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Los demandantes de la inconstitucionalidad contra la minería metálica en El Salvador presentaron un escrito de «pronto despacho» ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para pedirle que emita resolución a su demanda, presentada hace un año.

El escrito fue presentado por la abogada Roxana Cardona, el representante de Víctimas Demandantes (Vidas), Benjamín Cuéllar, y el vocero de la Mesa Permanente para una Pensión Digna, Patricio Pineda, quienes pidieron declarar inconstitucional la Ley General de la Minería Metálica aprobada el 23 de diciembre de 2024.

«A la fecha han transcurrido un año sin que esta digna Sala se haya pronunciado sobre lo solicitado, excediendo los plazos razonables para una pronta y cumplida justicia», indica el escrito presentado.

Los demandantes argumentan que la falta de respuesta de la Sala de lo Constitucional «genera un perjuicio social a la población», ya que el gobierno de El Salvador se comprometió en el acuerdo comercial con Estados Unidos firmado el 29 de enero a «facilitar la inversión de empresas estadounidenses en la exploración y exportación de minerales críticos y tierras raras en el territorio nacional».

Mencionaron que la Asamblea Legislativa derogó el miércoles el artículo 10 de la Ley de Bancos para «poner en iguales condiciones a los nacionales con la inversión extranjera».

En la demanda, se argumentó la ley vulnera tres artículos de la Constitución: el 133 sobre el proceso de formación de ley, el artículo 1 sobre el derecho a la vida y el artículo 65 relacionado al derecho a la salud.

En noviembre de 2024, el presidente salvadoreño Nayib Bukele propuso levantar la prohibición a la minería metálica para aprovechar riquezas en oro del territorio salvadoreño.

El Gobierno ha hecho referencia a «los distritos de oro» de El Salvador: El Paisnal, Calera, Cerro Colorado, El Zapote, Potonico, Santa Rita, El Dorado, Potosí, Guapinol, Hormiguero, Montecristo, El Gigante, San Sebastián y Santa Clara, en El Salvador.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este jueves que recibió las certificaciones otorgadas por la certificadora AENOR y la red IGNET por la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) conforme a la Norma Internacional ISO 37001.

La presidenta del TSE, magistrada Roxana Soriano, aseguró que tienen una “política de cero tolerancia al soborno” como “un compromiso transversal que recorre todos los niveles del Tribunal”.

Según la institución, el proceso de certificación incluyó la promoción de una cultura de cero tolerancia al soborno dentro de la institución, el establecimiento de controles rigurosos contra el soborno, la habilitación de canales de denuncia efectivos y confidenciales, la realización de auditorías internas para evaluar el sistema antisobornos y la auditoría externa de verificación del cumplimiento.

La Corte de Cuentas también anunció este jueves la recepción de la Certificación antisoborno bajo la norma ISO 37001:2016, entregado por la directora del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), Yanira Colindres.

Según la Corte de Cuentas, se logró mediante la “implementación estricta de la política del SGAS y la Política de Gestión de Regalos, Hospitalidades y Donaciones”, la traducción de políticas al inglés, adaptación al sistema Braile y lenguaje de señas y la implementación del sistema.

“Somos una institución que aplica estándares internacionales de integridad”, dijo el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Sosa.

Otra de las instituciones que anunciaron en redes sociales que recibieron la certificación internacional ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno fue el Ministerio de Trabajo.