El internet y electricidad son los gastos más cuantiosos para las familias salvadoreñas según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2024.
Uno de los indicadores incluidos en la encuesta es el gasto promedio mensual de los hogares por tipo de vivienda, que abarca servicios básicos como suministro de energía eléctrica, combustible para cocinar o pago de impuestos municipales.
De acuerdo con los resultados, entre los gastos más sensibles para las familias salvadoreñas se encuentra el pago de electricidad, con un promedio mensual de $26.72. Por su parte, el recibo de agua promedia $14.60.
La factura de internet tiene un costo promedio de $23.25, mientras que el pago de celular es de $18.11 y de teléfono fijo de $8.73.
Además, los hogares salvadoreños pagan mensualmente $17.35 por el servicio de internet móvil y $16.16 por el cable, mientras gastan $7.77 si van al cibercafé.
Iluminación y preparación de alimentos
Según el informe, los hogares gastan en promedio $6.83 en la compra de gas propano, la fuente más utilizada para preparar alimentos y cuya compra está subsidiada para un millón de familias salvadoreñas.
Pese al avance de la electrificación y uso del gas propano, todavía se encuentran hogares que utilizan candela, con un gasto mensual de $3.31, así como leña, con un pago de $9.66.
La carga de batería tiene un costo mensual de $6.42, y el kerosene (para candiles) es de $5.17.
Otros servicios
Además, la EHPM 2024 encontró que en promedio una familia paga $19.84 para el servicio de vigilancia.
Los impuestos municipales tienen un costo promedio de $8.04 y la recolección de basura de $3.36.
La EHPM 2024 incorpora el gasto de “paquete de servicios”, con un promedio de $31.73, pero no especifica qué incluye.
He explorado territorios complejos y poco familiares en mi área cognitiva, donde reconozco que mi comprensión es limitada. Con todo, se trata de un tema esencial para el desarrollo nacional, por lo que resulta imprescindible reflexionar y analizarlo a profundidad. Este interés surge frente al más reciente reporte mensual del Banco Mundial, que aborda la situación económica actual y las perspectivas de crecimiento para El Salvador y la región.
En el último reporte mensual del Banco Mundial, publicado el martes 7 de octubre, se constata que Guatemala y Panamá lideran el crecimiento económico en Centroamérica para 2025, ambos con un 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB). A estos dos países les siguen Costa Rica (3.6%), Honduras (3.5%), Nicaragua (3.1%), República Dominicana (3%) y, solo por encima de Belice (1.5%), se sitúa nuestro país, El Salvador, con un crecimiento proyectado del 2.5%.
Leo esto con sorpresa, pues, aunque la carga financiera familiar es palpable, mientras que las imágenes que nuestro actual gobierno proyecta muestran un panorama de bonanza, bienestar y felicidad del pueblo salvadoreño. Sonrisas, algarabía y fiesta llenan nuestras calles y avenidas del centro histórico. No es casual que los diputados de la Asamblea Legislativa no dejen de agradecer al presidente Bukele por el impacto de sus políticas en la vida cotidiana, políticas que ellos mismos han aprobado.
Pero ahí está la confusión: si el pueblo vive en un supuesto paraíso de felicidad, con el estadio y la biblioteca más grandes de Centroamérica, ¿por qué otros países centroamericanos, incluso algunos que miramos con desdén, registran un crecimiento económico más fuerte? Según reportes del gobierno, el turismo ha inundado nuestras playas y volcanes; se habló incluso de un «tsunami» de turistas hondureños dejando millones de dólares en nuestra economía. Pero ¿a dónde va ese dinero? ¿Por qué no se traduce en un mayor crecimiento económico?
El caso de Honduras, con su imagen de narcoestado y altos índices de violencia, y aun así con un crecimiento mayor al nuestro, levanta preguntas. Su población incluso clama por un liderazgo como el de Bukele, admirando lo «bonito» que está El Salvador.
¿Está equivocado el Banco Mundial? ¿Recibe dinero de intereses externos cuestionables? La explicación de esta contradicción radica en que el crecimiento económico no siempre se refleja de inmediato en la percepción social o en ciertos sectores visibles. Factores estructurales como la baja inversión privada, restricciones fiscales, productividad limitada, desigualdades, y desafíos institucionales que persisten, limitan la capacidad real de crecimiento sostenible. La retórica oficial y las imágenes pueden mostrar un progreso tangible en infraestructura y símbolos de desarrollo, pero estos no siempre corresponden a un crecimiento económico más amplio y equitativo reportado por expertos internacionales.
El período presidencial en el que El Salvador registró su mayor crecimiento económico reciente fue durante la administración del presidente Nayib Bukele, particularmente en el tercer trimestre de 2021, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 11.7% en comparación con el mismo período del año anterior, según datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR). Este repunte estuvo impulsado principalmente por las actividades del sector servicios —restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento y servicios personales— y representó, en buena medida, un “efecto rebote” tras la fuerte contracción del -7.9% registrada en 2020, producto de la pandemia de COVID-19 y las restricciones sanitarias que paralizaron gran parte de la economía.
Sin embargo, el dinamismo no se sostuvo. En 2022 el crecimiento se desaceleró a un 3.2%, afectado por la alta inflación global y un entorno internacional menos favorable. En 2023, la economía repuntó ligeramente a 3.5%, gracias a la mejora en seguridad, el auge del turismo y un mayor dinamismo del consumo interno.
Los desastres naturales ocurridos en 2024, junto con una deuda externa que ya equivale al 88% del PIB, un desempleo estructural persistente y una baja calidad educativa, redujeron el crecimiento económico a un 2.6% y consolidaron un entorno poco atractivo para la inversión extranjera. Además, diversos registros indican que el gobierno de Nayib Bukele probablemente constituye el período presidencial en el que la deuda externa ha aumentado más en términos absolutos, al menos desde que existen registros comparables a partir de 1991.
Un crecimiento económico débil, como el actual, limita la generación de empleo, incrementa la pobreza y frena la inversión pública en salud y educación, ya que los ingresos fiscales crecen lentamente. Esto, a su vez, debilita la demanda interna y restringe el consumo.
En este contexto, El Salvador necesita con urgencia estrategias efectivas para reactivar su economía. Ha llegado el momento de evaluar el impacto económico de un régimen de excepción que ya suma tres años de vigencia, y preguntarnos si las políticas actuales están realmente contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
Las familias salvadoreñas destinan un promedio de $89.09 al mes en gastos relacionados con la educación de sus hijos, según los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2024.
El informe señala que estos gastos abarcan la matrícula escolar, compra de útiles, uniforme, calzado, así como el pago de cuota, transporte y comida.
El rubro de mayor desembolso es la matrícula escolar, con un promedio de $19.45 mensuales por hogar. Este gasto afecta al 11.2 % (223,982) de las familias salvadoreñas, lo que representa un total mensual de $4.35 millones.
La matrícula escolar es un gasto recurrente que las familias realizan al inicio del año académico, y su cancelación es fundamental para que los estudiantes puedan asistir a clases.
En segundo lugar, los hogares destinan un promedio de $5.71 mensuales para la compra de útiles escolares, lo que representa un desembolso para el 35.6 % de las familias.
Este gasto totaliza $4.08 millones mensuales a nivel nacional. Los útiles escolares incluyen materiales como cuadernos, lápices, mochilas y otros artículos necesarios para el día a día en la escuela.
Los uniformes escolares también figuran como un gasto esencial para las familias salvadoreñas, con un promedio de $3.71 mensuales por hogar.
Este afecta al 25.3 % (507,047) de los hogares y se traduce en un total mensual de $1.88 millones.
En el caso de los textos escolares, es decir, libros, implican un desembolso mensual de $6.96 por hogar. Este gasto es cubierto por el 13.8 % de las familias y representa un total de $1.92 millones mensuales.
Los libros escolares son necesarios para que los estudiantes puedan seguir el plan de estudios, y en muchos casos, cada año se deben actualizar para adaptarse a los cambios en los programas educativos.
El gasto en calzado escolar, que tiene un promedio mensual de $4.26 por hogar, es asumido por el 23.5 % de las familias, sumando $2.01 millones mensuales.
Por otro lado, las cuotas de padres de familia, reflejan un gasto significativo en el bolsillo de las familias, donde se promedia un gasto de $1.82 mensuales por hogar. Este gasto es cubierto solo por el 4.8 % de las familias y totaliza $174,223 mensuales.
Frecuentemente, estas cuotas suelen destinarse para actividades extracurriculares del centro educativo.
Otros gastos
Además de estos gastos, las familias salvadoreñas también deben cubrir otros costos asociados con la educación, como el transporte escolar y los refrigerios.
El gasto en transporte escolar reportó un promedio mensual de $32.20 por hogar, afectando al 18.2 % de las familias, lo que se traduce en un total de $11.77 millones mensuales. Este gasto es esencial para aquellos hogares cuyos hijos necesitan transporte para llegar a la escuela.
El gasto en refrigerios escolares es igualmente significativo, con un promedio de $43.69 mensuales por hogar. Este gasto es cubierto por el 43.2 % de las familias, lo que representa un total mensual de aproximadamente $37.91 millones.
Finalmente, se contempla «otros» gastos relacionados con la educación, que incluyen diversos gastos imprevistos o adicionales, suman un promedio mensual de $16.59 por hogar, lo que representa un total de $2.21 millones mensuales a nivel nacional. Estos gastos pueden incluir material adicional, actividades especiales, transporte adicional, entre otros.
En conjunto, el gasto mensual de 943,750 familias salvadoreñas en educación asciende a $84.08 millones, según expone la encuesta publicada por el Banco Central de Reserva (BCR).
Dicho gasto es cubierto por alrededor del 47 % de los hogares en el país, lo que se traduce en el esfuerzo económico que muchas familias deben hacer para asegurar la educación de sus hijos.
En El Salvador, la educación en escuelas pública es gratuita, sin embargo, algunas contribuciones para la preparación de alimentos la hacen los padres de familia.
La Asamblea Legislativa sumó esta semana un total de 17 préstamos autorizados desde enero de 2025, con un monto total de $1,992 millones, no todos han sido incorporados al presupuesto general del Estado del presente año.
De los 17 préstamos autorizados, el Legislativo ha aprobado o ratificado 13 por $1,585.7 millones.
Uno del BID se destina a “apoyo a la sostenibilidad macroeconómica”, otros dos del Banco Mundial se destinan a sostenibilidad fiscal, y otros dos del CAF pueden ser utilizados para refuerzos presupuestarios.
Los créditos que podría ser destinados a un refuerzo presupuestario para el funcionamiento del Estado suman $900 millones, pero solo uno se ha incorporado mediante reforma al presupuesto 2025 por $250 millones, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Fue el decreto 410 aprobado el 23 de septiembre y vigente desde el 24 de septiembre de 2025.
Dos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que suman $150 millones son de libre disponibilidad, es decir, pueden ser utilizados para «prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».
Además, un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta $500 millones para «Apoyo a la sostenibilidad macroeconómica y fiscal de El Salvador», autorizado en marzo y ratificado en abril, se suma a este tipo de destinos. Sin embargo, este aún no ha sido incorporado en el presupuesto.
El Ministerio de Hacienda ha sostenido que no ocupa préstamos para gastos corrientes durante 2025 y que prevé la misma práctica en 2026.
De los 17 préstamos autorizados, 13 estarían destinados a programas de inversión de gasto social como desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador, por $60 millones del BID; $113.9 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para Surf City fase I; $120 millones del BIRF para mejora de atención de salud en El Salvador; $100 millones de la CAF para modernización del sistema educativo de El Salvador; $71.8 millones del Deutsche Bank para la construcción de una plata de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en La Libertad.
A estos se suman $120 millones para «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» otorgado por el BIRF, $100 millones del BIRF como opción de desembolso diferido ante catástrofes; $150 millones del BID para trayectorias educativas y su resiliencia al cambio climático; $60 millones del BID para movilidad urbana en el área metropolitana; $30 millones del Fondo OPEP para desarrollo económico, inclusivo y nutricional de las zonas rurales, $70 millones del Fondo OPEP para Surf City fase II; $31.3 millones del FIDA para Surf City fase II; y $65 millones del BCIE para la construcción y la instalación de la cúpula envolvente de la terminal beta del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
Los recursos para los escalafones de los empleados de Salud y de Educación para el año de 2026 están contemplados en el proyecto del Presupuesto General del Estado, aseguró el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.
El funcionario se refirió primero al ramo de Salud y reiteró que el escalafón se aplica a todos los salarios iguales o menos a $1,500.
“En el tema de los escalafones, se mantiene en el ramo de Salud, para todos aquellos salarios mensuales que sean menores o iguales a los $1,500 y que su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder el techo máximo. Estamos manteniendo el escalafón conforme se aprobó para el año 2025 y que al aplicarlo al sueldo no exceda el monto”, señaló Posada.
El artículo 4 del proyecto de ley de presupuesto indica que el “Escalafón Salarial correspondiente al Ramo de Salud se otorgará únicamente a funcionarios y empleados públicos cuyos salarios mensuales sean menores a $1,500” y que “su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder al techo máximo”.
El techo máximo del escalafón salarial en Salud es $3,000 según la reforma a la Ley de creación de escalafón del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, aprobada el 29 de agosto de 2023.
Para aprobar esa reforma, los diputados argumentaron que el sistema de incentivo salarial tenía “un efecto regresivo”, ya que “beneficia a los funcionarios y empleados que tienen salarios más altos sobre aquellos que tienen salarios bajos”, lo cual contravenía “las reglas de disciplina fiscal”.
Sin embargo, para 2026, se prevén salarios de hasta $8,500.99 en la Red Nacional de Hospitales pero según el proyecto de ley de salarios esas plazas serían bajo contrato, no por Ley de Salarios.
En la nueva Red de Hospitales habría al menos 240 empleados con salarios superiores a $3,500 según el proyecto.
Así, habría 15 plazas con salarios entre $8,001 y $8,500.99, 36 plazas de empleados con salarios entre $6,001 y $8,000.99, 54 plazas con salarios entre $5,001 y $6,000.99, 135 plazas con salarios entre $3,501 y $5,000.99.
¿Y en Educación?
Respecto a Educación, Ciencia y Tecnología prometió que “la aplicación del escalafón continuará efectuándose conforme a los establecido en la Ley General de Educación y Ley de la Carrera Docente”.
El ministro de Hacienda aseguró que los empleados de ambos ramos no deben preocuparse, ya que el dinero está incluido en el presupuesto.
“Todos los empleados de Educación y de Salud tienen estar tranquilos que se están incluyendo los recursos para dar cobertura a los escalafones”, prometió.
Al revisar los presupuestos de ambos ramos, no hay detalle del monto para cubrir el escalafón.
En el presupuesto para 2025, sí se estableció que para Salud se habían destinado $8 millones y, para Educación, $2 millones.
En la explicación que dio el ministro ante los diputados de la Comisión de Hacienda, no mencionó el detalle de los montos que se destinan para los escalafones 2026 ni si en el futuro se buscaría que estos escalafones apliquen también al personal de la Red Nacional de Hospitales.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) tiene asignados $31,608,001 como presupuesto ordinario para el ejercicio fiscal 2026 según el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.
Lo solicitado por el Ministerio de Hacienda para el RNPN significaría un aumento de más de $10 millones en lo destinado para 2025, es decir, un 50 % de los $21,117,910 que le fueron asignados durante 2025.
Un total de $24,291,517 los usaría para pago de tasas y derechos; mientras, $774,813 se destinará en venta de bienes y servicios; $200 en ingresos financieros y otros; y $6,541,471 en transferencias corrientes para el próximo año.
El Registro contempla mantener en $100,000 los recursos dedicados al área de protección de menores.
El área que aumentaría en recursos el RNPN es el de «registro e identificación de personas naturales» cuya asignación presupuestaria este año fue $20,413,655 y, para 2026, se está pidiendo que el monto sea de $30,875,801, es decir, $10,462,146 más.
Mantendrá plazas, pero aumentará salarios
El proyecto de presupuesto del RNPN mantiene una plaza por ley de salarios del presidente del RNPN, Fernando Velasco, y 458 plazas por contratos.
Así, en el rango $551-$600.99 había 63 plazas en 2025 y habrá solo seis en 2026.
Mientras, en el rango salarial entre $601 y $650.99 pasará de haber 34 a 37 empleados; mientras que los que perciben entre $651 a $700.99 pasarán de ser 1 a 44.
Los empleados del RNPN tienen beneficios a raíz sde un contrato colectivo vigente desde 2019.
Así, el monto destinado al pago de salarios de cinco ejecutivos aumentaría en $24,000, de $159,600 a $183,600.
El monto destinado al salario de los 201 técnicos aumentaría $177,025, de $2,185,105 a $2,362,130.
El monto destinado a los salarios del personal administrativo incrementaría $109,715, de $3,965,475 a $4,075,190.
También, en pago de salarios de trabajadores de obra se aumentaría $5,520 y de servicios requeriría otros $18,695.
La partida de salarios indica que el registrador nacional, Fernando Velasco, tiene un salario de $4,500 mensuales, que incluyen $4,000 de sueldo y $500 para gastos de representación. La junta directiva recibe dietas de $400 como máximo.
El presupuesto 2026 inició su estudio en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto el viernes con la intervención del ministro de Hacienda, Jerson Posada. La Ley de presupuesto 2026 debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa antes de que termine este año.
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Roberto Candelario Flores Guerrero, de 32 años, luego de que lesionara con arma blanca a dos personas en el distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con las autoridades policiales los tres involucrados departían bebidas alcohólicas en la colonia San Fernando de dicho distrito.
Los sujetos comenzaron una discusión lo que ocasionó el ataque por parte de Flores Guerrero, quien tras cometer el ataque huyó del lugar.
«Después de cometer el hecho huyó del lugar, pero nuestros equipos policiales fueron alertados e iniciaron la búsqueda ubicándolo en la comunidad Olivos Oriente, siempre en ese distrito», dijo la PNC.
La PNC publicó en su cuenta de X que ambos lesionados fueron trasladados a un centro asistencial «en condición estable».
Las autoridades publicaron la imagen de Roberto Candelario Flores Guerrero luego de ser capturado, detallando que será procesado por el delito de lesiones.
Roberto Candelario Flores Guerrero, de 32 años, lesionó con arma blanca a dos hombres, mientras departían bebidas alcohólicas.
El hecho se registró en la colonia San Fernando, distrito de San Martín, San Salvador Este, cuando los tres hombres empezaron a discutir y Flores… pic.twitter.com/MskdGyygqE
El Luis Ángel Firpo, dirigido por el costarricense Marvin Solano, logró una victoria clave este fin de semana tras golear 3-0 al Cacahuatique y acortar la diferencia con el líder del torneo Apertura 2025, Alianza FC.
Con este resultado, los toros usulutecos alcanzan 34 puntos y mantienen el segundo lugar en la tabla.
El Alianza, comandado por el argentino Ernesto Corti, tropezó como visitante ante Isidro Metapán al caer 0-1. A pesar de los problemas defensivos evidenciados durante el encuentro, los albos siguen liderando con 36 puntos. Metapán, con este triunfo, sumó 30 unidades y se afianza en la cuarta casilla del campeonato.
El FAS también tuvo una jornada positiva al superar 2-1 al Municipal Limeño en un encuentro marcado por la intensidad y el juego físico. Con esta victoria, los tigrillos alcanzan 33 puntos y se colocan en la tercera posición, mientras que Limeño cae al sexto lugar con 20 puntos, por debajo del Cacahuatique que mantiene 23.
En otros resultados, el Platense empató 2-2 ante el Inter FA en un duelo que se definió en los últimos minutos bajo una intensa lluvia. Con ese empate, Platense se mantiene séptimo con 17 unidades, e Inter FA asciende al noveno lugar con 13 puntos, superando a Hércules, Fuerte San Francisco y Zacatecoluca.
El Hércules, bajo la dirección técnica del argentino Gabriel Álvarez, derrotó 2-1 al Zacatecoluca, que cayó al último puesto con solo 9 puntos y se perfila como candidato al descenso a falta de seis jornadas para cerrar la fase regular. En la tabla de goleadores, los salvadoreños Juan Argueta y José Erick Correa lideran con 9 tantos, seguidos por el trinitense Jomal Williams con 8.
Los grandes capos del narcotráfico ya no exhiben mansiones, autos lujosos o joyas. Lejos quedó el modelo a lo Pablo Escobar. Ahora, los nuevos líderes de redes criminales se camuflan entre empresarios de alto perfil, mantienen un bajo perfil y operan desde lugares “herméticos” como Dubái, según revelaron investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España tras el desmantelamiento de una red internacional que introducía 120 toneladas de cocaína al año desde Colombia a Europa, en gran parte por puertos españoles.
Este nuevo perfil es conocido como “narco invisible” o de “cuarta generación”. A diferencia del capo tradicional afincado en su territorio, los nuevos líderes criminales son móviles, usan tecnología para encriptar sus comunicaciones y estructuran sus operaciones tras redes empresariales aparentemente legales.
“Sacan los vuelos en el mismo día y hoy pueden estar en Colombia, mañana en España, al día siguiente en Dubái, luego en Catar… y a la semana siguiente de vuelta”, explicaron a EFE fuentes de la UCO.
A los capos de hace unos años les gustaba exhibir que llevaban una vida de alto nivel adquisitivo, mostrando sus grandes mansiones, sus vehículos de lujo, sus mujeres… Los de ahora prefieren permanecer en el anonimato, se comportan como discretos empresarios y, aunque acumulan mucha riqueza, la disfrutan en zonas donde pueden pasar más desapercibidos, como por ejemplo en Dubái.
Entre tanto rico, los ‘narcos invisibles’ no llaman la atención. Y, además, han aprendido a llevarse su riqueza a países «herméticos» que, como el propio Dubái, no suelen colaborar con las investigaciones que se llevan a cabo en otros países y donde es muy difícil «atacar» esos bienes procedentes de actividades delictivas.
Estas organizaciones funcionan como multinacionales: usan sociedades mercantiles legales, como exportadoras de fruta, para ocultar cargamentos de droga, y crean otras firmas paralelas para lavar el dinero. Se alejan de la logística directa y delegan funciones clave en intermediarios, lo que les permite no figurar en investigaciones tradicionales y así evitar su detección.
Un hombre con una camiseta del narcotraficante colombiano Pablo Escobar en Medellín (Colombia). EFE
El modelo Pablo Escobar ha quedado obsoleto
Por lo que parece, el modelo Pablo Escobar, el colombiano que lideró una de las más potentes organizaciones criminales del mundo, ha quedado obsoleto. Aquellos narcos que querían construir urbanizaciones, patrocinar equipos de fútbol o incluso, como en el caso el Escobar, entrar en política, ya no existen.
Ese paso al ‘narco invisible’ lo han dado los narcotraficantes colombianos, conscientes de que la ostentación de la que antes hacían gala les ponía a tiro de las agencias policiales, como hizo la DEA con Pablo Escobar.
No hay constancia de la existencia narcos de ‘cuarta generación’ como tales en España, aunque en la operación recientemente conocida y bautizada como Gulupa se detuvo en nuestro país a los hermanos ‘Zuluaga’ y ‘Black Jack’, pero eran colombianos.
España es un país de tránsito para la droga, no es productor y, por tanto, no surgen esos grandes empresarios. Sí existen aún algunos narcos que todavía hacen ostentación de todo lo que consiguen con su actividad delictiva.
El perfil de los capos como Pablo Escobar dibujaba a personas afincadas en su zona, sin salir de ella prácticamente y sin establecer contactos para el negocio más allá de con los locales o con quienes se desplazaran a su feudo.
Sin embargo, los de ‘cuarta generación’ viajan constantemente. Tienen una gran movilidad en un mundo globalizado, ya que son quienes hacen los negocios. Eso también les hace ‘invisibles’ y dificulta su seguimiento.
«Sacan los vuelos en el mismo día y hoy pueden estar en Colombia, mañana en España, al día siguiente en Dubái, luego en Catar…. y a la semana siguiente de vuelta», recalcan gráficamente los investigadores de la UCO.
Como dificulta también su persecución el hecho de que hagan uso de las mas modernas tecnologías para encriptar sus comunicaciones.
Una tienda con la foto de Pablo Escobar en Budapest, Hungría.
La tendencia actual, según la Guardia Civil, apunta a una “franquiciación” del narcotráfico. Pequeños clanes en Colombia se integran bajo el paraguas del Clan del Golfo, considerado una de las organizaciones más poderosas del mundo.
Esta modalidad complica las investigaciones, pues diluye responsabilidades y fortalece la estructura criminal. Aunque pasen desapercibidos, advierten las autoridades, estos narcos continúan siendo peligrosos: “Si tienen que acabar con alguien, si hay cualquier problema, lo solucionan por la vía rápida”.
La ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij se prepara para recibir este lunes a líderes de más de 20 países que participarán en la firma del plan de paz para Gaza, impulsado por Estados Unidos. La ceremonia será copresidida por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y busca poner fin a más de dos años de conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás.
El evento, que también incluye la celebración de una cumbre de paz, tiene como objetivo “intensificar los esfuerzos por la paz y abrir una nueva etapa de seguridad y estabilidad en Oriente Medio”, según indicó la Presidencia egipcia.
Entre los asistentes destacan los mandatarios de España, Pedro Sánchez; de Francia, Emmanuel Macron; y del Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer. La reunión se desarrollará a tan solo tres días de iniciado el alto el fuego y de la retirada de tropas israelíes de las principales ciudades de Gaza.
Durante la jornada también se espera la liberación de los primeros rehenes israelíes que aún permanecen en manos de Hamás. El Gobierno egipcio, junto a Catar, ha sido uno de los principales mediadores del conflicto. Para El Cairo, esta cita representa “un punto de inflexión histórico hacia una paz justa, duradera y global” en la región. Mientras tanto, la ciudad se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad y ha comenzado a llenarse de prensa internacional.
El plan de paz presentado por la Casa Blanca contempla una primera fase que incluye el cese total de operaciones militares, la retirada progresiva de las fuerzas israelíes, la entrada masiva de ayuda humanitaria y la liberación de rehenes, vivos o muertos, a cambio de prisioneros palestinos. Posteriormente, se instalaría una administración tecnocrática palestina en Gaza, supervisada por un nuevo organismo llamado “Consejo de la Paz”, presidido por Trump y con participación de figuras como el exprimer ministro británico Tony Blair.
Aunque el alto el fuego se mantiene desde el viernes, Hamás aún no ha confirmado su compromiso con el desarme total, mientras que en Israel persisten divisiones internas sobre el retiro militar y la liberación de prisioneros.
La Administración Trump, sin embargo, confía en que la cita en Sharm el Sheij marque “el inicio de una nueva era de paz regional” y allane el camino hacia una reconciliación más amplia entre Israel y el mundo árabe.
