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La empresa pública Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) destinará un préstamo de $150 millones que le otorgará el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o Banco Mundial, en el cual el Estado salvadoreño será el garante, en desarrollar una planta geotérmica, construir pozos y crear un Centro de Excelencia Geotérmica.

En el Centro de Excelencia Geotérmica, explicó el Ministerio de Hacienda a los diputados, capacitarán a estudiantes y profesionales sobre la energía geotérmica.

Los diputados aprobaron un dictamen favorable para que el Ministerio de Hacienda pueda firmar un contrato de garantía que respalde el crédito.

El proyecto tiene cuatro componentes:

1. Perforación de pozos para confirmar los recursos geotérmicos.

Se perforarían «hasta 8 pozos profundos de tamaño estándar en el campo geotérmico de Chinameca». Los pozos servirán, según Hacienda, para confirmar la extensión de la capacidad geotérmica de las zonas de producción y aumentar la producción de vapor, e «integrar o devolver el agua geotérmica a la zona profunda del campo».

2. Inversión en capacidad de generación de energía eléctrica geotérmica

Hacienda indicó que se construiría «una central geotérmica en el Campo Geotérmico de Chinameca de hasta 25 megavatios eléctricos (Central Eléctrica de Chinameca)», un sistema de recopilación de vapor o red de tuberías de acero para transportar el vapor desde los pozos hacia la central eléctrica de Chinameca, y la conexión de la central a la subestación eléctrica «a fin de conectar la planta a la red nacional de transmisión eléctrica».

3. Programas sociales y ambientales y apoyo al Centro de Excelencia en Geotermia

Con los fondos del préstamo, buscan apoyar «programas sociales e inversiones que generen oportunidades económicas locales en las comunidades cercanas a la central», así como realizar «estudios para respaldar la creación de un Centro de Excelencia Geotérmica para capacitar a estudiantes y profesionales en temática relacionada a la industria geotérmica y otros sectores afines».

Este componente también incluye «actividades de divulgación para concientizar sobre las aplicaciones potenciales del calor geotérmico para actividades productivas».

4. Asistencia técnica y apoyo a la implementación de proyectos

Los fondos del préstamo también incluyen «la contratación de personal experto para brindar asistencia técnica y apoyar las tareas de gestión y supervisión del proyecto y la auditoría externa».

Con los fondos, la CEL busca un mayor desarrollo de la capacidad de energía renovable en el campo de Chinameca en el futuro, facilitar el uso de la energía geotérmica para usos productivos, el suministro de electricidad más resiliente y sostenible a precios más bajos y más estables, y el aumento de potencial para el suministro de energía limpia.

La garantía de los fondos se aprobaría en la sesión plenaria del jueves.

El coordinador del Estado de la Región 2024, Alberto Mora, explicó que la región de Centroamérica y República Dominicana se enfrenta a dos grandes disyuntivas referidas a la democracia y a la integración regional para enfrentar desafíos sobre el narcotráfico, crimen organizado, cambio climático y otros para lograr «hacer eco» en espacios internacionales.

“O fortalecemos la democracia y apostamos por el uso de las herramientas que la democracia nos ofrece para lograr reconciliar estas expectativas de la gente con el quehacer del Estado, o profundizamos la deriva autocrática y el deterioro de los derechos y libertades fundamentales para la población. Esta es una disyuntiva», resumió la primera disyuntiva, en una entrevista de Telecorporación Salvadoreña.

Se basó en que en la región hay una «deriva autoritaria» que «ha coincidido con actitudes de la población que no son favorables a la democracia”, lo cual se debe a que la población no ha visto mejoras significativas en sus condiciones de vida y está «claramente descontenta» con los beneficios del Estado y de las políticas públicas.

“La democracia tiene en la base la búsqueda del bien común y, cuando eso no se logra, el sistema se erosiona y pierde legitimidad de cara a la luz de las necesidades y de las expectativas de la población”, indicó.

Planteó que si la deriva autocrática no coincidiera con actitudes de la población habría un contrapeso, pero advirtió que la mayoría de la población «se ubica en posiciones “ambivalentes o escépticas”, que apoyan la democracia pero respaldarían la concentración de poder a una persona fuerte con tal de que le resuelva los problemas.

La segunda disyuntiva tiene que ver con la integración regional.

“La disyuntiva es: fortalecer el proceso de integración regional», o, en contraposición, «que cada país pueda por separado gestionar su relación con las grandes potencias y hacer frente a este contexto internacional de manera desarticulada y profundizar la desarticulación regional que pudiéramos tener”.

Mora señaló que la región está en su «peor momento del proceso de integración regional desde 1991» y que es necesaria una «acción coordinada, conjunta», no solo para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, el cambio climático, «sino para hacer eco en espacios internacionales», ante realidades como el recorte de la cooperación y la volatilidad en las condiciones para el comercio, situaciones que ponen a países a los países de Centroamérica en una situación vulnerable.

El coordinador de Estado de la Región reiteró que el informe Estado de la Región detectó los retrocesos más significativos en Nicaragua y en El Salvador. «En Nicaragua en materia institucional y política se encuentra hoy en una situación como la que vivía en el momento de la dictadura somocista», expresó.

“¿Por qué es importante en una democracia? Porque la independencia entre los poderes del Estado lo que permite es el riesgo de abuso del poder. Cuando en los países esto no existe, las posibilidades de intromisión indebida del Ejecutivo en el Poder Judicial, en la administración de justicia, en el Congreso y demás instituciones de control, es muy alto y en algunos casos como Nicaragua, es un control absoluto del Estado. Y ello ha ido acompañado de una restricción importante en las libertades y derecho de la ciudadanía, fundamentalmente en el ejercicio de la libertad de expresión, libertad de prensa y la libertad de asociación”, indicó.

En el caso de El Salvador, dijo, «es un país donde los principales retrocesos durante los últimos años han sido en materia político institucional». «De acuerdo a indicadores de The Economist y Variedades de la Democracia, El Salvador es hoy una dictadura, es una autocracia y ello ha implicado la limitación de libertades, la libertad de expresión y el régimen de excepción ha implicado limitaciones en las libertades y derechos», señaló.

Mora también hizo ver la afectación del cambio climático en la región: «La afectación que ya están teniendo como producto del cambio climático, sequías pero también las lluvias intensas es algo que está poniendo en grave riesgo no solo la infraestructura sino también la producción de energía hidroeléctrica y la agricultura, que es significativa en territorios rurales e indígenas donde desarrolla con el propósito de autoconsumo y acá el riesgo de inseguridad alimentaria nutricional para la población en esos territorios».

El congresista estadounidense Glenn Ivey, demócrata, se refirió el lunes a la detención de Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de la asociación Cristosal arrestada el domingo 18 de mayo al ser acusada de peculado por la Fiscalía salvadoreña.

«Es coincidente que ella fuera arrestada pocos días antes de nuestra llegada. Pero es importante asegurarse de que se respeten sus derechos y también los derechos de otras personas», afirmó durante una conferencia de prensa en la cual lamentó no haberse reunido con el salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado en marzo pasado a El Salvador y quien estaría en la penitenciaría de Santa Ana.

Chris Newman, abogado de Ábrego García e integrante de la Red Nacional de Jornaleros en los Estados Unidos, manifestó que monitorearán también caso de Ruth López. «Viendo lo que pasa y ella debe recibir sus derechos», indicó.

El congresista de Maryland, quien visitó El Salvador del viernes al lunes, destacó que, además de Ábrego, «hay al menos 50 venezolanos que han sido deportados por Estados Unidos a El Salvador y están en prisión aquí (en El Salvador) bajo un contrato con Estados Unidos» sin que tuvieran un estatus ilegal, citando el hallazgo de un estudio de CATO Institute.

Desde marzo, Estados Unidos ha deportado a 266 venezolanos y 23 salvadoreños a El Salvador, que inmediatamente fueron recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

«Tenían derecho a estar allí (Estados Unidos), así que no estaban violando ninguna ley al estar en Estados Unidos, no habían cometido delitos ni en Estados Unidos, ni en El Salvador, ni en Venezuela. Así que están detenidos incluso cuando no han cometido ningún delito, no han violado ninguna ley, ni hecho nada ilegal, y están siendo retenidos indefinidamente. Así que estamos presionando también en ese caso, que también está en los tribunales en Estados Unidos», indicó sobre la investigación de CATO Institute.

Según el congresista, «todos deberían tener el derecho a recibir visitas cuando están en la cárcel» de familias y abogados. Recordó que cuando él era fiscal los detenidos podían comunicarse con sus abogados y familias aunque las conversaciones eran grabadas para asegurarse de que no se facilitara una actividad delictiva.

Advirtió que los procesos o caso penales contra dichos detenidos «no están en El Salvador sino en Estados Unidos».

El abogado de Ábrego García manifestó que, para él su cliente no es «deportado», ya que, de lo contrario, estaría libre.

«Quiero aclarar algo, Kilmar García no es un deportado. Si fuera deportado estaría aquí sentado con nosotros. Está encarcelado, secuestrado bajo quién sabe qué tipo de ley, qué tipo de acusación».
Chris Newman, abogado de Kilmar Ábrego García.

Insistió en que quieren la prueba de vida de Ábrego García. «No hemos escuchado nada de él desde el 17 de este mes. Queremos saber dónde está. No sabemos si todavía está en Santa Ana o si está en otro lugar. Queremos acceso al señor Ábrego García para que él pueda recibir servicios legales», indicó.

Públicamente Ábrego García ha sido acusado públicamente por la Casa Blanca y la Fiscalía estadounidense de ser miembro de la pandilla MS-13, a raíz de un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que lo fichó como miembro de la MS-13.

La Corte Suprema ha frenado las deportaciones de Estados Unidos hacia El Salvador tras una demanda.

El salvadoreño Jaime Contreras, vicepresidente ejecutivo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), quien acompañó al congresista Ivey, manifestó que «sea de Venezuela, de Haití de El Salvador, sea de donde sea, todo mundo debe tener el derecho básico de una audiencia de vida».

«Yo sé que van a haber personas que van a decir 'Oh, ahí están los defensores de los pandilleros'. Así van a decir de nosotros. Quiero aclarar bien, aquí estamos defendiendo los derechos de los inocentes».
Jaime Contreras, vicepresidente de SEIU, quien acompañó al congresista en El Salvador.