Los maestros del sector público de Panamá en huelga indefinida desde el pasado 23 de abril en rechazo a una reforma de la seguridad social ya vigente no recibirán su salario, informó este lunes el Ministerio de Educación.
«Con profundo pesar y con respeto siempre al derecho a manifestarse que por ley tienen los gremios magisteriales, el Ministerio de Educación informa que se ha procedido a realizar la retención del pago de aquellos educadores que no hayan prestado el servicio correspondiente al cargo», indicó la cartera de Educación en un comunicado.
Como institución pública, continuó la misiva, el Ministerio de Educación no puede «tomar acciones que permitan el pago de salarios a quienes no han ejercido sus funciones».
«Hacemos un llamado sincero y respetuoso a todos los educadores: regresen a sus aulas. Nuestros estudiantes los necesitan. A los padres de familia, en sus manos está el futuro de sus hijos. La educación no debe ser interrumpida y, reiteramos, las puertas de nuestros centros educativos se mantienen abiertas para recibirlos», concluyó el comunicado.
El de Educación es el ministerio con el mayor presupuesto en Panamá, con $1.282 millones de asignados para este 2025, de acuerdo con la información oficial.
El contralor general, Anel Flores, dijo este lunes a la televisión local que cerca de 2,000 educadores no cobrarán su salario, de una nómina estatal de 51,600 docentes según datos oficiales, y señaló que 38 dirigentes sindicales sí cobrarán porque aparecen en los registros asistiendo a clases pero en realidad estaban en las calles, según descubrieron los auditores.
Los sindicatos de izquierda de docentes del sector público comenzaron el pasado 23 de abril una huelga indefinida contra la reforma de la seguridad social, y según los datos del Ministerio de Educación solo el 60 % de los alumnos y profesores están asistiendo a las aulas.
«El Gobierno está midiendo fuerza con los sectores populares», dijo este lunes a EFE el dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), Luis Sánchez, que tildó de «ilegal» la retención de salarios.
«Que no se haya reglamentado la huelga no quiere decir que no tengamos derechos» universales como el de la protesta, dijo Sánchez, que anunció que denunciarán la situación ante el Ministerio Público y la Corte Suprema.
Ahora, los puntos de mayores protestas sindicales callejeras se registran en dos de las diez provincias de Panamá: Veraguas y Bocas del Toro. En esta última hay decenas de bloqueos a las carreteras y el cese de actividades en las fincas de banano, con pérdidas que superan ya los 10 millones de dólares, según alertó el viernes pasado las transnacional Chiquita Panamá.
«No vamos a sentarnos en ningún diálogo» con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino, sostuvo este lunes Sánchez en declaraciones a EFE, y volvió a exigir la derogación de la reforma a la seguridad social y la vuelta al sistema de beneficio definido, que ya fue derogado en una reforma aprobada en el 2005 de acuerdo con analistas locales.
El jueves pasado, Mulino reiteró que la nueva reforma aprobada en marzo pasado «no aumenta la edad de jubilación, no afecta a los educadores (…) no privatiza ningún servicio del seguro social» ni los fondos del sistema, «tampoco toca al sector bananero», el cual «mantiene sus beneficios» como el de la jubilación anticipada, de la que también gozan los maestros del sector público.
«No es negociable la Ley del Seguro Social. Está vigente y va a seguir vigente», sostuvo entonces Mulino y volvió a pedir a los huelguistas desistir de su actitud porque el país lo que necesita es que se trabaje para seguir impulsado la reactivación económica.
La huelga indefinida de los docentes del sector público es apoyada desde el pasado 28 de abril por el poderoso sindicato de la construcción, Suntracs. Según la Cámara de la Construcción, el 66 % de las obras se mantienen activas.
