. Además, se cumplió un año de la detención de varios veteranos de guerra; entre ellos se encuentra Atilio Montalvo, cuyo hijo reveló que para arrestar «a un hombre inocente y enfermo» los agentes de una comatosa Policía Nacional ‒¿Civil?‒ recurrieron al ya acostumbrado engaño utilizado para consumar tales acciones; «lejos de ser un acto de valentía», aseguró el joven, el video que él circuló «está más cerca de ser un grito de desesperación».
A lo anterior, agréguese que la «cofradía» que «legisla» aprobando sin discusión todo lo que le envía y ordena su «divinidad» emitió otra cuestionada normativa, similar a la del régimen dictatorial orteguista: la Ley de Agentes Extranjeros. ¿Qué decir sobre esta? De entrada, que es un «atarrayazo» dolosamente lanzado con una evidente intencionalidad política: enmudecer cualquier voz crítica y obstaculizar el crecimiento de una verdadera oposición social, más que partidista. Asimismo, su contenido está obvia y completamente recargado con una discrecionalidad que personaliza ‒aún más‒ el control que Bukele ejerce sobre la institucionalidad que la deba aplicar, debido a que su «figura de cera» ya comenzó a aguadarse dentro y fuera de nuestras fronteras patrias con mayor intensidad a partir del último diciembre, cuando sacaron del basurero y autorizaron de nuevo la extracción minera.
Dicha discrecionalidad otorgada se concentra en el artículo 20 de la referida Ley de Agentes Extranjeros, al determinar que el presidente de la república podrá «aprobar cuantos Reglamentos [sic] de aplicación y desarrollo» de la misma «sean necesarios, para el establecimiento de definiciones, cumplimiento de sus fines, atribuciones y competencias».
Hay muchos peros que ponerle a esta, tanto de fondo como de forma. Desde atentar contra la seguridad jurídica, ser contradictoria y estar llena de ambigüedades, hasta una redacción realmente bochornosa. Parafraseando el informe publicado en 1978 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre nuestro país, poco faltará para asegurar que «los derechos de reunión y de asociación, sobre todo el segundo», se enfrenten a «frecuentes obstáculos al ser ejercidos por personas o grupos opuestos al Gobierno»; también que los de libertad de pensamiento y de expresión sean «sujetos a limitaciones» debido a «las interpretaciones» derivadas del vigente régimen de excepción, ya eternizado, y la Ley de Agentes Extranjeros aprobada.
Temo que en la hora actual salvadoreña vamos camino a eso y más mientras siga a la baja esa «marca Bukele» que, según mi saber y entender, se plasma en un particular 666 distinto al bíblico pero sin duda apocalíptico.
