El impuesto a las remesas aprobada la noche del miércoles por el congreso estadounidense podría reducir el volumen total de remesas en un 7 %, según un informe de Diálogo Interamericano, un tanque de pensamiento con sede en Washington.
«Un escenario conservador proyecta que si el 35 % de los remitentes decidieran reducir el envío en una quinta parte, el volumen total de remesas disminuiría un 7 %, lo que implicaría no solo pérdidas económicas para las familias beneficiarias, sino una contracción en las relaciones comerciales bilaterales», señala el informe.
Según cifras del Banco Central de Reserva, El Salvador recibió en 2024 8,479.70 millones de dólares en remesas, una reducción del 7% sería equivalente a unos 593.58 millones menos.
El estudio «Remesas fiscales y la propuesta en el Congreso de los Estados Unidos» advierte que las consecuencias para países receptores como El Salvador serían graves. Las remesas representan una fuente clave de ingreso familiar, impulsan el crecimiento económico y ayudan a reducir la migración.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles por estrecho margen el proyecto de ley «One Big Beautiful Bill Act», impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual incluye un nuevo impuesto del 3.5 % sobre las remesas enviadas por extranjeros.
Los afectados
La iniciativa plantea que este nuevo tributo se aplicará además de las tarifas habituales —de entre 5 % y 10 %— cobradas por compañías como Western Union y MoneyGram, utilizadas frecuentemente por migrantes para enviar dinero a sus países de origen. La propuesta busca desincentivar el envío de recursos al extranjero como parte de un plan más amplio que algunos en la Casa Blanca han calificado de “deportación financiera”.
Según cálculos de organizaciones que estudian el fenómeno migratorio, el nuevo impuesto afectaría a cerca de 50 millones de personas en Estados Unidos, entre ellas, más de 2 millones de salvadoreños, muchos de los cuales usan servicios formales para enviar dinero a sus familias.
En 2024, las remesas desde EE. UU. hacia América Latina y el Caribe alcanzaron un volumen de $160,900 millones, un incremento de $7,700 millones frente al año anterior, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Solo México recibió $64,700 millones, mientras que Guatemala captó $21,500 millones. El Salvador recibió remesas equivalentes al 24 % de su Producto Interno Bruto (PIB), una proporción vital para miles de hogares.
“La medida podría duplicar el costo de enviar una remesa, lo que desincentivaría el uso de canales formales y aumentaría las transferencias informales y no reguladas, como aplicaciones móviles o billeteras digitales”, advirtió el investigador Manuel Orozco de Diálogo Interamericano.
La iniciativa obligaría a quienes no puedan demostrar ciudadanía estadounidense a pagar el impuesto, lo que afectaría a casi 50 millones de personas, entre ellas titulares de residencia legal, visas temporales y población migrante irregular. Además, exige que las empresas que transfieren remesas firmen acuerdos con el Departamento del Tesoro y verifiquen el estatus migratorio de los remitentes.
“Esta medida impone una carga irrazonable incluso a ciudadanos naturalizados que, para estar exentos, deben presentar documentos de ciudadanía cada vez que envíen dinero”, advierte el organismo.
La ley propuesta también crea una presión sobre los proveedores de remesas, quienes podrían ser sancionados si las autoridades interpretan que facilitaron transferencias a personas no exentas, aunque no tengan control sobre el origen o destino del dinero.
Afectaría el comercio
Según el estudio de Diálogo Interamericano, las remesas enviadas desde Estados Unidos tienen una correlación positiva con las exportaciones estadounidenses hacia países como México y los integrantes del Acuerdo Comercial CAFTA-DR. En 2024, estas exportaciones alcanzaron los $381,000 millones, de los cuales $334,000 millones fueron hacia México y $47,000 millones hacia los países del CAFTA-DR.
Además del impacto comercial, las remesas elevan los ingresos familiares en los países receptores, lo que fomenta el ahorro y disminuye el deseo de emigrar. No obstante, una eventual imposición de impuestos a las remesas podría revertir esa tendencia y reactivar los flujos migratorios, que venían en descenso.
El estudio también señala riesgos asociados al posible cambio de canal hacia mecanismos informales si se incrementan los costos por envío. Las cifras sugieren que hasta un 30 % de las transacciones podrían moverse al sector informal, especialmente entre los migrantes sin estatus legal en Estados Unidos, los más propensos a evitar canales oficiales.
Una reducción de $150 en el monto promedio de envío —de $400 a $250— causaría efectos financieros severos en las economías que dependen de este ingreso. A nivel empresarial, también se elevaría el riesgo financiero, afectando la estabilidad de diversos sectores.
Además el tanque de pensamiento señala que la medida podría ser contraproducente incluso para los objetivos migratorios que pretende atacar. La migración irregular podría aumentar si los hogares pierden acceso a remesas, y muchos buscarían nuevas formas de sostenerse. La demanda de mano de obra extranjera en EE.UU. sigue siendo alta, y abordar el fenómeno con cargas fiscales podría ser inefectivo y dañino para los intereses nacionales, concluye el informe.
