Representantes de unas 70 organizaciones nacionales e internacionales exigieron este miércoles al cuerpo diplomático acreditado que se pronuncien contra la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el martes, ya que creen que la normativa permitirá la «discrecionalidad del gobierno» en el trabajo de las organizaciones que reciben fondos del extranjero.
Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), señaló que esta normativa no obedece a la transparencia sino a «un intento de castigar y reprimir el trabajo de denuncia, de exigencia de derechos, de exigencia de rendición de cuentas, de denuncia de corrupción, de violaciones a derechos humanos» y, por tanto, la considera «un ejercicio represivo, autoritario».
La representante del SSPAS dijo que, como organizaciones, estaban exigiendo al cuerpo diplomático que se pronuncie de manera «contundente».
«Estamos exigiendo una respuesta contundente del cuerpo diplomático, porque no vamos a vernos afectados únicamente las organizaciones, no vamos a vernos afectadas únicamente las poblaciones, las víctimas, la niñez, la juventud, sino que también la misma cooperación».
Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
La representante advirtió que, con la Ley de Agentes Extranjeros, el cuerpo diplomático estará «condicionado en la forma que puede cooperar tanto con el gobierno como con las oenegés».
«El mismo gobierno va a condicionar y le va a decir al cuerpo diplomático en qué se puede meter, en qué puede aportar y en qué no. En lo que sea crítico, en lo que denuncie, en lo que sea incómodo, evidentemente, va a haber una restricción», auguró.
Las organizaciones señalan que están seguros que no solo se limitará el trabajo de las organizaciones, sino que muchas se verán obligadas a cerrar.
«Esto es un tema muy complejo, van a criminalizar nuestro trabajo, la ayuda, todavía no se tiene claro», expresó Ingrid Escobar, representante de Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Suchit Chávez, de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), también manifestó preocupación ante la Ley de Agentes Extranjeros. La normativa obliga a que «cualquier material informativo» sea transmitido «con la etiqueta que indique que el mismo se transmite de un mandante extranjero o es financiado por este».
También, rechazó que el argumento de la aprobación de la ley es la transparencia es falso. «Si alguien ha informado son las organizaciones, eso ya lo hacía la prensa independiente y no se debe olvidar que gracias a la prensa independiente se evidenció que organizaciones como la de la esposa del exdiputado Guillermo Gallegos recibió $750,000», expresó.
La Ley de Agentes Extranjeros prohíbe a personas y entidades realizar actividades políticas o que se consideren desestabilizadoras y les exige informar de todas las actividades que realizan a un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). Los sujetos obligados de la normativa incluyen no solo personas y entidades que reciben fondos extranjeros sino personas o entidades extranjeras.
«Preocupación internacional»
En la conferencia, participaron de forma remota representantes de organizaciones internacionales que manifestaron su preocupación con todo lo que sucede en El Salvador.
Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso, aseguró que este tipo de leyes no busca transparentar la acción de la sociedad civil sino «perseguir cualquier voz crítica».
«El Salvador está ahora en el centro de la preocupación internacional, muchos actores en Washington ven con alarma la aprobación de esta ley y que se dé en contexto de detenciones arbitrarias y que no hay un debido proceso, ni democracia, ni libertades, sino que es un paso más a quienes no están de acuerdo con las políticas del presidente Nayib Bukele«, señaló.
Por su parte, Olga Guzmán, de la Organización Mundial contra la Tortura, señaló a El Salvador de incumplir tratados internacionales. Ve la ley como «represalia» por las denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de las ONG como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia y brutalidad policial.
«Gracias a ese trabajo, hoy sabemos que en El Salvador se cometen crímenes atroces, que el modelo de seguridad que ha implementado el presidente Bukele es contrario a sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Esta Ley constituye un profundo retroceso para el país», aseveró.
El domingo a las 11:00 p.m., la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción de la asociación Cristosal, un hecho que también es visto por las organizaciones como un ataque contra su trabajo. López dirigió 15 investigaciones relacionadas a la corrupción del gobierno actual según Cristosal y era una reconocida crítica de las políticas del gobierno.
Las organizaciones ven la normativa como una profundización de la persecución y la criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos.
«¿Quiénes de los que estamos en esta mesa, o aquí atrás, vamos a ser el siguiente en ser capturados en el régimen de esta dictadura? Y más allá de eso, a partir de la aprobación de esta ley, cualquier persona que defienda derechos humanos va a ir a parar a una cárcel si así lo determina el presidente inconstitucional», preguntó.
