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La «policrisis» enquistada en Cuba en los últimos cinco años ha ensanchado progresivamente las desigualdades sociales a lo largo de las fracturas económica, racial, territorial, de edad y de género, explican en una entrevista conjunta a EFE tres sociólogos cubanos.

Ese fenómeno genera tensiones en un país caracterizado durante décadas por un gran igualitarismo, y el Gobierno debe darle respuesta con nuevas recetas, argumentan estos expertos del estatal Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS).

«La desigualdad es el principal efecto de la policrisis», asegura Enrique Gómez Cabezas, coordinador del Grupo de Política Social y Desigualdades.

Las carencias y dificultades en múltiples ámbitoss se yuxtaponen, enmarañan y retroalimentan, e impiden intuir una solución hasta donde alcanza la vista.

Los apagones de hasta 20 horas diarias paralizan fábricas, oficinas, cultivos y hogares; el transporte público se detiene sin combustible; faltan balitas (cilindros) de gas para cocinar; las farmacias están casi vacías; se racionan productos básicos como el pan… Es una «cotidianidad de carencias», según Gómez Cabezas.

Mirlena Rojas Piedrahita, coordinadora de la Red de Estudios Sociológicos del Trabajo, cree que esta «policrisis» es un «rasgo de época» que «imprime una característica fundamental en la sociedad cubana actual».

«A veces se me queda muy pequeña la palabra resiliencia. Todavía no encuentro la palabra que a veces uno pueda estar utilizando ante estrategias de supervivencia», señala esta socióloga, que considera que este contexto genera una «incertidumbre» que «produce y reproduce» estados de estrés.

Aunque la situación no afecta a todos por igual, agrega. Hay quien ha podido acceder al más dinámico y mejor remunerado sector privado, quien puede permitirse un generador para los apagones,… y quien tiene los recursos para marchar a otro país.

Estas desigualdades, según estos sociólogos, comenzaron a despegar con las reformas -tímidas pero liberalizadoras- introducidas por el expresidente Raúl Castro a partir de 2011, la llamada «actualización».

Rojas explica que se puso en marcha una «estructura de oportunidad» para el desarrollo socioeconómico, pero señala que «había personas que podían acceder» y mejorar su calidad de vida, «y otras que no». Esto dio lugar a un proceso de reestratificación social».

El coeficiente de Gini, el principal indicador de desigualdad social, ha pasado del 0,25 (sobre un máximo de 1) en 1989 a estar entre el 0,4 y el 0,5 en la actualidad, según los conservadores cálculos oficiales, lo que situaría a Cuba en la media de los países latinoamericanos, entre Argentina y Panamá.

Rojas y Gómez Cabezas, sin embargo, se distancian de quienes apuntan a una «latinoamericanización» de Cuba, pues aunque algunos indicadores -como el Gini- han empeorado en los últimos años (de la mortalidad infantil a la pobreza y la delincuencia), aún perciben diferencias cuantitativas y cualitativas.

«Nos acercamos a algunas realidades, pero todavía estamos distantes», indica Rojas.

Gómez Cabezas recuerda que en Cuba, a diferencia de otros países latinoamericanos, la salud y la sanidad son por principios universales y gratuitos y que eso no está en duda, aunque su aplicación se vea limitada.

Pero eso no basta, agrega Gómez Cabezas. A su juicio, el Gobierno cubano tiene que actualizar sus leyes para hacer valer los principios de equidad y justicia social. «Esas políticas tienen que moverse atendiendo más al contexto actual», afirma.

«Aunque sean políticas universales, no son suficientes para que no se reproduzcan desigualdades. Hay sectores que están en mejores condiciones y van a acaparar para sí las mejores oportunidades. Y otros sectores van a quedar relegados, (con lo que) se reproducen y amplían esas desventajas», explica.

Aboga por acabar con las políticas homogéneas y apostar por la «acción afirmativa», la «gestión de la equidad a escala local» y la «focalización».

«Hay que reconocer a desigualdad existente», insiste Gómez Cabezas.

Las reformas de la «actualización» y el «deterioro» de los servicios públicos, prosigue Gómez Cabezas, han llevado al «desplazamiento de responsabilidades que antes cubría la política social hacia la familia» o a «estrategias individuo-familiares» para cubrir necesidades.

Una de esas estrategias, quizás la más visible y consecuente, es la emigración. Cuba vive una oleada inédita, la mayor en volumen y extensión temporal en décadas, con la salida de entre el 14 y el 25 % (datos oficiales y estimaciones independientes, respectivamente) de la población en apenas cuatro años.

«Ha crecido el reconocimiento de la migración como una alternativa de mejora económica», señala Gómez Cabezas y añade que antes se percibía como algo negativo, pero que ahora la sociedad cubana «ha naturalizado» esta opción y cada vez más personas la identifican como posibilidad.

Jusmary Gómez Arencibia, coordinadora de la Red cubana de Economía Social y Solidaria y Responsabilidad Social Empresarial, apunta que el «deterioro» de ciertos servicios públicos, como la educación y la sanidad, se ha empezado a convertir en un motivo para migrar.

Destaca también que antes la migración era principalmente una estrategia «familiar» -se elegía por sus características a una persona de la familia para que marchase-, mientras que ahora es más una decisión individual.

Pero no todo el que quiere puede, debido a las crecientes desigualdades. La clave para poder migrar, coinciden estos expertos, es el factor económico, lo que a su juicio supone una desventaja para los afrocubanos.

«La migración tiene color», apostilla Rojas.